Luis I. Gordillo. El País. 12 octubre 2014. Enlace al periódico aquí
Entre los problemas institucionales por los que atraviesa el país, algunos de ellos de lo más habitual en Estados políticamente descentralizados (recursos contra la LOMCE), otros en parte consecuencia de las políticas de austeridad (conflicto en torno a la OPE de la Ertzaintza) y otros que tienen un cariz más revolucionario (la situación en Cataluña), cabe apreciar un hilo conductor: la dificultad de gestionar la “unidad en la diversidad”, divisa de uno de los Estados federales más antiguos.
La solución a estos problemas sería, según algunos, transformar España en un Estado federal. No hay dos Estados federales idénticos pero sí es posible aislar un mínimo común: entidades de base territorial con competencias legislativas y de dirección política propias, una participación de estas entidades en el proceso legislativo federal (normalmente en una segunda cámara) y en la aplicación de las normas federales, un reparto de recursos acorde con el reparto de competencias, una garantía de que esta estructura no va a ser alterada por ley ordinaria y un sistema de resolución de conflictos que sea jurisdiccional. España cumple, en esencia, con este mínimo. Ciertamente, la participación de las CCAA en la segunda cámara en más testimonial que real, se puede criticar el reparto de fondos para el ejercicio de competencias y se puede discutir sobre los conflictos derivados del mantenimiento de varios niveles (central, autonómico…).
En este contexto es en el que el termino “federalismo” es utilizado con intenciones opuestas: hay quien dice que hay federalizar España para recrear una especie de pacto federal originario que reconocería la soberanía originaria del miembro de la federación en cuestión (lo que le daría derecho en el futuro a abandonarla) y quien propone recurrir al federalismo como técnica de gobierno que clarifique el sistema de distribución de competencias y aporte mayor simetría al sistema.
En todo caso, parece que se está imponiendo la idea de que la reforma de la constitución en clave federal sería la solución a los problemas de gobernabilidad del país. Creo que no se trata tanto de crear nuevos órganos o estructuras o de clarificar o armonizar competencias, sino más bien de que las administraciones autonómicas sean leales a la “federación” (aquí, Estado central) y que desde el Estado central se tenga en cuenta también a las administraciones autonómicas y se arbitren los mecanismos de participación de éstas en la toma de decisiones conjunta (por cierto, que muchos gobiernos autonómicos prefieren solventar sus conflictos en comisiones bilaterales con el Estado central, huyendo de la multilateralidad propia de toda federación).
Se trata, por tanto, de que los actores políticos y las administraciones cambien de mentalidad, no tanto de centrar la salvación del sistema en un cambio normativo. Una reforma constitucional que no venga acompañada de un auténtico cambio en la mentalidad de los actores implicados no aportaría ninguna mejora. Es ahí donde debería incidir la famosa “regeneración” de la que todos los partidos y actores políticos hablan.