Mes: octubre 2024

Luis I. Gordillo. 28 octubre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 8:51)

En un conocido pasaje del Quijote, el bienintencionado caballero le daba un importante consejo a Sancho, inminente gobernador de la ínsula Barataria:

«No hagas muchas pragmáticas [Sancho], y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen»

Efectivamente, al igual que apuntó Cervantes hace más 500 años, las principales instituciones internacionales que analizan la situación de nuestro país, concluyen que España tiene un problema de inflación normativa, es decir, existe un gran número de leyes que están vigentes, lo cual dificulta su conocimiento y su cumplimiento, poniendo en entredicho la seguridad jurídica, algo que es esencial para que un país funcione, atraiga inversiones y se produzca un crecimiento económico que genere bienestar para todos.

Hoy día, en España, existe tal cantidad de leyes que la ciudadanía, las empresas y las propias administraciones tienen cada vez más dificultades para conocer cuál es el Derecho vigente. Y esto se debe fundamentalmente a dos factores: la gran cantidad y la gran variedad de normas existentes. 

En cuanto a lo primero, ¿cuántas normas cree Vd. que hay vigentes en España? Es difícil saberlo con exactitud, pero se calcula que en torno a 100.000. A lo mejor piensa Vd. que eso no es tanto, al fin y al cabo, somos un Estado descentralizado, con 17 parlamentos autonómicos, uno nacional, además hay que incluir muchas normas europeas… ¿Cuántas hay vigentes en Alemania? Pues 10.000. Alemania, que es un Estado federal, que tiene más parlamentos que España y las mismas obligaciones europeas, resulta que funciona con un 90% menos de leyes que España. 

En segundo lugar, ¿qué tipo de leyes se aprueban? Lo cierto es que los parlamentos no sólo aprueban leyes que contengan derechos y obligaciones, es decir “Derecho” en sentido estricto, sino que últimamente las cámaras aprueban leyes que incluyen propuestas de futuro, indicaciones para los gobiernos, reconocimientos de ciertos colectivos, o meras recopilaciones de normas que ya existían y que figuran a su vez en otras leyes que también se mantienen.

Las leyes, además, suelen llevar detrás un reglamento que la desarrolla, aunque a veces no haga más que hacer un ejercicio de copia/pega, con lo que se aumenta el número de normas existentes. El Tribunal Constitucional llegó a anular una ley porque era tal el maremágnum de normas y leyes entrecruzadas, que ni él mismo la entendía. 

Las autoridades europeas han destacado en muchas ocasiones que es importante también ser eficientes y los organismos internacionales que proponen medidas de modernización de los Estados y sus economías han afeado siempre el maremagnum normativo existente en España y la tendencia de sus autoridades a estar cambiándolas continuamente, dificulta que el ciudadano medio entienda qué leyes están vigentes, complica la actividad de las empresas, ahuyenta las inversiones y lastra el crecimiento.

Parece que existe una presión por aprobar leyes. Todo gobierno que comienza su andadura, aprueba algún tipo de plan o programa legislativo donde se compromete a aprobar un cierto número de leyes. Muchos medios de comunicación, igualmente, parece que miden el trabajo parlamentario en función del número de leyes que se aprueban, cuando a lo mejor lo necesario sería derogar muchas de ellas que solo suponen un aumento de burocracia y papeleo que no aporta ningún valor añadido, salvo inconvenientes adicionales a ciudadanos y empresarios.

¿Pero qué podemos hacer? Sobre todo, es necesario un cambio de actitud por parte de nuestros dirigentes y legisladores. Tenemos tendencia a creernos que la mera aprobación de una ley solucionará los problemas existentes, cuando la mayoría de las veces depende de nosotros mismos o de circunstancias ajenas al Derecho.  Y es que, a veces, el mejor servicio que puede prestar un parlamento a la sociedad no es aprobar más leyes, sino derogar las que sean inservibles y simplificar así la vida de los ciudadanos, de las empresas y de las propias instituciones.

Luis I. Gordillo. 21 octubre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 11:05)

Este pasado fin de semana han concluido las celebraciones de otra fiesta de importación que ya es un clásico en nuestro país: la Oktoberfest. Este evento de origen bávaro que ya cuenta con versiones en todo el mundo, se celebra entre finales de septiembre y primeros de octubre y recuerda los fastos de celebración popular que se decretaron con motivo del anuncio de la boda entre el que sería Luis I de Baviera y la futura reina consorte, Teresa de Sajonia-Hildburghausen en 1810. 

Para entonces, llevaba vigente casi 300 años la conocida como Ley de la Pureza de la Cerveza de 1516 (Reinheitsgebot) que otro soberano bávaro, entonces ducado, decretó para establecer la composición oficial de la cerveza, que sólo podría contener tres ingredientes: agua, malta de cebada y lúpulo. La existencia de la levadura como ingrediente diferenciado no se conocía aún, aunque ya participaba en el proceso de elaboración de este producto que estuvo casi monopolizado durante largo tiempo por los monasterios germanos.

Pero, ¿qué llevó a Guillermo IV, soberano de Baviera, a decretar esta ley de pureza en 1516? Para casi todos, incluidos buena parte de los amantes de este caldo espumoso, se trataba de proteger una elaboración ortodoxa de la cerveza, garantizar su calidad y establecer un control del precio de la misma que evitara su escalada. En realidad, como casi todas las medidas proteccionistas, escondía otros objetivos:

• Por una parte, quería acabar con la alta demanda de trigo y centeno que enfrentaba a productores de cerveza y panaderos. Para ello, se dispuso que sólo podría usarse cebada para hacer la cerveza, con lo que se pretendía que hubiera más cereal de trigo y centeno disponible para los panaderos.
• Por otro lado, se buscaba evitar que se comercializaran en Baviera cervezas elaboradas en el norte que ya contenían algunos productos y aditivos que resultaban muy atractivos para los consumidores, pero que no se podían cultivar en Baviera.
• Además, y quizá esto fue lo más importante, el propio Guillermo IV tenía el monopolio del mercado de la cebada y de esta manera pretendía proteger sus propios intereses, evitando que los maestros cerveceros pudieran encontrar sustitutivos para su elaboración.

Esta medida técnicamente ha producido efectos en mayor o menor medida hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea intervino en marzo de 1987 a petición de unos productores franceses que se quejaban de que su producto no podía venderse en Alemania con la denominación de Cerveza porque no respetaba esta histórica composición. 

¿Cuáles han sido los efectos de esta normativa? ¿han sido buenos o malos? Pues como sucede con este tipo de medidas proteccionistas, es muy bueno para unos, muy malo para otros y en general regular, tirando a mal para la gran mayoría. A pesar del sistema sancionador que estableció esta norma, que incluía multas y confiscaciones, no se consiguió reducir significativamente ni el precio del cereal, ni el del pan, ni el de la propia cerveza, más bien lo contrario, además, aparecieron mercados negros paralelos. Los principales beneficiaros fueron los productores germanos, tanto del cereal como de la cerveza, y dado que no tenían competencia podían establecer altos precios. Además, los cerveceros no tenían incentivos para mejorar su producto y, como consecuencia, el desarrollo de la industria cervecera alemana, se vio superada desde muy pronto por casi todos sus vecinos. 

Nada impide que se comercialice un producto o servicio que tenga unas características muy determinadas, pero prohibir que se comercialicen otros que cumplen el mismo fin con la excusa de que no se adecúan a las normas del oficio o del sector,  sólo beneficia a unos pocos y nos perjudica a todos, ya hablemos de hoteles-pisos turísticos, taxis-ubers o cervezas puras o de sabores.

Luis I. Gordillo. 14 octubre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 7:13)

Hay un problema de vivienda en España. No importa cuando oigamos esto. La cuestión de la vivienda es una preocupación social, familiar y personal para la inmensa mayoría de la población.

Es muy habitual que en cualquier discusión política sobre la vivienda se recuerde el artículo 47 de la Constitución que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. No se trata de un derecho como tal, sino de un principio rector de las políticas sociales y económicas y corresponde a todas las administraciones promover las condiciones para que esto sea una realidad. España es un país de propietarios de viviendas (en torno al 75%) pero un país no puede prosperar sin un mercado de alquiler adecuado a las necesidades sociales. 

¿Pero, por qué después de tantos años, tantos anuncios de medidas-milagro y tantas políticas públicas no tenemos un mercado de alquiler de vivienda seguro y asequible? 

Hay cuestiones históricas, sociales y culturales, entre ellas, la histórica inseguridad del mercado de la vivienda de alquiler, la sensación de que alquilar “es tirar el dinero” o que el viejo contrato social existente venía a establecer “un trabajo para toda la vida”, lo que fomentaba el arraigo y la falta de movilidad de la población, haciendo de la compra la acción mayoritaria.

¿Hay viviendas asequibles (tanto para compra como alquiler) en España? Si, muchas, pero están en zonas que tienen menos servicios, donde hay menos oportunidades laborales y menos población… lo que se ha llamado la “España vaciada”.

La mayoría de las medidas que los gobiernos establecen se centran en las llamadas “zonas tensionadas” de los centros de las grandes ciudades, olvidando que la vivienda depende de otra serie de decisiones que tienen que ver con ofrecer oportunidades en todos los territorios.

En todo caso, esto no es solo un problema español, vasco o malagueño, es un problema de las sociedades avanzadas y particularmente de las grandes ciudades en todo el mundo. 

En suma, el alto precio de la compra de la vivienda, la concentración de oportunidades laborales en los grandes centros urbanos y el atractivo de vivir en ciudades ha hecho que el exiguo mercado de alquiler se haya tensionado hasta niveles insoportables en los grandes núcleos de población. Pero, ante esta situación, ¿qué se puede hacer?

Repasemos las medidas que no han funcionado:

• Los cánones a viviendas desocupadas no funcionan. Dan lugar a picaresca, alquileres simulados o, directamente, a la venta. Benefician al mercado de compra/venta no al de alquiler.
• El control de precios hace que se reduzca la oferta. El propietario se siente inseguro y no quiere alquilar su vivienda.
• Las medidas de zonificación suelen perjudicar o beneficiar a personas que están en los límites con independencia de sus rentas.
• Por último, un bono universal de 250 Eur para jóvenes hace que se produzca un incremento casi por la misma cantidad en el precio de los alquileres existentes.

¿Qué se puede, entonces, hacer?

En el corto y medio plazo hay que dirigir las políticas al aumento de la oferta de alquiler, incentivando la construcción de nueva vivienda y sacando al mercado viviendas de pequeños y grandes propietarios o que estén en manos públicas.

Para ello hay que hacer dos cosas: aumentar las deducciones fiscales y garantizar la seguridad jurídica:

• El aumento de las deducciones fiscales para los propietarios, grandes y pequeños. Esto hará que aumente la oferte.
• Pero lo más importante, de lo que depende el resto de las medidas, es de que aumente la seguridad jurídica para inquilino y para propietario. 

Pero para que estas medidas sean efectivas, hay que mantenerlas en el largo plazo y, además, combinarlas con otras políticas generales como mejorar las infraestructuras de todo el país, para incentivar la movilidad y hacer más atractiva “la España vaciada” para proyectos empresariales. Si damos alternativas a vivir sólo en las ciudades, tendremos el problema más controlado. 

Pero si es aparentemente solucionar el problema de la vivienda de alquiler es tan sencillo, ¿por qué no se hace? Pues porque no hay coordinación entre administraciones y porque nuestros responsables no son capaces de ponerse de acuerdo para mantener unas políticas como estas en el largo plazo, políticas que van más allá de una legislatura y cuyos beneficios quizá no vean ellos mientras estén en el cargo, pero beneficiarán a todos en el medio y largo plazo.  

Harry Truman, el presidente número 33 de EE UU dijo una vez: “es asombroso lo que se puede conseguir si no te importa quién se apunta el tanto”. En el tema de la vivienda, el tanto nos lo apuntaríamos todos.

Luis I. Gordillo. 7 octubre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 9:50)

¿Pueden unos melones enturbiar las relaciones con Marruecos?

La semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo públicas una serie de sentencias muy esperadas sobre los temas más variopintos, las normas de la FIFA sobre traspasos de jugadores, los límites que tiene Facebook en el tratamiento de datos o sobre la libertad de prensa. Entre estas sentencias destacan dos que han pasado casi desapercibidas, pero que sin duda tendrán importantes repercusiones en la relación de España y la UE con Marruecos y que tienen como telón de fondo la situación del Sáhara Occidental.

En la primera de estas sentencias el Tribunal de Justicia declara definitivamente la ilegalidad de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos sobre agricultura y pesca que ambos firmaron en 2019 porque no se produjo el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental en una materia que les afectaba directamente. El Tribunal alega que el Derecho internacional y el de la UE permitiría que se firmaran este tipo de acuerdos en los que se podría presumir un consentimiento implícito del Sáhara Occidental solamente si el acuerdo confiere a ese pueblo una ventaja «precisa, concreta, sustancial, verificable y proporcional a la importancia de dicha explotación», cosa que en este caso no se ha producido. Aunque el Tribunal ha prorrogado la validez de este acuerdo ilegal durante un año para dar tiempo al Consejo y a la Comisión de renegociar el tratado, no va a resultar una cuestión sencilla ni pacífica.

La segunda de las sentencias se refiere al etiquetaje de los tomates y melones. Sí, han oído bien. Uno de los sindicatos agrícolas más importantes lleva tiempo intentando que el gobierno francés prohíba la importación de tomates y melones con las que las empresas marroquíes llenan los supermercados franceses para disgusto de los agricultores galos, cuyos productos suelen ser más caros. La vía que han encontrado ha sido denunciar que esos tomates y esos melones realmente no vienen de Marruecos, como constaba en el etiquetado, sino que proceden del territorio del Sáhara Occidental, aunque se produzcan por parte de empresas marroquíes y con inversión procedente de este país. Los franceses saben que estas empresas probablemente dejarían de importarlos a Francia antes que reconocer en el etiquetado que proceden del territorio en disputa.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y el todavía responsable de la política exterior de la Unión, José Borrell, se apresuraron a hacer público un comunicado conjunto en el que, empleando el enrevesado lenguaje diplomático, manifiestan que Europa «tiene la firme intención de preservar y fortalecer las relaciones con Marruecos» en consonancia con el principio «pacta sunt servanda», el de que los acuerdos están para ser cumplidos. Es decir, el ejecutivo europeo viene a decir que aunque el Tribunal de Justicia ha tumbado los acuerdos en materia de agricultura y pesca con Marruecos por ignorar al pueblo saharaui, subsanarán el defecto formal de la falta de consentimiento del territorio formalmente administrado todavía por España.

Los gobiernos francés y español tienen están lidiando en estos momentos con problemas internos importantes y su propia continuidad política está en entredicho. Los últimos movimientos realizados por el Gobierno español en los que se acerca a las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental parecen indicar que el ejecutivo pretende desentenderse del todo del futuro. Los gobiernos españoles siempre han intentado mantener buenas relaciones con Marruecos, sobre todo en torno al control de las fronteras y la cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, estas últimas decisiones obligarán al Presidente a posicionarse, la pregunta es ¿estará dispuesto a abrir el melón del Sáhara con Marruecos?