Federalismo, secesión y libertad

Luis I. Gordillo. El País. 15 noviembre 2014. Enlace al periódico aquí

En su libro La democracia en América, Tocqueville propone un modelo para evitar que el igualitarismo propio de las sociedades avanzadas no acabe con la libertad individual: el pluralismo político y social.

En esencia, el pluralismo social implicaba la necesidad de que surgieran multitud de asociaciones espontáneas con propósitos diversos (económicos, religiosos, científicos…) y con un alto grado de autonomía y sin depender del Estado. Estas asociaciones actuarían como una suerte de capa intermedia o colchón que protegería al individuo frente a las injerencias estatales y las tendencias homogeneizadoras propias de toda sociedad avanzada. Para lograr esto era necesario todo un programa de acción política: había que concienciar al ciudadano sobre la necesidad de no buscar la dependencia del Estado, inculcarle esta filosofía de cooperación y colaboración con otros individuos a través de la educación y, además, que unas élites sociales predicasen con el ejemplo. El pluralismo social, que era a su juicio el más importante, se complementaba con el pluralismo político, que consistía en el federalismo y la descentralización.

El federalismo es uno de esos conceptos que, al igual que la libertad o la justicia, puede servir para defender posiciones totalmente antagónicas. El federalismo es una forma de distribuir el poder, pero es también una filosofía.

En cuanto a lo primero, aunque hay tantos federalismos como Estados federales, sí que es posible aislar un mínimo institucional básico: entidades de base territorial con competencias legislativas y de dirección política propias, una participación de estas entidades en el proceso legislativo federal (ej. Senado) y en la aplicación de las normas federales, un reparto de recursos acorde con el reparto de competencias, una garantía de que esta estructura no va a ser alterada por ley ordinaria y un sistema de resolución de conflictos que sea jurisdiccional (y no político).

En España se suele apelar últimamente a la necesidad de “federalizar” el país para acabar con las reclamaciones de independencia, más o menos explícitas, de distintas comunidades. Los defensores de esta postura parece que estarían argumentando la necesidad de transferir más competencias a las CCAA. Esta posición no suele ser criticada por los defensores de operar la secesión de un determinado territorio porque verían en ella una situación transitoria en su camino hacia la independencia definitiva. Es decir, se aceptaría ir asumiendo cada vez más competencias hasta que llegue el momento políticamente oportuno para dar el sato definitivo a la independencia. Esto es contrario a la filosofía del federalismo, que pretende compatibilizar la unidad con la diversidad, apela al diálogo constante entre los distintos niveles de gobierno y a la lealtad mutua.

Muchas veces nos hacen creer que todos los problemas que tiene la sociedad se derivan de un único macro-problema. Es decir, todos los problemas (sociales, económicos e incluso personales) que tenemos en la Comunidad X se derivan de que carecemos de Estado. Somos una comunidad política incompleta. Cuando seamos Estado, todos los problemas desaparecerán.

En el fondo, esta tesis (la necesidad de independizarse para resolver “nuestros” problemas), es de lo más centralista. Sigue creyendo que el Estado es todo-poderoso, que el Estado (otro, uno nuevo, el nuestro), solucionará todos nuestros problemas. El modelo que propone Tocqueville, sin embargo, hace hincapié en la necesidad de educar en la autonomía al individuo, que afronte sus problemas, que sea capaz de acometer proyectos con otros ciudadanos sin la injerencia del Estado. Ojo, esto no quiere decir ni mucho menos, renunciar al Estado social, al contrario. Lo que pretende, precisamente, es educar a ciudadanos libres, responsables y comprometidos con la sociedad y los problemas que les rodean. Ciudadanos, en definitiva, que no se dejen controlar por el Estado. Ni por éste, ni por otro.

¿Reforma federal o cambio de mentalidad?

Luis I. Gordillo. El País. 12 octubre 2014. Enlace al periódico aquí

Entre los problemas institucionales por los que atraviesa el país, algunos de ellos de lo más habitual en Estados políticamente descentralizados (recursos contra la LOMCE), otros en parte consecuencia de las políticas de austeridad (conflicto en torno a la OPE de la Ertzaintza) y otros que tienen un cariz más revolucionario (la situación en Cataluña), cabe apreciar un hilo conductor: la dificultad de gestionar la “unidad en la diversidad”, divisa de uno de los Estados federales más antiguos.

La solución a estos problemas sería, según algunos, transformar España en un Estado federal. No hay dos Estados federales idénticos pero sí es posible aislar un mínimo común: entidades de base territorial con competencias legislativas y de dirección política propias, una participación de estas entidades en el proceso legislativo federal (normalmente en una segunda cámara) y en la aplicación de las normas federales, un reparto de recursos acorde con el reparto de competencias, una garantía de que esta estructura no va a ser alterada por ley ordinaria y un sistema de resolución de conflictos que sea jurisdiccional. España cumple, en esencia, con este mínimo. Ciertamente, la participación de las CCAA en la segunda cámara en más testimonial que real, se puede criticar el reparto de fondos para el ejercicio de competencias y se puede discutir sobre los conflictos derivados del mantenimiento de varios niveles (central, autonómico…).

En este contexto es en el que el termino “federalismo” es utilizado con intenciones opuestas: hay quien dice que hay federalizar España para recrear una especie de pacto federal originario que reconocería la soberanía originaria del miembro de la federación en cuestión (lo que le daría derecho en el futuro a abandonarla) y quien propone recurrir al federalismo como técnica de gobierno que clarifique el sistema de distribución de competencias y aporte mayor simetría al sistema.

En todo caso, parece que se está imponiendo la idea de que la reforma de la constitución en clave federal sería la solución a los problemas de gobernabilidad del país. Creo que no se trata tanto de crear nuevos órganos o estructuras o de clarificar o armonizar competencias, sino más bien de que las administraciones autonómicas sean leales a la “federación” (aquí, Estado central) y que desde el Estado central se tenga en cuenta también a las administraciones autonómicas y se arbitren los mecanismos de participación de éstas en la toma de decisiones conjunta (por cierto, que muchos gobiernos autonómicos prefieren solventar sus conflictos en comisiones bilaterales con el Estado central, huyendo de la multilateralidad propia de toda federación).

Se trata, por tanto, de que los actores políticos y las administraciones cambien de mentalidad, no tanto de centrar la salvación del sistema en un cambio normativo. Una reforma constitucional que no venga acompañada de un auténtico cambio en la mentalidad de los actores implicados no aportaría ninguna mejora. Es ahí donde debería incidir la famosa “regeneración” de la que todos los partidos y actores políticos hablan.

La Corona hereda a Don Felipe

Luis I. Gordillo. El País. 12 octubre 2014. Enlace al periódico aquí

Tradicionalmente, las jefaturas de Estado que no eran electivas solían cambiar de titular con la muerte de quien ejercía esta función. En las monarquías constitucionales actuales, sin embargo, parece que se está asentando la tendencia a que el Rey o Reina abdique cuando ha alcanzado una edad razonable. Esta práctica tiene la virtud de favorecer una transición menos abrupta y trágica que la muerte de quien hasta el momento era el Rey.

Esta transición puede ser beneficiosa para asentar una de las funciones que desempeña la Monarquía cual es el de la continuidad y permanencia de la vida del país. Esta función, relacionada con la cualidad de «símbolo» es, quizá hoy en día, más necesaria que nunca. Al ser un acto personalísimo, sólo al Rey (que previsiblemente habrá consultado también a otras altas instituciones del Estado) corresponde esta decisión. Más que ver en este acto una consecuencia de los problemas judiciales que viene atravesando el conocido yerno del Rey, parece más plausible que el Rey haya esperado a que el asunto haya perdido intensidad mediática para proceder a este singular anuncio.

La sucesión en la jefatura del Estado incidirá, lógicamente, en el ánimo de todo el país. La monarquía española ha sido tradicionalmente la institución que mejor valoración obtenía en las encuestas del CIS y después de que el procesamiento del Sr. Urdangarín haya perdido intensidad mediática, comienza lentamente su recuperación. Normalmente, este tipo de transiciones pacíficas, además tenido en cuenta la excelente hoja de servicios del todavía Monarca, suelen producir un repunte en el nivel de aceptación de la institución.

En España no parece que la reforma de la elección del jefe del Estado (transforma España en un República) sea un clamor social, ni tampoco que esté en la lista de prioridades de los principales partidos. En caso de que se plantee esta reforma, sería necesario recurrir a la vía de la reforma agravada del artículo 168 de la Constitución (que establece un procedimiento con unas mayorías que hoy día solo se podrían conseguir con el beneplácito de los dos principales partidos nacionales). Las dos veces que España ha sido una república hemos terminado en guerra civil. Eso no quiere decir ni mucho menos que no estemos preparados para tener una república ni que la monarquía sea el remedio infalible para nuestros problemas sociales. Sin embargo, el tener una institución que quede fuera del debate político y que se haga merecedora del aprecio general ayuda mucho en la no siempre fácil tarea de la convivencia.

El aún Príncipe Felipe de Borbón tiene ante sí una difícil tarea. Por una parte, ha sido el heredero que en la reciente historia de España ha tenido quizá mayores oportunidades para prepararse para el cargo (por cierto, que entre el elenco de profesores universitarios que ha contribuido a su formación académica se halla un profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, D. Ricardo de Ángel). Es verdad que se encuentra con un país estabilizado y reconocido en el concierto internacional, pero también es cierto que siempre será comparado con su inmediato antecesor, quien ha sabido ganarse el respeto internacional, el aprecio de la clase política en general (con muy contadas excepciones) y el cariño del pueblo. Tiene por tanto, una importante dosis de presión personal. No obstante, su excelente formación, sus amplios contactos internacionales y el profundo conocimiento de la realidad social española, lo colocan en una posición difícilmente mejorable para ejercer la más alta magistratura del Estado.

En realidad, D. Felipe no heredará la monarquía, sino que la monarquía lo heredará a él, pero a él corresponderá también imprimir su sello personal. Su padre pasará a la Historia como el Rey que trajo la democracia, quizá su gran reto inmediato sea promover la convivencia en el país.