¿Un sándwich mixto o una ración de caviar?

Luis I. Gordillo. 30 diciembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

En un popular artículo titulado “La sociedad del sándwich mixto: por qué los mediocres dominan el mundo”, el agudo periodista Rodrigo Terrasa entrevistaba al filósofo canadiense Alain Deneault, autor del ‘best seller’ Mediocracia: cuando los mediocres toman el poder. En esta pieza, se habla de la metáfora del “sándwich mixto”, una comida sencilla, rápida, que no despierta recelos en casi nadie, pero en absoluto extraordinaria. Viene bien para salir del paso, llenar el estómago y dedicarte a otra cosa. El sándwich mixto representaría a la persona mediocre, aquella que acaba ocupando mayoritariamente los puestos de mando en las sociedades actuales. Este tipo de personas son las que, a medio y largo plazo, llevan a las instituciones, partidos y a las agrupaciones humanas al estancamiento, a la pérdida paulatina de influencia y a una lenta pero continua decadencia que las arrastraría hasta la irrelevancia… hasta que se produjera su desaparición o hasta que un verdadero líder volviera a tomar las riendas.

En contraposición al “sándwich mixto” tenemos el caviar. Un plato delicado, escaso, casi exótico y que representa el más valioso y caro de los alimentos de lujo. Tiene sus detractores, no todos lo elegirían para su mesa y siempre se le puede criticar algo, pero es comúnmente aceptado como algo extraordinario. En este juego de metáforas, el “sándwich mixto” representaría al falso líder, al mediocre y el caviar al verdadero líder.

En sus último libro titulado Liderazgo, Henry Kissinger realizaba un interesante análisis del concepto y elementos del liderazgo. El punto de partida consistía en que toda sociedad se encuentra siempre moviéndose entre su pasado y una visión de lo que ha de ser su futuro. La manera de realizar este tránsito es a través de un verdadero liderazgo que sea capaz de «ayudar a las personas a ir desde donde están a donde nunca han estado» y, a veces, a donde piensan que no pueden llegar. Los verdaderos líderes son aquellas personas que el destino coloca en esta intersección temporal y, la mayoría de las veces, sin quererlo ni desearlo, asumen la responsabilidad de contribuir a realizar este camino visualizando un futuro mejor, persuadiendo al prójimo de la necesidad de esforzarse y realizar sacrificios para lograr este fin y alcanzando poco a poco pequeños objetivos que despierten la confianza en su proyecto antes de llegar a la gran meta final.

Hoy en día, podemos distinguir tres componentes fundamentales en todo modelo de liderazgo: el que convence, el que seduce y el que compra la voluntad de las personas a través de regalos o prebendas. Mientras que el verdadero liderazgo combina la capacidad de convencer y seducir, el falso liderazgo, el líder mediocre, se limita a seducir superficialmente y a comprar apoyo, para permanecer en el poder, evitar afrontar las decisiones difíciles y seguir disfrutando de una posición más o menos cómoda.

Para liderar de manera efectiva a las sociedades y a las instituciones, es esencial combinar tres elementos fundamentales:

  1. Convicción y capacidad de convencer: Los líderes verdaderos tienen la capacidad de argumentar y persuadir con ideas que resisten el escrutinio crítico. No imponen; inspiran con razones y hechos.
  2. Seducción que inspire un proyecto común: La seducción, cuando se utiliza correctamente, genera entusiasmo y motiva a las personas a unirse en la construcción de un futuro compartido. Es una herramienta poderosa, pero debe complementarse con un propósito genuino.
  3. Rechazo a perpetuarse en el poder: Los líderes verdaderos no buscan perpetuarse, sino empoderar a otros y garantizar que el proyecto común sea sostenible incluso en su ausencia. Actúan con generosidad, paciencia y sacrificio.

Las personas que reúnen esas cualidades se salen de los moldes habituales. Las estructuras clásicas de poder tienden a silenciarlos, despreciarlos o antagonizarlos. Habitualmente, se les reconoce en privado su valor y su capacidad, pero se les aparta de la mesa diciendo que no es su lugar, que no van a gustar a la sociedad o que incluso son demasiado delicados para esta ocasión. Pero ahí es donde los ciudadanos debemos identificar a los verdaderos líderes, aquellos que son capaces de convencer, de seducir y de demostrar a los comensales de que en esta ocasión es mejor arriesgarse a probar al caviar que volver a cenar un sándwich mixto.

¿Tenemos mala educación en Euskadi?

Luis I. Gordillo. El Mundo. 24 diciembre 2024. Enlace al periódico aquí

Este pasado fin de semana, la prensa vasca se hacía eco de un hecho que ya era conocido pero que ha pasado inadvertido. Y es que el País Vasco ha dejado de participar en las principales evaluaciones de la OCDE que miden el rendimiento académico de los escolares y es muy reticente a publicar los resultados de sus propios análisis.

Una sociedad avanzada necesita de un sistema educativo eficaz, eficiente y dinámico que sea capaz de preparar a las nuevas generaciones para los retos del futuro y que les dote de los conocimientos y habilidades necesarias para ganarse la vida con honestidad y tener la oportunidad de realizar sus proyectos personales.

En la actualidad, los sistemas educativos europeos se enfrentan a retos muy importantes: la globalización, la digitalización y la rápida evolución de las demandas del mercado laboral. Un sistema educativo competitivo y moderno debe no solo adaptarse a estas realidades, sino también ser objeto de evaluación constante para garantizar su eficacia. En este contexto, resulta imprescindible diseñar políticas públicas que prioricen la calidad y el impacto de la educación, apoyándose en indicadores fiables y evaluaciones externas.

De acuerdo con el informe del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, existen diferencias notables en el gasto público por alumno en enseñanza no universitaria entre comunidades autónomas. Según los últimos datos disponibles, en 2021, el País Vasco destinó casi 11.000 euros por estudiante (10.984 euros), casi duplicando los 5.886 euros invertidos por la Comunidad de Madrid. Castilla y León y Asturias gastaron poco más de 8.000 euros al año por escolar (8.033 euros Castilla y León y 8.140 el Principado de Asturias).

Cualquiera podría pensar que cuanto más se gasta en una política pública, mejores serán sus resultados. Sin embargo, los últimos informes PISA, que evalúan el rendimiento académico de los estudiantes, cuentan una historia diferente. Castilla y León, Asturias y la Comunidad de Madrid destacan siempre en las competencias clave evaluadas, como la comprensión lectora, las matemáticas o las ciencias, superando ampliamente al País Vasco, una Comunidad que apenas alcanza la media nacional​​ y que está en los últimos puestos del último informe que analiza la creatividad de los escolares.

Estos datos ilustran un problema claro y persistente: el País Vasco, pese a destinar más recursos por alumno, no logra traducir esta inversión en mejores resultados educativos. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema educativo y la pertinencia de revisar el modelo de gestión. Parece lógico pedir a la administración que, si tenemos el sistema educativo mejor financiado, no tengamos el sistema con los peores resultados.

Un sistema educativo que carece de un control y seguimiento adecuados corre el riesgo de perpetuar ineficiencias y desigualdades. Por ello, es fundamental que las evaluaciones externas sean periódicas, públicas y que estén realizadas por organismos independientes. Además, los resultados deben ser explicados de forma transparente, no solo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino también como una herramienta para generar confianza y orientar políticas de mejora.

La publicación de estos informes no debe quedarse en una declaración de intenciones, sino que debe ir acompañada de acciones concretas. Por ejemplo, si los datos revelan una brecha significativa entre la inversión y los resultados, como ocurre en el País Vasco, el gobierno vasco debería proponer reformas estructurales. Estas pueden incluir la mejora de la formación docente, la actualización de los currículos educativos, la revisión del modelo de inmersión lingüística o una mayor integración de tecnologías en el aula. Negarse a participar en evaluaciones externas o a publicar los resultados de los análisis propios evitará un titular negativo un día, pero no solucionará el problema de fondo y generará más frustración a largo plazo entre la ciudadanía, el personal educativo y los propios estudiantes.

Los buenos resultados de Comunidades como Castilla y León, Madrid o Asturias demuestran que la eficiencia en el uso de recursos es tan importante como la cantidad de recursos destinados. En estas tres comunidades, en las que han gobernado partidos o coaliciones distintas, los resultados destacados del informe PISA reflejan un modelo educativo que ha sabido optimizar sus inversiones, priorizando aspectos como la formación del profesorado, la atención individualizada a los alumnos y una gestión efectiva de los centros educativos.

Por el contrario, el caso del País Vasco muestra que una alta inversión sin un enfoque estratégico no garantiza el éxito. Este ejemplo subraya la importancia de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y de someterlas a evaluaciones constantes. Solo así se puede garantizar que los recursos lleguen donde más se necesitan y que el sistema educativo cumpla su función como motor de progreso social y económico.

Las administraciones evalúan constantemente a los ciudadanos. La administración educativa evalúa sin parar a los profesores, al personal no docente y a las propias contratas que concurren para prestar servicios en los centros. A cambio, la Administración tiene que explicar adecuadamente cómo invierte el dinero público en el sistema educativo, qué problemas ha identificado y qué medidas piensa adoptar para corregirlos.

El Gobierno Vasco ha anunciado que en el nuevo año 2025 presentará un proyecto de ley de transparencia de Euskadi. Quizá sea una buena oportunidad para añadir transparencia a la evaluación y mejora del sistema educativo.

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Una versión reducida de este contenido se emitió en Onda Cero Euskadi. 23 diciembre 2024 (12:34). Audio disponible aquí

La verdad de las ‘fake news’

Luis I. Gordillo. 16 diciembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

¿Son las ‘fake news’ un problema para la democracia?

Decía Jonathan Swift, el autor de los Viajes de Gulliver, que «la mentira tiene alas y vuela; la verdad sigue cojeando tras ella».

En la era digital, las llamadas fake news o noticias falsas han encontrado un terreno fértil para multiplicarse a una velocidad sin precedentes. Las plataformas sociales y los medios digitales han permitido que cualquier usuario pueda convertirse en creador y distribuidor de contenido. Sin embargo, este acceso democratizado a la información también ha dado lugar a la proliferación de noticias falsas, un fenómeno que, según muchos, puede socavar los cimientos de las sociedades democráticas.

Una de las principales razones de este auge es la rapidez con la que se consume y comparte la información en la actualidad. Las redes sociales priorizan la inmediatez y las interacciones por encima de la veracidad, lo que favorece la viralización de contenidos emocionales, impactantes o polémicos, independientemente de su autenticidad. Además, las fake news suelen apelar a sesgos cognitivos, como el de la confirmación de lo que ya pensamos o sospechamos, lo que lleva a las personas a creer y compartir información que refuerza sus puntos de vista previos.

Otra razón es la dificultad de distinguir fuentes confiables en un océano de información. La desconfianza hacia los medios tradicionales y las instituciones ha abierto la puerta a fuentes alternativas, muchas veces sin credibilidad, que amplifican informaciones erróneas o deliberadamente manipuladas. A esto se suma la monetización de los clics, donde la creación de contenidos sensacionalistas, aunque falsos, puede ser económicamente rentable para quienes los producen.

En este contexto, una noticia no tiene que ser cierta, simplemente parecerlo para el grupo al que va dirigida. Las fake news pretenden aumentar la polarización, mantener la tensión y lograr así adhesiones más emocionales que racionales a determinadas causas y proyectos políticos. El sistema actual de libertades existentes en las democracias occidentales permite, por ejemplo, que potencias extranjeras puedan intentar influir en sus procesos electorales a través de ejércitos de activistas cibernéticos y de granjas de ‘bots’.

Frente a este problema, se ha intentado instaurar mecanismos nuevos de control como verificadores o fact-checkers que se convertirían así en guardianes de la verdad. De esta manera, parece que unos medios (los verificadores) se convierten en la práctica en órganos de control de otros medios. La Unión Europea y los Estados del viejo continente están reaccionando como era de esperar, proponiendo nuevas normas y regulaciones cuya efectividad real está aún por ver.

En realidad, las fake news no son una causa sino una consecuencia de la evolución que están sufriendo las democracias actuales y los foros públicos. Están desapareciendo los intermediarios informativos y aún estamos asumiendo la generalización de tecnologías disruptivas derivadas del uso generalizado de internet, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial.

En medio de la inseguridad que producen las nuevas tecnologías, las propuestas populistas ganan terreno fácilmente, aumenta la polarización política y se produce una intensa batalla por el relato. Los partidos y las instituciones tienen que adaptarse incentivando la responsabilidad ciudadana y haciendo desaparecer el mito de que el Estado va a solucionarles todos sus problemas. 

En última instancia, somos los ciudadanos quienes tenemos la responsabilidad de comportarnos con espíritu crítico. Contrastar informaciones antes de compartirlas, acudir a fuentes confiables o educar a las nuevas generaciones en las nuevas realidades mediáticas, son acciones que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de implementar. 

La lucha contra las fake news no es únicamente un problema de plataformas tecnológicas o gobiernos, sino que es una cuestión de responsabilidad compartida. 

La verdad, como advertía Jonathan Swift, puede ser más lenta que la mentira, pero con ciudadanos críticos y educados, puede recuperar su lugar en el centro del discurso público y contribuirá a proteger a la democracia contra manipulaciones interesadas.

Las fakes news no deben ser el problema de la democracia, sino que la democracia debe ser el problema de las fake news.

Notre Dame, templo de la política

Luis I. Gordillo. 9 diciembre 2024

Opinión. Ondacero Bilbao. Audio disponible aquí

¿Puede Notre Dame salvar la presidencia de Macron?

El polémico historiador francés Ernest Renan decía que “Los símbolos son el alma de las naciones; en ellos se condensa la memoria de los pueblos y la esencia de sus aspiraciones”. Quizá la máxima expresión de esta afirmación la podamos encontrar en la reapertura oficial de la Catedral de Notre Dame de Paris, un evento que ha reunido a lo más granado de la política y la sociedad mundial y donde lo importante no es tanto quién ha asistido sino quién no lo ha hecho. 

Notre Dame, más allá de un templo grandioso, constituye un símbolo de la historia política, cultural y espiritual de Europa. A lo largo de sus más de ocho siglos de existencia, esta icónica catedral ha sido testigo y protagonista de algunos de los momentos más significativos de la civilización occidental.

Desde su construcción en el siglo XII, simbolizó el poder y la influencia de la Iglesia católica en la Edad Media, así como la centralidad de París en el contexto europeo. Bajo el reinado de Felipe II, llamado “el Augusto”, la catedral comenzó a erigirse como un testimonio de la fe cristiana y de la ambición política de los Capetos, quienes buscaban consolidar el reino de Francia como el eje de la cristiandad. Con su inauguración, Notre Dame no solo reafirmó la importancia de París como centro religioso, sino también como un espacio para la legitimación del poder real.

Durante los siglos siguientes, la catedral fue escenario de eventos cruciales para Francia y Europa. En 1314, Jacques de Molay, el último Gran Maestre de los Caballeros Templarios, fue ejecutado en la île de la Cité, a las afueras de las obras de Notre Dame, marcando el fin de una de las órdenes más poderosas de la cristiandad medieval. Este episodio no solo simbolizó la lucha por el control entre la monarquía y la Iglesia, sino también la transición hacia una nueva configuración del poder en Europa.

En 1431, Enrique VI de Inglaterra fue coronado rey de Francia en su interior, en medio de la Guerra de los Cien Años, un conflicto que definiría el rumbo de ambas naciones. Siglos después, en 1804, Napoleón Bonaparte escogió Notre Dame para su autocoronación como emperador, un acto cargado de simbolismo que reafirmaba su rechazo al control papal y su voluntad de restaurar el esplendor imperial de Francia.

La catedral también fue testigo de episodios de profunda crisis y renovación. Durante la Revolución Francesa, Notre Dame fue despojada de su carácter sagrado y transformada en un Templo para el “culto a la Razón”, reflejando los cambios radicales en la relación entre el Estado y la Iglesia. Este evento avanzó la separación formal entre la Iglesia y el Estado en Francia, institucionalizada en 1905, que hoy convierte a Notre Dame en una propiedad estatal abierta al culto católico. 

Más allá de Francia, Notre Dame ha sido un espejo de la historia europea. Durante la Segunda Guerra Mundial, la catedral se mantuvo en pie como un testigo silencioso de la ocupación nazi y de la posterior liberación de París en 1944. En sus escalinatas, el general Charles de Gaulle encabezó un “Te Deum”, el himno cristiano de acción de gracias, que celebraba la victoria aliada, marcando un momento de reconciliación nacional y esperanza en un futuro de paz para Europa.

El incendio de abril de 2019, que devastó parte de la estructura, conmocionó al mundo y puso de relieve la importancia de los símbolos en la construcción de una identidad colectiva. Para los franceses, la destrucción parcial de Notre Dame representó mucho más que una pérdida material; fue un golpe a su historia compartida, una herida en el corazón de su cultura. La reacción internacional de solidaridad, así como los esfuerzos por reconstruirla, subrayan la relevancia de este monumento como patrimonio de la humanidad.

Por todo ello, el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo primer ministro acaba de ser censurado por una Asamblea Nacional tremendamente fragmentada, ha encontrado en la reapertura de Notre Dame una oportunidad única para relanzar su proyecto político, haciéndolo el proyecto común y compartido de un pueblo francés hastiado con su clase política. Con la restauración de la catedral, Macron quiere destacar la capacidad de Francia para superar la adversidad y reafirmar su lugar como referente cultural y político en Europa.

“Un símbolo no es simplemente un recuerdo del pasado; es también una guía para el futuro”, decía Paul Ricoeur. Notre Dame de Paris encarna esta idea, recordándonos cómo los símbolos pueden unir a las comunidades políticas en momentos de crisis y apelar al sentimiento de unidad bajo una historia común. Al igual que una catedral necesita de bases sólidas para sostenerse, las sociedades requieren de símbolos que inspiren adhesión y fortalezcan los valores comunes que las mantienen unidas. Los franceses parece que tienen claro cuál es su símbolo… Pero, en nuestro caso, ¿cuál es la ‘Notre Dame’ española?

La independencia del poder judicial

Luis I. Gordillo. 2 diciembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

«Una judicatura independiente es la salvaguarda última de las libertades civiles», afirmó Alexander Hamilton en El Federalista Nº 78, subrayando la importancia de un poder judicial capaz de actuar sin presiones externas. Sin embargo, para que el poder judicial cumpla su rol como garante del Estado de Derecho, no basta con la independencia; es necesario que el sistema judicial también sea imparcial y que aspire a la neutralidad. Estas tres características —independencia, imparcialidad y neutralidad— son pilares fundamentales que, de manera conjunta, determinan la calidad de la justicia en una democracia.

Pero, ¿qué son cada una de ellas?

La independencia se refiere a la autonomía del poder judicial frente a influencias externas, como presiones políticas, económicas o sociales. Un sistema judicial independiente asegura que los jueces puedan tomar decisiones basadas únicamente en el marco legal, sin responder a intereses particulares o directrices externas. Por su parte, la imparcialidad se vincula con la capacidad de los jueces para resolver los casos de manera justa, sin favoritismos ni prejuicios hacia las partes involucradas. A diferencia de la independencia, que es una condición estructural, la imparcialidad tiene un componente subjetivo y práctico: implica que los jueces se adhieran estrictamente a los hechos y a la ley, sin dejarse influir por sesgos personales o externos. Finalmente, la neutralidad se orienta hacia la aspiración de que el sistema judicial no privilegie ideologías, creencias o perspectivas políticas. Aunque los jueces, como seres humanos, no pueden ser absolutamente neutrales, un diseño institucional adecuado puede limitar la influencia de sesgos ideológicos y garantizar que las decisiones judiciales sean percibidas como legítimas por la sociedad.

El desafío central radica en garantizar que estos principios se materialicen tanto a nivel individual como en el diseño del sistema judicial en su conjunto, a través de mecanismos de selección, rendición de cuentas y autonomía financiera y administrativa.

La experiencia internacional ofrece ejemplos valiosos sobre cómo estructurar un poder judicial que combine independencia, imparcialidad y neutralidad.

Así, en Alemania, el Tribunal Constitucional Federal se caracteriza por un equilibrio estructural: sus jueces son seleccionados por el Parlamento mediante mayorías cualificadas, lo que evita el control absoluto por parte de un único partido político. Este modelo combina la independencia frente al poder ejecutivo con una diversidad ideológica que refuerza la neutralidad.

En Canadá ha implementado comités de asesoramiento judicial que incluyen representantes de la sociedad civil. Este enfoque no solo garantiza la independencia, sino que refuerza la imparcialidad al priorizar la evaluación de méritos objetivos en los procesos de selección.

Por su parte, en el Reino Unido, la independencia del poder judicial se refuerza mediante la separación entre el poder político y el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, que recae en una comisión independiente. Aunque los jueces no son completamente neutrales en sus interpretaciones, el sistema limita la percepción de influencias partidistas.

Frente a estos modelos, existen otros casos de sistemas judiciales que ilustran los riesgos de no salvaguardar estos principios. Así, en Hungría, el gobierno ha centralizado el control sobre los nombramientos judiciales, poniendo en entredicho tanto la independencia como la neutralidad del sistema judicial. Esto ha generado una percepción generalizada de parcialidad en favor del partido en el poder. En Polonia, la reforma del Consejo Nacional de la Judicatura ha otorgado al ejecutivo una influencia desproporcionada en el nombramiento de jueces, lo que ha erosionado su imparcialidad y ha comprometido su capacidad de actuar como contrapeso efectivo al poder político.

En síntesis, para que un sistema judicial cumpla con los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad, es esencial implementar las siguientes medidas:

En primer lugar, tiene que establecer procesos de selección transparentes y participativos, que evalúen no solo la competencia técnica, sino también la integridad ética y el compromiso con el servicio público de los jueces.

En segundo término, hay que dotarlo de autonomía financiera y administrativa para garantizar que el poder judicial no dependa del ejecutivo para su funcionamiento.

Además en tercer lugar, hay que disponer de un sistema de rendición de cuentas efectivo que permita revisar las decisiones judiciales sin menoscabar la independencia del juez, fomentando al mismo tiempo la confianza pública.

Por último, el sistema tiene que disponer de mecanismos que permitan el control de los sesgos que siempre pueden existir, ya sea mediante la formación continua como a través de la inclusión de la pluralidad de sesgos que existe en la propia sociedad. 

La independencia, la imparcialidad y la neutralidad no son conceptos intercambiables, pero son interdependientes en un sistema judicial sólido. La independencia garantiza que los jueces actúen sin coacciones externas; la imparcialidad asegura que sus decisiones se basen exclusivamente en los hechos y el derecho, y la neutralidad refuerza la percepción de justicia al limitar la influencia de ideologías y prejuicios.

Tal como afirmó Alexander Hamilton, una judicatura independiente es el último muro de defensa de la libertad. Complementar esta independencia con imparcialidad y neutralidad no solo fortalece ese muro, sino que lo convierte en un garante efectivo de la justicia en una democracia moderna. Preservarlo es nuestra responsabilidad colectiva.