Luis I. Gordillo. 13 enero 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
La vieja teoría del Estado establece que la finalidad de un gobierno consiste en garantizar el orden, la estabilidad y el bienestar de la sociedad. Todo gobierno debe ser capaz de articular las necesidades colectivas, garantizar la justicia y promover el progreso económico y social. Los gobernantes, en teoría, buscan gobernar porque quieren llevar a la práctica un proyecto de sociedad mejor que previamente han sometido al veredicto de las urnas.
En las modernas sociedades europeas, sin embargo, gobernar se ha convertido más bien en un proceso de gestión del gasto público. Es decir, gobernar es gastar. Y para poder gastar hace falta tener unos presupuestos. Los presupuestos son una previsión de los ingresos que una administración espera tener y la relación de gastos que pretende efectuar con arreglo a esa disponibilidad. Pero ¿qué sucede si un gobierno es incapaz de sacar adelante unos presupuestos? Esta pregunta merece dos tipos de respuesta, una jurídica y otra más bien político-institucional.
Desde un punto de vista jurídico, el artículo 134.4 de la Constitución establece que, si no se aprueban nuevos presupuestos antes del inicio del ejercicio económico, se entenderán prorrogados los del año anterior. Esto implica que el Estado sigue funcionando con los mismos recursos previstos en un contexto económico que puede haber cambiado drásticamente. Además, durante una prórroga, se limitan las posibilidades de acometer nuevas inversiones, ejecutar reformas estructurales o adaptar el gasto público a las necesidades del momento. Finalmente, las prórrogas generan incertidumbre para los actores económicos, es decir, empresas y ciudadanos dependen de las decisiones presupuestarias para planificar su actividad: desde contratos públicos hasta el impacto de nuevas medidas fiscales. Esta incertidumbre puede retrasar inversiones, ralentizar el crecimiento económico y, en última instancia, aumentar la desconfianza en las instituciones.
Por otra parte, desde un punto de vista político-institucional, la incapacidad de un gobierno para lograr el consenso necesario que permita la aprobación de unos presupuestos generales refleja una evidente falta de fortaleza política. Este hecho no solo pone en evidencia la fragilidad de sus alianzas parlamentarias, sino también la dificultad de ejecutar una hoja de ruta clara en políticas económicas y sociales. Un gobierno que no consigue aprobar sus presupuestos transmite una imagen de debilidad, inestabilidad y desorientación, cuestionando su capacidad de negociación tanto a nivel nacional como internacional.
En situaciones de alta fragmentación política no es extraño que en los sistemas parlamentarios se produzcan situaciones de prórroga de presupuestos para evitar que la administración colapse y que se pare el país. Pero la prórroga no deja de ser un remedio temporal y técnico para ganar algo de tiempo y que los agentes políticos, es decir, el gobierno, reaccione políticamente y adopte decisiones: recomponer una mayoría parlamentaria con partidos de la oposición o dimitir y convocar elecciones son las dos vías ordinarias para remediar esta situación de impasse. Lo que está sucediendo en Alemania, Austria o Canadá debería servir de ejemplo en España.
En España, sin embargo, la prórroga para 2025 de los presupuestos diseñados para 2023 ha sido asumida casi con total naturalidad por parte de la ciudadanía y de los actores políticos. En un contexto en el que se han relajado las normas fiscales europeas y los criterios de endeudamiento, existe una gran cantidad de fondos europeos pendientes de ejecución y la oposición no parece capaz de formar una mayoría alternativa de gobierno, la prórroga de presupuestos no parece estar entre las principales preocupaciones ni del gobierno ni de la ciudadanía.
Sin embargo, la ausencia de presupuestos hace que el gobierno tenga correr con una mano atada a la espalda, reduce su capacidad de actuación y le impide emprender las reformas necesarias para lograr una economía más dinámica y competitiva, que es absolutamente fundamental para garantizar la continuidad de nuestro Estado social. Y si un gobierno es incapaz de aprobar unos presupuestos y emprender una agenda de reformas, debe dejar paso a otro que sea capaz de hacerlo porque gobernar no es resistir, gobernar es, sobre todo, actuar.