PASOS PERDIDOS

Luis I. Gordillo. 30 junio 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

Hay quien dice que el presidente del gobierno con 90.000 euros anuales cobra poco, que ciertos diputados que acumulan complementos y llegan a los 130.000 anuales demasiado. Hay quien critica con medias verdades ciertos servicios que se dan a los miembros del gobierno. Y hay quien se lleva las manos a la cabeza porque todo expresidente del gobierno tenga derecho a una pensión vitalicia al dejar el cargo. Lo cierto es que los cargos públicos españoles están en la parte baja de la tabla si los comparamos con sus homólogos europeos.

Pero entonces, ¿cobran mucho o cobran poco nuestros políticos? En abstracto, ni una cosa ni la otra. El debate no debería girar en torno a cuánto ganan, sino a si lo merecen. Si el desempeño de su cargo, el esfuerzo, la responsabilidad asumida y los resultados obtenidos justifican ese salario. Porque ser cargo público no es un premio. Es un oficio exigente, y para muchos, incompatible con el ejercicio de otras actividades profesionales. El régimen de incompatibilidades, la obligación de transparencia patrimonial, la rendición de cuentas y la constante exposición pública no son asuntos menores. De hecho, muchos de los mejores perfiles profesionales rehúyen la política por estas razones, y no por el sueldo.

Sin embargo, desde hace unos años, hemos asistido a un fenómeno curioso: la política no se ha profesionalizado en el sentido noble del término, sino que se ha “laboralizado”. El político ya no es tanto un servidor público independiente, con trayectoria previa y responsabilidades claras, sino más bien un trabajador de su partido. Tiene jefes, tiene nómina, tiene destino y lo cambian de un lado a otro según convenga. Este perfil siempre ha existido en los partidos y, dada la dinámica de funcionamiento de nuestra democracia que descansa en el pluralismo político y en la necesidad de que exista una variedad de opciones políticas, es necesario que los partidos dispongan de un cierto número de personas que atiendan a su funcionamiento, ejerzan liderazgos y cubran ciertos perfiles. Pero en los últimos años, esta excepción se ha convertido en la regla general.

Un diputado autonómico puede pasar a director general, luego a senador, después a consejero en una empresa pública, volver al parlamento y, tal vez, acabar como asesor o presidente de una empresa pública si es que no había hueco en una embajada. Todo ello se enmarca en una dinámica de cambios de destino que, sin embargo, le aseguran siempre un empleo, un trabajo, una nómina. La normativa aplicable a estos puestos ha ido igualmente cambiando hasta asemejarse a la del trabajador por cuenta ajena, con cotización a la Seguridad social e incluso derecho al paro o cesantía, como cualquier trabajador.

Esta laboralización hace que los críticos del sistema político actual vean el paso por las instituciones como una carrera de fondo dentro del organigrama del partido, donde el mérito ya no es el conocimiento o la experiencia, sino la lealtad, la disponibilidad y la obediencia. La vocación pública queda supeditada al esquema laboral interno de la maquinaria partidista.

Esta situación tiene una vertiente interna y una externa. La interna se observa cuando se aproxima una convocatoria electoral y los procesos de elaboración de listas se llegan a convertir en luchas intestinas por mantener una nómina, más que por ejercer mejor o peor un mandato representativo. La situación es más dramática en organizaciones con menos peso institucional o que puedan perder el gobierno. La vertiente externa tiene que ver con la imagen que se da. Los partidos mueven a veces a sus cuadros como piezas intercambiables: hoy concejal, mañana delegado del gobierno, pasado secretario de estado y el otro presidente de la empresa pública que gestiona el Uranio aunque se sea filósofo de formación. Más que expertos en todo, estos políticos se transforman en piezas funcionales que responden a una lógica organizativa interna. Y eso transmite un mensaje devastador: que no hace falta saber mucho del asunto para ejercer un cargo público.

Aquí es donde el malestar ciudadano cobra forma. La sensación de que los cargos públicos no están elegidos por mérito, sino “colocados” por su partido, de que la gestión política se ha banalizado, de que cualquiera puede ocupar un cargo sin cualificación si tiene el carné adecuado en el momento adecuado. Y en ese caldo de cultivo crecen las opciones radicales, mesiánicas, que prometen acabar de un plumazo con todos esos vicios del sistema. Porque cuando la política se transforma en un empleo de partido, pierde su esencia: representar a los ciudadanos con independencia, competencia y responsabilidad.

No se trata, por tanto, de si los políticos ganan mucho o poco. Se trata de si lo merecen. De si están capacitados para lo que hacen. De si se someten al escrutinio ciudadano con honestidad. De si su trabajo sirve al bien común o solo al interés de su organización. La laboralización de la política, en lugar de profesionalizarla, está minando su credibilidad y abriendo la puerta al descrédito institucional.

Así pues, la pregunta que debemos hacernos no es cuánto cobran nuestros políticos, sino si están a la altura de esa responsabilidad. Porque si no lo están, cualquier sueldo será demasiado alto.

Luis I. Gordillo. 23 junio 2025

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La contratación pública es, sin lugar a dudas, uno de los motores silenciosos de la economía española. Cada año, cerca del 20% del Producto Interior Bruto —alrededor de 200.000 millones de euros— se canaliza a través de contratos públicos de todo tipo: desde infraestructuras hasta servicios sociales, pasando por suministros, tecnología o mantenimiento urbano. Este volumen de negocio indica que la contratación pública no solo satisface necesidades básicas de la ciudadanía, sino que moviliza sectores enteros, dinamiza empleo y, bien gestionada, puede ser palanca de modernización y cohesión territorial.

Sin embargo, ese mismo peso económico convierte a la contratación pública en particularmente vulnerable al fraude y a la corrupción. Cada licitación es una oportunidad para que confluyan la buena gestión y la ética, pero también para que afloren prácticas fraudulentas, comisiones indebidas y acuerdos de pasillo que sangran las arcas públicas y minan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. España, a pesar de los avances normativos y de una creciente conciencia social, sigue arrastrando casos sonados que evidencian lo vulnerable que sigue siendo este pilar esencial de nuestra economía.

Cuando la corrupción salta a los titulares, la respuesta política suele ser siempre parecida: se habla de casos aislados y se invoca a los tribunales de cuentas. Se exige que auditen, que revisen expedientes, que destapen la madeja de facturas infladas o adjudicaciones a dedo. Se confía, casi con fe ciega, en su labor fiscalizadora para restaurar la fe pública. Y, en justicia, hay que reconocer su importancia: los tribunales de cuentas, tanto el nacional como los autonómicos, desempeñan un papel valioso en la verificación de la ejecución presupuestaria y en la rendición de cuentas ex post.

Pero conviene no engañarse: el fraude más dañino en la contratación pública se gesta mucho antes de que un tribunal de cuentas tenga capacidad de actuación. Todo fraude se fragua en los pliegos que se diseñan a medida, en los criterios de valoración ambiguos, en la manipulación de la libre competencia o, directamente, en la exclusión de competidores incómodos. Si la corrupción es una enfermedad, el tribunal de cuentas es un médico que certifica la defunción; pero no un médico que pueda corregir prácticas poco sanas ni tampoco un cirujano que pueda extirpar el tumor a tiempo.

Por eso, si de verdad queremos prevenir —y no solo lamentar— el fraude en la contratación pública, necesitamos instrumentos específicos: regulaciones claras y detalladas que sancionen con contundencia las irregularidades; una protección real y eficaz para los informantes (los llamados “whistleblowers”), esos empleados públicos o contratistas honestos que se juegan la carrera y la reputación cuando deciden denunciar; y, sobre todo, autoridades administrativas de control que ejerzan vigilancia desde el primer minuto: antes, durante y después del procedimiento de contratación.

España no parte de cero, pero queda mucho por hacer. Existen, dispersas por el territorio, algunas oficinas independientes de lucha contra el fraude, ninguna, por cierto en Euskadi. Las Oficinas Antifraude de Cataluña y Valencia son ejemplos de organismos creados para detectar y prevenir irregularidades con cierto éxito. A nivel nacional, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha emitido recomendaciones y ha promovido buenas prácticas, pero su impacto real es limitado por la falta de medios coercitivos y la escasa cultura de cumplimiento. En el ámbito europeo, la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) destapó el año pasado casos de fraude al presupuesto de la UE de más de 840 millones de euros.

La conclusión es clara: para blindar la contratación pública frente al fraude no basta con auditorías tardías ni con declaraciones grandilocuentes. Hace falta una legislación precisa, dotar de recursos y autonomía a los organismos de control, fomentar la cultura de la denuncia y, sobre todo, aplicar una sanción política y social implacable: ningún gestor o responsable público debe escapar de la reprobación —y, llegado el caso, de la inhabilitación— si incumple su deber de administrar los recursos de todos con pulcritud y transparencia.

Prevenir el fraude en la contratación pública es, en última instancia, un compromiso colectivo. Un pacto que empieza por creérnoslo, por asumir que la integridad es rentable en términos éticos y económicos. Pero, ¿estamos dispuestos a dejar votar a los corruptos o les seguiremos apoyando en las urnas mientras miramos para otro lado y pensamos que los otros son peores..? Y es que, en la lucha contra la corrupción todos tenemos nuestra parte de responsabilidad.

Luis I. Gordillo. 16 junio 2025

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El poder ejecutivo, columna vertebral de cualquier democracia parlamentaria, no se sostiene solo con votos ni con mayorías coyunturales. Para que un gobierno ejerza su autoridad con legitimidad plena necesita algo más que lograr in extremis que se aprueben sus propuestas en el parlamento: necesita inspirar confianza, tener eficacia probada, transparencia radical y una rendición de cuentas constante. Es en ese delicado equilibrio donde la confianza en la política y en las instituciones por parte de la ciudadanía echa sus raíces. Además, la aparición de posibles casos de traición a los principios que un gobierno decía defender o, directamente, de corrupción, puede acabar en segundos con la confianza que ha constado tanto ganarse.

Pero, ¿qué ocurre cuando un gobierno deja de ser fiel a sí mismo, se contradice sin rubor y no responde con contundencia a los casos de corrupción política e institucional que le puedan aparecer? Pues que acaba perdiendo su autoridad democrática. Para solucionar esta situación, el sistema parlamentario español ofrece tres salidas políticas al presidente del gobierno, todas ellas respetuosas con la idea de que la legitimidad emana, en última instancia, de la soberanía popular. Todas estas posibilidades dependen de su sola voluntad porque la cuarta opción, que sería la moción de censura, depende de la existencia de una mayoría absoluta alternativa que lo expulse del gobierno.

Volviendo a las tres alternativas que están en manos del presidente, la primera salida consiste en presentar su dimisión. Es el gesto más personal y simbólico: el jefe del Ejecutivo asume su responsabilidad política, admite su incapacidad para seguir liderando el proyecto y deja paso a otro liderazgo. En este caso, se activa el artículo 99 de la Constitución y se inicia un nuevo proceso de consultas e investidura, sin que medie una convocatoria electoral. Estos casos están pensados normalmente para situaciones en las que la mayoría de gobierno es estable y queda proyecto político por delante. El presidente asume la responsabilidad máxima y se sacrifica por un proyecto político en el que cree y que es más importante que el hecho de que uno u otro ocupe el sillón presidencial.

La segunda opción es la llamada cuestión de confianza. Esta posibilidad parece estar pensada para situaciones en las que hay que recomponer la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno. Ha sucedido algo que ha provocado que algún socio de referencia o fundamental retire o pueda retirar su confianza y el presidente toma la iniciativa de recomponer su mayoría parlamentaria para sacar adelante su proyecto político. La Constitución española establece que solo necesita la mayoría simple del Congreso. Si no la consigue, se vuelve a activar el artículo 99, lo que implica las consultas del Rey, propuesta de nuevo candidato y sesión de investidura.

La tercera opción es la convocatoria de elecciones anticipadas. En estos casos el presidente considera que su proyecto sigue siendo de interés para la ciudadanía y, aunque no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente, hay que preguntarle a la ciudanía si, a pesar de lo que haya podido suceder, el electorado considera que debe renovar su mandato o, al menos, obtener una mayoría relativa que le permita explorar un acuerdo parlamentario para lograrlo. Ésta es la opción más contundente, pero es también la que permite al gobierno evitar dar explicaciones políticas de lo que haya podido suceder. La exigencia de responsabilidad se perderá en los argumentarios electorales y en los ruidos propios de toda campaña electoral.

En fin, cada una de estas opciones responde a la misma lógica: cuando la confianza se quiebra, el poder debe revalidarse o retirarse. No existe alternativa digna.

Los gobiernos son temporales, son instrumentos, no pueden ser un fin en sí mismos. Un gobierno que olvida su naturaleza se convierte, tarde o temprano, en un problema para la sociedad que prometió servir. Como ya teorizó John Locke, los gobernantes no son otra cosa que depositarios temporales de la autoridad que el pueblo les confía para proteger derechos y garantizar el bien común. No están ahí para perpetuarse, para impedir a toda costa que otros lleguen, ni para anteponer su beneficio personal a la integridad de la institución.

Si un gobierno se aferra al poder cuando ya ha perdido la autoridad moral y parlamentaria para ejercerlo, la factura la acabará pagando la institución. Se erosiona la fe ciudadana en la democracia, se alimenta la frustración, se deslegitima la política como instrumento de transformación y se abre la puerta a soluciones mágicas: movimientos populistas, autoritarios o antidemocráticos que prometen limpiar con un solo golpe lo que otros ensuciaron poco a poco.

El poder exige responsabilidad, sentido de Estado y, sobre todo, conciencia de límite. Por eso, en ocasiones, el mejor servicio al país, consiste en dejar de resistir.

Luis I. Gordillo. 9 junio 2025

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En los sistemas parlamentarios con tendencia al bipartidismo, los terceros partidos son como esas olas que rompen junto a las rocas de un acantilado: intermitentes, impetuosos y a menudo efímeros. Surgen cuando el edificio tradicional se agrieta. Cuando el debate político está muy polarizado entre dos opciones fundamentales, es habitual que las dos tiendan a anularse mutuamente y que surja una tercera opción. A veces esta tercera vía surge dentro de alguno de los partidos tradicionales, recurriendo a alguna cara nueva, como sucedió con el “la tercera vía” que, de la mano del partido laborista, convirtió a Tony Blair en primer ministro.

En España lo hemos visto con claridad en la última década. En un contexto de crisis institucional y desafección creciente, nacieron Ciudadanos, Podemos y, posteriormente Vox. Pero este fenómeno no es exclusivo de España. En Francia, Emmanuel Macron construyó En Marche!, surgió la Francia insumisa y se está consolidando la opción de Le Pen.

Hoy, en Reino Unido, asistimos a un fenómeno similar. Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage —el eterno agitador de las costuras del sistema— encabeza las encuestas en intención de voto. Su discurso, nítidamente populista, se nutre del descontento post-Brexit que, por cierto, él mismo provocó, del rechazo a la inmigración y de la percepción de que los partidos clásicos —conservadores y laboristas— han dejado de hablar el idioma de la calle. La diferencia es que, esta vez, Farage no se presenta solo como provocador, sino como opción de gobierno. La rabia empieza a organizarse.

No todos los terceros partidos nacen del mismo tipo de crisis. Cuando lo que colapsa es la eficacia —la incompetencia, la corrupción, el hastío hacia las caras de siempre— surgen nuevas marcas con apariencia más moderna, pero que en esencia replican modelos conocidos. En cambio, cuando los partidos tradicionales dejan de conectar con los problemas reales de la sociedad —con la vivienda, los salarios, la salud mental o la inseguridad— y se encierran en guerras culturales o en la autocomplacencia, lo que emerge son partidos antisistema, iliberales, que prometen soluciones simples a problemas complejos. Es en ese espacio donde crecen Vox, Le Pen o Reform UK. Partidos que tratan a los votantes como clientes cabreados a los que hay que satisfacer rápido, no como ciudadanos a los que hay que convencer con argumentos.

Entre los sectores sociales que más apoyan a estas terceras opciones están, paradójicamente, los más conectados y los más olvidados. Por un lado, jóvenes que consumen política en redes sociales, que desprecian la retórica parlamentaria y que buscan autenticidad y soluciones rápidas. Por otro, clases medias bajas que se sienten traicionadas por un sistema que les prometió movilidad social y les entregó precariedad, alquileres imposibles y sueldos congelados.

La pregunta es: ¿por qué surgen estas terceras opciones? Y la respuesta no hay que buscarla solo en el hartazgo ciudadano. Hay que mirar también dentro de los partidos tradicionales. Cuando renuncian a hacer política, cuando se dedican a eliminar rivales internos, cuando confunden disciplina con servilismo, cuando convierten el aparato en un fin en sí mismo, acaban dejando vacíos. Y esos vacíos se llenan.

En Estados Unidos, a pesar de su cerrado sistema bipartidista, políticos tan dispares como Bernie Sanders o Donald Trump han tenido cabida dentro de los partidos tradicionales. Lo que muestra que los partidos no son ideologías monolíticas, sino contenedores de corrientes diversas. Allí, Elon Musk puede coquetear con la idea de un nuevo partido, pero a largo plazo, el sistema volverá al bipartidismo perfecto.

En Europa, en cambio, donde los sistemas parlamentarios permiten más flexibilidad, la tentación de construir terceros partidos es recurrente. Aunque, como demuestra la experiencia, la mayoría fracasa si no construyen una organización sólida, si no conquistan una identidad duradera o si no renuncian a ser plataformas personalistas.

Los partidos deben ser útiles a la sociedad. Deben hablar claro, asumir costes a corto plazo, rendir cuentas. El funcionamiento oscuro, el culto al líder, la opacidad de las decisiones internas y la ausencia de debate democrático son el abono perfecto para que nuevos actores entren en escena prometiendo lo de siempre: que ellos sí son diferentes. El fracaso habitual de estas opciones hace que se acabe cuestionando no ya a los partidos, sino al propio sistema democrático. Los partidos políticos tienen una importante responsabilidad como garantes de la democracia, deben ser medios, no fines. Herramientas democráticas para canalizar la voluntad ciudadana, seleccionar representantes, debatir ideas y proponer políticas públicas responsables. Pero, con tanto ruido, ¿serán capaces de oír el mensaje?

Luis I. Gordillo. 2 junio 2025

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A menudo, cuando pensamos en la arquitectura de los partidos políticos, nos vienen a la mente sus líderes visibles, sus portavoces parlamentarios, o quizá las figuras más mediáticas que encarnan una ideología o una corriente interna. Sin embargo, bajo esa superficie reconocible, para controlar las cañerías y los desagües, existe una estructura paralela discreta, eficaz y a menudo inquietante: son los llamados fontaneros. No son técnicos de infraestructuras ni asesores en sentido estricto, sino que son más bien operadores de poder que se mueven entre bambalinas, ajenos a todo escrutinio público, con una misión clara: que nada ni nadie escape al control del aparato.

Estos personajes, siempre discretos, pero rara vez desinteresados, no aparecen en las estructuras oficiales del partido, ni figuran en los organigramas públicos de los gobiernos. No firman documentos, no suelen comparecer en comisiones, ni se sientan en los escaños. Su lealtad no es hacia las bases ni hacia el electorado: es hacia una persona concreta o hacia el núcleo duro de la dirección. Su tarea no es otra que garantizar que los resortes del poder interno sigan firmemente en manos del líder, sin importar los medios para ello. Son, en definitiva, los guardianes del control interno, los diseñadores del daño a rivales, los bomberos de las crisis políticas y, cuando hace falta, los enterradores de cadáveres mediáticos.

Este fenómeno no es ni mucho menos exclusivo del escenario español. En Estados Unidos, el caso del escándalo Watergate fue protagonizado precisamente por un grupo de “fontaneros” (the plumbers), como fueron bautizados irónicamente por la Casa Blanca. Su misión era sellar las “filtraciones” de información que amenazaban con debilitar a Nixon, pero sus prácticas ilegales (espionaje, sabotaje, chantaje) no solo terminaron con una presidencia, sino que dejaron una cicatriz duradera en la confianza pública en las instituciones. En Francia, François Mitterrand utilizó durante años una especie de célula de escucha paralela a los servicios oficiales, que espiaba a periodistas y rivales políticos con total opacidad. También en Italia, los asesores en la sombra jugaron un papel clave en el uso de los servicios secretos para operaciones políticas durante la segunda mitad del siglo pasado.

En España, aunque los casos más llamativos han terminado en los tribunales (desde las cloacas policiales del caso Villarejo hasta las operaciones orquestadas para desacreditar a rivales políticos o crear narrativas falsas), lo cierto es que la figura del asesor sin cargo ni firma, pero con poder real sigue plenamente vigente. Muchos de estos operadores ni siquiera están vinculados laboralmente a las instituciones o a los partidos, pero su voz es decisiva para la elaboración de listas, para cerrar pactos, para filtrar o enterrar informaciones, y para organizar campañas de desgaste contra adversarios internos o externos.

La existencia de estos personajes plantea un dilema de fondo para la democracia. Por una parte, ningún líder quiere renunciar al control de su organización ni aceptar fisuras que lo debiliten. Pero por otra, cuanto más poder concentran estos “fontaneros” invisibles, más opacos se vuelven los mecanismos de decisión, más vulnerables son los procesos internos a la manipulación, y más lejos quedan los ciudadanos de comprender cómo y por qué se toman las decisiones políticas. El partido político deja de ser entonces una comunidad de principios e ideas, para convertirse en una maquinaria de poder cerrada, donde la meritocracia y la deliberación ceden el paso a la obediencia y al blindaje del líder.

Lo más preocupante es que estos asesores en la sombra escapan a cualquier sistema de rendición de cuentas. No comparecen ante comisiones parlamentarias, no están sometidos a los reglamentos internos, no dan explicaciones a los afiliados ni a los votantes. Su única responsabilidad es hacia quien los mantiene en la órbita del poder, y esa relación —casi de vasallaje moderno— permite, además, una peligrosa asimetría: si sus actos salen mal, el líder puede desentenderse. “Yo no lo sabía”. “Actuó por su cuenta”. “No tenía instrucciones”. “No era asalariada del partido”. Esta desconexión entre el poder real y el poder formal debilita el sistema entero, porque mina la confianza ciudadana en los partidos, en sus líderes y en la institucionalidad.

En última instancia, el recurso a estos operadores clandestinos refleja una deriva que va más allá de la política: es el síntoma de una cultura del poder en la que los fines justifican los medios, en la que lo importante no es convencer, sino vencer, y donde la política deja de ser un espacio de deliberación para convertirse en una guerra de trincheras permanentemente gestionada desde las sombras.

Ya en el siglo XIX el juez Louis Brandeis, del Tribunal Supremo de EE. UU. escribió:
«La luz del sol es el mejor desinfectante».

Y así debería ser también en política. La transparencia, la institucionalización de los procesos y la rendición de cuentas no son lujos morales: son pilares imprescindibles para sostener la credibilidad del sistema democrático. El problema es que, habitualmente, cuando finalmente se enciende la luz, es porque se acaba la fiesta.

Luis I. Gordillo. 26 mayo 2025

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El debate público sobre la cuestión de la inmigración es, probablemente, uno de los más complejos que existen por diversas razones. Hay cuestiones que tienen que ver directa o indirectamente con este fenómeno, pero que no surgen realmente de movimientos poblacionales más o menos masivos. Hay también algunos elementos que tienen que ver con cuestiones identitarias, con la seguridad o simplemente con el miedo al cambio. Otros se relacionan con modelos bienintencionados de sociedad que nadie realmente apoyaría en un referéndum con un voto secreto, pero que forman parte de una especie de discurso de lo políticamente correcto que pocos se atreven a confrontar públicamente. Hoy, nos vamos a detener en el aspecto netamente práctico, y probablemente más egoísta, el que tiene que ver con la sustitución natural de la fuerza laboral.

España registra una de las tasas de natalidad más bajas del mundo: apenas 1,3 hijos por mujer, lejos del 2,1 necesario para asegurar el reemplazo generacional. En el País Vasco, esa cifra se hunde aún más: 1,24 hijos por mujer. Las consecuencias están a la vista. En la comunidad autónoma vasca, el alumnado ha caído un 30% en los últimos 25 años, provocando cierres de colegios, reordenaciones forzosas del mapa escolar y un horizonte inquietante de envejecimiento generalizado. Curiosamente, el año pasado la población se incrementó ligeramente en la mayoría de las provincias españolas gracias a la inmigración.

En todo caso, este declive afecta de forma directa al crecimiento económico, al mercado laboral y al propio sostenimiento del Estado del bienestar. La población activa mengua al tiempo que aumentan las necesidades asistenciales de una sociedad cada vez más envejecida. En España, según los últimos datos de la EPA y del SEPE, hay unos 150.000 puestos de trabajo que no se cubren, una cifra que se ha triplicado en la última década. No hablamos sólo de empleos agrícolas o de cuidados, sino de sectores clave como la administración pública, la ingeniería, la hostelería o los servicios científicos y técnicos.

Frente a esta realidad, la inmigración no es una amenaza, sino que puede ser una solución al problema siempre que se gestione con inteligencia y determinación. Alemania ofrece un ejemplo paradigmático: con su programa Blue Card, ha atraído desde 2012 a decenas de miles de profesionales cualificados de fuera de la UE, simplificando los procesos de residencia y homologación de títulos. Esta política no solo ha paliado la escasez de talento en ingeniería y sanidad, sino que ha contribuido a una mejor integración de los migrantes, que llegan con contratos, derechos y expectativas claras. En Francia, el programa Volontariat Territorial en Entreprise (VTE), ampliado en 2021 a jóvenes inmigrantes, fomenta su inserción laboral en zonas rurales con baja densidad demográfica, incentivando tanto su arraigo como el dinamismo local. Portugal, por su parte, ha promovido el acceso simplificado a la residencia para trabajadores del sector turístico y tecnológico, con resultados notables en Lisboa y Oporto. Los países del golfo también ofrecen condiciones muy competitivas al establecimiento de inmigrante cualificados.

España en general y Euskadi en particular no pueden permitirse quedarse al margen de esta tendencia. Más aún: tiene el potencial para liderarla si transforma su enfoque. El talento extranjero busca economías dinámicas, entornos seguros y procesos administrativos previsibles. Nada de eso está garantizado en nuestro país ni en nuestra Comunidad Autónoma, donde la burocracia ralentiza los permisos de residencia y trabajo, y las políticas de atracción de talento siguen siendo marginales.

Finalmente, la inmigración también se juega en el terreno simbólico. Algunos medios de comunicación, cargados de buenas intenciones en la mayoría de los casos, omiten la nacionalidad de quienes cometen delitos si proceden de países de alta emigración. Esta práctica, que pretendería evitar estigmatizaciones, termina siendo contraproducente: alienta la sospecha, alimenta teorías conspirativas y erosiona la confianza ciudadana. La verdad no radicaliza, lo que radicaliza es el silencio.

Es urgente una política de Estado en materia de inmigración. Esto implica tres dimensiones: el control de las fronteras, una integración realista y eficaz, y la puesta en valor del talento extranjero. Sin esta tríada, el discurso público seguirá siendo rehén de los extremos: los que niegan la inmigración como necesidad estructural y la culpabilizan del crimen o la falta de empleo para los nacionales y los que la idealizan como fenómeno puramente solidario y piden sin más una política de puertas abiertas sufragada por el contribuyente.

Gestionar la inmigración con cabeza y corazón es uno de los grandes desafíos de nuestra generación. No se trata sólo de números, sino de personas, y no se trata sólo de compasión, sino de visión política y económica. En definitiva, si no somos capaces enfrentarnos a nuestros problemas, acabaremos siendo gobernados por sus consecuencias.

Luis I. Gordillo. 19 mayo 2025

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“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La frase, popularizada por el tío Ben en las historias de Spiderman, cobra una nueva relevancia cuando se aplica a quienes tienen en sus manos el control del discurso público: los gobiernos, las plataformas digitales y, no lo olvidemos, nosotros mismos. En un contexto marcado por tensiones ideológicas, polarización creciente y una cultura de la cancelación que opera tanto desde la izquierda como desde la derecha, la libertad de expresión vuelve a estar en entredicho. Esta vez, paradójicamente, por quienes dicen protegerla.

El prestigioso semanario The Economist ha puesto el dedo en la llaga en un editorial del 15 de mayo de 2025. En él, denuncia cómo los gobiernos del viejo continente, en su afán por controlar los llamados “discursos extremistas” u “ofensivos”, están socavando los fundamentos del pluralismo democrático. La deriva restrictiva no es uniforme, pero sí alarmante. Pocos analistas se sorprenden de la situación en Hungría, donde el control sobre la prensa ha sido denunciado desde distintos sectores. Pero las prácticas restrictivas se han extendido en otros países que consideramos pocos sospechosos de tener déficits democráticos y así nos lo recuerda esta publicación de referencia. Alemania, por ejemplo, mantiene una ley que prohíbe insultar a los políticos. Un exvicecanciller ha utilizado esta norma para presentar cientos de denuncias contra ciudadanos que lo llamaron, entre otras cosas, “idiota”. En Francia, el Estado ha multado con 100.000 euros a un canal conservador por emitir una opinión provida según la cual el aborto es la principal causa de muerte en el mundo. En el Reino Unido, la situación roza el absurdo. La policía detiene a unas 30 personas al día por publicaciones en redes sociales consideradas “groseramente ofensivas”. Entre los casos documentados, uno de los más ilustrativos es el de un matrimonio que criticó a la escuela de su hija y terminó siendo interrogado. Otro ciudadano fue arrestado por quejarse de la inmigración en Facebook. Como acaba señalando The Economist, en el caso británico estas prácticas no derivan de una decisión política centralizada, sino de una policía que ha descubierto que hacer de moderador de opiniones ciudadanas revisando publicaciones on-line es mucho más fácil que perseguir delitos reales.

El pretexto para controlar la libertad de expresión suele ser la lucha contra el “discurso de odio”. Pero este concepto, difuso y poco concreto donde los haya, termina sirviendo como coartada para criminalizar cualquier expresión que hiera sensibilidades o desafíe consensos ideológicos. Europa se está convirtiendo en un lugar en el que cada vez hay más temas tabú y menos espacio para la disidencia argumentada. Paradójicamente, este tipo de censura institucional alimenta justo aquello que pretende combatir: la radicalización de los discursos populistas y la popularidad de opciones políticas extremas. Si expresar una opinión disonante conlleva el riesgo de ser multado, interrogado o incluso detenido, se refuerza la sensación de que las élites no toleran el pensamiento independiente y la percepción de que la gente no puede realmente decir lo que quiera acaba por extenderse como una mancha de aceite.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla. Plataformas como X (antes Twitter) han abandonado el modelo clásico de moderación centralizada para implantar sistemas donde los propios usuarios controlan, denuncian o amplifican los contenidos. Facebook, por su parte, ha ido desmontando poco a poco su red de moderadores profesionales, que también había sido muy criticado, dejando a los algoritmos –y a las reacciones colectivas– el papel de jurados populares. El resultado es parecido al que había con la moderación centralizada: arbitrariedades, aumento de la polarización y lo que es peor, el fin de la confrontación dialéctica usando razones, datos y argumentos. El problema se agrava cuando se imponen leyes de “seguridad en línea” que obligan a las plataformas a retirar cualquier contenido que pueda ser ilegal… o simplemente polémico. Ante la amenaza de sanciones, muchas optan por eliminar publicaciones cuestionables, aunque legítimas, lo que genera aún más frustración entre los usuarios y refuerza las narrativas conspirativas sobre unas élites que quieren imponer una ley mordaza.

La libertad de expresión no es absoluta, pero debe ser amplia. Debemos poder criticar al poder, expresar ideas incómodas y debatir en igualdad de condiciones. Eso no significa tolerar amenazas, acoso o incitación a la violencia. Pero sí implica aceptar que vivir en democracia es exponerse al desacuerdo y a veces incluso a reacciones que pueden resultarnos ofensivas. La alternativa es un ecosistema represivo donde las opiniones se uniformizan, el debate se empobrece y la ciudadanía se radicaliza en silencio. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en este caso, mantener un espacio público abierto al disidente es responsabilidad de todos: ciudadanos, medios, plataformas privadas y gobiernos. Es nuestra responsabilidad animar al disidente a argumentar y tomarnos el tiempo de refutar. La democracia no se defiende sola pero sí puede morir de soledad.

Luis I. Gordillo. 12 mayo 2025

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Mientras el mundo se da una tregua para saludar al nuevo Papa, Estados Unidos y China miden sus fuerzas en la guerra de aranceles en la que están inmersos y Europa hace cuentas para tratar de calcular cuánto le va a costar pagar su propia defensa, los ciudadanos intentamos seguir buenamente con nuestras vidas y asistimos como convidados de piedra a esta compleja partida de ajedrez a varias bandas.

Y mientras nos distraemos con estas cuestiones aparentemente de la “alta política”, hay un tema que pasa habitualmente desapercibido en las relaciones comerciales y que afecta de lleno a la libertad de las personas: la gestión y protección de los datos personales. En la economía del siglo XXI el producto más valioso ya no es un metal dorado o unas piedras preciosas, apenas lo son el petróleo o la nueva categoría que se llama “tierras raras”. El producto más codiciado hoy en día por todas las empresas y por los propios Estados son los datos y, concretamente, los datos de carácter personal. Hay piratas informáticos que se dedican a robar bases de datos con nuestra información básica, preferencias, datos médicos o datos de consumo de los productos más variados.

¿Dónde está el valor de esta “mercancía” digital que luego se vende en el “internet profundo”, en una especie de mercado negro donde se intercambian todo tipo de mercancías legales e ilegales y se paga en criptomonedas? El análisis masivo de nuestros datos personales aporta una serie de información muy importante que permite realizar perfiles de consumidores, analizar potenciales intereses para ofrecernos productos muy concretos o, incluso, intentar estafarnos online, suplantando a nuestro banco, a nuestro proveedor de energía o a Correos. Nuestros datos se han convertido en el nuevo “oro digital”.

Los estafadores online han llegado a perfeccionar tanto sus técnicas que hay veces que es muy difícil detectar que nos están engañando hasta que ya es demasiado tarde. ¿Quién no está esperando algún paquete de un pedido que ha solicitado online? ¿Quién no tiene o ha tenido una cuenta corriente con alguno de los grandes bancos? ¿Quién no tiene o ha tenido a tal o cual operador de telefonía móvil?

Cada vez que se produce algún robo masivo de datos, notaremos dos cosas: primero una carta informativa de la entidad que tenía nuestros datos (y que envía porque le obliga la ley) y, en un par de semanas, un aumento de las llamadas “spam”, seguido posiblemente de algún intento de estafa, pidiéndonos nuestros datos de tarjetas de crédito o algo parecido.

El gran reto del siglo XXI es, efectivamente, el de la adecuada gestión y, por supuesto, el de la protección de nuestros datos de carácter personal, que, como regla general sólo pueden tratarse con nuestro consentimiento expreso y con las máximas garantías por parte de quienes los manejan. Sin embargo, normalmente, somos los propios ciudadanos los que cedemos constantemente nuestros datos: a veces sin ser conscientes, a veces siendo conscientes a medias porque los cedemos a cambio de recibir un servicio gratis. El caso típico es el de las redes sociales, que normalmente no nos exigen pagar una cuota, pero que a cambio nos piden autorización para ofrecernos productos de nuestro interés según un perfil que vamos rellenando o, directamente, dichas redes acaban siendo las propietarias legales de las fotos que vamos compartiendo online.

Por eso, en esta era digital que estamos viviendo, nuestros datos pueden ser particularmente vulnerables. Hemos de revisar las “políticas de uso” de nuestros datos cada vez que contratamos o que realizamos operaciones online, sobre todo cuando vamos a obtener un servicio por el que aparentemente no estamos pagando. Hemos de concienciar a nuestros mayores y a aquellos a los que les está costando más adaptarse al mundo digital, al tiempo que educamos a nuestros jóvenes en un uso responsable de internet y las redes sociales. Y, sobre todo, hemos de denunciar ante las agencias de protección de datos los usos fraudulentos que detectemos. Pero, para garantizar un uso adecuado de nuestros datos, no sólo son necesarias las administraciones, sino que todo empieza por la responsabilidad propia y la educación en el hogar. No hemos de olvidar que el proceso de recopilación, tratamiento y transferencia de nuestros datos es, en sí mismo, un negocio muy lucrativo en el que hay muchos intereses involucrados. Y, sobre todo, hemos de recordar la máxima en el mundo de los negocios, cuando el producto es gratis, el producto eres tú.

Luis I. Gordillo. 5 mayo 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

El ya histórico apagón de la semana pasada dejó sin luz a millones de hogares y abrió, de golpe, un necesario debate sobre la fragilidad de nuestro sistema eléctrico. En plena transición energética, y con una red cada vez más descentralizada y compleja, la cuestión de fondo no es solo por qué ocurrió, sino si nuestro sistema está realmente preparado para responder con eficacia a desequilibrios bruscos. Y si no lo está, quién debe asumir la responsabilidad.

El sistema eléctrico español se basa en un principio técnico exigente: la generación debe igualar en todo momento a la demanda. No hay grandes almacenes de electricidad; cada vatio producido debe consumirse de inmediato. Esto se logra mediante un mix energético diverso, donde las renovables —especialmente la solar y la eólica— tienen un papel creciente. En 2024, más del 56 % de la electricidad generada en España fue renovable. 

Cuando hay un desajuste —por ejemplo, un súbito aumento de producción solar o una pérdida importante de viento— el sistema debe reaccionar en segundos para compensar el desequilibrio y, además, manteniendo lo que se llama la inercia del sistema eléctrico. Es decir, no solo se trata de que circule energía por las redes de distribución, sino que nuestro tendido necesita que lo haga con una determinada tensión, por así decirlo. Esta inercia o tensión es la que aportan también fuentes estables y controlables, sobre todo la energía nuclear, las centrales de ciclo combinado (gas natural) o la hidroeléctrica. Son las llamadas tecnologías de respaldo, capaces de aumentar o reducir su producción con cierta rapidez, si están preparadas para ello. Pero estas fuentes no pueden funcionar adecuadamente si no están bien integradas en la planificación energética, particularmente si sucede como pasó en el momento del apagón, en el que la mitad de la potencia nuclear española estaba parada sobre todo como consecuencia de la gran carga impositiva que sufren las nucleares y que ha aumentado un 71% desde 2019. Las de gas o ciclo combinado también se han visto afectadas porque la prioridad que se da a la solar y a la eólica en el despacho de energía, hace que las de gas operen con menos frecuencia, aumentando sus costes y cuestionando su viabilidad económica.

Y ahí es donde aparecen los límites del modelo actual. España ha apostado fuerte por las renovables, pero castiga mucho a la nuclear, dificulta el funcionamiento de las de ciclo combinado y no ha desarrollado en paralelo una infraestructura de respaldo y almacenamiento suficiente. En 2021 se anunció que se alcanzaría una capacidad de almacenamiento de 8,3 GW, pero hoy apenas se dispone de 3,5 GW efectivos, casi todos hidroeléctricos y construidos hace décadas. Países como Alemania, en cambio, han superado los 17 GWh en baterías, diversificando sus herramientas de flexibilidad. Esta carencia limita nuestra capacidad de respuesta cuando el sistema se ve forzado. Además, sin incentivos claros ni marco normativo estable, resulta difícil que se desarrollen nuevos proyectos de respaldo, como almacenamiento térmico o hidrógeno.

Conviene recordar también que el sector eléctrico español está fuertemente regulado. La CNMC supervisa los precios, los peajes y las condiciones del mercado. Pero el Estado no es un mero árbitro externo, sino que el Gobierno a través de la SEPI, posee un 20 % del capital de Redeia, lo que le permite controlar sus decisiones en tanto que, salvo un par de participaciones significativas de un fondo americano y de Amancio Ortega, que no llegan al 10% entre ambas, hay un capital flotante superior al 70 %, lo que refuerza aún más el peso relativo del Estado en las decisiones clave. En este contexto, el Gobierno no puede eludir su responsabilidad cuando se producen fallos estructurales en el sistema. No se trata de intervenir más el mercado, sino de asumir que el diseño del sistema eléctrico no es neutral ni espontáneo: responde a decisiones técnicas, jurídicas y estratégicas.

El apagón no fue una mera anécdota. Ha dejado al descubierto que no basta con sumar potencia renovable al sistema, sino que hace falta ordenar, planificar y coordinar esa integración con criterios técnicos y realistas. La transición energética no puede basarse solo en entusiasmo político o compromiso climático: necesita respaldo firme, almacenamiento suficiente, estabilidad normativa y reglas claras para todos los actores.

No es un problema sencillo de resolver, pero desde luego no se soluciona apuntando a culpables antes de conocer exactamente qué ha sucedido o eludiendo la responsabilidad política a toda costa. Ahora vendrán las demandas de las empresas afectadas, luego las quejas al regulador por parte de las eléctricas que apenas tienen margen de maniobra y, en medio, probablemente alguna comisión de investigación que el gobierno pretenderá eludir. El apagón ha sido un serio aviso, pero ¿se darán por aludidos nuestros responsables?

Luis I. Gordillo. 14 abril 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

“- Hija, ¿tú qué quieres estudiar?”

“- Yo, para funcionaria, mamá”.

En estas fechas, coincidiendo con citas familiares previas al verano, entre sobremesas y conversaciones de reencuentro se repetirán preguntas y diálogos parecidos a este. Los padres, entre interesados y preocupados por el futuro laboral de sus hijos, suelen medir bien sus palabras a la hora de sondearlos. Los hijos, que en ciertas edades quisieron ser futbolistas, modelos y últimamente “youtubers”, a partir de los 17 años empiezan a coincidir en una categoría especial de empleo: la de funcionario o, en términos más precisos, personal al servicio de las administraciones públicas.

España y, dentro de ella, especialmente Euskadi, mantiene una tendencia curiosa. Y es que el número de jóvenes que quieren ser funcionarios, sin concretar muy bien en qué sector específico o de qué condición, aumenta sin parar. Los padres, preocupados por la felicidad y la estabilidad de sus vástagos, suelen ver con buenos ojos estas opciones de futuro e, incluso, las animan. Un trabajo que está relativamente bien pagado, que tiene buenas condiciones en cuanto a horarios, vacaciones, etc. y, sobre todo, del que no te pueden echar. Porque es ahí, en el aspecto de la seguridad, donde se hace especial hincapié. Nuestros jóvenes no se plantean tanto la realización personal a través del trabajo, sino que el trabajo es un medio para la realización de sus objetivos vitales fuera del horario laboral, que es cuando sus vidas realmente empezarían cada día.

Parece que no somos un país de grandes emprendedores, pero sí uno del fomento de la muy digna y necesaria función pública. Pero, ¿podemos ser todos empleados públicos? ¿Puede una economía desarrollarse sólo impulsada por las administraciones? ¿Fomentamos el emprendimiento y la creación de iniciativas innovadoras? ¿Tratamos bien a nuestros emprendedores? Y otra cosa, ¿tratamos bien a nuestros funcionarios? Hoy vamos a detenernos en esta última cuestión.

Lo cierto es que, a pesar de ser una posición habitualmente envidiada, es poco comprendida y sobre todo no parece que esté bien gestionada por los responsables públicos. Para acceder a un empleo público hay que pasar por un concurso en el que teóricamente se mide el “mérito y la capacidad” de los candidatos, de acuerdo con un proceso objetivo. Esos procesos, llamados OPEs, se están eternizando y en muchos lugares, como en Euskadi, pueden legalmente llegar hasta los tres años. Por otra parte, no parece que siempre los mejores sean los que acceden a las plazas convocadas. Así, en la forma de evaluar a los candidatos (los famosos baremos) se incluyen cuestiones como la experiencia en el puesto (algo que solo puede tener el que ya está ahí de manera interina), el conocimiento de la lengua propia (que a veces se valora más que otros méritos, como un doctorado) o la realización de ciertos cursos de formación específicos (a veces gestionados por sindicatos u otras organizaciones) cuya existencia desconocían inicialmente los opositores.

Por otra parte, la tasa de interinidad de los empleados públicos (lo que incluye a funcionarios y a personal laboral) es altísima en España, en torno a un 28%. Pero es que en Euskadi supera el 40%. Sí, han oído bien, en el País Vasco 4 de cada 10 empleados públicos son técnicamente temporales. La tasa de temporalidad en el sector privado está en torno al 12% y se va reduciendo.

Pero, en fin, una vez que se han superado exámenes de acceso, interinidades y finalmente las oposiciones, entramos en un ámbito, el del empleo público, que tiene una realidad a veces desconocida. Así, aunque el absentismo laboral en el ámbito público no es tan distinto del propio del sector privado (sobre un 7% en la administración y algo más de un 5,5% en la empresa privada), las bajas por problemas y trastornos de salud mental (las que habitualmente llamadas “bajas por depresión”) son anormalmente altas y casi el 6,5% de los empleados públicos de toda España presenta síntomas propios de la depresión. La convivencia en los entornos laborales no es sencilla ni en el sector público ni en el privado, pero en este último a veces hay herramientas de las que no dispone la administración. Tampoco es fácil la “promoción” en el sector público en tanto que asumir nuevas responsabilidades a veces está relacionado con ocupar ciertos puestos que dependen del responsable político de turno. Las nuevas leyes de función pública se han inventado un nuevo concepto que se denomina “la promoción horizontal” que consiste en la posibilidad de cambiar de lugar de trabajo, manteniendo más o menos las mismas condiciones.

En fin, no es sencilla la gestión de un empleo público en el que todas las administraciones sin excepción han optado por la figura del funcionario en lugar de la del contratado laboral, que daría más flexibilidad a la gestión de los recursos humanos. Hemos interiorizado socialmente que el blindaje laboral del empleado público es un privilegio en lugar de un mecanismo de garantía de su objetividad y nos hemos centrado más en su régimen jurídico laboral que en lo que realmente hacen: no es lo mismo un médico, que un maestro, que un juez, que un policía o que un trabajador de la televisión pública, y no todos pueden tener la misma regulación laboral ni las mismas tablas salariales. Y, por último, nos hemos olvidado de que las personas necesitamos cambiar de actividad, aunque sea levemente, cada cierto tiempo, necesitamos nuevos proyectos, incentivos y retos. No es lo mismo un trabajo para toda la vida, que trabajo para toda la vida. ¿Serán conscientes de esto nuestros gobernantes o ya están pensando en las próximas elecciones?