Luis I. Gordillo. 2 junio 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
A menudo, cuando pensamos en la arquitectura de los partidos políticos, nos vienen a la mente sus líderes visibles, sus portavoces parlamentarios, o quizá las figuras más mediáticas que encarnan una ideología o una corriente interna. Sin embargo, bajo esa superficie reconocible, para controlar las cañerías y los desagües, existe una estructura paralela discreta, eficaz y a menudo inquietante: son los llamados fontaneros. No son técnicos de infraestructuras ni asesores en sentido estricto, sino que son más bien operadores de poder que se mueven entre bambalinas, ajenos a todo escrutinio público, con una misión clara: que nada ni nadie escape al control del aparato.
Estos personajes, siempre discretos, pero rara vez desinteresados, no aparecen en las estructuras oficiales del partido, ni figuran en los organigramas públicos de los gobiernos. No firman documentos, no suelen comparecer en comisiones, ni se sientan en los escaños. Su lealtad no es hacia las bases ni hacia el electorado: es hacia una persona concreta o hacia el núcleo duro de la dirección. Su tarea no es otra que garantizar que los resortes del poder interno sigan firmemente en manos del líder, sin importar los medios para ello. Son, en definitiva, los guardianes del control interno, los diseñadores del daño a rivales, los bomberos de las crisis políticas y, cuando hace falta, los enterradores de cadáveres mediáticos.
Este fenómeno no es ni mucho menos exclusivo del escenario español. En Estados Unidos, el caso del escándalo Watergate fue protagonizado precisamente por un grupo de “fontaneros” (the plumbers), como fueron bautizados irónicamente por la Casa Blanca. Su misión era sellar las “filtraciones” de información que amenazaban con debilitar a Nixon, pero sus prácticas ilegales (espionaje, sabotaje, chantaje) no solo terminaron con una presidencia, sino que dejaron una cicatriz duradera en la confianza pública en las instituciones. En Francia, François Mitterrand utilizó durante años una especie de célula de escucha paralela a los servicios oficiales, que espiaba a periodistas y rivales políticos con total opacidad. También en Italia, los asesores en la sombra jugaron un papel clave en el uso de los servicios secretos para operaciones políticas durante la segunda mitad del siglo pasado.
En España, aunque los casos más llamativos han terminado en los tribunales (desde las cloacas policiales del caso Villarejo hasta las operaciones orquestadas para desacreditar a rivales políticos o crear narrativas falsas), lo cierto es que la figura del asesor sin cargo ni firma, pero con poder real sigue plenamente vigente. Muchos de estos operadores ni siquiera están vinculados laboralmente a las instituciones o a los partidos, pero su voz es decisiva para la elaboración de listas, para cerrar pactos, para filtrar o enterrar informaciones, y para organizar campañas de desgaste contra adversarios internos o externos.
La existencia de estos personajes plantea un dilema de fondo para la democracia. Por una parte, ningún líder quiere renunciar al control de su organización ni aceptar fisuras que lo debiliten. Pero por otra, cuanto más poder concentran estos “fontaneros” invisibles, más opacos se vuelven los mecanismos de decisión, más vulnerables son los procesos internos a la manipulación, y más lejos quedan los ciudadanos de comprender cómo y por qué se toman las decisiones políticas. El partido político deja de ser entonces una comunidad de principios e ideas, para convertirse en una maquinaria de poder cerrada, donde la meritocracia y la deliberación ceden el paso a la obediencia y al blindaje del líder.
Lo más preocupante es que estos asesores en la sombra escapan a cualquier sistema de rendición de cuentas. No comparecen ante comisiones parlamentarias, no están sometidos a los reglamentos internos, no dan explicaciones a los afiliados ni a los votantes. Su única responsabilidad es hacia quien los mantiene en la órbita del poder, y esa relación —casi de vasallaje moderno— permite, además, una peligrosa asimetría: si sus actos salen mal, el líder puede desentenderse. “Yo no lo sabía”. “Actuó por su cuenta”. “No tenía instrucciones”. “No era asalariada del partido”. Esta desconexión entre el poder real y el poder formal debilita el sistema entero, porque mina la confianza ciudadana en los partidos, en sus líderes y en la institucionalidad.
En última instancia, el recurso a estos operadores clandestinos refleja una deriva que va más allá de la política: es el síntoma de una cultura del poder en la que los fines justifican los medios, en la que lo importante no es convencer, sino vencer, y donde la política deja de ser un espacio de deliberación para convertirse en una guerra de trincheras permanentemente gestionada desde las sombras.
Ya en el siglo XIX el juez Louis Brandeis, del Tribunal Supremo de EE. UU. escribió:
«La luz del sol es el mejor desinfectante».
Y así debería ser también en política. La transparencia, la institucionalización de los procesos y la rendición de cuentas no son lujos morales: son pilares imprescindibles para sostener la credibilidad del sistema democrático. El problema es que, habitualmente, cuando finalmente se enciende la luz, es porque se acaba la fiesta.