Categoría: Opinión Economía Digital

Luis I. Gordillo. Economía Digital. 24 enero 2022. Enlace al periódico aquí

Como es habitual en el mes de enero, cada día vamos conociendo algún cambio legislativo fundamental, que el gobierno y los grupos que lo apoyan en Madrid han introducido por la puerta de atrás a través de la ley de presupuestos. Esta vez se trata de la cesión a la Comunidad Autónoma del País Vasco de la competencia sobre los funcionarios de la administración local con habilitación nacional, es decir, los llamados comúnmente secretarios-interventores de los ayuntamientos. 

En efecto, la Ley de presupuestos de 2022 introduce una disposición final que altera radicalmente el sistema de garantía de la legalidad de la actuación de las administraciones locales y que supone, casi, el último hilo de conexión de la administración local con la Estatal en Euskadi. Concretamente, y según dicha disposición se transfiere “en los términos que establezca la normativa autonómica (…) la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas”. Es decir, básicamente, se acaba con la habilitación nacional de este prestigioso cuerpo de funcionarios que garantizan la legalidad y la correcta ejecución del gasto en las entidades locales y, además, el desarrollo de dicha transferencia se concretará “en los términos que establezca la normativa autonómica”.

Hay varios elementos que llaman particularmente la atención y que, además, podrían hacer que dicha disposición incurriese en vicio de inconstitucionalidad.

En primer lugar, violentando y falseando los trámites parlamentarios, se introduce en la ley de presupuestos una cuestión que nada tiene que ver con los ingresos, ni con los gastos ni con las políticas económicas necesarias para su ejecución. Es decir, se quiere introducir en la ley de presupuestos algo que, sencillamente, no cabe, como ya ha constatado en innumerables ocasiones el Tribunal Constitucional (STC 76/1992). Ciertamente, cuando se aprueba un presupuesto hay que realizar algunos ajustes en el ordenamiento y se permite la inclusión de lo que se llama un “contenido eventual”, pero ese contenido está muy tasado y tiene que estar circunscrito a cuestiones “que guarden directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustentan” (STC 237/1992).

En segundo lugar, se modifica un elemento básico de la organización de nuestro sistema de la Administración local, al transferir a una única Comunidad Autónoma (el País Vasco) «todas las facultades» sobre los funcionarios de la Administración local de habilitación nacional (secretarios, interventores y tesoreros). Se cita,  además, como base para efectuar esta cesión de funciones el artículo 149.1.18ª que precisamente establece que corresponde al Estado (central) «Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas». La forma en la que está redactada la disposición en la ley de presupuestos, más que descentralizar la gestión de unos cuerpos de habilitación nacional, parece más bien que está operando una transferencia de competencias en toda regla, para lo que se habría necesitado de una Ley Orgánica, según establece la propia Constitución (artículo 150.2 CE).

En tercer lugar, esta cesión se hace en unos términos particularmente anodinos, ya que se produce una cesión que se concretará «en los términos que establezca la normativa autonómica». Es decir, se cede a la normativa autonómica la capacidad de establecer en qué términos se asume esta función o competencia, todo ello sin seguir los procedimientos habituales en esta materia.

En síntesis, podría argumentarse que estamos ante una transferencia de competencias encubierta jurídicamente (a través de la Ley de Presupuestos para evitar de paso la necesidad de una Ley Orgánica), que se hace “en blanco”, ya que será la normativa autonómica la que determinará en qué términos recibirá la propia competencia. Hasta aquí os argumentos jurídicos.

En el plano político, los partidarios de esta operación, que esencialmente serán los partidos nacionalistas y ‘neonacionalistas’ vascos (como el PSE o la marca local de Podemos), aludirán seguramente a que “más autogobierno es más bienestar” o a que un mayor nivel de descentralización es siempre más democrático o ‘progresista’, que es un término que les gusta mucho emplear. Nada más lejos de la realidad. Equiparar autogobierno con bienestar es toda una falacia elevada a eslogan por los poderes fácticos locales. ¿Acaso no hay bienestar en Francia, que es quizá el Estado más centralizado de Europa? Por otra parte, ¿acaso el Gobierno Vasco va, a su vez, a transferir esta nueva competencia a las diputaciones forales o a los propios ayuntamientos? Sería todo un cambio de tendencia, ya que incluso en la reciente ley de aportaciones, la que establece los criterios de reparto de los ingresos en Euskadi, los grandes perdedores han sido ayuntamientos y diputaciones y el Gobierno Vasco el que aumenta su porcentaje sobre la recaudación total.

Voces autorizadas se han posicionado claramente en contra de esta transferencia, incluyendo el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) o a expertos administrativistas como Francisco Sosa Wagner o constitucionalistas como Josu de Miguel. Particularmente crítico ha sido Sosa Wagner, que participó en su momento y de la mano del entonces ministro Tomás de la Quadra-Salcedo en la configuración jurídica de estos funcionarios de habilitación nacional que suponen una garantía de la aplicación del Derecho y del correcto manejo de los fondos públicos en las instituciones locales. En efecto, según recuerda el administrativista, el disponer de un funcionario altamente cualificado, protegido frente a interferencias de los poderes políticos y fácticos legales, ha sido una de las mayores garantías de las que han dispuesto los ciudadanos a lo largo de la historia de estos cuerpos. La propia evolución de la administración ha demostrado que cuanto menos han podido condicionar su situación (laboral, económica…) los poderes locales, mayor independencia han tenido estos cuerpos a lo largo de los años, más eficaz ha sido su trabajo y mejores los réditos para los ciudadanos, en tanto que estos funcionarios son los controladores de los políticos que administran el dinero de todos. De plantear una reforma, habría que proponer que dependiesen incluso de la Unión Europea, que sería la administración más distante del ámbito local. Esta “deshabilitación de las entidades locales”, esta ruptura de la habilitación nacional de la manera en la que lo ha consentido este gobierno, además de crear diferencias no justificadas con otras Comunidades Autónomas, disminuirá la independencia de estos funcionarios en un momento en el que la gestión de los fondos europeos necesitaría precisamente de mayores controles y transparencia.

Mal hemos empezado en este país en el tema de los fondos europeos y esta reforma desde luego no va en el sentido adecuado. Ya en 2007 se produjo una cesión similar para el conjunto de Comunidades Autónomas que se revirtió en 2014 y que ahora el PSOE vuelve realizar simplemente para contentar a uno de sus socios parlamentarios que, por cierto, está necesitado de “hacer méritos” ante la competencia que le está haciendo en Madrid y en Vitoria EH Bildu y ante un agotamiento cada vez más visible de su electorado tradicional. Si el gobierno de Pedro Sánchez piensa que con esto ha calmado a sus socios del PNV se equivoca estrepitosamente. Ya están amenazando con dejar caer al gobierno si no completa en los términos que ellos quieren la transferencia del Ingreso Mínimo Vital y tienen el ojo puesto en nuevas “reclamaciones” incluidas en ese listado de demandas sin fin que siempre manejan los nacionalistas y que vamos conociendo todos los meses de enero.

Luis I. Gordillo. Economía Digital. 13 diciembre 2021. Enlace al periódico aquí

La necesidad de financiación de los Estados

Tradicionalmente, la aparición del Estado se vincula a procesos de concentración del poder político en contexto de luchas entre grupos y clases sociales que quieren convertirse en hegemónicas. Esto es más o menos cierto, atendiendo desde el punto de vista de la Ciencia política. Sin embargo, la verdadera consolidación de los estados, en tanto que poderes públicos, se produce cuando éstos son capaces de asegurar un sistema que les permita recaudar fondos suficientes para atender a los gastos derivados del funcionamiento de la estructura estatal, más o menos desarrollada. Históricamente, los estados (grandes imperios, monarquías e incluso civilizaciones) solían mantenerse y florecer cuando estaban en “modo guerra”, conquistando territorios y alimentando sus múltiples gastos en ejército, en “pan y circos” con los botines de guerra. El caso más interesante es el de Roma, cuya Pax, no hizo sino poner en entredicho su capacidad para recaudar fondos en tiempos de tranquilidad hasta que finalmente, con la ayuda de otros elementos externos, acabaría cayendo.

En los Estados actuales, uno de los principales problemas políticos es siempre el de la recaudación de impuestos. La recaudación es necesaria para costear la estructura básica institucional de un Estado (un gobierno, un parlamento, un poder judicial, una policía, un sistema judicial…) y para sufragar una serie de servicios y políticas sociales que, particularmente en las sociedades europeas, se tienen por necesarias: educación, sanidad, prestaciones sociales, pensiones… Salvando situaciones más o menos excepcionales de Estados que cuentan con un fondos soberanos provenientes sobre todo del petróleo y destinado a garantizar las pensiones (ej. Noruega) o una transición a una economía no basada en el Brent (ej. Países del Golfo) o de microestados que se financian de formas menos convencionales (cuestión que merecería otro artículo monográfico), los Estados necesitan todos poseer un sistema tributario que les garantice unos ingresos para gastar y los sujetos sometidos a esos impuestos van a ser las personas y las empresas, muchas veces por partida doble, o triple, o cuádruple…

En el caso de los Estados centralizados, por ejemplo, Francia, la organización es relativamente sencilla. Existe una única administración tributaria que organiza todo el sistema, regula, gestiona, inspecciona, revisa, recauda y distribuye entre los distintos órganos del Estado. Es cierto que hay también una pequeña parcela, sobre todo en la fase de recaudación, en manos de las entidades locales, pero en términos generales, se trata de un sistema totalmente homogéneo, relativamente comprensible y suficientemente transparente, lo cual facilita la labor de control por parte del parlamento.

Modelos de “federalismo fiscal”

La cuestión surge cuando nos encontramos ante Estados políticamente descentralizados, regionales, federales o como los queramos llamar pero que tienen, en todo caso, un nivel de gobierno intermedio (entre lo local y lo nacional) donde hay un parlamento con competencias legislativas y unas políticas públicas propias. En estos casos, partimos de tres niveles de gobierno (local, regional y central) y los modelos que se pueden adoptar son variados:

1. Que recaude todo la Administración central y luego reparta entre los distintos niveles de gobierno en función de los niveles competenciales asumidos.
2. Que recauden todo, digamos, las regiones (en tanto que los municipios carecerían en general de la estructura necesaria para acometer esta tarea) y luego transfieran al gobierno central y a los municipios una parte de lo recaudado que sea suficiente para cubrir los gastos de cada nivel de gobierno.
3. Que cada nivel recaude lo necesario para financiar sus competencias, con los lógicos mecanismos de ajuste que pueda haber, pero sin desnaturalizar la idea de la responsabilidad fiscal de cada nivel que ha de recaudar de manera autónoma para mantener sus gastos de manera responsable.

¿Cuál es el modelo que tenemos en España? Ninguno de los tres. Y los tres a la vez. Según qué tipo de impuesto, qué territorio, qué criterio, al final, nuestro sistema fiscal navega entre esas tres tendencias. En realidad, en España no hay un solo territorio fiscal, sino que hay 6: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Canarias (con ciertos matices) y el resto, al que se le suele denominar “territorio común”. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, sus normativas específicas, sus autoridades competentes en materia tributaria. El tener un sistema fiscal más o menos propio no debería implicar ningún privilegio ni ninguna desigualdad para los ciudadanos, en tanto que la propia Constitución recoge una serie de cláusulas que garantizarían que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional (artículos 14 y 139.1, entre otros). La doctrina constitucional, por su parte, ha matizado que igualdad no quiere decir homogeneidad. Además, la generosidad con la que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre ha interpretado el ámbito competencial autonómico (a pesar de quejas infundadas de grupos nacionalistas) ha hecho que en la práctica las Comunidades Autónomas sean espacios diferenciados unas de otras y que sus residentes dispongan de condiciones (por no decir derechos) distintos. La cuestión es, hasta qué punto estas diferencias de tratamiento pueden justificar una discriminación a ojos del TC. Esto es algo que algún día no muy lejano acabará ante la alta instancia constitucional.

El concierto económico del País Vasco

Volviendo al tema específico fiscal y, concretamente, al caso del País Vasco, más que explicar el modelo fiscal, habría que hablar de descifrarlo, puesto que es complejo en todos sus aspectos.

El “concierto económico” podría definirse como el mecanismo que regula y gestiona las relaciones de índole financiera y tributaria entre el Estado central y el País Vasco. Esto no sólo incluye una “delimitación territorial” que establece quién recauda en según qué territorio, sino que además se incluye «la gestión de los flujos financieros entre ambas Administraciones» (vasca y estatal, se entiende), tal y como dice la exposición de motivos de la ley que lo regula. Aquí podemos encontrar una de las primeras dificultades que tiene la comprensión de este mecanismo y es que no hay dos administraciones involucradas (vasca y estatal) sino cinco: estatal, autonómica vasca, alavesa, vizcaína y guipuzcoana. Más adelante retomaremos esta cuestión.

El sistema podría sintetizarse en los siguientes términos: recaudan las instituciones vascas, que retienen lo necesario para ejercer sus competencias y luego transfieren al Estado central, en concepto de “cupo” (en Navarra se llama “aportación”) una cantidad resultante del gasto que suponen las competencias que ejerce el Estado en Euskadi (prácticamente nulas) y la participación de Euskadi en los gastos de las competencias, digamos, comunes y entre las que se encuentran las instituciones comunes del Estado, incluyendo por ejemplo la acción exterior. Se realizan una serie de ajustes de los llamados ingresos no concertados y del déficit y la cantidad resultante es la que se ingresa anualmente a la Administración central. Por tanto, la filosofía del concierto se centra en el gasto y no en los ingresos. Hasta aquí la teoría. La discusión es siempre en torno al gasto, por tanto, ya que los ingresos de los tributos concertados (la gran mayoría) los gestionan íntegramente las instituciones vascas. En este argumento se suelen apoyar algunos (los nacionalistas esencialmente) para defender que hay un “riesgo unilateral”: si recaudas menos, tienes que pagar lo mismo a la Administración central y a la vez mantener una serie de servicios y gastos públicos en Euskadi. La cuestión es que hasta ahora ese “riesgo unilateral” no parece que se haya materializado, de hecho sólo el gobierno vasco (sin contar a las diputaciones) tiene un remanente acumulado y reconocido de más de mil millones de euros que no parece capaz de gastar. La única vez que el llamado “riesgo” cayó del lado autonómico y puso en grave riesgo las finanzas de la administración autonómica, fue en el caso de Navarra a propósito del llamado “IVA de Volkswagen” y finalmente el Gobierno central desistió de reclamar unos 1.700 millones de Euros a la administración foral navarra, lo que por cierto suponía casi la mitad del presupuesto de la Comunidad foral del año 2012.

Los aspectos polémicos

En todo caso, lo importante está siempre en los detalles. Una de las claves del cálculo del cupo es el llamado índice de imputación. Esta magnitud, que está establecida en el 6,24% y que ha permanecido invariable desde el primer concierto hasta la ley actual, se entiende que responde al peso relativo que tendría la economía vasca respecto del conjunto de España.

Hay quien dice el 6,24% no se correspondería con la situación actual, en tanto que el peso del PIB vasco sobre el conjunto de España se ha reducido hasta un 5,95% (según un reciente informe de informe de la Cámara de España y el Consejo General de Economistas). Por otra parte, si el criterio fuese poblacional, Euskadi en estos momentos representaría en torno al 4,63% de la población total española.

Los más críticos, entre los que se encuentra algún alto cargo del gobierno del PSOE, argumentan que se infravaloran las competencias no asumidas (con lo que se reduce la cantidad final a pagar) y que la forma de calcular las compensaciones por la recaudación del IVA, cuyos parámetros de ajuste están definidos en la normativa, saldría siempre favorable a las Diputaciones forales vascas.

El principal aspecto problemático, sin embargo, es en mi opinión la desparlamentarización del control de este sistema. Parto de la base de que un mecanismo que obligue a las administraciones a la máxima responsabilidad fiscal, como en teoría es el del Concierto, es siempre el más deseable, lo cierto es que el actual sistema está gestionado por una serie de “conferencias intergubernamentales” en las que los parlamentos son simples observadores externos, y digo externos porque solo conocen los acuerdos finales.

Por un lado tenemos el Consejo Vasco de Finanzas Públicas que, en síntesis, coordina las cuestiones fiscales y los flujos financieros internos entre las tres diputaciones forales y el gobierno vasco. El órgano está integrado por 9 miembros, 3 designados por el Gobierno vasco, 3 por cada una de las diputaciones y 3 representantes de los municipios. En la práctica acude el Consejero de Economía y Hacienda y los diputados generales (los “presidentes” de las diputaciones forales). Este órgano acuerda los llamados coeficientes verticales y horizontales, es decir la distribución de los ingresos entre las 4 administraciones: qué se queda cada diputación y qué va al Gobierno vasco que, además, luego establece algún mecanismo de compensación. Estos acuerdos, luego son aprobados en una ley del parlamento vasco que es de artículo único (no caben enmiendas). En la última modificación, de hace apenas 2 meses, se aumentó la parte que recibe el Gobierno vasco, en detrimento del resto de administraciones. Aún no se ha acabado de justificar el por qué de ese aumento. Es llamativo que en el “reparto interno”, el reparto entre diputaciones forales y gobierno vasco, el criterio no es el gasto (como en el cupo) sino que es el ingreso.

Además, tenemos la Comisión mixta del Concierto económico, integrada por miembros de las diputaciones forales, del gobierno vasco y del gobierno central que es el órgano que decide las modificaciones del propio concierto. Sus acuerdos, también pasan al parlamento español a través de una ley de artículo único que, como se sabe, no admite enmiendas.

Por otro lado, existe también la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, integrada de manera similar a la anterior y que es una especie de órgano de estudio y consulta sobre la ejecución del Concierto. Finalmente, la Junta Arbitral del Concierto Económico, integrada por 3 miembros, es la que resuelve los conflictos que se planteen entre las Administraciones intervinientes. Es un órgano poco conocido y donde los técnicos tienen mucha importancia, debido a la complejidad de los casos. Aquí se resuelven casos que tienen gran impacto en las arcas de las administraciones involucradas (hablamos de cientos de millones de euros y en algún caso un cero más) y donde al final, se deciden las cuestiones en función de la interpretación que se dé a términos como “volumen de operaciones” (artículo 4 de la Ley del concierto y que no es lo mismo que el volumen de negocio), se interpretan los “puntos de conexión” (artículo 27) o se determina finalmente el “lugar de realización de las operaciones”  (artículo 28). La forma en la que se interpreten estos conceptos hace que la administración que absorba la recaudación sea una u otra en cada caso y se trata de cantidades muy importantes.

Valoración

Las críticas habituales al Concierto económico suelen partir de un estado de observación de la realidad más político que técnico. El PNV siempre se ha esforzado en transmitir que el Concierto económico es un privilegio. Lo hace de una forma sibilina, repitiendo hasta la saciedad que no lo es, pero esbozando una sonrisa al tiempo que lo niega. Como se viene diciendo, el mecanismo del Concierto no es en sí mismo un privilegio. Es difícil determinar con exactitud la situación porque la forma de gestionarlo está totalmente desparlamentarizada. Son comisiones intergubernamentales las que adoptan las decisiones que luego ratifican los parlamentos a ciegas.

Esta opacidad, no del Concierto, sino de la gestión del PNV, está especialmente diseñada para que el verdadero órgano de coordinación del Concierto sea Sabin Etxea. En efecto, la sede del PNV es donde en realidad coinciden todos los intervinientes locales, que luego hacen frente común en las negociaciones con el gobierno central, mientras el parlamento vasco y las juntas generales de los tres territorios (los parlamentos provinciales) son simples espectadores. El Concierto se convierte así en otro elemento gestionado exclusivamente por el PNV que convierte cualquier crítica a su gestión en una crítica al mecanismo. Así, las discusiones en torno a este mecanismo, dada su complejidad y la falta de transparencia a lo largo del proceso, se convierten siempre en discusiones con un punto de sentimentalidad. El PNV se erige en defensor a ultranza del actual estado de las cosas y transmite el mensaje de que cualquier crítica a su actuación es una crítica al mecanismo del Concierto y una crítica a Euskadi y, por tanto, acaba siendo un enemigo del autogobierno, los servicios públicos, etc.

Es curioso cómo han conseguido transmitir esta idea, que el Concierto tiene una fundación para su defensa e incluso un club de fans. No conozco ninguna agencia tributaria del mundo que tenga algo parecido. Así, moviéndose en el lado de los sentimientos, el PNV evita dar explicaciones y, en la práctica, se ha convertido en el principal enemigo del propio Concierto económico que muchos de nosotros defendemos en términos más técnicos.

Luis I. Gordillo. Economía Digital. 22 noviembre 2021. Enlace al periódico aquí

Hay una serie de circunstancias que se repiten año tras año en la elaboración de los presupuestos y que, por alguna extraña razón, los responsables del gobierno que los diseña presentan como novedad lo que no es más que una repetición de lo que aconteció el año anterior. Esto hace que todo presupuesto tenga siempre unas características comunes: tiene que ser superior en gasto al del año anterior, siempre son “los más sociales” (sobre todo en el caso de las comunidades autónomas) y siempre se elaboran sobre un cuadro macroeconómico (dato de crecimiento, inflación…) previamente “cocinado”. Además, en un país como España, donde el desempleo es un problema estructural y donde las crisis económicas se van sucediendo unas a otras, los presupuestos autonómicos y nacionales son siempre “los del empleo” y “los de la recuperación”.

Un presupuesto no es más que una estimación de ingresos y gastos. Los ingresos tienen un margen importante de incertidumbre porque dependen, sobre todo en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la recaudación, que, a su vez, está determinada por la coyuntura económica. Los gastos, sin embargo, deberían ser mucho más ciertos, es decir, la falta ejecución de ciertas partidas presupuestarias debería ser muy excepcional y siempre debida a circunstancias extraordinarias.

Pues bien, en la práctica, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hay tanta incertidumbre en los ingresos como en los gastos. Me explico.

Es habitual que todo gobierno “cocine” el principal dato macroeconómico, el del crecimiento. Así, tienen tendencia a escoger, de entre las predicciones y estudios de los organismos económicos, la que es más favorable e, incluso, la suelen inflar bastante aduciendo que manejan datos más fiables de su propia economía. Luego, una vez aprobado el presupuesto, conforme avanza el año fiscal, se van produciendo los ajustes. El gobierno de turno suele ir corrigiendo a la baja el dato, alegando que la coyuntura internacional (nunca sus propias políticas, casualmente) ha afectado negativamente a la economía vasca. En el caso del País Vasco, el año pasado el gobierno elaboró unos presupuestos sobre unas previsiones de crecimiento cercanas al 9% y cuando cierre este año seguramente estaremos por debajo del 5%. ¿Fue culpa de la coyuntura internacional? Sin duda tuvo su parte de responsabilidad, pero tanto los organismos especializados como este portavoz se lo fuimos recordando cada vez que tuvimos oportunidad. Con escaso éxito.

¿Cómo compensar una posible falta de ingresos para atender los gastos? Pues cualquier gobierno recurriría al endeudamiento o intentaría reducir esos gastos dejando de ejecutar las partidas. En la práctica, el gobierno vasco ha conseguido la cuadratura del círculo, porque su incapacidad manifiesta para ejecutar el capítulo de inversiones, sumado a otra serie de anomalías en el presupuesto (como, por ejemplo, que se haga una previsión de gasto para 8000 Ertzainas cuando hay solo 7000 en activo) hace que, a final de año, queden todavía importantes excedentes presupuestarios. En el caso del País Vasco, el acumulado está en torno a los 1.000 millones de Euros y sólo en el caso de Lanbide (que ejecuta las políticas activas de empleo) hay remanentes por valor de 270 millones de Euros, sobre un presupuesto, el del año 2021, de poco más de 12.400 millones de Euros.

Es decir, la propia incapacidad para gastar del Gobierno vasco se convierte en el mejor aliado para cuadrar las cuentas y, además, genera un importante excedente que proviene, en gran medida, de la falta de ejecución de las inversiones que, en los últimos años, apenas ha superado el 50% de ejecución. De esta forma, la paradoja suele ser que ante una situación en la que se ha demostrado una incapacidad manifiesta, el gobierno intenta aprovechar la ocasión para sacar pecho y acaba presumiendo de que ha generado importantes ahorros.

Esta historia se repite año tras año. En esta ocasión, también se ha presentado al Parlamento Vasco el presupuesto más alto (13.107 millones de Euros), son los presupuestos más sociales (claro, las competencias autonómicas son esencialmente de gasto en materia social, sobre todo educación y sanidad) y la novedad sería que son los presupuestos de la recuperación porque incluyen una subida importante en el capítulo de inversiones (hasta la cifra de 1.600 millones). Si en años anteriores, el Gobierno vasco hay sido incapaz de ejecutar las partidas de inversiones (cuando eran un tercio de esta cantidad), por qué habríamos de creer que este año se ejecutará el 100% de una partida tres veces superior a la habitual.

En cuanto a los fondos europeos, el Gobierno vasco ha tomado la decisión de no incluirlos en el presupuesto, sino que ha diseñado un sistema para irlos incorporando si, efectivamente, van llegando. No obstante, en la presentación de los presupuestos por parte de los Consejeros correspondientes, sí que anunciaron en qué iban a gastar ciertas partidas provenientes de fondos europeos. No digo que sea sencillo gestionar los fondos europeos ni que el gobierno central lo ponga fácil. Al contrario. Sin embargo, el problema es que esto complica aún más la cosa, porque no se sabe con exactitud qué proyectos serán seleccionados, cuáles se realizarán, qué cantidades llegarán, en qué condiciones o qué pasará con los remanentes en caso de que se empleen fondos europeos para financiar algún proyecto que ya esté contemplado en los presupuestos. Ni que decir tiene que esta eventualidad complica el control del parlamento sobre el gasto, en tanto que hay partidas que son imprevistas y casi imprevisibles.

En síntesis, la presentación de los presupuestos ha sucumbido también a la teoría del relato, tan de moda hoy en día. Lo importante no es ya presentar un presupuesto ajustado a las necesidades, con un cálculo eficiente de los ingresos y unos gastos adaptados a la capacidad de ejecución, sino que la obsesión por los grandes titulares ha acabado imponiéndose. Desde nuestro grupo, hemos presentado una serie de propuestas al Gobierno vasco para solucionar estas cuestiones y recuperar el presupuesto como instrumento eficiente de previsión de ingresos y gastos que permita un control adecuado por parte del parlamento. Además, hemos propuesto implementar un programa serio de inversiones que ayude a nuestras empresas a sobrevivir y ganar músculo, emplear más recursos en formación y dotar mejor algunas políticas sociales y de ayuda a las familias que consideramos críticas. Estamos ante un gobierno con mayoría absoluta que ya tiene negociados los presupuestos entre los socios de la coalición. ¿Qué creen que pasará..?