Los decretos-salchicha

Luis I. Gordillo. 27 enero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

Hay un viejo dicho parlamentario que dice que nadie debería saber cómo se hacen realmente las leyes y las salchichas, de lo contrario se perdería la confianza en las instituciones y el apetito.

¿En qué consisten los decretos-leyes en España?

Una de las disposiciones de la Constitución más empleada por este gobierno es, sin duda, el artículo 86, que regula el decreto-ley. Según la Carta Magna un decreto-ley es una norma que puede aprobar el gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad y que persigue, precisamente, resolver de manera expeditiva una cuestión que no puede esperar a que transcurra el debate parlamentario. El decreto-ley no puede regular determinadas cuestiones relativas a los derechos de los ciudadanos, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

El Decreto-ley entra en vigor desde el momento en que es publicado en el BOE y sus disposiciones producen efectos desde ese mismo instante, aunque, para que tenga carácter indefinido ha de ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. El Decreto-ley se convalida o se deroga en bloque, no cabe convalidar una parte y rechazar otra.

Resulta difícil explicar en las aulas de Derecho constitucional que el decreto-ley, destinado a cubrir una situación extraordinaria y urgente, es el instrumento adecuado para aprobar una norma de 140 páginas que mezcla medidas generales de tipo económico y tributario, cuestiones de financiación territorial, subvenciones al transporte o medidas en materia de seguridad social y empleo, incluyendo una subida de pensiones, medidas de apoyo directo a colectivos vulnerables o la devolución de un inmueble en París a un partido político.

¿Por qué ha recurrido el Gobierno al decreto-ley para aprobar estas cuestiones de una vez obviando una tramitación parlamentaria en la que se pudieran discutir con calma algunas medidas e incluso introducir enmiendas? Eso habría que preguntárselo al propio gobierno, pero la respuesta obvia es “porque no tiene presupuestos”. No se han aprobado los presupuestos para este año y el gobierno parece, además, que renuncia a presentar un proyecto. Al carecer de presupuestos, se ve obligado a presentar medidas de su programa político a través de normas con rango de ley y opta por aprobar decretos-leyes llamados “ómnibus”, “batiburrillo” o a los que también se les podría llamar “decretos-salchicha”, porque están hechos con muchos fragmentos de carne muy picada; tanto, que a veces es imposible saber qué nos estamos comiendo.

De esta manera, el gobierno mezcla medidas sociales como el aumento de las pensiones con otras que tienen que ver con concesiones a sus socios o la eliminación de otras medidas de contención del precio de la luz o de los alimentos. Igualmente, como el decreto-ley solo se puede aprobar o rechazar en bloque, el gobierno se apresurará a intentar ganar el “relato” diciendo que tal o cual partido es contrario a mejorar las pensiones o abaratar el bono de transporte por haber votado en contra de la convalidación. Mientras que los partidos que no apoyan al gobierno se quejarán de que el gobierno les quería colar medidas absolutamente inasumibles para ellos.

El abuso del decreto-ley está relacionado con una situación de debilidad parlamentaria por parte del Gobierno: sustrae a la opinión pública de un debate serio y sosegado sobre cuestiones de gran calado y termina convirtiendo las votaciones en concursos de popularidad y luchas por el relato.

En situaciones así, ¿merece la pena gobernar? O, mejor dicho, ¿se está realmente gobernando o solo se está resistiendo?

Quizá sea cierto que nadie debería saber cómo se hacen realmente las leyes y las salchichas porque, ahora que sabemos cómo se hacen los decretos-salchicha, lo cierto es que pierde uno el apetito.

El mensaje de Trump

Luis I. Gordillo. 20 enero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

A las 11:47 hora local de Washington, 17:47 hora peninsular española, del día de hoy, 20 de enero de 2025, Donald J. Trump tomará posesión como el presidente número 47 de EE UU. Ya lo hizo otro 20 de enero, el de 2017, como el presidente número 45 convirtiéndose, junto con Grover Cleveland, en los dos únicos mandatarios que han ejercido dos presidencias no consecutivas.

Tras realizar el juramento delante del presidente del Tribunal Supremo, el nuevo presidente dirigirá un mensaje a la nación que será, en realidad, un mensaje dirigido al mundo. Habrá que estar muy pendientes de este mensaje para entender las claves de su nueva presidencia.

La mayoría de los comentarios que venimos escuchando sobre los retos de la nueva presidencia de Trump hablan de los conflictos comerciales con Europa y China, de las tensiones internas entre los miembros más liberales y más proteccionistas de su futuro gabinete, de la política migratoria restrictiva que se avecina o de un estilo más agresivo en las relaciones internacionales.

Otros comentarios, más centrados en la figura del inminente presidente, recuerdan sus problemas con la justicia, sus relaciones amorosas y personales, su condescendencia con los asaltantes del Capitolio, su hiperactividad en redes sociales o su gusto por la política espectáculo.

Los hay también quienes apuntan a probables conflictos de interés propios, de su familia y entorno o de su amigo e influencer personal, Elon Musk, quien llegó a costear de su propio bolsillo un millonario fondo para hacer campaña a su favor.

Pero de momento, entre los comentaristas habituales, pocos son los que han entendido el mensaje de la victoria de Trump.

El éxito de Trump se explica tanto por sus aciertos como por los errores de sus contrincantes políticos. Centrándonos en los primeros, se puede destacar su estilo directo, polémico y polarizador: simplifica para el votante medio problemas con raíces y causas muy complejas y compite con los medios tradicionales y periodistas habituales por el establecimiento del relato de los acontecimientos y de la verdad periodística. Cuando le han acusado de ser un creador y propagador de ‘fake news’, él mismo ha devuelto la acusación a sus detractores en idénticos términos, rompiendo una regla no escrita de la política según la cual nunca se ataca a la prensa y convirtiendo la discusión sobre qué es cierto o no en un concurso de popularidad.

Pero la victoria de Trump representa otras muchas cosas. Por un lado, para muchos se ha convertido en un símbolo de lucha contra las llamadas políticas ‘woke’ cuyos detractores acusan a la élite social de propagar y defender a través de periodistas, comentaristas, actores o personajes públicos afines. Además, Trump representa la reivindicación de lo tradicional y de la identidad de la América profunda, frente a la superioridad moral de la que acusan sus partidarios a las élites de las dos costas estadounidenses. Igualmente, su estilo extremadamente directo, su aversión a evitar cualquier cuestión polémica y su audacia a la hora de tomar decisiones, lo dotan de una gran popularidad entre quienes anhelan un mayor ejercicio de autoridad desde la Casa Blanca.

Por último, Trump ha sabido conectar con las preocupaciones presentes e inmediatas de la sociedad, prometiendo lo que cada cierto tiempo se olvida que es fundamental en todo Estado: garantizar la seguridad, interior y exterior. Y promete hacerlo reduciendo la ingente cantidad de dinero que EE UU gasta en proteger Europa y ha dado a entender que su país renuncia a ser el gendarme mundial y que cada cual ha de responsabilizarse de su propia seguridad.

No es ningún secreto que, salvo excepciones, a pocos líderes europeos les gustaba Trump. La prensa del viejo continente ha sido particularmente crítica con él y los votantes europeos seguramente no le habrían aupado a la Casa Blanca. Pero es que Trump no se presentaba a las elecciones ni en Madrid, ni en París, ni en Bruselas. Comienza la presidencia de Trump, esperemos que nuestros líderes hayan entendido el mensaje.

Gobernar sin presupuestos

Luis I. Gordillo. 13 enero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

La vieja teoría del Estado establece que la finalidad de un gobierno consiste en garantizar el orden, la estabilidad y el bienestar de la sociedad. Todo gobierno debe ser capaz de articular las necesidades colectivas, garantizar la justicia y promover el progreso económico y social. Los gobernantes, en teoría, buscan gobernar porque quieren llevar a la práctica un proyecto de sociedad mejor que previamente han sometido al veredicto de las urnas.

En las modernas sociedades europeas, sin embargo, gobernar se ha convertido más bien en un proceso de gestión del gasto público. Es decir, gobernar es gastar. Y para poder gastar hace falta tener unos presupuestos. Los presupuestos son una previsión de los ingresos que una administración espera tener y la relación de gastos que pretende efectuar con arreglo a esa disponibilidad. Pero ¿qué sucede si un gobierno es incapaz de sacar adelante unos presupuestos? Esta pregunta merece dos tipos de respuesta, una jurídica y otra más bien político-institucional.

Desde un punto de vista jurídico, el artículo 134.4 de la Constitución establece que, si no se aprueban nuevos presupuestos antes del inicio del ejercicio económico, se entenderán prorrogados los del año anterior. Esto implica que el Estado sigue funcionando con los mismos recursos previstos en un contexto económico que puede haber cambiado drásticamente. Además, durante una prórroga, se limitan las posibilidades de acometer nuevas inversiones, ejecutar reformas estructurales o adaptar el gasto público a las necesidades del momento. Finalmente, las prórrogas generan incertidumbre para los actores económicos, es decir, empresas y ciudadanos dependen de las decisiones presupuestarias para planificar su actividad: desde contratos públicos hasta el impacto de nuevas medidas fiscales. Esta incertidumbre puede retrasar inversiones, ralentizar el crecimiento económico y, en última instancia, aumentar la desconfianza en las instituciones.

Por otra parte, desde un punto de vista político-institucional, la incapacidad de un gobierno para lograr el consenso necesario que permita la aprobación de unos presupuestos generales refleja una evidente falta de fortaleza política. Este hecho no solo pone en evidencia la fragilidad de sus alianzas parlamentarias, sino también la dificultad de ejecutar una hoja de ruta clara en políticas económicas y sociales. Un gobierno que no consigue aprobar sus presupuestos transmite una imagen de debilidad, inestabilidad y desorientación, cuestionando su capacidad de negociación tanto a nivel nacional como internacional.

En situaciones de alta fragmentación política no es extraño que en los sistemas parlamentarios se produzcan situaciones de prórroga de presupuestos para evitar que la administración colapse y que se pare el país. Pero la prórroga no deja de ser un remedio temporal y técnico para ganar algo de tiempo y que los agentes políticos, es decir, el gobierno, reaccione políticamente y adopte decisiones: recomponer una mayoría parlamentaria con partidos de la oposición o dimitir y convocar elecciones son las dos vías ordinarias para remediar esta situación de impasse. Lo que está sucediendo en Alemania, Austria o Canadá debería servir de ejemplo en España.

En España, sin embargo, la prórroga para 2025 de los presupuestos diseñados para 2023 ha sido asumida casi con total naturalidad por parte de la ciudadanía y de los actores políticos. En un contexto en el que se han relajado las normas fiscales europeas y los criterios de endeudamiento, existe una gran cantidad de fondos europeos pendientes de ejecución y la oposición no parece capaz de formar una mayoría alternativa de gobierno, la prórroga de presupuestos no parece estar entre las principales preocupaciones ni del gobierno ni de la ciudadanía.

Sin embargo, la ausencia de presupuestos hace que el gobierno tenga correr con una mano atada a la espalda, reduce su capacidad de actuación y le impide emprender las reformas necesarias para lograr una economía más dinámica y competitiva, que es absolutamente fundamental para garantizar la continuidad de nuestro Estado social. Y si un gobierno es incapaz de aprobar unos presupuestos y emprender una agenda de reformas, debe dejar paso a otro que sea capaz de hacerlo porque gobernar no es resistir, gobernar es, sobre todo, actuar.