¿Para qué sirve el Senado?

Luis I. Gordillo. 30 septiembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 9:04)

En estos días en los que se está discutiendo en el Reino Unido la enésima reforma de la Cámara de los lores, hay una cuestión que sobrepasa las aulas de Derecho constitucional y que llega a las conversaciones en bares, terrazas y animadas cenas familiares es ¿para qué sirve una segunda cámara, para qué sirve el Senado?

La pregunta no es fácil de responder en estos momentos. La Constitución define el Senado como la cámara de representación territorial, pero ni la práctica institucional, ni los partidos políticos lo han permitido hasta hoy. Todos sabemos que las cuestiones territoriales se dirimen en el Congreso, donde partidos regionalistas, nacionalistas o separatistas se convierten en los supuestos defensores de los intereses de la Comunidad Autónoma donde están implantados.

El Senado español está compuesto por 208 senadores directamente por la ciudadanía en las elecciones generales a razón de 4 por provincia (y alguno menos en las islas) y 58 por parte de los parlamentos autonómicos. Hay dos cuestiones fundamentales hacen del senado una cámara particular: 

La primera es su sistema de elección, que aunque pase desapercibido, es un sistema abierto, en el que cada votante puede elegir a qué candidatos da cada uno de sus tres votos en cada provincia. El comportamiento de los electores, sin embargo, hace que casi siempre den sus tres votos a los tres candidatos que presenta el partido político de su preferencia y el que ha votado en el congreso. Esto hace que el partido más votado en unas elecciones generales acabe obteniendo mayoría absoluta en el Senado, como sucede ahora.

La segunda es que los senadores no se organizan internamente por provincias o comunidades autónomas, sino que se organizan en los mismos grupos parlamentarios que están presentes en el congreso, lo que desactiva cualquier debate en clave exclusivamente territorial. 

Hay senados que tienen mucho poder, como el de Estados Unidos o el de Alemania, donde por cierto, sus miembros acaban votando en clave territorial y, en todo caso, mirando por los intereses de su Estados. Hay senadores que han defendido históricamente intereses corporativos, como en Irlanda, y hay senados que pueden hacer caer a sus gobiernos como el italiano e incluso destituir al presidente, como el Senado de Estados Unidos.

Hay senados que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, buscando su lugar y su utilidad en la sociedad actual. Así, la Cámara de los lores y el Senado francés destacan por sus interesantes informes técnicos en materia de derecho comparado, que realizan para ayudar y apoyar los trabajos de la cámara baja, sobre la que recae el peso de la elaboración de la legislación del Estado. 

El Senado español, sin embargo, no ha sabido encontrar su lugar en el sistema institucional y se ha convertido en una cámara de segunda lectura, de segundo debate y de segunda confrontación. Por otra parte, los partidos políticos tampoco contribuyen mucho a aumentar el perfil político y territorial del Senado, en tanto que suelen enviar a los primeros espadas al Congreso y, salvo excepciones, suelen proponer a candidatos más desconocidos para ocupar los escaños de la Cámara Alta.

En tiempos de menor polarización política, se suele esforzar por pasar desapercibido, no sea que alguien cuestione su existencia y proponga su abolición, como sucedió con la Constitución de 1812 y la republicana de 1931. En este momento en el que las mayorías que controlan el Congreso y el Senado son distintas, en el que las distintas formas de entender el país son tan patentes y en el que existen tantas tensiones entre los gobiernos de las Comunidades, nuestros parlamentarios de una y otra Cámara bien podrían esforzarse por recuperar el sentido institucional y, entre otras cosas, devolver su papel de Cámara de representación territorial a la Cámara alta. Sin embargo, la pregunta ¿estarán nuestros políticos a la altura?

Plan de Acción por la Democracia

Luis I. Gordillo. 23 septiembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 4:09)

Se le suele atribuir a Jefferson el dilema según el cual «si tuviera que elegir entre un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Gobierno, no dudaría en preferir lo segundo», es decir periódicos sin Gobierno. Lo que uno de los presidentes más influyentes de la democracia americana quería decir es que entre la libertad de expresión que representan los periódicos y el control que representa el Estado sobre los medios de comunicación, prefiere sin duda la libertad.

Todo sistema democrático precisa de una prensa libre que realice su tarea con libertad de actuación y de criterio, sin sometimiento a ningún tipo de presión o coacción gubernamental ni de otro grupo.

Dejando al margen el asunto de los medios de comunicación de titularidad pública, el mantenimiento de una prensa libre suscita muchas cuestiones. ¿Cómo se garantiza la independencia de los medios? ¿Han de ser imparciales?  ¿Qué diferencia hay entre opinión e información? ¿Cuáles son los límites de la información veraz? ¿Son más un negocio o un servicio público? ¿Cómo se financian? ¿Existen intereses económicos o políticos detrás de determinadas líneas editoriales?

El pasado martes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el denominado Plan de Acción por la Democracia.

Como suele suceder en con este tipo de anuncios, lo más interesante de este plan no es lo que dice, sino lo que anuncia que hará en el futuro, básicamente la Estrategia Nacional de lucha contra campañas de desinformación, que veremos en qué queda. 

En realidad, este Plan, copia literalmente el título del mismo plan que ya aprobó la Comisión Europea en 2020 y que ha impulsado la aprobación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que ya está vigente y es plenamente vinculante para todos.

La aprobación de este Plan por parte del Gobierno español, cuatro años después del que aprobó la Comisión europea y cuando ya están en vigor casi todas las medidas que proponía el ejecutivo de Von der Leyen, solo puede explicarse en el contexto de la política nacional y de la cruzada personal del presidente contra lo que denomina los pseudomedios y la desinformación. 

Es difícil armonizar todos los objetivos e intereses que rodean cualquier intento de regular la libertad de los medios de comunicación y la garantía de una información veraz, pero lo cierto es que en puridad ya contamos con mecanismos suficientes para luchar contra las noticias falsas, para ejercer el derecho de rectificación, para garantizar la protección de los periodistas frente a demandas o actuaciones que afecten a su independencia o para mantener el secreto profesional.

Pero es cierto que se pueden hacer dos cosas: mejorar la trasparencia y la rendición de cuentas. Mejorar la transparencia no implica asignar nuevas obligaciones a los medios, cuya dirección y titularidad es conocida ya gracias a la legislación mercantil, sino que quienes deben aumentar la transparencia son los gobiernos que han de hacer públicos los criterios que condicionan la asignación de dinero público a medios de comunicación por parte de las administraciones. Para mejorar la rendición de cuentas no hay que inventar nada, ya existe el poder judicial. El gobierno podría aumentar los medios personales y materiales a disposición de los jueces para acelerar los procesos y garantizar la tutela judicial efectiva de informantes e informados. Las dos cosas dependen del Gobierno que podría incluir estas medidas en los próximos presupuestos. Presupuestos cuya aprobación se ve cada vez más difícil.

Pero entre un Gobierno sin presupuestos o presupuestos sin gobierno, parece que en este caso el presidente ha optado por lo primero.

El Informe Draghi

Luis I. Gordillo. 16 septiembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 9:40)

Mañana martes, Mario Dragui, economista de prestigio, ex presidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro italiano, presentará ante el pleno del Parlamento europeo un informe titulado “El futuro de la competitividad de Europa” y que le fue encargado por la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen.

A diferencia de otros informes elaborados por antiguos políticos, que se pierden en generalidades, que se quedan en vacíos eslóganes y que no llegan a realizar un diagnóstico ni una batería de propuestas factibles, el Informe Dragui desgrana a lo largo de sus 400 páginas la situación de la competitividad en Europa, cómo estamos dejando pasar oportunidades para cambiar y por qué nuestro modelo de bienestar está en peligro de muerte.

El economista no se anda con rodeos y comunica con frialdad su diagnóstico al paciente: el modelo de crecimiento y bienestar europeo está basado hasta ahora en una economía en la que se contaba con energía barata para su industria procedente de Rusia; donde el mercado chino absorbía las principales exportaciones europeas y Estados Unidos garantizaba nuestra seguridad. Esta situación, se ha acabado.

Como si de un enfermo se tratara, lo primero es aceptar la enfermedad, lo segundo consiste en ser consciente de los efectos del mal que se padece y, finalmente, estar dispuesto a realizar el esfuerzo que supone la terapia. En efecto, la industria europea tiene serias dificultades para mantenerse innovadora y competitiva al tiempo que realiza la transición a una economía descarbonizada, contribuye a las arcas públicas y mantiene unos altos salarios para garantizar el bienestar de los europeos. Las empresas que llegan a los mil millones, los llamados “Unicornios” escapan mayoritariamente a Estados Unidos y con ellas se escapa parte de nuestro bienestar.

Dragui plantea un plan, una detallada hoja de ruta que necesitaría de un acuerdo político y otro económico que permita invertir 800.000 millones anuales (el 5% del PIB europeo) en mejorar nuestra economía para hacerla más competitiva, más atractiva que la de EE UU o China y que permita sufragar el Estado del bienestar europeo. 

El italiano ya salvó el euro en el corto plazo, ahora se ha recurrido a él para que salve el proyecto europeo a largo plazo. Su informe, bien podría ser el programa de la nueva Comisión Europa que echará a andar en breve. Sin embargo, Von der Leyen está teniendo problemas para conformar un colegio de comisarios a su medida: casi ningún Gobierno ha seguido su sugerencia de presentar dos candidatos altamente cualificados (un hombre y una mujer) y esta misma mañana, Thierry Bretón, comisario francés y que parecía que sería uno de los hombres fuertes de su gobierno ha dimitido en el tiempo de descuento

Los cambios necesarios y que se proponen pueden provocar situaciones temporales de ajustes económicos, laborales y sociales de difícil predicción y todos sabemos que a los gobiernos no les gusta tener que explicar que es necesario un sacrificio para obtener la recompensa final, que en este caso es la salvaguarda del proyecto europeo y del Estado del bienestar.

Tenemos el diagnóstico, la pregunta es, seremos capaces de seguir el tratamiento.

Votar con los pies

Luis I. Gordillo. 9 septiembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 10:50)

El economista americano Charles Tiebout (Tibout) acuñó un interesante concepto denominado “votar con los pies”. Esta expresión alude a la posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestar sus preferencias sobre las políticas públicas no tanto votando entre dos candidatos que no le convencen, con lo que ha de elegir “al menos malo”, sino que alude a la posibilidad de moverse de un sitio a otro, de mudarse a un lugar cuyas políticas sean más acordes con lo que uno piensa.

Es decir, los políticos compiten por los votantes, pero en EE UU lo hacen con mayor intensidad que en otras democracias dado que, si el resultado de las políticas no gusta o no se ajusta a los intereses de los votantes, se quedarán sin votantes y sin contribuyentes, que son quienes sostienen todos los gastos públicos.

Esto es algo que ha entendido muy bien Donald Trump, candidato republicado a las elecciones presidenciales de EE UU que, tras las presiones ejercidas sobre Biden, se enfrentará a la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Si Kamala Harris fuera elegida por votantes residentes en España o en casi cualquier país europeo, ganaría con porcentajes cercanos al 80 o 90%. Ha planteado la campaña apelando a los sentimientos, particularmente al sentimiento de rechazo tan importante que produce Donald Trump en una parte importante del electorado y de la opinión pública en general. Sus asesores la han convencido de que no se trata de ver lo buena presidenta que sería Harris sino la mala persona que es Trump, que no merecería ser presidente por segunda vez.

Desde su proclamación, Kamala Harris ha recibido la bendición de buena parte del establishment norteamericano y ha recaudado la friolera de 770 millones de dólares hasta el momento, 200 más que su oponente. Casi todo el establishment ha echado en brazos de Harris apelando a lo malo que es Trump. Sólo el controvertido magnate Elon Musk le ha dado su apoyo sin fisuras al ex presidente.

Si uno no está demasiado atento, parece que Trump es el actual presidente que está buscando un segundo mandato consecutivo frente a una nueva candidata, sin ningún escándalo ni responsabilidad anterior. Lo cierto es que hace casi 4 años que Trump no es presidente y que Harris es la actual vicepresidenta de EE UU, responsable por tanto de las políticas del ejecutivo; Harris no ha sido condenada por ningún tribunal, ni ha defendido a la jauría que asaltó el Capitolio, pero durante su vicepresidencia se ha complicado el problema migratorio, han aumentado los conflictos bélicos en los que participa EE UU y su deuda pública ha crecido casi el 10% anual en los últimos años. Su propuesta estrella consiste en aumentar enormemente los impuestos que pagan los ricos.

Mañana es el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, veremos qué propuestas convencen más. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos no es solo California y Nueva York, donde los demócratas arrasan, y que a diferencia de España, en EE UU se vota con los pies. En noviembre veremos a qué candidato le dan la patada.