Mes: marzo 2025

Luis I. Gordillo. 31 marzo 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

Como ya hemos mencionado en alguna ocasión, en su último libro, titulado Liderazgo, el viejo profesor de Harvard, ex político y premio nobel de la Paz, Henry Kissinger realizaba poco antes de morir un interesante análisis del concepto y elementos del liderazgo. El punto de partida consiste en que toda sociedad se encuentra siempre moviéndose entre su pasado y una visión de lo que ha de ser su futuro. La manera de realizar este tránsito es a través de un liderazgo para «ayudar a las personas a ir desde donde están a donde nunca han estado y, a veces, a donde apenas imaginan que pueden llegar». Los verdaderos líderes son aquellas personas que el destino coloca en esta intersección temporal y, la mayoría de las veces, sin quererlo ni desearlo, asumen la responsabilidad de contribuir a realizar este camino visualizando un futuro mejor, persuadiendo al prójimo de la necesidad de esforzarse y realizar sacrificios para lograr este fin y alcanzando poco a poco pequeños objetivos que despierten la confianza en su proyecto antes de llegar a la gran meta final.

En realidad, lo anterior no es más que la adaptación de la vieja teoría del poder que la ciencia política viene estudiando desde siempre y que sintetiza en dos los componentes esenciales del poder que, para los propósitos de lo que hoy nos ocupa, podemos extender al liderazgo de éxito. Esos componentes son ilusión y eficacia. El líder ha de ser capaz de despertar la ilusión en su proyecto, que ha de ser compartido por la mayoría, y tiene que poder mostrar resultados, ser eficaz, en unos plazos relativos de tiempo. Todo líder permanece mientras sea capaz de mantener estos dos componentes en su justa medida. El cómo lograrlo depende, también, de la estrategia que adopte y del entorno de que se rodee.

Volvamos a la cuestión que aquí interesa, lo que podríamos denominar el ‘liderazgo político’. Los elementos fundamentales del liderazgo, no tanto del líder, sino del liderazgo que ha de ejercerse en las sociedades actuales podría sintetizarse de la siguiente manera.

En primer lugar, hay que tener claro dónde estamos, cuál es nuestro pasado y nuestra historia y a dónde queremos ir. El verdadero líder no es el que más brilla por sus circunstancias, características o cualidades personales, sino el que es capaz de visualizar cuál es el papel que ha de asumir en ese momento su visión del mundo en el progreso social, cómo puede su proyecto político contribuir a ello y qué pasos hay que dar para lograrlo.

En segundo lugar, el liderazgo político implica definir adecuadamente la estrategia que se ha de seguir conforme a las normas y principios éticos compartidos por la mayoría social. No se trata de una estrategia de mera dominación o condicionamiento de decisiones de los órganos y entidades sociales al margen de sus procesos democráticos e institucionales, sino que, particularmente, un verdadero liderazgo político ha de concretar qué papel han de tener y qué actividades han de desarrollar estas instituciones en el progreso y perfeccionamiento de la sociedad.

En tercer lugar, el liderazgo político implica sacrificio, paciencia y generosidad permanentes. Los verdaderos líderes políticos han de ser conscientes de que su actividad ha de estar presidida por decisiones y políticas públicas que sean razonadas y razonables, es decir, han de ser decisiones que resulten tras un cuidado proceso de deliberación pública y han de ser las decisiones compartidas por la mayoría social. Ser un verdadero líder consiste en ser un trabajador constante. Con frecuencia vemos a personas que ingresan en la política para ganarse la vida o porque puedan tener algún interés personal. Hay muchas personas a las que les gustan los cargos pero que son incapaces de asumir las cargas propias de la labor política. El verdadero liderazgo político consiste también en inspirar a los demás y mostrarles un camino que, aunque arduo, beneficia a la sociedad que nos rodea y mejora la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Frente a este liderazgo político que hemos descrito, que coincide con un poder de mando inspirador y transformador de la sociedad que busca el bien común, están los procesos de resistencia de personas que en el pasado pudieron ser considerados líderes por una mayoría social, pero que ya no inspiran confianza, no convencen y no son capaces de justificar sus decisiones ante una mayoría social. Son pseudo liderazgos en decadencia, que se mantienen simplemente por inercia, como un avión que planea ya sin combustible y que cuando aterrice será incapaz de volver a levantar el vuelo. ¿ Merece la pena resistir a toda costa con el único argumento de que hay que evitar que el otro gobierne ? La inercia de las circunstancias suele impedir ver la realidad en estas circunstancias, pero con el tiempo, todo el mundo coincidirá en el diagnóstico: no se trataba de un líder sino de alguien que simplemente se resistía a abandonar el poder.

Luis I. Gordillo. 24 marzo 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

El viernes pasado, coincidiendo con la entrada de la primavera, se dieron a conocer dos sentencias del Tribunal Supremo que anulan el traspaso al País Vasco de la competencia para homologar los títulos universitarios extranjeros, función con la que el Gobierno Vasco pretendía paliar, casi de un plumazo, el déficit de sanitarios de los que adolece la Comunidad Autónoma de Euskadi. Desde el mismo viernes, el gobierno autonómico y sus sectores afines vienen criticando lo que ellos denominan la “inaceptable intromisión” en el autogobierno o la osadía del Tribunal Supremo que “pretende socavar un acuerdo político bilateral”. También se manejan las quejas habituales de agresión a los derechos históricos o el supuesto activismo de unos jueces conservadores que irían contra la voluntad del pueblo expresada en las urnas, lo que es prácticamente lo mismo que defiende Trump pero cambiando “jueces demócratas” por “jueces conservadores”.

Vamos a repasar algunos de los componentes de este problema para comprobar que, a diferencia de lo que prediquen los “portavoces oficiales” y “oficiosos”, el problema es más profundo y más complejo de lo que parece.

En primer lugar, la falta de personal sanitario, particularmente de médicos especialistas en Euskadi se debe a una serie de circunstancias que se han ido agravando con el tiempo ante la pasividad, falta de oportunidad política o incompetencia de diferentes administraciones. Los médicos especialistas españoles finalizan con una excelente formación después de sus años de estudio universitario, los de residencia y los de especialización y, después de todo ese esfuerzo, difícilmente llegan a unos salarios que sean realmente competitivos, si los comparamos con sus homólogos de otros países de nuestro entorno. Esto es un problema de casi todas las autonomías españolas y hace que en España estemos formando médicos a través de un importante gasto público que luego acaban abandonando el país u optan por dedicarse íntegramente a la sanidad privada ante la falta de oportunidades atractivas en el sector público. Además, en algunas Comunidades, como la de Euskadi, para acceder a plazas permanentes en el sector público se exige acreditar un alto nivel de euskera, lo cual ya dificulta a los propios del lugar acceder a estas plazas y a los que vienen de otras Comunidades se les hace mucho más difícil, por no decir casi imposible. Si a esto añadimos el envejecimiento relativo de los sanitarios, que se están jubilando en bloque generacional y las dificultades técnicas, jurídicas y laborales que está demostrando tener el Gobierno Vasco para completar interminables OPEs para consolidar a los interinos, tenemos la tormenta perfecta. Se está intentando poner parches a toda prisa, como permitir contratar a ciudadanos extracomunitarios en el sector público (lo que se habilitó por primera vez en Euskadi a través de una ley) o reclamar la competencia en homologación de títulos universitarios habilitantes (como los sanitarios) para acelerar los procesos de contratación de interinos ante una hemorragia que no cesa.

Por otra parte, la ya bochornosa debilidad parlamentaria del actual gobierno central hace que sus socios políticos le planteen transferencias y peticiones que en otro contexto no habrían sido atendidas o que se habrían hecho por otros cauces, con otros tiempos y con otras garantías jurídicas. El caso típico sería el que nos ocupa, en el que se ha realizado mediante Decreto, es decir, a través de una norma reglamentaria, un traspaso competencial de una materia en la que, según la jurisprudencia actual del Tribunal Constitucional, el Estado central tendría la competencia exclusiva y excluyente. Si, aún así, se quiere forzar una transferencia, habría que canalizarlo a través de una ley específica, pero no mediante un reglamento que viene a reinterpretar la competencia estatutaria en Educación y cuya viabilidad jurídica era desde el principio más que cuestionable. Hasta aquí todo podría encajar en la típica disputa sobre autogobierno, competencias de uno y de otro, identidad nacional y demás. Sin embargo, el asunto es más sutil. ¿Quiénes han recurrido el Decreto de transferencia ante el Tribunal Supremo? Pues han sido los Colegios Profesionales, es decir, corporaciones de las que sería obligatorio formar parte, una vez que esté homologada la titulación, para ejercer la profesión. Los Colegios Profesionales, como cualquier otro gremio, tienen sus propios intereses y son muy celosos de cualquier alteración de estos procedimientos que puedan afectar al control y supervisión que ejercen sobre la profesión regulada en todas sus fases. Se trata, por tanto, de una cuestión corporativa, más que de una cuestión meramente partidista y de la que los que se han quedado “atónitos” (los socios del gobierno vasco) parece que quieren pasar de puntillas. Estos mismos socios son los que presumen de tener siempre buenas relaciones con estos sectores profesionales y los que muchas veces justifican medidas legislativas contrarias, por ejemplo, a la libre competencia diciendo que provienen de un acuerdo con el sector. Pues bien, ahora tienen una oportunidad de pedirles explicaciones al sector y de que los ciudadanos conozcamos qué es lo que se está realmente discutiendo entre bambalinas. De todas formas, conociendo al gobierno central y sus dinámicas actuales, es muy posible que en el próximo Decreto-ley, junto a aumentos de impuestos, concesión de subvenciones o devoluciones de palacios encontremos una disposición que vuelva a trasladar esta competencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco, todo ello sin verdadero debate público de por qué estamos en esta situación en materia sanitaria y sin que nadie asuma su responsabilidad.

Luis I. Gordillo. 17 marzo 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

Una de las pocas constantes en la evolución de las sociedades es lo poco que el ser humano suele alegrarse del éxito ajeno. En el mundo empresarial este comportamiento tiene una correlación muy interesante y es que cada vez que aparece una tecnología disruptiva, es decir, que implica tal avance que altera totalmente las reglas del juego, los competidores que ya estaban en el mercado comienzan a reproducir un comportamiento que se viene dando desde que hay datos de la historia de la humanidad.

No pensemos solo en los uber o en las viviendas turísticas, cuando aparecieron los trenes de vapor, los propietarios de compañías de transporte de carruajes, galeras y diligencias reprodujeron un comportamiento que nos puede resultar familiar. Primero difundieron supuestos problemas de la nueva tecnología que la harían irrealizable, luego alegaban que era peligrosa para la salud y seguridad de los viajeros, y finalmente intentaron que los gobiernos la limitaran enormemente, alegando, entre otras cosas, pérdida de empleo. Si uno repasa bien la reciente historia de las plataformas que han posibilitado la llamada economía colaborativa, como uber en el transporte o AirBnB en el alquiler de viviendas turísticas, se observan los mismos patrones de conducta por parte de las empresas y operadores que ya estaban en el mercado, los llamados incumbentes, es decir, los taxis en el primer caso y los hoteles en el segundo.

Las nuevas tecnologías y los nuevos tipos de negocio, sobre todo si están ampliamente descentralizados y escapan a la intervención interesada de las administraciones presionadas por aquellos que tienen un interés económico, son el cabeza de turco ideal para culparlos de los problemas tradicionales de la sociedad o de los que surgen como consecuencia de los cambios sociales y económicos y que las administraciones son incapaces de enfrentar. De esta manera, el informe realizado por la asociación de municipios vascos EUDEL, fechado en octubre de 2024 y cuyo resumen acabamos de conocer, reproduce los típicos clichés habituales en estos casos y añade algunos nuevos. Así, las viviendas turísticas serían responsables del tensionamiento del mercado de vivienda (en lugar de la falta de oferta), también del debilitamiento del pequeño comercio local “al no ser interesante para el turista” según el informe, y también serían las culpables de los problemas de tránsito en los cascos históricos o del fomento de situaciones laborales irregulares en el sector de limpieza y la hostelería que afectarían especialmente a las mujeres, siempre según el informe de EUDEL.

Además, en el caso de las viviendas turísticas, sus detractores suelen soliviantar a las comunidades de propietarios apelando a la falta de tranquilidad en la escalera (como si un vecino molesto u otro que ceda el uso a toda su familia por temporadas no pudieran causar molestias similares), a la posible realización de actividades sospechosas (como si los vecinos tuvieran el derecho de fiscalizar todo lo que hace el inquilino de enfrente de su casa) o, en fin, a la falta de seguridad en estas viviendas al no tener extintores o escaleras de incendios especificas (como si el resto de viviendas de la comunidad sí que las tuviera).

Lo cierto es que, según los datos del Banco de España, las viviendas en alquiler turístico representan aproximadamente el 10% del mercado inmobiliario de alquiler con lo que su impacto en el mercado de alquiler residencial es limitado y más bien habría otros factores, como la demanda general de vivienda y la falta de suelo urbanizable, que tendrían más peso en el aumento de los precios de la vivienda. Además, más del 60% de los pisos turísticos están en manos de particulares que no los mantienen ocupados con índices similares a los de los hoteles, sino que su demanda está más estacionada y concentrada en ciertas épocas. El propio banco de España calcula que menos del 10% de pisos turísticos está en manos de empresas, lo que sugiere que muchos ciudadanos encuentran en esta modalidad una vía de lograr una fuente adicional de ingresos, contribuyendo así a la economía local que también se puede ver impulsada de manera determinante con la llegada de turistas que busquen experiencias más auténticas y personalizadas. En este contexto, no solo el empleo local puede verse favorecido, sino que además las viviendas turísticas son una alterativa en lugares en los que es particularmente difícil encontrar oferta hotelera. Además, este tipo de viviendas puede incentivar la rehabilitación y mantenimiento de inmuebles singulares que de otro modo podrían quedar abandonados o deteriorarse. Por no hablar del impacto positivo en la recaudación de impuestos, ya que los propietarios pagarían una parte de sus ganancias en impuestos y los propios turistas contribuirían fundamentalmente al aumento de la recaudación del IVA.

En fin, es fundamental permitir que el mercado funcione con libertad, garantizando al mismo tiempo que las regulaciones sean justas y equilibradas, fomentando así un entorno donde tanto las viviendas turísticas como las de larga duración puedan coexistir, lo que, además, impulsará una oferta hotelera competitiva y de calidad. Estas son las normas de la libre competencia, que siempre gustan a todos menos a los que les afecta, porque nos obligan a mejorar y a ofrecer mejores productos a los consumidores… aunque siempre es más fácil echar la culpa de todo al que nos resulta más molesto.

Luis I. Gordillo. 10 marzo 2025

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Uno de los grandes retos políticos, económicos y sociales de nuestro tiempo lo constituye la gestión de los flujos humanos en un mundo cada vez más conectado.

Se trata de una cuestión compleja que tiene muchas aristas y en la que es fácil dejarse llevar por ideas preconcebidas o por una gran simplificación de las cuestiones, cayendo fácilmente en retóricas populistas o negacionistas.

Todas las sociedades admiten sin ninguna contestación real un cierto número de nuevos miembros, que se conviertan en nuevos ciudadanos de ese país, asumiendo su cultura, sus usos y sus costumbres. También toleran el establecimiento de pequeños grupos, que mantengan sus costumbres y usos propios, siempre y cuando no compitan con el grupo social autóctono, intervengan discretamente en la vida social y se mantengan al margen de los debates públicos buscando un reconocimiento específico. Los problemas surgen cuando, de una manera u otra, el grupo social dominante siente la competencia de los nuevos ciudadanos y teme que sus condiciones de vida puedan verse afectadas.

Además, existen problemas específicos que se dan particularmente en ciertos países que se han convertido en receptores netos de inmigrantes que buscan mejores condiciones de vida y que a menudo son engañados y utilizados por redes de tráfico de personas. Las personas que no alcanzan una rápida integración en sociedades ricas, donde la abundancia se percibe y se ve en la calle, son el objetivo ideal de otros grupos malintencionados o criminales que los pueden arrastrar directamente a dinámicas delincuenciales, alimentando así el discurso del inmigrante delincuente. En estos contextos, en los que las personas no han adquirido un alto nivel de integración social y económica, su punto de referencia sigue siendo su cultura natal a la que las segundas y terceras generaciones suelen idealizar, lo que puede provocar un choque cultural importante que, alimentado por la frustración personal, arrastre a ciertos grupos (sobre todo a los más jóvenes) a procesos de radicalización, como muestran todos los estudios serios sobre la materia.

¿Cómo proceder, entonces? La respuesta no es sencilla. Aquí, tan populista es una política de puertas abiertas sin control, como de puertas totalmente cerradas salvo excepción. Si un país no tiene capacidad de asimilar grandes flujos de inmigrantes y permitirles su adaptación e integración social y económica, mal haría en mantener una política de apertura total de fronteras. Primero porque crea así un efecto llamada alentado por las mafias que venden la tierra prometida a personas desesperadas. También porque hoy puede que no se ven los efectos, pero en unos años la sociedad sufrirá las consecuencias de no haber llevado a cabo una adecuada política de integración. Está también comprobado por los expertos, que los inmigrantes que llegan en familia tienen mayores incentivos para buscar una mayor y más rápida integración. Además, una política de beneficios sociales importante para personas inmigrantes que no esté vinculada a incentivos que favorezcan su integración laboral, que es la base de la integración social, está demostrado que fracasará en el medio y largo plazo.

¿Qué medidas en concreto se pueden adoptar ante este gran reto?

En primer lugar, es necesario establecer una solidaridad entre países miembros de la Unión Europea para acoger a personas que huyen de guerras, persecución o de la pobreza extrema. También sería bueno trasladar esta solidaridad al ámbito interno, es decir, en el caso de España hay regiones, como las Islas Canarias, que están totalmente desbordadas en la atención a inmigrantes, la mayoría de las veces indocumentados que llegan de manera ilegal a sus costas.

Es necesario invertir en integración. Pero no solamente en forma de prestaciones sociales más o menos indefinidas, sino a través de un a política de incentivos que favorezca lo antes posible su integración laboral, social y cultural.

Además, hay que invertir en los países de origen, para que tengan posibilidad de desarrollarse económicamente y, en su caso, como hace la UE, a vincular inversiones y ayudas al desarrollo a políticas democratizadoras y aperturistas en esos países. También hay que mantener un diálogo fluido con los Estados de origen de las comunidades más numerosas para analizar las causas de esta inmigración masiva y, en su caso, establecer cupos con otros países europeos o programas de inversiones específicos.

Finalmente, hay que promover un discurso basado en hechos, llamando a las cosas por su nombre, pero sin caer en discursos populistas de criminalización de la inmigración o de odio al diferente.

La gestión de los flujos migratorios es el gran reto del siglo XXI, ¿estamos preparados para ello? y, sobre todo, ¿están preparados los líderes a los que votamos para ello?

Luis I. Gordillo. 3 marzo 2025

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El anuncio de la ministra María Jesús Montero de la condonación de más de 83.000 millones de deuda que tienen las Comunidades de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra) ha generado un intenso debate en España. Hay quien interpreta la medida como un alivio financiero, pero lo cierto es que esta decisión conlleva una serie de riesgos significativos para las finanzas públicas y para la estabilidad económica del país. Entre los principales peligros destacan el llamado “riesgo moral”, la eliminación de la responsabilidad de los dirigentes autonómicos, la politización del asunto y la ausencia de una solución estructural al problema de la financiación autonómica. 

El riesgo moral se refiere a la posibilidad de que los agentes económicos (en este caso, los gobiernos autonómicos) relajen su comportamiento al saber que no tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. Si el gobierno central perdona la deuda acumulada por las administraciones autonómicas, se envía un mensaje claro: no importa cuánto se gaste o cómo se gestionen los recursos, ya que siempre es posible que el Gobierno central asuma la deuda y ponga el contador a cero hasta la próxima vez. Este precedente es extremadamente peligroso, ya que desincentiva la disciplina fiscal, la gestión responsable de los recursos públicos y las reformas estructurales.

Otro aspecto preocupante de la condonación de la deuda es que exime de responsabilidad a los dirigentes autonómicos que, en muchos casos, han contribuido a la acumulación de deuda mediante una gestión poco rigurosa de los recursos públicos. La condonación no solo premia la mala gestión, sino que también socava la rendición de cuentas, un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. Por cierto, que durante el tiempo que la ahora ministra María Jesús Montero fue Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía (entre 2013 y 2018), esta comunidad aumentó su deuda con el Estado en 16.000 millones, que es prácticamente la quita que este plan prevé. 

La condonación de la deuda autonómica no es solo una cuestión económica, sino también política. A nadie se le escapa que esta iniciativa es consecuencia de los acuerdos que mantiene el gobierno actual con sus socios separatistas catalanes y que la Ministra Montero anunció esta medida a los pocos días de proclamarse secretaria general del PSOE andaluz y candidata in pectore a la presidencia de la Junta de Andalucía. Además, esta situación ya está generando tensiones entre dirigentes autonómicos que han llevado a cabo una gestión fiscal más rigurosa y aquellos que han tirado de deuda para cubrir incluso el gasto corriente de sus administraciones. Esta situación podría exacerbar las divisiones territoriales y dificultar aún más la búsqueda de consensos en torno a la financiación autonómica. Además, la condonación de la deuda podría ser percibida como un trato preferencial hacia ciertas regiones, lo que alimentaría el descontento y la desconfianza hacia las instituciones.

Las agencias de calificación de deuda y la propia AIREF ya han advertido de que, aunque esta quita interna no tiene impacto en las ratios de deuda soberana, es decir, se sigue debiendo lo mismo de cara al interior y al exterior, lo cierto es que envía un mensaje muy negativo porque desincentiva la prudencia fiscal y puede provocar que los mercados internacionales presten más caro en lo sucesivo a las autonomías españolas y al propio Estado. La paradoja sería que las comunidades más disciplinadas fiscalmente y que se pueden financiar en los mercados privados se verían, de rebote, afectadas por esta medida, en tanto que podrían subir el coste al que se financian.

En lugar de optar por soluciones temporales, que tienden a enfrentar a los gobernantes autonómicos y a la propia opinión pública de estas regiones, y que parecen el producto de la necesidad de contentar a unos socios cuyas demandas parecen no tener fin, el gobierno bien haría en hacer una propuesta integral de reforma de la financiación autonómica que promueva la responsabilidad fiscal, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Y antes que eso quizá podría empezar por presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado… ¿o quizá los presupuestos dependan de esta condonación? En poco tiempo lo sabremos.