Luis I. Gordillo. 14 abril 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
“- Hija, ¿tú qué quieres estudiar?”
“- Yo, para funcionaria, mamá”.
En estas fechas, coincidiendo con citas familiares previas al verano, entre sobremesas y conversaciones de reencuentro se repetirán preguntas y diálogos parecidos a este. Los padres, entre interesados y preocupados por el futuro laboral de sus hijos, suelen medir bien sus palabras a la hora de sondearlos. Los hijos, que en ciertas edades quisieron ser futbolistas, modelos y últimamente “youtubers”, a partir de los 17 años empiezan a coincidir en una categoría especial de empleo: la de funcionario o, en términos más precisos, personal al servicio de las administraciones públicas.
España y, dentro de ella, especialmente Euskadi, mantiene una tendencia curiosa. Y es que el número de jóvenes que quieren ser funcionarios, sin concretar muy bien en qué sector específico o de qué condición, aumenta sin parar. Los padres, preocupados por la felicidad y la estabilidad de sus vástagos, suelen ver con buenos ojos estas opciones de futuro e, incluso, las animan. Un trabajo que está relativamente bien pagado, que tiene buenas condiciones en cuanto a horarios, vacaciones, etc. y, sobre todo, del que no te pueden echar. Porque es ahí, en el aspecto de la seguridad, donde se hace especial hincapié. Nuestros jóvenes no se plantean tanto la realización personal a través del trabajo, sino que el trabajo es un medio para la realización de sus objetivos vitales fuera del horario laboral, que es cuando sus vidas realmente empezarían cada día.
Parece que no somos un país de grandes emprendedores, pero sí uno del fomento de la muy digna y necesaria función pública. Pero, ¿podemos ser todos empleados públicos? ¿Puede una economía desarrollarse sólo impulsada por las administraciones? ¿Fomentamos el emprendimiento y la creación de iniciativas innovadoras? ¿Tratamos bien a nuestros emprendedores? Y otra cosa, ¿tratamos bien a nuestros funcionarios? Hoy vamos a detenernos en esta última cuestión.
Lo cierto es que, a pesar de ser una posición habitualmente envidiada, es poco comprendida y sobre todo no parece que esté bien gestionada por los responsables públicos. Para acceder a un empleo público hay que pasar por un concurso en el que teóricamente se mide el “mérito y la capacidad” de los candidatos, de acuerdo con un proceso objetivo. Esos procesos, llamados OPEs, se están eternizando y en muchos lugares, como en Euskadi, pueden legalmente llegar hasta los tres años. Por otra parte, no parece que siempre los mejores sean los que acceden a las plazas convocadas. Así, en la forma de evaluar a los candidatos (los famosos baremos) se incluyen cuestiones como la experiencia en el puesto (algo que solo puede tener el que ya está ahí de manera interina), el conocimiento de la lengua propia (que a veces se valora más que otros méritos, como un doctorado) o la realización de ciertos cursos de formación específicos (a veces gestionados por sindicatos u otras organizaciones) cuya existencia desconocían inicialmente los opositores.
Por otra parte, la tasa de interinidad de los empleados públicos (lo que incluye a funcionarios y a personal laboral) es altísima en España, en torno a un 28%. Pero es que en Euskadi supera el 40%. Sí, han oído bien, en el País Vasco 4 de cada 10 empleados públicos son técnicamente temporales. La tasa de temporalidad en el sector privado está en torno al 12% y se va reduciendo.
Pero, en fin, una vez que se han superado exámenes de acceso, interinidades y finalmente las oposiciones, entramos en un ámbito, el del empleo público, que tiene una realidad a veces desconocida. Así, aunque el absentismo laboral en el ámbito público no es tan distinto del propio del sector privado (sobre un 7% en la administración y algo más de un 5,5% en la empresa privada), las bajas por problemas y trastornos de salud mental (las que habitualmente llamadas “bajas por depresión”) son anormalmente altas y casi el 6,5% de los empleados públicos de toda España presenta síntomas propios de la depresión. La convivencia en los entornos laborales no es sencilla ni en el sector público ni en el privado, pero en este último a veces hay herramientas de las que no dispone la administración. Tampoco es fácil la “promoción” en el sector público en tanto que asumir nuevas responsabilidades a veces está relacionado con ocupar ciertos puestos que dependen del responsable político de turno. Las nuevas leyes de función pública se han inventado un nuevo concepto que se denomina “la promoción horizontal” que consiste en la posibilidad de cambiar de lugar de trabajo, manteniendo más o menos las mismas condiciones.
En fin, no es sencilla la gestión de un empleo público en el que todas las administraciones sin excepción han optado por la figura del funcionario en lugar de la del contratado laboral, que daría más flexibilidad a la gestión de los recursos humanos. Hemos interiorizado socialmente que el blindaje laboral del empleado público es un privilegio en lugar de un mecanismo de garantía de su objetividad y nos hemos centrado más en su régimen jurídico laboral que en lo que realmente hacen: no es lo mismo un médico, que un maestro, que un juez, que un policía o que un trabajador de la televisión pública, y no todos pueden tener la misma regulación laboral ni las mismas tablas salariales. Y, por último, nos hemos olvidado de que las personas necesitamos cambiar de actividad, aunque sea levemente, cada cierto tiempo, necesitamos nuevos proyectos, incentivos y retos. No es lo mismo un trabajo para toda la vida, que trabajo para toda la vida. ¿Serán conscientes de esto nuestros gobernantes o ya están pensando en las próximas elecciones?
