Mes: junio 2025

Luis I. Gordillo. 30 junio 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

Hay quien dice que el presidente del gobierno con 90.000 euros anuales cobra poco, que ciertos diputados que acumulan complementos y llegan a los 130.000 anuales demasiado. Hay quien critica con medias verdades ciertos servicios que se dan a los miembros del gobierno. Y hay quien se lleva las manos a la cabeza porque todo expresidente del gobierno tenga derecho a una pensión vitalicia al dejar el cargo. Lo cierto es que los cargos públicos españoles están en la parte baja de la tabla si los comparamos con sus homólogos europeos.

Pero entonces, ¿cobran mucho o cobran poco nuestros políticos? En abstracto, ni una cosa ni la otra. El debate no debería girar en torno a cuánto ganan, sino a si lo merecen. Si el desempeño de su cargo, el esfuerzo, la responsabilidad asumida y los resultados obtenidos justifican ese salario. Porque ser cargo público no es un premio. Es un oficio exigente, y para muchos, incompatible con el ejercicio de otras actividades profesionales. El régimen de incompatibilidades, la obligación de transparencia patrimonial, la rendición de cuentas y la constante exposición pública no son asuntos menores. De hecho, muchos de los mejores perfiles profesionales rehúyen la política por estas razones, y no por el sueldo.

Sin embargo, desde hace unos años, hemos asistido a un fenómeno curioso: la política no se ha profesionalizado en el sentido noble del término, sino que se ha “laboralizado”. El político ya no es tanto un servidor público independiente, con trayectoria previa y responsabilidades claras, sino más bien un trabajador de su partido. Tiene jefes, tiene nómina, tiene destino y lo cambian de un lado a otro según convenga. Este perfil siempre ha existido en los partidos y, dada la dinámica de funcionamiento de nuestra democracia que descansa en el pluralismo político y en la necesidad de que exista una variedad de opciones políticas, es necesario que los partidos dispongan de un cierto número de personas que atiendan a su funcionamiento, ejerzan liderazgos y cubran ciertos perfiles. Pero en los últimos años, esta excepción se ha convertido en la regla general.

Un diputado autonómico puede pasar a director general, luego a senador, después a consejero en una empresa pública, volver al parlamento y, tal vez, acabar como asesor o presidente de una empresa pública si es que no había hueco en una embajada. Todo ello se enmarca en una dinámica de cambios de destino que, sin embargo, le aseguran siempre un empleo, un trabajo, una nómina. La normativa aplicable a estos puestos ha ido igualmente cambiando hasta asemejarse a la del trabajador por cuenta ajena, con cotización a la Seguridad social e incluso derecho al paro o cesantía, como cualquier trabajador.

Esta laboralización hace que los críticos del sistema político actual vean el paso por las instituciones como una carrera de fondo dentro del organigrama del partido, donde el mérito ya no es el conocimiento o la experiencia, sino la lealtad, la disponibilidad y la obediencia. La vocación pública queda supeditada al esquema laboral interno de la maquinaria partidista.

Esta situación tiene una vertiente interna y una externa. La interna se observa cuando se aproxima una convocatoria electoral y los procesos de elaboración de listas se llegan a convertir en luchas intestinas por mantener una nómina, más que por ejercer mejor o peor un mandato representativo. La situación es más dramática en organizaciones con menos peso institucional o que puedan perder el gobierno. La vertiente externa tiene que ver con la imagen que se da. Los partidos mueven a veces a sus cuadros como piezas intercambiables: hoy concejal, mañana delegado del gobierno, pasado secretario de estado y el otro presidente de la empresa pública que gestiona el Uranio aunque se sea filósofo de formación. Más que expertos en todo, estos políticos se transforman en piezas funcionales que responden a una lógica organizativa interna. Y eso transmite un mensaje devastador: que no hace falta saber mucho del asunto para ejercer un cargo público.

Aquí es donde el malestar ciudadano cobra forma. La sensación de que los cargos públicos no están elegidos por mérito, sino “colocados” por su partido, de que la gestión política se ha banalizado, de que cualquiera puede ocupar un cargo sin cualificación si tiene el carné adecuado en el momento adecuado. Y en ese caldo de cultivo crecen las opciones radicales, mesiánicas, que prometen acabar de un plumazo con todos esos vicios del sistema. Porque cuando la política se transforma en un empleo de partido, pierde su esencia: representar a los ciudadanos con independencia, competencia y responsabilidad.

No se trata, por tanto, de si los políticos ganan mucho o poco. Se trata de si lo merecen. De si están capacitados para lo que hacen. De si se someten al escrutinio ciudadano con honestidad. De si su trabajo sirve al bien común o solo al interés de su organización. La laboralización de la política, en lugar de profesionalizarla, está minando su credibilidad y abriendo la puerta al descrédito institucional.

Así pues, la pregunta que debemos hacernos no es cuánto cobran nuestros políticos, sino si están a la altura de esa responsabilidad. Porque si no lo están, cualquier sueldo será demasiado alto.

Luis I. Gordillo. 23 junio 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

La contratación pública es, sin lugar a dudas, uno de los motores silenciosos de la economía española. Cada año, cerca del 20% del Producto Interior Bruto —alrededor de 200.000 millones de euros— se canaliza a través de contratos públicos de todo tipo: desde infraestructuras hasta servicios sociales, pasando por suministros, tecnología o mantenimiento urbano. Este volumen de negocio indica que la contratación pública no solo satisface necesidades básicas de la ciudadanía, sino que moviliza sectores enteros, dinamiza empleo y, bien gestionada, puede ser palanca de modernización y cohesión territorial.

Sin embargo, ese mismo peso económico convierte a la contratación pública en particularmente vulnerable al fraude y a la corrupción. Cada licitación es una oportunidad para que confluyan la buena gestión y la ética, pero también para que afloren prácticas fraudulentas, comisiones indebidas y acuerdos de pasillo que sangran las arcas públicas y minan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. España, a pesar de los avances normativos y de una creciente conciencia social, sigue arrastrando casos sonados que evidencian lo vulnerable que sigue siendo este pilar esencial de nuestra economía.

Cuando la corrupción salta a los titulares, la respuesta política suele ser siempre parecida: se habla de casos aislados y se invoca a los tribunales de cuentas. Se exige que auditen, que revisen expedientes, que destapen la madeja de facturas infladas o adjudicaciones a dedo. Se confía, casi con fe ciega, en su labor fiscalizadora para restaurar la fe pública. Y, en justicia, hay que reconocer su importancia: los tribunales de cuentas, tanto el nacional como los autonómicos, desempeñan un papel valioso en la verificación de la ejecución presupuestaria y en la rendición de cuentas ex post.

Pero conviene no engañarse: el fraude más dañino en la contratación pública se gesta mucho antes de que un tribunal de cuentas tenga capacidad de actuación. Todo fraude se fragua en los pliegos que se diseñan a medida, en los criterios de valoración ambiguos, en la manipulación de la libre competencia o, directamente, en la exclusión de competidores incómodos. Si la corrupción es una enfermedad, el tribunal de cuentas es un médico que certifica la defunción; pero no un médico que pueda corregir prácticas poco sanas ni tampoco un cirujano que pueda extirpar el tumor a tiempo.

Por eso, si de verdad queremos prevenir —y no solo lamentar— el fraude en la contratación pública, necesitamos instrumentos específicos: regulaciones claras y detalladas que sancionen con contundencia las irregularidades; una protección real y eficaz para los informantes (los llamados “whistleblowers”), esos empleados públicos o contratistas honestos que se juegan la carrera y la reputación cuando deciden denunciar; y, sobre todo, autoridades administrativas de control que ejerzan vigilancia desde el primer minuto: antes, durante y después del procedimiento de contratación.

España no parte de cero, pero queda mucho por hacer. Existen, dispersas por el territorio, algunas oficinas independientes de lucha contra el fraude, ninguna, por cierto en Euskadi. Las Oficinas Antifraude de Cataluña y Valencia son ejemplos de organismos creados para detectar y prevenir irregularidades con cierto éxito. A nivel nacional, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha emitido recomendaciones y ha promovido buenas prácticas, pero su impacto real es limitado por la falta de medios coercitivos y la escasa cultura de cumplimiento. En el ámbito europeo, la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) destapó el año pasado casos de fraude al presupuesto de la UE de más de 840 millones de euros.

La conclusión es clara: para blindar la contratación pública frente al fraude no basta con auditorías tardías ni con declaraciones grandilocuentes. Hace falta una legislación precisa, dotar de recursos y autonomía a los organismos de control, fomentar la cultura de la denuncia y, sobre todo, aplicar una sanción política y social implacable: ningún gestor o responsable público debe escapar de la reprobación —y, llegado el caso, de la inhabilitación— si incumple su deber de administrar los recursos de todos con pulcritud y transparencia.

Prevenir el fraude en la contratación pública es, en última instancia, un compromiso colectivo. Un pacto que empieza por creérnoslo, por asumir que la integridad es rentable en términos éticos y económicos. Pero, ¿estamos dispuestos a dejar votar a los corruptos o les seguiremos apoyando en las urnas mientras miramos para otro lado y pensamos que los otros son peores..? Y es que, en la lucha contra la corrupción todos tenemos nuestra parte de responsabilidad.

Luis I. Gordillo. 16 junio 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

El poder ejecutivo, columna vertebral de cualquier democracia parlamentaria, no se sostiene solo con votos ni con mayorías coyunturales. Para que un gobierno ejerza su autoridad con legitimidad plena necesita algo más que lograr in extremis que se aprueben sus propuestas en el parlamento: necesita inspirar confianza, tener eficacia probada, transparencia radical y una rendición de cuentas constante. Es en ese delicado equilibrio donde la confianza en la política y en las instituciones por parte de la ciudadanía echa sus raíces. Además, la aparición de posibles casos de traición a los principios que un gobierno decía defender o, directamente, de corrupción, puede acabar en segundos con la confianza que ha constado tanto ganarse.

Pero, ¿qué ocurre cuando un gobierno deja de ser fiel a sí mismo, se contradice sin rubor y no responde con contundencia a los casos de corrupción política e institucional que le puedan aparecer? Pues que acaba perdiendo su autoridad democrática. Para solucionar esta situación, el sistema parlamentario español ofrece tres salidas políticas al presidente del gobierno, todas ellas respetuosas con la idea de que la legitimidad emana, en última instancia, de la soberanía popular. Todas estas posibilidades dependen de su sola voluntad porque la cuarta opción, que sería la moción de censura, depende de la existencia de una mayoría absoluta alternativa que lo expulse del gobierno.

Volviendo a las tres alternativas que están en manos del presidente, la primera salida consiste en presentar su dimisión. Es el gesto más personal y simbólico: el jefe del Ejecutivo asume su responsabilidad política, admite su incapacidad para seguir liderando el proyecto y deja paso a otro liderazgo. En este caso, se activa el artículo 99 de la Constitución y se inicia un nuevo proceso de consultas e investidura, sin que medie una convocatoria electoral. Estos casos están pensados normalmente para situaciones en las que la mayoría de gobierno es estable y queda proyecto político por delante. El presidente asume la responsabilidad máxima y se sacrifica por un proyecto político en el que cree y que es más importante que el hecho de que uno u otro ocupe el sillón presidencial.

La segunda opción es la llamada cuestión de confianza. Esta posibilidad parece estar pensada para situaciones en las que hay que recomponer la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno. Ha sucedido algo que ha provocado que algún socio de referencia o fundamental retire o pueda retirar su confianza y el presidente toma la iniciativa de recomponer su mayoría parlamentaria para sacar adelante su proyecto político. La Constitución española establece que solo necesita la mayoría simple del Congreso. Si no la consigue, se vuelve a activar el artículo 99, lo que implica las consultas del Rey, propuesta de nuevo candidato y sesión de investidura.

La tercera opción es la convocatoria de elecciones anticipadas. En estos casos el presidente considera que su proyecto sigue siendo de interés para la ciudadanía y, aunque no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente, hay que preguntarle a la ciudanía si, a pesar de lo que haya podido suceder, el electorado considera que debe renovar su mandato o, al menos, obtener una mayoría relativa que le permita explorar un acuerdo parlamentario para lograrlo. Ésta es la opción más contundente, pero es también la que permite al gobierno evitar dar explicaciones políticas de lo que haya podido suceder. La exigencia de responsabilidad se perderá en los argumentarios electorales y en los ruidos propios de toda campaña electoral.

En fin, cada una de estas opciones responde a la misma lógica: cuando la confianza se quiebra, el poder debe revalidarse o retirarse. No existe alternativa digna.

Los gobiernos son temporales, son instrumentos, no pueden ser un fin en sí mismos. Un gobierno que olvida su naturaleza se convierte, tarde o temprano, en un problema para la sociedad que prometió servir. Como ya teorizó John Locke, los gobernantes no son otra cosa que depositarios temporales de la autoridad que el pueblo les confía para proteger derechos y garantizar el bien común. No están ahí para perpetuarse, para impedir a toda costa que otros lleguen, ni para anteponer su beneficio personal a la integridad de la institución.

Si un gobierno se aferra al poder cuando ya ha perdido la autoridad moral y parlamentaria para ejercerlo, la factura la acabará pagando la institución. Se erosiona la fe ciudadana en la democracia, se alimenta la frustración, se deslegitima la política como instrumento de transformación y se abre la puerta a soluciones mágicas: movimientos populistas, autoritarios o antidemocráticos que prometen limpiar con un solo golpe lo que otros ensuciaron poco a poco.

El poder exige responsabilidad, sentido de Estado y, sobre todo, conciencia de límite. Por eso, en ocasiones, el mejor servicio al país, consiste en dejar de resistir.

Luis I. Gordillo. 9 junio 2025

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En los sistemas parlamentarios con tendencia al bipartidismo, los terceros partidos son como esas olas que rompen junto a las rocas de un acantilado: intermitentes, impetuosos y a menudo efímeros. Surgen cuando el edificio tradicional se agrieta. Cuando el debate político está muy polarizado entre dos opciones fundamentales, es habitual que las dos tiendan a anularse mutuamente y que surja una tercera opción. A veces esta tercera vía surge dentro de alguno de los partidos tradicionales, recurriendo a alguna cara nueva, como sucedió con el “la tercera vía” que, de la mano del partido laborista, convirtió a Tony Blair en primer ministro.

En España lo hemos visto con claridad en la última década. En un contexto de crisis institucional y desafección creciente, nacieron Ciudadanos, Podemos y, posteriormente Vox. Pero este fenómeno no es exclusivo de España. En Francia, Emmanuel Macron construyó En Marche!, surgió la Francia insumisa y se está consolidando la opción de Le Pen.

Hoy, en Reino Unido, asistimos a un fenómeno similar. Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage —el eterno agitador de las costuras del sistema— encabeza las encuestas en intención de voto. Su discurso, nítidamente populista, se nutre del descontento post-Brexit que, por cierto, él mismo provocó, del rechazo a la inmigración y de la percepción de que los partidos clásicos —conservadores y laboristas— han dejado de hablar el idioma de la calle. La diferencia es que, esta vez, Farage no se presenta solo como provocador, sino como opción de gobierno. La rabia empieza a organizarse.

No todos los terceros partidos nacen del mismo tipo de crisis. Cuando lo que colapsa es la eficacia —la incompetencia, la corrupción, el hastío hacia las caras de siempre— surgen nuevas marcas con apariencia más moderna, pero que en esencia replican modelos conocidos. En cambio, cuando los partidos tradicionales dejan de conectar con los problemas reales de la sociedad —con la vivienda, los salarios, la salud mental o la inseguridad— y se encierran en guerras culturales o en la autocomplacencia, lo que emerge son partidos antisistema, iliberales, que prometen soluciones simples a problemas complejos. Es en ese espacio donde crecen Vox, Le Pen o Reform UK. Partidos que tratan a los votantes como clientes cabreados a los que hay que satisfacer rápido, no como ciudadanos a los que hay que convencer con argumentos.

Entre los sectores sociales que más apoyan a estas terceras opciones están, paradójicamente, los más conectados y los más olvidados. Por un lado, jóvenes que consumen política en redes sociales, que desprecian la retórica parlamentaria y que buscan autenticidad y soluciones rápidas. Por otro, clases medias bajas que se sienten traicionadas por un sistema que les prometió movilidad social y les entregó precariedad, alquileres imposibles y sueldos congelados.

La pregunta es: ¿por qué surgen estas terceras opciones? Y la respuesta no hay que buscarla solo en el hartazgo ciudadano. Hay que mirar también dentro de los partidos tradicionales. Cuando renuncian a hacer política, cuando se dedican a eliminar rivales internos, cuando confunden disciplina con servilismo, cuando convierten el aparato en un fin en sí mismo, acaban dejando vacíos. Y esos vacíos se llenan.

En Estados Unidos, a pesar de su cerrado sistema bipartidista, políticos tan dispares como Bernie Sanders o Donald Trump han tenido cabida dentro de los partidos tradicionales. Lo que muestra que los partidos no son ideologías monolíticas, sino contenedores de corrientes diversas. Allí, Elon Musk puede coquetear con la idea de un nuevo partido, pero a largo plazo, el sistema volverá al bipartidismo perfecto.

En Europa, en cambio, donde los sistemas parlamentarios permiten más flexibilidad, la tentación de construir terceros partidos es recurrente. Aunque, como demuestra la experiencia, la mayoría fracasa si no construyen una organización sólida, si no conquistan una identidad duradera o si no renuncian a ser plataformas personalistas.

Los partidos deben ser útiles a la sociedad. Deben hablar claro, asumir costes a corto plazo, rendir cuentas. El funcionamiento oscuro, el culto al líder, la opacidad de las decisiones internas y la ausencia de debate democrático son el abono perfecto para que nuevos actores entren en escena prometiendo lo de siempre: que ellos sí son diferentes. El fracaso habitual de estas opciones hace que se acabe cuestionando no ya a los partidos, sino al propio sistema democrático. Los partidos políticos tienen una importante responsabilidad como garantes de la democracia, deben ser medios, no fines. Herramientas democráticas para canalizar la voluntad ciudadana, seleccionar representantes, debatir ideas y proponer políticas públicas responsables. Pero, con tanto ruido, ¿serán capaces de oír el mensaje?

Luis I. Gordillo. 2 junio 2025

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A menudo, cuando pensamos en la arquitectura de los partidos políticos, nos vienen a la mente sus líderes visibles, sus portavoces parlamentarios, o quizá las figuras más mediáticas que encarnan una ideología o una corriente interna. Sin embargo, bajo esa superficie reconocible, para controlar las cañerías y los desagües, existe una estructura paralela discreta, eficaz y a menudo inquietante: son los llamados fontaneros. No son técnicos de infraestructuras ni asesores en sentido estricto, sino que son más bien operadores de poder que se mueven entre bambalinas, ajenos a todo escrutinio público, con una misión clara: que nada ni nadie escape al control del aparato.

Estos personajes, siempre discretos, pero rara vez desinteresados, no aparecen en las estructuras oficiales del partido, ni figuran en los organigramas públicos de los gobiernos. No firman documentos, no suelen comparecer en comisiones, ni se sientan en los escaños. Su lealtad no es hacia las bases ni hacia el electorado: es hacia una persona concreta o hacia el núcleo duro de la dirección. Su tarea no es otra que garantizar que los resortes del poder interno sigan firmemente en manos del líder, sin importar los medios para ello. Son, en definitiva, los guardianes del control interno, los diseñadores del daño a rivales, los bomberos de las crisis políticas y, cuando hace falta, los enterradores de cadáveres mediáticos.

Este fenómeno no es ni mucho menos exclusivo del escenario español. En Estados Unidos, el caso del escándalo Watergate fue protagonizado precisamente por un grupo de “fontaneros” (the plumbers), como fueron bautizados irónicamente por la Casa Blanca. Su misión era sellar las “filtraciones” de información que amenazaban con debilitar a Nixon, pero sus prácticas ilegales (espionaje, sabotaje, chantaje) no solo terminaron con una presidencia, sino que dejaron una cicatriz duradera en la confianza pública en las instituciones. En Francia, François Mitterrand utilizó durante años una especie de célula de escucha paralela a los servicios oficiales, que espiaba a periodistas y rivales políticos con total opacidad. También en Italia, los asesores en la sombra jugaron un papel clave en el uso de los servicios secretos para operaciones políticas durante la segunda mitad del siglo pasado.

En España, aunque los casos más llamativos han terminado en los tribunales (desde las cloacas policiales del caso Villarejo hasta las operaciones orquestadas para desacreditar a rivales políticos o crear narrativas falsas), lo cierto es que la figura del asesor sin cargo ni firma, pero con poder real sigue plenamente vigente. Muchos de estos operadores ni siquiera están vinculados laboralmente a las instituciones o a los partidos, pero su voz es decisiva para la elaboración de listas, para cerrar pactos, para filtrar o enterrar informaciones, y para organizar campañas de desgaste contra adversarios internos o externos.

La existencia de estos personajes plantea un dilema de fondo para la democracia. Por una parte, ningún líder quiere renunciar al control de su organización ni aceptar fisuras que lo debiliten. Pero por otra, cuanto más poder concentran estos “fontaneros” invisibles, más opacos se vuelven los mecanismos de decisión, más vulnerables son los procesos internos a la manipulación, y más lejos quedan los ciudadanos de comprender cómo y por qué se toman las decisiones políticas. El partido político deja de ser entonces una comunidad de principios e ideas, para convertirse en una maquinaria de poder cerrada, donde la meritocracia y la deliberación ceden el paso a la obediencia y al blindaje del líder.

Lo más preocupante es que estos asesores en la sombra escapan a cualquier sistema de rendición de cuentas. No comparecen ante comisiones parlamentarias, no están sometidos a los reglamentos internos, no dan explicaciones a los afiliados ni a los votantes. Su única responsabilidad es hacia quien los mantiene en la órbita del poder, y esa relación —casi de vasallaje moderno— permite, además, una peligrosa asimetría: si sus actos salen mal, el líder puede desentenderse. “Yo no lo sabía”. “Actuó por su cuenta”. “No tenía instrucciones”. “No era asalariada del partido”. Esta desconexión entre el poder real y el poder formal debilita el sistema entero, porque mina la confianza ciudadana en los partidos, en sus líderes y en la institucionalidad.

En última instancia, el recurso a estos operadores clandestinos refleja una deriva que va más allá de la política: es el síntoma de una cultura del poder en la que los fines justifican los medios, en la que lo importante no es convencer, sino vencer, y donde la política deja de ser un espacio de deliberación para convertirse en una guerra de trincheras permanentemente gestionada desde las sombras.

Ya en el siglo XIX el juez Louis Brandeis, del Tribunal Supremo de EE. UU. escribió:
«La luz del sol es el mejor desinfectante».

Y así debería ser también en política. La transparencia, la institucionalización de los procesos y la rendición de cuentas no son lujos morales: son pilares imprescindibles para sostener la credibilidad del sistema democrático. El problema es que, habitualmente, cuando finalmente se enciende la luz, es porque se acaba la fiesta.