Categoría: Opinión Onda Cero

Luis I. Gordillo. 11 noviembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

¿Cuál es el mejor perfil para un alto cargo? Dicho en otros términos, qué características tiene que tener idealmente una persona que se vaya a dedicar a la gestión pública, desde ser miembro de un gobierno, responsables institucionales y directivos del sector público.

Tradicionalmente, cuando un gobierno tenía que hacer un nombramiento de un alto cargo, era habitual que se destacara su amplia experiencia en el sector o en la actividad que ahora pasaba a desempeñar en el ámbito público. Últimamente, en numerosas ocasiones, parece que con cada nombramiento de un alto cargo se quiere mandar un mensaje a la sociedad (la primera mujer que es ministra de defensa, el primer miembro de tal minoría que llega al máximo órgano judicial …). Además, siempre hay una razón más o menos confesable por quien hace el nombramiento, que es la lealtad política o personal al partido o al gobierno que lo designa.

Estas razones tienen variantes, y habitualmente la sociedad puede tener la sensación de que cierto nombramiento obedece a la “devolución de un favor politico”, a la necesidad de recolocar a alguien de confianza hasta que se libre otro puesto más adecuado o a utilizar el puesto al que se va de trampolín para preparar el salto a otro posterior. 

En otros países, y especialmente en los de tradición protestante, los miembros de los gobiernos y los altos cargos se someten habitualmente a duras comparecencias en las que los parlamentarios le hacen preguntas concretas sobre su experiencia en el sector, le recuerdan posibles fracasos o errores anteriores y les ponen delante del espejo de su trayectoria profesional.

Tenemos la sensación, y los partidos políticos nos han ayudado a llegar a esta conclusión, de que muchas veces los altos puestos del gobierno y la administración son un coto reservado a los altos dirigentes de los partidos y su personal de confianza y que para ocupar cierto puesto en un organismo o empresa pública hay que tener el carnet del partido correspondiente.

Le voy a apuntar las características que, en mi opinión, deberían tener las personas que vayan a ser nombradas nombradas en gobiernos y altos puestos públicos:

– Tienen que ser personas de reconocido prestigio, ya sea por su trayectoria personal o profesional, que realmente tengan una experiencia en el ámbito para el vayan a ser designadas. Es decir, nombrar a un filósofo responsable de la empresa pública de uranio o a un asesor de confianza responsable de correos, no sería la mejor forma de cumplir con esta indicación.

– Tienen que ser personas que gocen de la máxima independencia. ¿Cómo se mide la independencia? Que provengan de puestos o profesiones a las que hayan llegado sin que nadie las haya colocado allí y que tengan a donde volver cuando expire su mandato. Si tienen carnet del partido que les nombra, este hecho debe ser conocido y desde luego tienen que demostrar una experiencia profesional al margen de su partido.

– Y, sobre todo, hay que nombrar a alguien al que haya que convencer. Alguien que esté cómodo en su puesto profesional actual, que no necesite personal ni económicamente el cargo para el que vaya a ser nombrado. Esta es la mejor garantía de actuará con independencia y de que, cuando llegue el momento, o en caso de desacuerdo con quien le ha nombrado, es libre de abandonar ese alto cargo. 

Es decir, el mejor alto cargo es el que no quiere serlo.

Luis I. Gordillo. 4 noviembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 8:47)

Hay un secreto que es por pocos conocido y que como todos los grandes secretos se oculta a la vista de todos. Hoy lo voy a compartir con ustedes. España es, esencialmente, un Estado federal. Sí, ha oído bien: con no pocas disfuncionalidades y bastante margen de mejora, pero España es básicamente un Estado federal.

Lo primero que hemos de tener en cuenta en que no hay dos Estados federales iguales, no es lo mismo Estados Unidos que Alemania; ni Suiza que Australia; ni Canadá que México; ni Argentina que Italia o España… Cada uno tiene sus particularidades, sus fórmulas más o menos originales de organización interna, o caracteriza de forma distinta a sus componentes, ya les denomine Estados federados, regiones, cantones, provincias o Comunidades Autónomas. Todos ellos son muy distintos, pero también todos ellos tienen elementos comunes:

 (1) están integrados entidades de base territorial con competencias legislativas y de dirección política propias; (2) estas entidades participan en el proceso legislativo y en la aplicación de las normas comunes; (3) existe un reparto de recursos vinculado con el reparto de competencias; (4) hay una garantía de que esta estructura no va a ser alterada por ley ordinaria, sino que tiene cierta estabilidad; y, finalmente, (5) existe un sistema de resolución de conflictos que se deriven de esta peculiar estructura que sea jurisdiccional (y no político). 

España cumple básicamente con estas características. Es verdad que la participación de las CCAA en el Senado más testimonial que real; también es recurrente la crítica del  reparto de fondos para el ejercicio de competencias y se puede discutir también si es eficiente y asumible el coste de mantener dos grandes plantillas de funcionarios: la central y la autonómica, con no pocos solapamientos y faltas de espacios de colaboración.

¿Dónde falla el sistema español? O dicho en otros términos, ¿cómo se puede mejorar? La respuesta habitual consiste en recordar que es necesario desarrollar mecanismos de cooperación más eficientes y más transparentes, racionalizar el gasto público reduciendo duplicidades y solapamientos o reasignar recursos públicos y capacidad fiscal atendiendo a criterios de responsabilidad fiscal. 

Hay sistemas con menos mecanismos teóricos de cooperación y mucha menos burocracia que el nuestro y que sin embargo son más fieles al modelo federal. El federalismo es ante todo una técnica de gobierno que se basa en la lealtad mutua y en la solidaridad recíproca. Es un sistema en el que los distintos niveles de gestión tienen que colaborar lealmente, prestarse ayuda mutua, compartir información relevante y emplear de la forma más eficaz y eficiente los recursos públicos. Es evidente que es en estos ámbitos donde se desarrollan las tensiones políticas en la mayoría de los sistemas federales, el nuestro también. Pero en otros sistemas, las faltas de colaboración penalizan enormemente en las elecciones y los líderes políticos tienen importantes incentivos para cooperar lealmente. Pero esta cuestión no depende tanto del Derecho o de la organización institucional, sino que depende más de nuestra forma de ser y de nuestra mentalidad. Si queremos un mejor federalismo, de verdad que está en nuestra mano. Y esto es algo que todo responsable público debería saber y que nunca ha sido ningún secreto.

Luis I. Gordillo. 28 octubre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 8:51)

En un conocido pasaje del Quijote, el bienintencionado caballero le daba un importante consejo a Sancho, inminente gobernador de la ínsula Barataria:

«No hagas muchas pragmáticas [Sancho], y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen»

Efectivamente, al igual que apuntó Cervantes hace más 500 años, las principales instituciones internacionales que analizan la situación de nuestro país, concluyen que España tiene un problema de inflación normativa, es decir, existe un gran número de leyes que están vigentes, lo cual dificulta su conocimiento y su cumplimiento, poniendo en entredicho la seguridad jurídica, algo que es esencial para que un país funcione, atraiga inversiones y se produzca un crecimiento económico que genere bienestar para todos.

Hoy día, en España, existe tal cantidad de leyes que la ciudadanía, las empresas y las propias administraciones tienen cada vez más dificultades para conocer cuál es el Derecho vigente. Y esto se debe fundamentalmente a dos factores: la gran cantidad y la gran variedad de normas existentes. 

En cuanto a lo primero, ¿cuántas normas cree Vd. que hay vigentes en España? Es difícil saberlo con exactitud, pero se calcula que en torno a 100.000. A lo mejor piensa Vd. que eso no es tanto, al fin y al cabo, somos un Estado descentralizado, con 17 parlamentos autonómicos, uno nacional, además hay que incluir muchas normas europeas… ¿Cuántas hay vigentes en Alemania? Pues 10.000. Alemania, que es un Estado federal, que tiene más parlamentos que España y las mismas obligaciones europeas, resulta que funciona con un 90% menos de leyes que España. 

En segundo lugar, ¿qué tipo de leyes se aprueban? Lo cierto es que los parlamentos no sólo aprueban leyes que contengan derechos y obligaciones, es decir “Derecho” en sentido estricto, sino que últimamente las cámaras aprueban leyes que incluyen propuestas de futuro, indicaciones para los gobiernos, reconocimientos de ciertos colectivos, o meras recopilaciones de normas que ya existían y que figuran a su vez en otras leyes que también se mantienen.

Las leyes, además, suelen llevar detrás un reglamento que la desarrolla, aunque a veces no haga más que hacer un ejercicio de copia/pega, con lo que se aumenta el número de normas existentes. El Tribunal Constitucional llegó a anular una ley porque era tal el maremágnum de normas y leyes entrecruzadas, que ni él mismo la entendía. 

Las autoridades europeas han destacado en muchas ocasiones que es importante también ser eficientes y los organismos internacionales que proponen medidas de modernización de los Estados y sus economías han afeado siempre el maremagnum normativo existente en España y la tendencia de sus autoridades a estar cambiándolas continuamente, dificulta que el ciudadano medio entienda qué leyes están vigentes, complica la actividad de las empresas, ahuyenta las inversiones y lastra el crecimiento.

Parece que existe una presión por aprobar leyes. Todo gobierno que comienza su andadura, aprueba algún tipo de plan o programa legislativo donde se compromete a aprobar un cierto número de leyes. Muchos medios de comunicación, igualmente, parece que miden el trabajo parlamentario en función del número de leyes que se aprueban, cuando a lo mejor lo necesario sería derogar muchas de ellas que solo suponen un aumento de burocracia y papeleo que no aporta ningún valor añadido, salvo inconvenientes adicionales a ciudadanos y empresarios.

¿Pero qué podemos hacer? Sobre todo, es necesario un cambio de actitud por parte de nuestros dirigentes y legisladores. Tenemos tendencia a creernos que la mera aprobación de una ley solucionará los problemas existentes, cuando la mayoría de las veces depende de nosotros mismos o de circunstancias ajenas al Derecho.  Y es que, a veces, el mejor servicio que puede prestar un parlamento a la sociedad no es aprobar más leyes, sino derogar las que sean inservibles y simplificar así la vida de los ciudadanos, de las empresas y de las propias instituciones.

Luis I. Gordillo. 21 octubre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 11:05)

Este pasado fin de semana han concluido las celebraciones de otra fiesta de importación que ya es un clásico en nuestro país: la Oktoberfest. Este evento de origen bávaro que ya cuenta con versiones en todo el mundo, se celebra entre finales de septiembre y primeros de octubre y recuerda los fastos de celebración popular que se decretaron con motivo del anuncio de la boda entre el que sería Luis I de Baviera y la futura reina consorte, Teresa de Sajonia-Hildburghausen en 1810. 

Para entonces, llevaba vigente casi 300 años la conocida como Ley de la Pureza de la Cerveza de 1516 (Reinheitsgebot) que otro soberano bávaro, entonces ducado, decretó para establecer la composición oficial de la cerveza, que sólo podría contener tres ingredientes: agua, malta de cebada y lúpulo. La existencia de la levadura como ingrediente diferenciado no se conocía aún, aunque ya participaba en el proceso de elaboración de este producto que estuvo casi monopolizado durante largo tiempo por los monasterios germanos.

Pero, ¿qué llevó a Guillermo IV, soberano de Baviera, a decretar esta ley de pureza en 1516? Para casi todos, incluidos buena parte de los amantes de este caldo espumoso, se trataba de proteger una elaboración ortodoxa de la cerveza, garantizar su calidad y establecer un control del precio de la misma que evitara su escalada. En realidad, como casi todas las medidas proteccionistas, escondía otros objetivos:

• Por una parte, quería acabar con la alta demanda de trigo y centeno que enfrentaba a productores de cerveza y panaderos. Para ello, se dispuso que sólo podría usarse cebada para hacer la cerveza, con lo que se pretendía que hubiera más cereal de trigo y centeno disponible para los panaderos.
• Por otro lado, se buscaba evitar que se comercializaran en Baviera cervezas elaboradas en el norte que ya contenían algunos productos y aditivos que resultaban muy atractivos para los consumidores, pero que no se podían cultivar en Baviera.
• Además, y quizá esto fue lo más importante, el propio Guillermo IV tenía el monopolio del mercado de la cebada y de esta manera pretendía proteger sus propios intereses, evitando que los maestros cerveceros pudieran encontrar sustitutivos para su elaboración.

Esta medida técnicamente ha producido efectos en mayor o menor medida hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea intervino en marzo de 1987 a petición de unos productores franceses que se quejaban de que su producto no podía venderse en Alemania con la denominación de Cerveza porque no respetaba esta histórica composición. 

¿Cuáles han sido los efectos de esta normativa? ¿han sido buenos o malos? Pues como sucede con este tipo de medidas proteccionistas, es muy bueno para unos, muy malo para otros y en general regular, tirando a mal para la gran mayoría. A pesar del sistema sancionador que estableció esta norma, que incluía multas y confiscaciones, no se consiguió reducir significativamente ni el precio del cereal, ni el del pan, ni el de la propia cerveza, más bien lo contrario, además, aparecieron mercados negros paralelos. Los principales beneficiaros fueron los productores germanos, tanto del cereal como de la cerveza, y dado que no tenían competencia podían establecer altos precios. Además, los cerveceros no tenían incentivos para mejorar su producto y, como consecuencia, el desarrollo de la industria cervecera alemana, se vio superada desde muy pronto por casi todos sus vecinos. 

Nada impide que se comercialice un producto o servicio que tenga unas características muy determinadas, pero prohibir que se comercialicen otros que cumplen el mismo fin con la excusa de que no se adecúan a las normas del oficio o del sector,  sólo beneficia a unos pocos y nos perjudica a todos, ya hablemos de hoteles-pisos turísticos, taxis-ubers o cervezas puras o de sabores.

Luis I. Gordillo. 14 octubre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 7:13)

Hay un problema de vivienda en España. No importa cuando oigamos esto. La cuestión de la vivienda es una preocupación social, familiar y personal para la inmensa mayoría de la población.

Es muy habitual que en cualquier discusión política sobre la vivienda se recuerde el artículo 47 de la Constitución que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. No se trata de un derecho como tal, sino de un principio rector de las políticas sociales y económicas y corresponde a todas las administraciones promover las condiciones para que esto sea una realidad. España es un país de propietarios de viviendas (en torno al 75%) pero un país no puede prosperar sin un mercado de alquiler adecuado a las necesidades sociales. 

¿Pero, por qué después de tantos años, tantos anuncios de medidas-milagro y tantas políticas públicas no tenemos un mercado de alquiler de vivienda seguro y asequible? 

Hay cuestiones históricas, sociales y culturales, entre ellas, la histórica inseguridad del mercado de la vivienda de alquiler, la sensación de que alquilar “es tirar el dinero” o que el viejo contrato social existente venía a establecer “un trabajo para toda la vida”, lo que fomentaba el arraigo y la falta de movilidad de la población, haciendo de la compra la acción mayoritaria.

¿Hay viviendas asequibles (tanto para compra como alquiler) en España? Si, muchas, pero están en zonas que tienen menos servicios, donde hay menos oportunidades laborales y menos población… lo que se ha llamado la “España vaciada”.

La mayoría de las medidas que los gobiernos establecen se centran en las llamadas “zonas tensionadas” de los centros de las grandes ciudades, olvidando que la vivienda depende de otra serie de decisiones que tienen que ver con ofrecer oportunidades en todos los territorios.

En todo caso, esto no es solo un problema español, vasco o malagueño, es un problema de las sociedades avanzadas y particularmente de las grandes ciudades en todo el mundo. 

En suma, el alto precio de la compra de la vivienda, la concentración de oportunidades laborales en los grandes centros urbanos y el atractivo de vivir en ciudades ha hecho que el exiguo mercado de alquiler se haya tensionado hasta niveles insoportables en los grandes núcleos de población. Pero, ante esta situación, ¿qué se puede hacer?

Repasemos las medidas que no han funcionado:

• Los cánones a viviendas desocupadas no funcionan. Dan lugar a picaresca, alquileres simulados o, directamente, a la venta. Benefician al mercado de compra/venta no al de alquiler.
• El control de precios hace que se reduzca la oferta. El propietario se siente inseguro y no quiere alquilar su vivienda.
• Las medidas de zonificación suelen perjudicar o beneficiar a personas que están en los límites con independencia de sus rentas.
• Por último, un bono universal de 250 Eur para jóvenes hace que se produzca un incremento casi por la misma cantidad en el precio de los alquileres existentes.

¿Qué se puede, entonces, hacer?

En el corto y medio plazo hay que dirigir las políticas al aumento de la oferta de alquiler, incentivando la construcción de nueva vivienda y sacando al mercado viviendas de pequeños y grandes propietarios o que estén en manos públicas.

Para ello hay que hacer dos cosas: aumentar las deducciones fiscales y garantizar la seguridad jurídica:

• El aumento de las deducciones fiscales para los propietarios, grandes y pequeños. Esto hará que aumente la oferte.
• Pero lo más importante, de lo que depende el resto de las medidas, es de que aumente la seguridad jurídica para inquilino y para propietario. 

Pero para que estas medidas sean efectivas, hay que mantenerlas en el largo plazo y, además, combinarlas con otras políticas generales como mejorar las infraestructuras de todo el país, para incentivar la movilidad y hacer más atractiva “la España vaciada” para proyectos empresariales. Si damos alternativas a vivir sólo en las ciudades, tendremos el problema más controlado. 

Pero si es aparentemente solucionar el problema de la vivienda de alquiler es tan sencillo, ¿por qué no se hace? Pues porque no hay coordinación entre administraciones y porque nuestros responsables no son capaces de ponerse de acuerdo para mantener unas políticas como estas en el largo plazo, políticas que van más allá de una legislatura y cuyos beneficios quizá no vean ellos mientras estén en el cargo, pero beneficiarán a todos en el medio y largo plazo.  

Harry Truman, el presidente número 33 de EE UU dijo una vez: “es asombroso lo que se puede conseguir si no te importa quién se apunta el tanto”. En el tema de la vivienda, el tanto nos lo apuntaríamos todos.

Luis I. Gordillo. 7 octubre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 9:50)

¿Pueden unos melones enturbiar las relaciones con Marruecos?

La semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo públicas una serie de sentencias muy esperadas sobre los temas más variopintos, las normas de la FIFA sobre traspasos de jugadores, los límites que tiene Facebook en el tratamiento de datos o sobre la libertad de prensa. Entre estas sentencias destacan dos que han pasado casi desapercibidas, pero que sin duda tendrán importantes repercusiones en la relación de España y la UE con Marruecos y que tienen como telón de fondo la situación del Sáhara Occidental.

En la primera de estas sentencias el Tribunal de Justicia declara definitivamente la ilegalidad de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos sobre agricultura y pesca que ambos firmaron en 2019 porque no se produjo el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental en una materia que les afectaba directamente. El Tribunal alega que el Derecho internacional y el de la UE permitiría que se firmaran este tipo de acuerdos en los que se podría presumir un consentimiento implícito del Sáhara Occidental solamente si el acuerdo confiere a ese pueblo una ventaja «precisa, concreta, sustancial, verificable y proporcional a la importancia de dicha explotación», cosa que en este caso no se ha producido. Aunque el Tribunal ha prorrogado la validez de este acuerdo ilegal durante un año para dar tiempo al Consejo y a la Comisión de renegociar el tratado, no va a resultar una cuestión sencilla ni pacífica.

La segunda de las sentencias se refiere al etiquetaje de los tomates y melones. Sí, han oído bien. Uno de los sindicatos agrícolas más importantes lleva tiempo intentando que el gobierno francés prohíba la importación de tomates y melones con las que las empresas marroquíes llenan los supermercados franceses para disgusto de los agricultores galos, cuyos productos suelen ser más caros. La vía que han encontrado ha sido denunciar que esos tomates y esos melones realmente no vienen de Marruecos, como constaba en el etiquetado, sino que proceden del territorio del Sáhara Occidental, aunque se produzcan por parte de empresas marroquíes y con inversión procedente de este país. Los franceses saben que estas empresas probablemente dejarían de importarlos a Francia antes que reconocer en el etiquetado que proceden del territorio en disputa.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y el todavía responsable de la política exterior de la Unión, José Borrell, se apresuraron a hacer público un comunicado conjunto en el que, empleando el enrevesado lenguaje diplomático, manifiestan que Europa «tiene la firme intención de preservar y fortalecer las relaciones con Marruecos» en consonancia con el principio «pacta sunt servanda», el de que los acuerdos están para ser cumplidos. Es decir, el ejecutivo europeo viene a decir que aunque el Tribunal de Justicia ha tumbado los acuerdos en materia de agricultura y pesca con Marruecos por ignorar al pueblo saharaui, subsanarán el defecto formal de la falta de consentimiento del territorio formalmente administrado todavía por España.

Los gobiernos francés y español tienen están lidiando en estos momentos con problemas internos importantes y su propia continuidad política está en entredicho. Los últimos movimientos realizados por el Gobierno español en los que se acerca a las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental parecen indicar que el ejecutivo pretende desentenderse del todo del futuro. Los gobiernos españoles siempre han intentado mantener buenas relaciones con Marruecos, sobre todo en torno al control de las fronteras y la cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, estas últimas decisiones obligarán al Presidente a posicionarse, la pregunta es ¿estará dispuesto a abrir el melón del Sáhara con Marruecos?

Luis I. Gordillo. 30 septiembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 9:04)

En estos días en los que se está discutiendo en el Reino Unido la enésima reforma de la Cámara de los lores, hay una cuestión que sobrepasa las aulas de Derecho constitucional y que llega a las conversaciones en bares, terrazas y animadas cenas familiares es ¿para qué sirve una segunda cámara, para qué sirve el Senado?

La pregunta no es fácil de responder en estos momentos. La Constitución define el Senado como la cámara de representación territorial, pero ni la práctica institucional, ni los partidos políticos lo han permitido hasta hoy. Todos sabemos que las cuestiones territoriales se dirimen en el Congreso, donde partidos regionalistas, nacionalistas o separatistas se convierten en los supuestos defensores de los intereses de la Comunidad Autónoma donde están implantados.

El Senado español está compuesto por 208 senadores directamente por la ciudadanía en las elecciones generales a razón de 4 por provincia (y alguno menos en las islas) y 58 por parte de los parlamentos autonómicos. Hay dos cuestiones fundamentales hacen del senado una cámara particular: 

La primera es su sistema de elección, que aunque pase desapercibido, es un sistema abierto, en el que cada votante puede elegir a qué candidatos da cada uno de sus tres votos en cada provincia. El comportamiento de los electores, sin embargo, hace que casi siempre den sus tres votos a los tres candidatos que presenta el partido político de su preferencia y el que ha votado en el congreso. Esto hace que el partido más votado en unas elecciones generales acabe obteniendo mayoría absoluta en el Senado, como sucede ahora.

La segunda es que los senadores no se organizan internamente por provincias o comunidades autónomas, sino que se organizan en los mismos grupos parlamentarios que están presentes en el congreso, lo que desactiva cualquier debate en clave exclusivamente territorial. 

Hay senados que tienen mucho poder, como el de Estados Unidos o el de Alemania, donde por cierto, sus miembros acaban votando en clave territorial y, en todo caso, mirando por los intereses de su Estados. Hay senadores que han defendido históricamente intereses corporativos, como en Irlanda, y hay senados que pueden hacer caer a sus gobiernos como el italiano e incluso destituir al presidente, como el Senado de Estados Unidos.

Hay senados que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, buscando su lugar y su utilidad en la sociedad actual. Así, la Cámara de los lores y el Senado francés destacan por sus interesantes informes técnicos en materia de derecho comparado, que realizan para ayudar y apoyar los trabajos de la cámara baja, sobre la que recae el peso de la elaboración de la legislación del Estado. 

El Senado español, sin embargo, no ha sabido encontrar su lugar en el sistema institucional y se ha convertido en una cámara de segunda lectura, de segundo debate y de segunda confrontación. Por otra parte, los partidos políticos tampoco contribuyen mucho a aumentar el perfil político y territorial del Senado, en tanto que suelen enviar a los primeros espadas al Congreso y, salvo excepciones, suelen proponer a candidatos más desconocidos para ocupar los escaños de la Cámara Alta.

En tiempos de menor polarización política, se suele esforzar por pasar desapercibido, no sea que alguien cuestione su existencia y proponga su abolición, como sucedió con la Constitución de 1812 y la republicana de 1931. En este momento en el que las mayorías que controlan el Congreso y el Senado son distintas, en el que las distintas formas de entender el país son tan patentes y en el que existen tantas tensiones entre los gobiernos de las Comunidades, nuestros parlamentarios de una y otra Cámara bien podrían esforzarse por recuperar el sentido institucional y, entre otras cosas, devolver su papel de Cámara de representación territorial a la Cámara alta. Sin embargo, la pregunta ¿estarán nuestros políticos a la altura?

Luis I. Gordillo. 23 septiembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 4:09)

Se le suele atribuir a Jefferson el dilema según el cual «si tuviera que elegir entre un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Gobierno, no dudaría en preferir lo segundo», es decir periódicos sin Gobierno. Lo que uno de los presidentes más influyentes de la democracia americana quería decir es que entre la libertad de expresión que representan los periódicos y el control que representa el Estado sobre los medios de comunicación, prefiere sin duda la libertad.

Todo sistema democrático precisa de una prensa libre que realice su tarea con libertad de actuación y de criterio, sin sometimiento a ningún tipo de presión o coacción gubernamental ni de otro grupo.

Dejando al margen el asunto de los medios de comunicación de titularidad pública, el mantenimiento de una prensa libre suscita muchas cuestiones. ¿Cómo se garantiza la independencia de los medios? ¿Han de ser imparciales?  ¿Qué diferencia hay entre opinión e información? ¿Cuáles son los límites de la información veraz? ¿Son más un negocio o un servicio público? ¿Cómo se financian? ¿Existen intereses económicos o políticos detrás de determinadas líneas editoriales?

El pasado martes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el denominado Plan de Acción por la Democracia.

Como suele suceder en con este tipo de anuncios, lo más interesante de este plan no es lo que dice, sino lo que anuncia que hará en el futuro, básicamente la Estrategia Nacional de lucha contra campañas de desinformación, que veremos en qué queda. 

En realidad, este Plan, copia literalmente el título del mismo plan que ya aprobó la Comisión Europea en 2020 y que ha impulsado la aprobación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que ya está vigente y es plenamente vinculante para todos.

La aprobación de este Plan por parte del Gobierno español, cuatro años después del que aprobó la Comisión europea y cuando ya están en vigor casi todas las medidas que proponía el ejecutivo de Von der Leyen, solo puede explicarse en el contexto de la política nacional y de la cruzada personal del presidente contra lo que denomina los pseudomedios y la desinformación. 

Es difícil armonizar todos los objetivos e intereses que rodean cualquier intento de regular la libertad de los medios de comunicación y la garantía de una información veraz, pero lo cierto es que en puridad ya contamos con mecanismos suficientes para luchar contra las noticias falsas, para ejercer el derecho de rectificación, para garantizar la protección de los periodistas frente a demandas o actuaciones que afecten a su independencia o para mantener el secreto profesional.

Pero es cierto que se pueden hacer dos cosas: mejorar la trasparencia y la rendición de cuentas. Mejorar la transparencia no implica asignar nuevas obligaciones a los medios, cuya dirección y titularidad es conocida ya gracias a la legislación mercantil, sino que quienes deben aumentar la transparencia son los gobiernos que han de hacer públicos los criterios que condicionan la asignación de dinero público a medios de comunicación por parte de las administraciones. Para mejorar la rendición de cuentas no hay que inventar nada, ya existe el poder judicial. El gobierno podría aumentar los medios personales y materiales a disposición de los jueces para acelerar los procesos y garantizar la tutela judicial efectiva de informantes e informados. Las dos cosas dependen del Gobierno que podría incluir estas medidas en los próximos presupuestos. Presupuestos cuya aprobación se ve cada vez más difícil.

Pero entre un Gobierno sin presupuestos o presupuestos sin gobierno, parece que en este caso el presidente ha optado por lo primero.

Luis I. Gordillo. 16 septiembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 9:40)

Mañana martes, Mario Dragui, economista de prestigio, ex presidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro italiano, presentará ante el pleno del Parlamento europeo un informe titulado “El futuro de la competitividad de Europa” y que le fue encargado por la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen.

A diferencia de otros informes elaborados por antiguos políticos, que se pierden en generalidades, que se quedan en vacíos eslóganes y que no llegan a realizar un diagnóstico ni una batería de propuestas factibles, el Informe Dragui desgrana a lo largo de sus 400 páginas la situación de la competitividad en Europa, cómo estamos dejando pasar oportunidades para cambiar y por qué nuestro modelo de bienestar está en peligro de muerte.

El economista no se anda con rodeos y comunica con frialdad su diagnóstico al paciente: el modelo de crecimiento y bienestar europeo está basado hasta ahora en una economía en la que se contaba con energía barata para su industria procedente de Rusia; donde el mercado chino absorbía las principales exportaciones europeas y Estados Unidos garantizaba nuestra seguridad. Esta situación, se ha acabado.

Como si de un enfermo se tratara, lo primero es aceptar la enfermedad, lo segundo consiste en ser consciente de los efectos del mal que se padece y, finalmente, estar dispuesto a realizar el esfuerzo que supone la terapia. En efecto, la industria europea tiene serias dificultades para mantenerse innovadora y competitiva al tiempo que realiza la transición a una economía descarbonizada, contribuye a las arcas públicas y mantiene unos altos salarios para garantizar el bienestar de los europeos. Las empresas que llegan a los mil millones, los llamados “Unicornios” escapan mayoritariamente a Estados Unidos y con ellas se escapa parte de nuestro bienestar.

Dragui plantea un plan, una detallada hoja de ruta que necesitaría de un acuerdo político y otro económico que permita invertir 800.000 millones anuales (el 5% del PIB europeo) en mejorar nuestra economía para hacerla más competitiva, más atractiva que la de EE UU o China y que permita sufragar el Estado del bienestar europeo. 

El italiano ya salvó el euro en el corto plazo, ahora se ha recurrido a él para que salve el proyecto europeo a largo plazo. Su informe, bien podría ser el programa de la nueva Comisión Europa que echará a andar en breve. Sin embargo, Von der Leyen está teniendo problemas para conformar un colegio de comisarios a su medida: casi ningún Gobierno ha seguido su sugerencia de presentar dos candidatos altamente cualificados (un hombre y una mujer) y esta misma mañana, Thierry Bretón, comisario francés y que parecía que sería uno de los hombres fuertes de su gobierno ha dimitido en el tiempo de descuento

Los cambios necesarios y que se proponen pueden provocar situaciones temporales de ajustes económicos, laborales y sociales de difícil predicción y todos sabemos que a los gobiernos no les gusta tener que explicar que es necesario un sacrificio para obtener la recompensa final, que en este caso es la salvaguarda del proyecto europeo y del Estado del bienestar.

Tenemos el diagnóstico, la pregunta es, seremos capaces de seguir el tratamiento.

Luis I. Gordillo. 9 septiembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 10:50)

El economista americano Charles Tiebout (Tibout) acuñó un interesante concepto denominado “votar con los pies”. Esta expresión alude a la posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestar sus preferencias sobre las políticas públicas no tanto votando entre dos candidatos que no le convencen, con lo que ha de elegir “al menos malo”, sino que alude a la posibilidad de moverse de un sitio a otro, de mudarse a un lugar cuyas políticas sean más acordes con lo que uno piensa.

Es decir, los políticos compiten por los votantes, pero en EE UU lo hacen con mayor intensidad que en otras democracias dado que, si el resultado de las políticas no gusta o no se ajusta a los intereses de los votantes, se quedarán sin votantes y sin contribuyentes, que son quienes sostienen todos los gastos públicos.

Esto es algo que ha entendido muy bien Donald Trump, candidato republicado a las elecciones presidenciales de EE UU que, tras las presiones ejercidas sobre Biden, se enfrentará a la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Si Kamala Harris fuera elegida por votantes residentes en España o en casi cualquier país europeo, ganaría con porcentajes cercanos al 80 o 90%. Ha planteado la campaña apelando a los sentimientos, particularmente al sentimiento de rechazo tan importante que produce Donald Trump en una parte importante del electorado y de la opinión pública en general. Sus asesores la han convencido de que no se trata de ver lo buena presidenta que sería Harris sino la mala persona que es Trump, que no merecería ser presidente por segunda vez.

Desde su proclamación, Kamala Harris ha recibido la bendición de buena parte del establishment norteamericano y ha recaudado la friolera de 770 millones de dólares hasta el momento, 200 más que su oponente. Casi todo el establishment ha echado en brazos de Harris apelando a lo malo que es Trump. Sólo el controvertido magnate Elon Musk le ha dado su apoyo sin fisuras al ex presidente.

Si uno no está demasiado atento, parece que Trump es el actual presidente que está buscando un segundo mandato consecutivo frente a una nueva candidata, sin ningún escándalo ni responsabilidad anterior. Lo cierto es que hace casi 4 años que Trump no es presidente y que Harris es la actual vicepresidenta de EE UU, responsable por tanto de las políticas del ejecutivo; Harris no ha sido condenada por ningún tribunal, ni ha defendido a la jauría que asaltó el Capitolio, pero durante su vicepresidencia se ha complicado el problema migratorio, han aumentado los conflictos bélicos en los que participa EE UU y su deuda pública ha crecido casi el 10% anual en los últimos años. Su propuesta estrella consiste en aumentar enormemente los impuestos que pagan los ricos.

Mañana es el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, veremos qué propuestas convencen más. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos no es solo California y Nueva York, donde los demócratas arrasan, y que a diferencia de España, en EE UU se vota con los pies. En noviembre veremos a qué candidato le dan la patada.