Mes: noviembre 2024

Luis I. Gordillo. 25 noviembre 2024

Opinión. Ondacero Bilbao. Audio disponible aquí

«El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente «, esta frase acuñada por el historiador Lord Acton en el siglo XIX, sintetiza un principio que los líderes democráticos no deben ignorar: el mandato debe ser temporal y limitado para evitar que los sistemas democráticos sucumban a las ambiciones personales. La esencia de este principio consiste en la capacidad de un líder para dejar el poder a tiempo, una decisión que marca la diferencia entre un legado honorable o una herencia de crisis.

Cuando un líder se aferra al poder, las instituciones comienzan a tensionarse. Los mecanismos de control se diluyen y la separación de poderes se resiente, mientras que las leyes se acaban convirtiendo en instrumentos para perpetuar el mandato, transformando el Estado en una herramienta personalista. Esta concentración de poder afecta directamente a la independencia judicial, debilita los órganos legislativos y mina la confianza pública en las instituciones. 

El impacto de la resistencia a dejar el poder a tiempo también se extiende al partido gobernante. La negativa del líder a facilitar la transición provoca divisiones internas que debilitan a la organización política, comprometiendo su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias.

La negativa a dejar el poder también polariza profundamente a la sociedad. Los líderes suelen dividir a la población entre seguidores incondicionales y opositores considerados enemigos. Esta polarización no solo dificulta el diálogo político, sino que afecta directamente a la convivencia ciudadana. Las tensiones se traducen en violencia verbal, señalamientos y campañas desinformativas. 

Uno de los mayores perjuicios que genera este comportamiento es el impacto sobre la libertad de prensa. En aquellos sistemas en los que los líderes se aferran al poder, los medios críticos son censurados, o pierden subvenciones públicas, y sus periodistas son señalados y acusados de ser fabricantes de bulos. Esto empobrece el debate público y limita el acceso de la población a información plural. 

Por el contrario, los líderes que saben retirarse a tiempo logran preservar la cohesión social y consolidar un legado positivo. 

En última instancia, la decisión de abandonar el poder en el momento adecuado refleja no solo la integridad personal del líder, sino su compromiso con la democracia y la estabilidad de su país. 

Un líder democrático debe entender que su mandato es un servicio temporal, no una propiedad. Saber retirarse en el momento oportuno, anteponiendo los intereses del país a los personales, no solo refuerza las instituciones democráticas, sino que garantiza un legado positivo. En última instancia, la historia valora a los líderes que, al dejar el poder, fortalecieron la democracia y abrieron paso a una sociedad más justa y equitativa.

El poder no debe durar más de lo necesario, porque el mejor momento para dejarlo es antes de que empiece a corromper a quienes lo ejercen. ¿Y cómo saber cuándo llega este momento? Cuando en la cabeza del líder, los aplausos de los partidarios suenen más fuerte que las críticas de los detractores.

Luis I. Gordillo. 18 noviembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 6:41)

¿Hay falta de taxis en las tres capitales vascas? Existe alguna manera de aumentar la oferta en el servicio? Depende de a quien le preguntemos, claro.

En Bilbao, hay 774 licencias activas; en San Sebastián, 308; y en Vitoria, 194. Sin embargo, el sistema actual dificulta la transferencia de licencias, con precios que oscilan entre 70.000 y 220.000 euros, lo que ha llevado a que muchos taxistas mayores retrasen su jubilación por no encontrar compradores. Además, los usuarios padecen y perciben claramente un gran déficit de oferta en el servicio, especialmente por las noches y  en momentos de alta actividad como eventos o temporadas turísticas .

El mercado de las licencias VTC (vehículos de transporte con conductor) se encuentra aún más restringido en Euskadi. Aunque se liberalizó brevemente en 2009 bajo la Ley Ómnibus, el gremio del taxi consiguió que desde 2015 se volviera a implementar un límite de una licencia VTC por cada 30 taxis, dificultando significativamente la expansión de este tipo de servicios. Esta restricción ha sido censurada por el Tribunal de Justicia de la UE el año pasado y hace un par de meses por el propio Tribunal Constitucional, pero las administraciones no parecen estar por la labor de establecer una regulación de los vehículos con conductor que sea acorde con la libre competencia.

Según las últimas informaciones, solo hay 174 licencias VTC operativas en el País Vasco, con más de 100 solicitudes pendientes. Esta rigidez ha impedido la entrada de plataformas como Uber y Cabify, privando a los usuarios de alternativas que podrían ofrecer precios más competitivos y servicios más flexibles .

La liberalización de las licencias VTC podría beneficiar a los consumidores al introducir más competencia en el mercado, incentivando la mejora del servicio y ajustando los precios a las necesidades reales del usuario. En otras Comunidades donde estos servicios están disponibles, se ha observado una mayor satisfacción del cliente gracias a la posibilidad de elegir entre diferentes opciones de transporte. Sin embargo, la eficaz resistencia del gremio del taxi unida a la negativa de las administraciones a intervenir en un sector del que no parece sacarse un gran rédito político perpetúa una situación de desequilibrio en el mercado del transporte de viajeros que resulta especialmente grave en el caso del País Vasco. 

En síntesis,, el actual sistema de licencias de taxi y la limitación de las licencias VTC en el País Vasco son un reflejo de un modelo regulatorio desfasado que beneficia a pocos y limita el acceso de los usuarios a un transporte asequible y eficiente. La liberalización de las licencias VTC y una reforma estructural en el sector del taxi podrían abrir el mercado, aumentar la competitividad y mejorar significativamente la calidad del servicio,

Pero, ¿están nuestros gobiernos dispuestos a asumir un cierto desgaste político temporal para lograr un gran beneficio social?.

Luis I. Gordillo. 11 noviembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

¿Cuál es el mejor perfil para un alto cargo? Dicho en otros términos, qué características tiene que tener idealmente una persona que se vaya a dedicar a la gestión pública, desde ser miembro de un gobierno, responsables institucionales y directivos del sector público.

Tradicionalmente, cuando un gobierno tenía que hacer un nombramiento de un alto cargo, era habitual que se destacara su amplia experiencia en el sector o en la actividad que ahora pasaba a desempeñar en el ámbito público. Últimamente, en numerosas ocasiones, parece que con cada nombramiento de un alto cargo se quiere mandar un mensaje a la sociedad (la primera mujer que es ministra de defensa, el primer miembro de tal minoría que llega al máximo órgano judicial …). Además, siempre hay una razón más o menos confesable por quien hace el nombramiento, que es la lealtad política o personal al partido o al gobierno que lo designa.

Estas razones tienen variantes, y habitualmente la sociedad puede tener la sensación de que cierto nombramiento obedece a la “devolución de un favor politico”, a la necesidad de recolocar a alguien de confianza hasta que se libre otro puesto más adecuado o a utilizar el puesto al que se va de trampolín para preparar el salto a otro posterior. 

En otros países, y especialmente en los de tradición protestante, los miembros de los gobiernos y los altos cargos se someten habitualmente a duras comparecencias en las que los parlamentarios le hacen preguntas concretas sobre su experiencia en el sector, le recuerdan posibles fracasos o errores anteriores y les ponen delante del espejo de su trayectoria profesional.

Tenemos la sensación, y los partidos políticos nos han ayudado a llegar a esta conclusión, de que muchas veces los altos puestos del gobierno y la administración son un coto reservado a los altos dirigentes de los partidos y su personal de confianza y que para ocupar cierto puesto en un organismo o empresa pública hay que tener el carnet del partido correspondiente.

Le voy a apuntar las características que, en mi opinión, deberían tener las personas que vayan a ser nombradas nombradas en gobiernos y altos puestos públicos:

– Tienen que ser personas de reconocido prestigio, ya sea por su trayectoria personal o profesional, que realmente tengan una experiencia en el ámbito para el vayan a ser designadas. Es decir, nombrar a un filósofo responsable de la empresa pública de uranio o a un asesor de confianza responsable de correos, no sería la mejor forma de cumplir con esta indicación.

– Tienen que ser personas que gocen de la máxima independencia. ¿Cómo se mide la independencia? Que provengan de puestos o profesiones a las que hayan llegado sin que nadie las haya colocado allí y que tengan a donde volver cuando expire su mandato. Si tienen carnet del partido que les nombra, este hecho debe ser conocido y desde luego tienen que demostrar una experiencia profesional al margen de su partido.

– Y, sobre todo, hay que nombrar a alguien al que haya que convencer. Alguien que esté cómodo en su puesto profesional actual, que no necesite personal ni económicamente el cargo para el que vaya a ser nombrado. Esta es la mejor garantía de actuará con independencia y de que, cuando llegue el momento, o en caso de desacuerdo con quien le ha nombrado, es libre de abandonar ese alto cargo. 

Es decir, el mejor alto cargo es el que no quiere serlo.

Luis I. Gordillo. 4 noviembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 8:47)

Hay un secreto que es por pocos conocido y que como todos los grandes secretos se oculta a la vista de todos. Hoy lo voy a compartir con ustedes. España es, esencialmente, un Estado federal. Sí, ha oído bien: con no pocas disfuncionalidades y bastante margen de mejora, pero España es básicamente un Estado federal.

Lo primero que hemos de tener en cuenta en que no hay dos Estados federales iguales, no es lo mismo Estados Unidos que Alemania; ni Suiza que Australia; ni Canadá que México; ni Argentina que Italia o España… Cada uno tiene sus particularidades, sus fórmulas más o menos originales de organización interna, o caracteriza de forma distinta a sus componentes, ya les denomine Estados federados, regiones, cantones, provincias o Comunidades Autónomas. Todos ellos son muy distintos, pero también todos ellos tienen elementos comunes:

 (1) están integrados entidades de base territorial con competencias legislativas y de dirección política propias; (2) estas entidades participan en el proceso legislativo y en la aplicación de las normas comunes; (3) existe un reparto de recursos vinculado con el reparto de competencias; (4) hay una garantía de que esta estructura no va a ser alterada por ley ordinaria, sino que tiene cierta estabilidad; y, finalmente, (5) existe un sistema de resolución de conflictos que se deriven de esta peculiar estructura que sea jurisdiccional (y no político). 

España cumple básicamente con estas características. Es verdad que la participación de las CCAA en el Senado más testimonial que real; también es recurrente la crítica del  reparto de fondos para el ejercicio de competencias y se puede discutir también si es eficiente y asumible el coste de mantener dos grandes plantillas de funcionarios: la central y la autonómica, con no pocos solapamientos y faltas de espacios de colaboración.

¿Dónde falla el sistema español? O dicho en otros términos, ¿cómo se puede mejorar? La respuesta habitual consiste en recordar que es necesario desarrollar mecanismos de cooperación más eficientes y más transparentes, racionalizar el gasto público reduciendo duplicidades y solapamientos o reasignar recursos públicos y capacidad fiscal atendiendo a criterios de responsabilidad fiscal. 

Hay sistemas con menos mecanismos teóricos de cooperación y mucha menos burocracia que el nuestro y que sin embargo son más fieles al modelo federal. El federalismo es ante todo una técnica de gobierno que se basa en la lealtad mutua y en la solidaridad recíproca. Es un sistema en el que los distintos niveles de gestión tienen que colaborar lealmente, prestarse ayuda mutua, compartir información relevante y emplear de la forma más eficaz y eficiente los recursos públicos. Es evidente que es en estos ámbitos donde se desarrollan las tensiones políticas en la mayoría de los sistemas federales, el nuestro también. Pero en otros sistemas, las faltas de colaboración penalizan enormemente en las elecciones y los líderes políticos tienen importantes incentivos para cooperar lealmente. Pero esta cuestión no depende tanto del Derecho o de la organización institucional, sino que depende más de nuestra forma de ser y de nuestra mentalidad. Si queremos un mejor federalismo, de verdad que está en nuestra mano. Y esto es algo que todo responsable público debería saber y que nunca ha sido ningún secreto.