Mes: mayo 2025

Luis I. Gordillo. 26 mayo 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

El debate público sobre la cuestión de la inmigración es, probablemente, uno de los más complejos que existen por diversas razones. Hay cuestiones que tienen que ver directa o indirectamente con este fenómeno, pero que no surgen realmente de movimientos poblacionales más o menos masivos. Hay también algunos elementos que tienen que ver con cuestiones identitarias, con la seguridad o simplemente con el miedo al cambio. Otros se relacionan con modelos bienintencionados de sociedad que nadie realmente apoyaría en un referéndum con un voto secreto, pero que forman parte de una especie de discurso de lo políticamente correcto que pocos se atreven a confrontar públicamente. Hoy, nos vamos a detener en el aspecto netamente práctico, y probablemente más egoísta, el que tiene que ver con la sustitución natural de la fuerza laboral.

España registra una de las tasas de natalidad más bajas del mundo: apenas 1,3 hijos por mujer, lejos del 2,1 necesario para asegurar el reemplazo generacional. En el País Vasco, esa cifra se hunde aún más: 1,24 hijos por mujer. Las consecuencias están a la vista. En la comunidad autónoma vasca, el alumnado ha caído un 30% en los últimos 25 años, provocando cierres de colegios, reordenaciones forzosas del mapa escolar y un horizonte inquietante de envejecimiento generalizado. Curiosamente, el año pasado la población se incrementó ligeramente en la mayoría de las provincias españolas gracias a la inmigración.

En todo caso, este declive afecta de forma directa al crecimiento económico, al mercado laboral y al propio sostenimiento del Estado del bienestar. La población activa mengua al tiempo que aumentan las necesidades asistenciales de una sociedad cada vez más envejecida. En España, según los últimos datos de la EPA y del SEPE, hay unos 150.000 puestos de trabajo que no se cubren, una cifra que se ha triplicado en la última década. No hablamos sólo de empleos agrícolas o de cuidados, sino de sectores clave como la administración pública, la ingeniería, la hostelería o los servicios científicos y técnicos.

Frente a esta realidad, la inmigración no es una amenaza, sino que puede ser una solución al problema siempre que se gestione con inteligencia y determinación. Alemania ofrece un ejemplo paradigmático: con su programa Blue Card, ha atraído desde 2012 a decenas de miles de profesionales cualificados de fuera de la UE, simplificando los procesos de residencia y homologación de títulos. Esta política no solo ha paliado la escasez de talento en ingeniería y sanidad, sino que ha contribuido a una mejor integración de los migrantes, que llegan con contratos, derechos y expectativas claras. En Francia, el programa Volontariat Territorial en Entreprise (VTE), ampliado en 2021 a jóvenes inmigrantes, fomenta su inserción laboral en zonas rurales con baja densidad demográfica, incentivando tanto su arraigo como el dinamismo local. Portugal, por su parte, ha promovido el acceso simplificado a la residencia para trabajadores del sector turístico y tecnológico, con resultados notables en Lisboa y Oporto. Los países del golfo también ofrecen condiciones muy competitivas al establecimiento de inmigrante cualificados.

España en general y Euskadi en particular no pueden permitirse quedarse al margen de esta tendencia. Más aún: tiene el potencial para liderarla si transforma su enfoque. El talento extranjero busca economías dinámicas, entornos seguros y procesos administrativos previsibles. Nada de eso está garantizado en nuestro país ni en nuestra Comunidad Autónoma, donde la burocracia ralentiza los permisos de residencia y trabajo, y las políticas de atracción de talento siguen siendo marginales.

Finalmente, la inmigración también se juega en el terreno simbólico. Algunos medios de comunicación, cargados de buenas intenciones en la mayoría de los casos, omiten la nacionalidad de quienes cometen delitos si proceden de países de alta emigración. Esta práctica, que pretendería evitar estigmatizaciones, termina siendo contraproducente: alienta la sospecha, alimenta teorías conspirativas y erosiona la confianza ciudadana. La verdad no radicaliza, lo que radicaliza es el silencio.

Es urgente una política de Estado en materia de inmigración. Esto implica tres dimensiones: el control de las fronteras, una integración realista y eficaz, y la puesta en valor del talento extranjero. Sin esta tríada, el discurso público seguirá siendo rehén de los extremos: los que niegan la inmigración como necesidad estructural y la culpabilizan del crimen o la falta de empleo para los nacionales y los que la idealizan como fenómeno puramente solidario y piden sin más una política de puertas abiertas sufragada por el contribuyente.

Gestionar la inmigración con cabeza y corazón es uno de los grandes desafíos de nuestra generación. No se trata sólo de números, sino de personas, y no se trata sólo de compasión, sino de visión política y económica. En definitiva, si no somos capaces enfrentarnos a nuestros problemas, acabaremos siendo gobernados por sus consecuencias.

Luis I. Gordillo. 19 mayo 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La frase, popularizada por el tío Ben en las historias de Spiderman, cobra una nueva relevancia cuando se aplica a quienes tienen en sus manos el control del discurso público: los gobiernos, las plataformas digitales y, no lo olvidemos, nosotros mismos. En un contexto marcado por tensiones ideológicas, polarización creciente y una cultura de la cancelación que opera tanto desde la izquierda como desde la derecha, la libertad de expresión vuelve a estar en entredicho. Esta vez, paradójicamente, por quienes dicen protegerla.

El prestigioso semanario The Economist ha puesto el dedo en la llaga en un editorial del 15 de mayo de 2025. En él, denuncia cómo los gobiernos del viejo continente, en su afán por controlar los llamados “discursos extremistas” u “ofensivos”, están socavando los fundamentos del pluralismo democrático. La deriva restrictiva no es uniforme, pero sí alarmante. Pocos analistas se sorprenden de la situación en Hungría, donde el control sobre la prensa ha sido denunciado desde distintos sectores. Pero las prácticas restrictivas se han extendido en otros países que consideramos pocos sospechosos de tener déficits democráticos y así nos lo recuerda esta publicación de referencia. Alemania, por ejemplo, mantiene una ley que prohíbe insultar a los políticos. Un exvicecanciller ha utilizado esta norma para presentar cientos de denuncias contra ciudadanos que lo llamaron, entre otras cosas, “idiota”. En Francia, el Estado ha multado con 100.000 euros a un canal conservador por emitir una opinión provida según la cual el aborto es la principal causa de muerte en el mundo. En el Reino Unido, la situación roza el absurdo. La policía detiene a unas 30 personas al día por publicaciones en redes sociales consideradas “groseramente ofensivas”. Entre los casos documentados, uno de los más ilustrativos es el de un matrimonio que criticó a la escuela de su hija y terminó siendo interrogado. Otro ciudadano fue arrestado por quejarse de la inmigración en Facebook. Como acaba señalando The Economist, en el caso británico estas prácticas no derivan de una decisión política centralizada, sino de una policía que ha descubierto que hacer de moderador de opiniones ciudadanas revisando publicaciones on-line es mucho más fácil que perseguir delitos reales.

El pretexto para controlar la libertad de expresión suele ser la lucha contra el “discurso de odio”. Pero este concepto, difuso y poco concreto donde los haya, termina sirviendo como coartada para criminalizar cualquier expresión que hiera sensibilidades o desafíe consensos ideológicos. Europa se está convirtiendo en un lugar en el que cada vez hay más temas tabú y menos espacio para la disidencia argumentada. Paradójicamente, este tipo de censura institucional alimenta justo aquello que pretende combatir: la radicalización de los discursos populistas y la popularidad de opciones políticas extremas. Si expresar una opinión disonante conlleva el riesgo de ser multado, interrogado o incluso detenido, se refuerza la sensación de que las élites no toleran el pensamiento independiente y la percepción de que la gente no puede realmente decir lo que quiera acaba por extenderse como una mancha de aceite.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla. Plataformas como X (antes Twitter) han abandonado el modelo clásico de moderación centralizada para implantar sistemas donde los propios usuarios controlan, denuncian o amplifican los contenidos. Facebook, por su parte, ha ido desmontando poco a poco su red de moderadores profesionales, que también había sido muy criticado, dejando a los algoritmos –y a las reacciones colectivas– el papel de jurados populares. El resultado es parecido al que había con la moderación centralizada: arbitrariedades, aumento de la polarización y lo que es peor, el fin de la confrontación dialéctica usando razones, datos y argumentos. El problema se agrava cuando se imponen leyes de “seguridad en línea” que obligan a las plataformas a retirar cualquier contenido que pueda ser ilegal… o simplemente polémico. Ante la amenaza de sanciones, muchas optan por eliminar publicaciones cuestionables, aunque legítimas, lo que genera aún más frustración entre los usuarios y refuerza las narrativas conspirativas sobre unas élites que quieren imponer una ley mordaza.

La libertad de expresión no es absoluta, pero debe ser amplia. Debemos poder criticar al poder, expresar ideas incómodas y debatir en igualdad de condiciones. Eso no significa tolerar amenazas, acoso o incitación a la violencia. Pero sí implica aceptar que vivir en democracia es exponerse al desacuerdo y a veces incluso a reacciones que pueden resultarnos ofensivas. La alternativa es un ecosistema represivo donde las opiniones se uniformizan, el debate se empobrece y la ciudadanía se radicaliza en silencio. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en este caso, mantener un espacio público abierto al disidente es responsabilidad de todos: ciudadanos, medios, plataformas privadas y gobiernos. Es nuestra responsabilidad animar al disidente a argumentar y tomarnos el tiempo de refutar. La democracia no se defiende sola pero sí puede morir de soledad.

Luis I. Gordillo. 12 mayo 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

Mientras el mundo se da una tregua para saludar al nuevo Papa, Estados Unidos y China miden sus fuerzas en la guerra de aranceles en la que están inmersos y Europa hace cuentas para tratar de calcular cuánto le va a costar pagar su propia defensa, los ciudadanos intentamos seguir buenamente con nuestras vidas y asistimos como convidados de piedra a esta compleja partida de ajedrez a varias bandas.

Y mientras nos distraemos con estas cuestiones aparentemente de la “alta política”, hay un tema que pasa habitualmente desapercibido en las relaciones comerciales y que afecta de lleno a la libertad de las personas: la gestión y protección de los datos personales. En la economía del siglo XXI el producto más valioso ya no es un metal dorado o unas piedras preciosas, apenas lo son el petróleo o la nueva categoría que se llama “tierras raras”. El producto más codiciado hoy en día por todas las empresas y por los propios Estados son los datos y, concretamente, los datos de carácter personal. Hay piratas informáticos que se dedican a robar bases de datos con nuestra información básica, preferencias, datos médicos o datos de consumo de los productos más variados.

¿Dónde está el valor de esta “mercancía” digital que luego se vende en el “internet profundo”, en una especie de mercado negro donde se intercambian todo tipo de mercancías legales e ilegales y se paga en criptomonedas? El análisis masivo de nuestros datos personales aporta una serie de información muy importante que permite realizar perfiles de consumidores, analizar potenciales intereses para ofrecernos productos muy concretos o, incluso, intentar estafarnos online, suplantando a nuestro banco, a nuestro proveedor de energía o a Correos. Nuestros datos se han convertido en el nuevo “oro digital”.

Los estafadores online han llegado a perfeccionar tanto sus técnicas que hay veces que es muy difícil detectar que nos están engañando hasta que ya es demasiado tarde. ¿Quién no está esperando algún paquete de un pedido que ha solicitado online? ¿Quién no tiene o ha tenido una cuenta corriente con alguno de los grandes bancos? ¿Quién no tiene o ha tenido a tal o cual operador de telefonía móvil?

Cada vez que se produce algún robo masivo de datos, notaremos dos cosas: primero una carta informativa de la entidad que tenía nuestros datos (y que envía porque le obliga la ley) y, en un par de semanas, un aumento de las llamadas “spam”, seguido posiblemente de algún intento de estafa, pidiéndonos nuestros datos de tarjetas de crédito o algo parecido.

El gran reto del siglo XXI es, efectivamente, el de la adecuada gestión y, por supuesto, el de la protección de nuestros datos de carácter personal, que, como regla general sólo pueden tratarse con nuestro consentimiento expreso y con las máximas garantías por parte de quienes los manejan. Sin embargo, normalmente, somos los propios ciudadanos los que cedemos constantemente nuestros datos: a veces sin ser conscientes, a veces siendo conscientes a medias porque los cedemos a cambio de recibir un servicio gratis. El caso típico es el de las redes sociales, que normalmente no nos exigen pagar una cuota, pero que a cambio nos piden autorización para ofrecernos productos de nuestro interés según un perfil que vamos rellenando o, directamente, dichas redes acaban siendo las propietarias legales de las fotos que vamos compartiendo online.

Por eso, en esta era digital que estamos viviendo, nuestros datos pueden ser particularmente vulnerables. Hemos de revisar las “políticas de uso” de nuestros datos cada vez que contratamos o que realizamos operaciones online, sobre todo cuando vamos a obtener un servicio por el que aparentemente no estamos pagando. Hemos de concienciar a nuestros mayores y a aquellos a los que les está costando más adaptarse al mundo digital, al tiempo que educamos a nuestros jóvenes en un uso responsable de internet y las redes sociales. Y, sobre todo, hemos de denunciar ante las agencias de protección de datos los usos fraudulentos que detectemos. Pero, para garantizar un uso adecuado de nuestros datos, no sólo son necesarias las administraciones, sino que todo empieza por la responsabilidad propia y la educación en el hogar. No hemos de olvidar que el proceso de recopilación, tratamiento y transferencia de nuestros datos es, en sí mismo, un negocio muy lucrativo en el que hay muchos intereses involucrados. Y, sobre todo, hemos de recordar la máxima en el mundo de los negocios, cuando el producto es gratis, el producto eres tú.

Luis I. Gordillo. 5 mayo 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

El ya histórico apagón de la semana pasada dejó sin luz a millones de hogares y abrió, de golpe, un necesario debate sobre la fragilidad de nuestro sistema eléctrico. En plena transición energética, y con una red cada vez más descentralizada y compleja, la cuestión de fondo no es solo por qué ocurrió, sino si nuestro sistema está realmente preparado para responder con eficacia a desequilibrios bruscos. Y si no lo está, quién debe asumir la responsabilidad.

El sistema eléctrico español se basa en un principio técnico exigente: la generación debe igualar en todo momento a la demanda. No hay grandes almacenes de electricidad; cada vatio producido debe consumirse de inmediato. Esto se logra mediante un mix energético diverso, donde las renovables —especialmente la solar y la eólica— tienen un papel creciente. En 2024, más del 56 % de la electricidad generada en España fue renovable. 

Cuando hay un desajuste —por ejemplo, un súbito aumento de producción solar o una pérdida importante de viento— el sistema debe reaccionar en segundos para compensar el desequilibrio y, además, manteniendo lo que se llama la inercia del sistema eléctrico. Es decir, no solo se trata de que circule energía por las redes de distribución, sino que nuestro tendido necesita que lo haga con una determinada tensión, por así decirlo. Esta inercia o tensión es la que aportan también fuentes estables y controlables, sobre todo la energía nuclear, las centrales de ciclo combinado (gas natural) o la hidroeléctrica. Son las llamadas tecnologías de respaldo, capaces de aumentar o reducir su producción con cierta rapidez, si están preparadas para ello. Pero estas fuentes no pueden funcionar adecuadamente si no están bien integradas en la planificación energética, particularmente si sucede como pasó en el momento del apagón, en el que la mitad de la potencia nuclear española estaba parada sobre todo como consecuencia de la gran carga impositiva que sufren las nucleares y que ha aumentado un 71% desde 2019. Las de gas o ciclo combinado también se han visto afectadas porque la prioridad que se da a la solar y a la eólica en el despacho de energía, hace que las de gas operen con menos frecuencia, aumentando sus costes y cuestionando su viabilidad económica.

Y ahí es donde aparecen los límites del modelo actual. España ha apostado fuerte por las renovables, pero castiga mucho a la nuclear, dificulta el funcionamiento de las de ciclo combinado y no ha desarrollado en paralelo una infraestructura de respaldo y almacenamiento suficiente. En 2021 se anunció que se alcanzaría una capacidad de almacenamiento de 8,3 GW, pero hoy apenas se dispone de 3,5 GW efectivos, casi todos hidroeléctricos y construidos hace décadas. Países como Alemania, en cambio, han superado los 17 GWh en baterías, diversificando sus herramientas de flexibilidad. Esta carencia limita nuestra capacidad de respuesta cuando el sistema se ve forzado. Además, sin incentivos claros ni marco normativo estable, resulta difícil que se desarrollen nuevos proyectos de respaldo, como almacenamiento térmico o hidrógeno.

Conviene recordar también que el sector eléctrico español está fuertemente regulado. La CNMC supervisa los precios, los peajes y las condiciones del mercado. Pero el Estado no es un mero árbitro externo, sino que el Gobierno a través de la SEPI, posee un 20 % del capital de Redeia, lo que le permite controlar sus decisiones en tanto que, salvo un par de participaciones significativas de un fondo americano y de Amancio Ortega, que no llegan al 10% entre ambas, hay un capital flotante superior al 70 %, lo que refuerza aún más el peso relativo del Estado en las decisiones clave. En este contexto, el Gobierno no puede eludir su responsabilidad cuando se producen fallos estructurales en el sistema. No se trata de intervenir más el mercado, sino de asumir que el diseño del sistema eléctrico no es neutral ni espontáneo: responde a decisiones técnicas, jurídicas y estratégicas.

El apagón no fue una mera anécdota. Ha dejado al descubierto que no basta con sumar potencia renovable al sistema, sino que hace falta ordenar, planificar y coordinar esa integración con criterios técnicos y realistas. La transición energética no puede basarse solo en entusiasmo político o compromiso climático: necesita respaldo firme, almacenamiento suficiente, estabilidad normativa y reglas claras para todos los actores.

No es un problema sencillo de resolver, pero desde luego no se soluciona apuntando a culpables antes de conocer exactamente qué ha sucedido o eludiendo la responsabilidad política a toda costa. Ahora vendrán las demandas de las empresas afectadas, luego las quejas al regulador por parte de las eléctricas que apenas tienen margen de maniobra y, en medio, probablemente alguna comisión de investigación que el gobierno pretenderá eludir. El apagón ha sido un serio aviso, pero ¿se darán por aludidos nuestros responsables?