Mes: febrero 2025

Luis I. Gordillo. 24 febrero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

Últimamente, cada vez que se produce una cita electoral importante, y ayer tuvieron lugar unas decisivas elecciones en Alemania, algunos comentaristas intentan explicar por qué ha votado mal el pueblo: y suelen responsabilizar de ello a intoxicaciones informativas, manipulaciones y bulos difundidos por entidades y personajes con intereses ocultos. El debate es interesante y tiene muchas aristas. En todo caso, la realidad es que por las redes circulan noticias que no son ciertas y parece interesante plantearse cómo evitar que éstas se propaguen o, al menos, cómo identificarlas.

El problema no es sencillo. En primer lugar, habría que reflexionar sobre si las redes sociales son realmente un medio adecuado para informarse. También habría que tener en cuenta que en situaciones de creciente polarización los ciudadanos buscamos los noticias y comentarios que nos reafirman en nuestras propias convicciones y se tiende a rechazar o a sospechar de noticias y reflexiones que proceden de medios y comentaristas “no afines”.

Pero, en todo caso, ¿existe alguna manera de atajar el problema de la dispersión y viralización de las “fakes news” en las redes (aspecto éste que algunos señalan como el gran reto de las democracias modernas)?

Frente a este problema, se ha intentado instaurar mecanismos nuevos de control como verificadores o ‘fact-checkers’ que se convertirían así en los guardianes de la verdad. De esta manera, parece que unos medios (los verificadores) se transforman en la práctica en órganos de control de otros medios. Y existiría el riesgo de que estos verificadores también pudieran tener sus sesgos o intereses que los llevarían a censurar ciertas informaciones y avalar otras.

Los expertos nos ofrecen tres posibilidades para establecer mecanismos de verificación:

En primer lugar, los modelos de verificación que funcionarían a través de dictámenes de expertos que analizarán las cuestiones y establecerán una decisión fundada. El inconveniente que tienen estos sistemas es que exigen una gran dedicación por parte de auténticos especialistas y el alto coste de recursos limita su capacidad de reacción en un tiempo relativamente corto. Además, los organismos destinados a financiar esta actividad podrían, a su vez, tener ciertos intereses.

En segundo lugar, los llamados sistemas colaborativos se dedicarían a aprovecharse del conocimiento compartido de la multitud, permitiendo que se hagan anotaciones por particulares que otros votarían como “útiles” y las más votadas permitirían al usuario formarse una idea. Es el caso de Fiskkit o, últimamente, de la red X.

En tercer lugar, los llamados sistemas computacionales que pretenden establecer una escala o clasificación en función de las quejas que reciben ciertas noticias potencialmente falsas. El problema radica en identificar correctamente quejas o solicitudes de comprobación razonables y, especialmente, discriminar la veracidad de las quejas.

Ninguno de estos sistemas es perfecto y tienden a reproducir los sesgos que pueda existir en fuentes previas y, al final, los propios moderadores adquieren un papel especialmente relevante, como sucedía en Twitter antes del cambio de política operado por su nuevo propietario, Elon Musk.

No existe un modelo perfecto y la respuesta al problema no es sencilla. La viralización de ciertas noticias depende también de un aspecto sentimental, el rechazo o la alegría que ciertos contenidos nos producen y la impaciencia con la que deseamos “ganar” un supuesto debate virtual a otro usuario que piensa distinto.

Probablemente la solución a este problema pasaría por un cambio de actitud en nosotros mismos, deberíamos ser más críticos con la información que recibimos, ponernos en el lugar del que piensa distinto y ser más tolerantes con opiniones ajenas, sin abandonar nuestras propias convicciones. Apostar por una discusión basada en argumentos en lugar de un rifirrafe alimentado por nuestros sentimientos. Pero, ¿tenemos tiempo para eso? ¿nos apetece hacerlo? La historia ha demostrado que la defensa de la democracia no se puede subcontratar, depende en última instancia de nosotros mismos.

Luis I. Gordillo. 17 febrero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

La intervención del Estado en la economía y en la actividad empresarial es siempre un tema recurrente donde toda opinión suele estar trufada de una determinada concepción de lo que debe ser la sociedad y de la propia ideología política.

Los gobiernos intervienen concediendo subvenciones, aumentando o disminuyendo los impuestos de las empresas, promoviendo contratos públicos, regulando un sector determinado e, incluso, entrando en el capital de las compañías. Todas estas cuestiones están previstas y reguladas por el Derecho nacional y, en nuestro caso, por el de la Unión Europea y el derivado de los convenios internacionales en los que participa España, como el de la OMC. Cualquier compra de acciones de una empresa por parte de un gobierno es siempre fiscalizada por las autoridades nacionales y europeas, especialmente si está destinada a tomar el control de su consejo de administración. El control de las principales empresas por parte de un gobierno es algo que suele justificarse en que se trata de empresas estratégicas o de un especial interés nacional, y que, de alguna manera, el hecho de que el gobierno controle una determinada empresa es bueno para la ciudadanía y para el consumidor final. Pero, ¿qué es estratégico y qué es interés nacional?

Miremos el último episodio de esta historia. En el reciente caso de la empresa ferroviaria Talgo hemos presenciado una sucesión de hechos y un desenlace más propio de una operación política que de una operación económica, con los gobiernos nacional y autonómico vasco implicados hasta tal punto que han sido ellos los que han promovido, facilitado e incluso financiado la operación.

España no es un país de grandes empresas y sus grandes empresarios suelen estar más bien en el exterior. Hay muchas razones que explican las dificultades de las empresas para crecer, desde la burocracia, hasta la gestión de los conflictos sociales pasando por la estructura impositiva que establece la autoridad fiscal. El caso es que en España no hay mucho más de 35 grandes empresas y, la gran mayoría de ellas, salvo honrosas excepciones que se encuentran más bien en el ámbito del textil, provienen de antiguos monopolios estatales o empresas que fundamentalmente contratan con las administraciones públicas y en mercados altamente regulados.

A los gobiernos españoles (incluyendo por supuesto los autonómicos) les gusta mantener un cierto control sobre los principales agentes económicos, que son también los principales empleadores, importantes contribuyentes y los que definen precios de bienes y servicios que afectan a la inflación. Las excusas que todo gobierno suele dar a la hora de entrar en el capital de una empresa suelen ser las mismas: queremos hacer un campeón nacional, hay que mantener el arraigo o es prioritario mantener aquí el centro de decisiones de tal o cual empresa. Son argumentos que recuerdan mucho un discurso meramente político y con altos tintes nacionalistas e identitarios: así los acaban presentando los responsables políticos a sus respectivas parroquias y sus argumentos suelen ser asumidos sin mucha más crítica por parte de la prensa económica local.

¿Qué implica el “arraigo”? Alguien puede pensar que el tener una sede social en un lugar determinado aumentará significativamente la recaudación fiscal. Esto hay que matizarlo mucho. Hay beneficios empresariales que sí, pero la tributación de las empresas se reparte en los lugares en los que realiza sus actividades económicas. Hay empresas que pueden mantener una sede social en un lugar determinado, cuando su personal, sus ventas y casi toda su actividad están repartidos por el mundo. Por cierto, en nuestro país pocos se plantean competir en impuestos más bajos para atraer a nuevas empresas. En todo caso, el efecto en la recaudación por este “arraigo” que muchas veces se limita a la sede social no es tan grande como a veces nos quieren presentar.

¿Qué implica “mantener el aquí centro de decisiones”? Esto es algo todavía más difícil de explicar desde un punto de vista empresarial. Hoy día la mayoría de las reuniones empresariales se realizan por videoconferencia, las medianas y grandes empresas están cada vez más internacionalizadas y su clientela repartida por más países. Los consejos de administración de las grandes compañías tienen tendencia a parecerse cada vez más a una conferencia internacional y sus intereses son transnacionales.

¿Qué son los “campeones nacionales”? La respuesta rápida es que se trata de los antiguos monopolios de energía y telefonía, principalmente. Operan amparados en unas regulaciones que suelen beneficiar a los operadores más grandes y que ya estaban en el mercado. Pero las empresas son globales, como lo es su clientela, su capital y sus trabajadores. Buscarán siempre las mejores oportunidades y si participan en alguna operación orquestada por un gobierno es porque esperan obtener alguna ventaja en el negocio sobre sus competidores, ya sea con subvenciones, contratación pública o en materia regulatoria. Y la mayoría de las veces, estas ventajas las acabamos pagando los de siempre.

Luis I. Gordillo. 10 febrero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

En el prólogo de su famoso libro Rebelión en la granja, el escritor británico George Orwell afirmó que «si la libertad significa algo será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír». 

En los últimos años, la llamada «cultura de la cancelación» ha ganado fuerza como un mecanismo de presión social que busca censurar, excluir o castigar en la esfera pública a quienes emiten opiniones consideradas ofensivas o políticamente incorrectas. Este fenómeno, aunque a menudo se presenta como una herramienta para promover la justicia social, ha despertado preocupación por su similitud con formas históricas de persecución ideológica, por su tendencia a establecer dobles raseros o porque no queda claro quién establece la diferencia entre lo ofensivo o la crítica amparada en la libertad de expresión.

La cultura de la cancelación se basa en la premisa de que ciertas opiniones o acciones son tan reprochables que quienes las expresan tienen que ser excluidos de la esfera pública y, en consecuencia, silenciados. Esto incluye desde figuras públicas hasta ciudadanos comunes, que son censurados por supuestos líderes representativos de la voluntad general del momento y que acaban siendo señalados y perseguidos en las redes sociales, los foros públicos y en su propio trabajo.

El fenómeno, sin embargo, no es nuevo. El poder dominante siempre ha tratado de silenciar al que disiente o al que se aparta de los valores y de la concepción de la sociedad de esa clase dominante. Hemos tenido guerras de religiones, guerras civiles y regímenes autoritarios en el que la clase dominante comienza censurando las opiniones ofensivas y acaba silenciando toda opinión incómoda, como tantas y tantas veces ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. En la actualidad hay mecanismos más o menos sutiles para silenciar al disidente, al incómodo o al maleducado: excluirlo de debates y tertulias, censurar el trabajo de una actriz por sus opiniones políticas, establecer un “cordón sanitario” a un partido político o exigir a una empresa que expulse a un trabajador porque sus opiniones radicales afectarían a la imagen pública de esa empresa.

No siempre es fácil diferenciar entre una opinión radical, un insulto y un llamado “discurso de odio” en el que, como dice el código penal, se fomente, promueva o incite públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o un grupo perteneciente a un sector tradicionalmente discriminado. Tampoco es fácil explicar por qué ciertos sectores no ven inconveniente en que periodistas y humoristas satiricen figuras sagradas de la religión católica pero sí censuran que se pueda representar una viñeta de la figura clave de la religión musulmana.

En todo caso, en una sociedad tan interconectada y con espacios públicos tan extendidos e intensos, la mejor forma de combatir al que está equivocado, al maleducado o al que insulta no parece ser la expulsión directa del espacio sin más explicaciones. Al contrario, este tipo de actuaciones hará que el cancelado despierte simpatías en otros sectores y la discusión ya no será sobre su opinión, sino sobre el hecho de si un grupo dominante o mayoritario puede expulsarlo sin más del debate. El supuesto agresor se convertiría en víctima, las posiciones se polarizarían más y todo el debate se centraría en una cuestión: “conmigo o contra mí”. 

Hay un principio que las sociedades democráticas no deben olvidar nunca: la libertad de expresión no existe para proteger solo las ideas populares o aceptadas, sino también aquellas que resultan incómodas, controvertidas o incluso erróneas. La cultura de la cancelación, a medio y largo plazo, hace que las opiniones impopulares o radicales ganen simpatía por el mero hecho de ser incómodas para el discurso oficial.

La clave no está “mutear” (como dirían los miembros de la generación Zeta), sino en responder siempre con argumentos. Si una idea es errónea, lo que corresponde es refutarla, no cancelarla. Si una expresión resulta insultante, hay que desmontarla para dejar constancia de que su única razón de ser consiste en expresar la agresividad de su autor. 

La libertad de expresión no existe solo para proteger discursos con los que estamos de acuerdo, sino especialmente aquellos que nos incomodan. Permitir que la cultura de la cancelación se imponga como norma es retroceder hacia un modelo de pensamiento único que recuerda peligrosamente a los totalitarismos que en el pasado intentaron sofocar la disidencia. Y, como dijo Noam Chomsky, «si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto».

Luis I. Gordillo. 3 febrero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

Decía Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de EEUU, que ninguna nación se ha arruinado jamás a causa del comercio. El actual presidente de EE UU, sin embargo, parece tener una opinión distinta y estos días ha anunciado el establecimiento de aranceles a productos provenientes de China, México y Canadá. No es la primera vez que Trump establece aranceles a China, ya lo hizo en su anterior presidencia dando lugar a la llamada “Guerra comercial” con el gigante asiático al que acusa de manera recurrente de prácticas desleales o directamente de robo de propiedad intelectual a empresas americanas. El caso de México y, sobre todo Canadá es más novedoso, y el inquilino de la Casa Blanca acusa a los gobiernos de estos dos países de no controlar los flujos migratorios ilegales hacia Estados Unidos o directamente de ser insolidarios, mientras mantiene un particular enfrentamiento político y mediático con los dirigentes de ambos países.

En este contexto, merece la pena analizar algunos conceptos y recordar la experiencia de la última guerra comercial EE UU – China, que comenzó de manera similar en 2018. Pero, ¿qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos que los gobiernos imponen sobre los bienes importados con el fin de encarecer su precio y, teóricamente, proteger la producción nacional. Es lo que los pequeños productores siempre piden a sus gobiernos cuando les cuesta competir con bienes importados. Aunque esta medida puede parecer beneficiosa en el corto plazo, en realidad genera una serie de efectos adversos que afectan tanto a la economía como a las relaciones internacionales.

Uno de los principales problemas de los aranceles es su impacto negativo en el desarrollo económico. Al elevar el coste de los productos importados, los consumidores deben pagar precios más altos por bienes que podrían adquirir más baratos en un auténtico mercado abierto. Además, los aranceles desincentivan la innovación y la eficiencia dentro de la industria nacional, ya que las empresas nacionales pueden volverse menos competitivas al estar protegidas artificialmente de la competencia exterior. Esto es algo que ha sucedido siempre en España. Según el Banco Mundial y otros centros de investigación económicos, el comercio global disminuyó en torno a un 9% en 2019 como resultado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que demuestra el impacto perjudicial de las barreras comerciales. Por otra parte, la última Guerra comercial entre estos dos gigantes tampoco supuso un aumento significativo de la producción ni de la compra de productos nacionales en sus respectivos países.

Además, desde una perspectiva diplomática, los aranceles suelen generar tensiones entre los Estados. Cuando un país impone aranceles, las naciones afectadas tienden a responder con medidas similares, lo que da lugar a represalias comerciales. Este tipo de disputas no solo afectan a las relaciones políticas, sino que también perjudican a los sectores empresariales de ambos países, reduciendo la inversión extranjera y la creación de empleo.

En lugar de recurrir a aranceles, los gobiernos pueden fomentar el consumo de productos nacionales mediante incentivos fiscales, subsidios a la innovación, programas de capacitación para aumentar la competitividad de las empresas locales y, últimamente, eliminando trámites burocráticos y administrativos que no aporten realmente nada en el proceso de desarrollo, producción y venta de productos, como defiende uno de los principales asesores del presidente estadounidense, Elon Musk.

La teoría económica, los datos y la experiencia reciente demuestran la ineficacia de los aranceles para fomentar la economía nacional y su efecto negativo en el desarrollo económico global y en las relaciones internacionales. Quizá convendría a todos recordar aquí lo que repetía el economista Von Mises: “el libre comercio es el requisito previo para cualquier acuerdo amistoso entre las naciones”. Esperemos que los gobiernos implicados encuentren un acuerdo amistoso porque en las guerras comerciales nadie tiene toda la razón y todos tienen un poquito de razón.