Categoría: Opinión Onda Cero

Luis I. Gordillo. 7 abril 2025

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En el clásico de los hermanos Marx, Sopa de Ganso, el líder de un pequeño Estado que está aparentemente desequilibrado y que sólo es apoyado incondicionalmente por la principal fortuna del país, le hace un desaire al embajador del país vecino que, secretamente quería anexionárselo confiando en la estupidez de este excéntrico gobernante. El pequeño país de Freedonia (traducido al español como “Libertonia” y que en cierto modo era una caricatura de Nueva York) es arrastrado a una absurda guerra por el primer ministro Firefly, genialmente interpretado por el mayor de los hermanos Marx, y, contra todo pronóstico, acaba venciendo a su vecino aparentemente más inteligente y que se guiaba por las normas clásicas de las relaciones internacionales.

La gran pregunta que se hacen los principales analistas internacionales es si las actuaciones de Trump tienen alguna lógica, obedecen a alguna estrategia o simplemente son el producto de un excéntrico gobernante más próximo al mundo del espectáculo que a la política tradicional.

Pues bien, desde el recorte de gastos en la Administración, tarea que en gran medida ha delegado en su amigo y principal fortuna de país, Elon Musk, hasta el aviso a los europeos de que su defensa tendrán que pagarla ellos a partir de ahora o el establecimiento estos días de una serie de agresivos aranceles a casi todos los socios históricos de EE UU, todas estas actuaciones tienen realmente una relación entre sí y responden, más bien, a la forma que Trump tiene de enfrentar las negociaciones. No hay que olvidar que, ante todo, Trump es un duro negociador, curtido en el especulativo sector inmobiliario y que emplea todos los recursos a su alcance para lograr sus objetivos.

El gran problema de EE UU es su déficit comercial, es decir, la diferencia entre lo que compra al exterior y lo que vende al exterior. Pues bien, el déficit comercial de la primera potencia no hace más que marcar récords y ya supera la friolera de 1,2 millones de dólares. El país más rico del mundo le debe dinero a todo el mundo. Y esta situación solo es sostenible si EE UU es capaz de contener el aumento de este déficit, mantener el dólar como moneda de referencia mundial a un precio relativamente bajo y, además, ser líderes en innovación, para lo cual es necesario atraer talento exterior y facilitar el establecimiento de empresas en su territorio.

¿Qué está haciendo, pues, Trump? Aprovechar el impulso de su contundente victoria electoral para implementar medidas que sabe que serán cuestionadas por gran parte de la población, por sus socios y, sobre todo, por Wall Street. Se ha embarcado en una lucha en la que solo le sirve la victoria total si es capaz de encajar todas las piezas del complicado puzle que tiene ante sí. ¿Cómo lo está haciendo? Aquí es donde está el quid de la cuestión. En lugar de seguir las recomendaciones que los expertos en negociación han prescrito siempre, emplear la inteligencia emocional, encontrar el punto intermedio entre asertividad y empatía, buscar acuerdos que beneficien a todas las partes o evitar poner contra las cuerdas a la otra parte, está desarrollando una estrategia negociadora propia de lo que ha sido siempre, un especulador inmobiliario que tiene un fin muy concreto y está dispuesto a todo para conseguirlo.

Hay quien niega que exista una estrategia por parte del presidente estadounidense y que estas actuaciones son solo ejemplos de un carácter agresivo y de un ejercicio del poder errático y estrambótico, como el del primer ministro Firefly interpretado por Groucho Marx en el clásico del cine del absurdo. El tiempo lo dirá, pero lo que es cierto es que ya hay Estados que se están moviendo y pidiendo mesa en el exclusivo club Mar-a-Lago que Trump utiliza como sede oficiosa de su gobierno. Además, si la reducción de burocracia y de gasto público hace que se asienten nuevas empresas, EE UU podrá recuperar el impulso en innovación, lo que, a su vez, le permitirá impulsar su economía también interiormente y reducir el déficit comercial con otros países. Si además consigue que sus socios comerciales aumenten sus compras de armamento, habrá conseguido lo que otros presidentes antes que él, nunca llegaron a lograr del todo.

Está claro que Donald Trump no es Winston Churchill, pero tampoco parece ser el primer ministro que interpretó Groucho Marx. Entre uno y otro modelo, hay quien se empeña en defenderlo sin fisuras como un líder infalible y quien lo coloca, sin piedad, a la altura de un personaje de circo. Al ritmo que se mueve la política hoy en día, tardaremos poco en saberlo.   

Luis I. Gordillo. 31 marzo 2025

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Como ya hemos mencionado en alguna ocasión, en su último libro, titulado Liderazgo, el viejo profesor de Harvard, ex político y premio nobel de la Paz, Henry Kissinger realizaba poco antes de morir un interesante análisis del concepto y elementos del liderazgo. El punto de partida consiste en que toda sociedad se encuentra siempre moviéndose entre su pasado y una visión de lo que ha de ser su futuro. La manera de realizar este tránsito es a través de un liderazgo para «ayudar a las personas a ir desde donde están a donde nunca han estado y, a veces, a donde apenas imaginan que pueden llegar». Los verdaderos líderes son aquellas personas que el destino coloca en esta intersección temporal y, la mayoría de las veces, sin quererlo ni desearlo, asumen la responsabilidad de contribuir a realizar este camino visualizando un futuro mejor, persuadiendo al prójimo de la necesidad de esforzarse y realizar sacrificios para lograr este fin y alcanzando poco a poco pequeños objetivos que despierten la confianza en su proyecto antes de llegar a la gran meta final.

En realidad, lo anterior no es más que la adaptación de la vieja teoría del poder que la ciencia política viene estudiando desde siempre y que sintetiza en dos los componentes esenciales del poder que, para los propósitos de lo que hoy nos ocupa, podemos extender al liderazgo de éxito. Esos componentes son ilusión y eficacia. El líder ha de ser capaz de despertar la ilusión en su proyecto, que ha de ser compartido por la mayoría, y tiene que poder mostrar resultados, ser eficaz, en unos plazos relativos de tiempo. Todo líder permanece mientras sea capaz de mantener estos dos componentes en su justa medida. El cómo lograrlo depende, también, de la estrategia que adopte y del entorno de que se rodee.

Volvamos a la cuestión que aquí interesa, lo que podríamos denominar el ‘liderazgo político’. Los elementos fundamentales del liderazgo, no tanto del líder, sino del liderazgo que ha de ejercerse en las sociedades actuales podría sintetizarse de la siguiente manera.

En primer lugar, hay que tener claro dónde estamos, cuál es nuestro pasado y nuestra historia y a dónde queremos ir. El verdadero líder no es el que más brilla por sus circunstancias, características o cualidades personales, sino el que es capaz de visualizar cuál es el papel que ha de asumir en ese momento su visión del mundo en el progreso social, cómo puede su proyecto político contribuir a ello y qué pasos hay que dar para lograrlo.

En segundo lugar, el liderazgo político implica definir adecuadamente la estrategia que se ha de seguir conforme a las normas y principios éticos compartidos por la mayoría social. No se trata de una estrategia de mera dominación o condicionamiento de decisiones de los órganos y entidades sociales al margen de sus procesos democráticos e institucionales, sino que, particularmente, un verdadero liderazgo político ha de concretar qué papel han de tener y qué actividades han de desarrollar estas instituciones en el progreso y perfeccionamiento de la sociedad.

En tercer lugar, el liderazgo político implica sacrificio, paciencia y generosidad permanentes. Los verdaderos líderes políticos han de ser conscientes de que su actividad ha de estar presidida por decisiones y políticas públicas que sean razonadas y razonables, es decir, han de ser decisiones que resulten tras un cuidado proceso de deliberación pública y han de ser las decisiones compartidas por la mayoría social. Ser un verdadero líder consiste en ser un trabajador constante. Con frecuencia vemos a personas que ingresan en la política para ganarse la vida o porque puedan tener algún interés personal. Hay muchas personas a las que les gustan los cargos pero que son incapaces de asumir las cargas propias de la labor política. El verdadero liderazgo político consiste también en inspirar a los demás y mostrarles un camino que, aunque arduo, beneficia a la sociedad que nos rodea y mejora la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Frente a este liderazgo político que hemos descrito, que coincide con un poder de mando inspirador y transformador de la sociedad que busca el bien común, están los procesos de resistencia de personas que en el pasado pudieron ser considerados líderes por una mayoría social, pero que ya no inspiran confianza, no convencen y no son capaces de justificar sus decisiones ante una mayoría social. Son pseudo liderazgos en decadencia, que se mantienen simplemente por inercia, como un avión que planea ya sin combustible y que cuando aterrice será incapaz de volver a levantar el vuelo. ¿ Merece la pena resistir a toda costa con el único argumento de que hay que evitar que el otro gobierne ? La inercia de las circunstancias suele impedir ver la realidad en estas circunstancias, pero con el tiempo, todo el mundo coincidirá en el diagnóstico: no se trataba de un líder sino de alguien que simplemente se resistía a abandonar el poder.

Luis I. Gordillo. 24 marzo 2025

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El viernes pasado, coincidiendo con la entrada de la primavera, se dieron a conocer dos sentencias del Tribunal Supremo que anulan el traspaso al País Vasco de la competencia para homologar los títulos universitarios extranjeros, función con la que el Gobierno Vasco pretendía paliar, casi de un plumazo, el déficit de sanitarios de los que adolece la Comunidad Autónoma de Euskadi. Desde el mismo viernes, el gobierno autonómico y sus sectores afines vienen criticando lo que ellos denominan la “inaceptable intromisión” en el autogobierno o la osadía del Tribunal Supremo que “pretende socavar un acuerdo político bilateral”. También se manejan las quejas habituales de agresión a los derechos históricos o el supuesto activismo de unos jueces conservadores que irían contra la voluntad del pueblo expresada en las urnas, lo que es prácticamente lo mismo que defiende Trump pero cambiando “jueces demócratas” por “jueces conservadores”.

Vamos a repasar algunos de los componentes de este problema para comprobar que, a diferencia de lo que prediquen los “portavoces oficiales” y “oficiosos”, el problema es más profundo y más complejo de lo que parece.

En primer lugar, la falta de personal sanitario, particularmente de médicos especialistas en Euskadi se debe a una serie de circunstancias que se han ido agravando con el tiempo ante la pasividad, falta de oportunidad política o incompetencia de diferentes administraciones. Los médicos especialistas españoles finalizan con una excelente formación después de sus años de estudio universitario, los de residencia y los de especialización y, después de todo ese esfuerzo, difícilmente llegan a unos salarios que sean realmente competitivos, si los comparamos con sus homólogos de otros países de nuestro entorno. Esto es un problema de casi todas las autonomías españolas y hace que en España estemos formando médicos a través de un importante gasto público que luego acaban abandonando el país u optan por dedicarse íntegramente a la sanidad privada ante la falta de oportunidades atractivas en el sector público. Además, en algunas Comunidades, como la de Euskadi, para acceder a plazas permanentes en el sector público se exige acreditar un alto nivel de euskera, lo cual ya dificulta a los propios del lugar acceder a estas plazas y a los que vienen de otras Comunidades se les hace mucho más difícil, por no decir casi imposible. Si a esto añadimos el envejecimiento relativo de los sanitarios, que se están jubilando en bloque generacional y las dificultades técnicas, jurídicas y laborales que está demostrando tener el Gobierno Vasco para completar interminables OPEs para consolidar a los interinos, tenemos la tormenta perfecta. Se está intentando poner parches a toda prisa, como permitir contratar a ciudadanos extracomunitarios en el sector público (lo que se habilitó por primera vez en Euskadi a través de una ley) o reclamar la competencia en homologación de títulos universitarios habilitantes (como los sanitarios) para acelerar los procesos de contratación de interinos ante una hemorragia que no cesa.

Por otra parte, la ya bochornosa debilidad parlamentaria del actual gobierno central hace que sus socios políticos le planteen transferencias y peticiones que en otro contexto no habrían sido atendidas o que se habrían hecho por otros cauces, con otros tiempos y con otras garantías jurídicas. El caso típico sería el que nos ocupa, en el que se ha realizado mediante Decreto, es decir, a través de una norma reglamentaria, un traspaso competencial de una materia en la que, según la jurisprudencia actual del Tribunal Constitucional, el Estado central tendría la competencia exclusiva y excluyente. Si, aún así, se quiere forzar una transferencia, habría que canalizarlo a través de una ley específica, pero no mediante un reglamento que viene a reinterpretar la competencia estatutaria en Educación y cuya viabilidad jurídica era desde el principio más que cuestionable. Hasta aquí todo podría encajar en la típica disputa sobre autogobierno, competencias de uno y de otro, identidad nacional y demás. Sin embargo, el asunto es más sutil. ¿Quiénes han recurrido el Decreto de transferencia ante el Tribunal Supremo? Pues han sido los Colegios Profesionales, es decir, corporaciones de las que sería obligatorio formar parte, una vez que esté homologada la titulación, para ejercer la profesión. Los Colegios Profesionales, como cualquier otro gremio, tienen sus propios intereses y son muy celosos de cualquier alteración de estos procedimientos que puedan afectar al control y supervisión que ejercen sobre la profesión regulada en todas sus fases. Se trata, por tanto, de una cuestión corporativa, más que de una cuestión meramente partidista y de la que los que se han quedado “atónitos” (los socios del gobierno vasco) parece que quieren pasar de puntillas. Estos mismos socios son los que presumen de tener siempre buenas relaciones con estos sectores profesionales y los que muchas veces justifican medidas legislativas contrarias, por ejemplo, a la libre competencia diciendo que provienen de un acuerdo con el sector. Pues bien, ahora tienen una oportunidad de pedirles explicaciones al sector y de que los ciudadanos conozcamos qué es lo que se está realmente discutiendo entre bambalinas. De todas formas, conociendo al gobierno central y sus dinámicas actuales, es muy posible que en el próximo Decreto-ley, junto a aumentos de impuestos, concesión de subvenciones o devoluciones de palacios encontremos una disposición que vuelva a trasladar esta competencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco, todo ello sin verdadero debate público de por qué estamos en esta situación en materia sanitaria y sin que nadie asuma su responsabilidad.

Luis I. Gordillo. 17 marzo 2025

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Una de las pocas constantes en la evolución de las sociedades es lo poco que el ser humano suele alegrarse del éxito ajeno. En el mundo empresarial este comportamiento tiene una correlación muy interesante y es que cada vez que aparece una tecnología disruptiva, es decir, que implica tal avance que altera totalmente las reglas del juego, los competidores que ya estaban en el mercado comienzan a reproducir un comportamiento que se viene dando desde que hay datos de la historia de la humanidad.

No pensemos solo en los uber o en las viviendas turísticas, cuando aparecieron los trenes de vapor, los propietarios de compañías de transporte de carruajes, galeras y diligencias reprodujeron un comportamiento que nos puede resultar familiar. Primero difundieron supuestos problemas de la nueva tecnología que la harían irrealizable, luego alegaban que era peligrosa para la salud y seguridad de los viajeros, y finalmente intentaron que los gobiernos la limitaran enormemente, alegando, entre otras cosas, pérdida de empleo. Si uno repasa bien la reciente historia de las plataformas que han posibilitado la llamada economía colaborativa, como uber en el transporte o AirBnB en el alquiler de viviendas turísticas, se observan los mismos patrones de conducta por parte de las empresas y operadores que ya estaban en el mercado, los llamados incumbentes, es decir, los taxis en el primer caso y los hoteles en el segundo.

Las nuevas tecnologías y los nuevos tipos de negocio, sobre todo si están ampliamente descentralizados y escapan a la intervención interesada de las administraciones presionadas por aquellos que tienen un interés económico, son el cabeza de turco ideal para culparlos de los problemas tradicionales de la sociedad o de los que surgen como consecuencia de los cambios sociales y económicos y que las administraciones son incapaces de enfrentar. De esta manera, el informe realizado por la asociación de municipios vascos EUDEL, fechado en octubre de 2024 y cuyo resumen acabamos de conocer, reproduce los típicos clichés habituales en estos casos y añade algunos nuevos. Así, las viviendas turísticas serían responsables del tensionamiento del mercado de vivienda (en lugar de la falta de oferta), también del debilitamiento del pequeño comercio local “al no ser interesante para el turista” según el informe, y también serían las culpables de los problemas de tránsito en los cascos históricos o del fomento de situaciones laborales irregulares en el sector de limpieza y la hostelería que afectarían especialmente a las mujeres, siempre según el informe de EUDEL.

Además, en el caso de las viviendas turísticas, sus detractores suelen soliviantar a las comunidades de propietarios apelando a la falta de tranquilidad en la escalera (como si un vecino molesto u otro que ceda el uso a toda su familia por temporadas no pudieran causar molestias similares), a la posible realización de actividades sospechosas (como si los vecinos tuvieran el derecho de fiscalizar todo lo que hace el inquilino de enfrente de su casa) o, en fin, a la falta de seguridad en estas viviendas al no tener extintores o escaleras de incendios especificas (como si el resto de viviendas de la comunidad sí que las tuviera).

Lo cierto es que, según los datos del Banco de España, las viviendas en alquiler turístico representan aproximadamente el 10% del mercado inmobiliario de alquiler con lo que su impacto en el mercado de alquiler residencial es limitado y más bien habría otros factores, como la demanda general de vivienda y la falta de suelo urbanizable, que tendrían más peso en el aumento de los precios de la vivienda. Además, más del 60% de los pisos turísticos están en manos de particulares que no los mantienen ocupados con índices similares a los de los hoteles, sino que su demanda está más estacionada y concentrada en ciertas épocas. El propio banco de España calcula que menos del 10% de pisos turísticos está en manos de empresas, lo que sugiere que muchos ciudadanos encuentran en esta modalidad una vía de lograr una fuente adicional de ingresos, contribuyendo así a la economía local que también se puede ver impulsada de manera determinante con la llegada de turistas que busquen experiencias más auténticas y personalizadas. En este contexto, no solo el empleo local puede verse favorecido, sino que además las viviendas turísticas son una alterativa en lugares en los que es particularmente difícil encontrar oferta hotelera. Además, este tipo de viviendas puede incentivar la rehabilitación y mantenimiento de inmuebles singulares que de otro modo podrían quedar abandonados o deteriorarse. Por no hablar del impacto positivo en la recaudación de impuestos, ya que los propietarios pagarían una parte de sus ganancias en impuestos y los propios turistas contribuirían fundamentalmente al aumento de la recaudación del IVA.

En fin, es fundamental permitir que el mercado funcione con libertad, garantizando al mismo tiempo que las regulaciones sean justas y equilibradas, fomentando así un entorno donde tanto las viviendas turísticas como las de larga duración puedan coexistir, lo que, además, impulsará una oferta hotelera competitiva y de calidad. Estas son las normas de la libre competencia, que siempre gustan a todos menos a los que les afecta, porque nos obligan a mejorar y a ofrecer mejores productos a los consumidores… aunque siempre es más fácil echar la culpa de todo al que nos resulta más molesto.

Luis I. Gordillo. 10 marzo 2025

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Uno de los grandes retos políticos, económicos y sociales de nuestro tiempo lo constituye la gestión de los flujos humanos en un mundo cada vez más conectado.

Se trata de una cuestión compleja que tiene muchas aristas y en la que es fácil dejarse llevar por ideas preconcebidas o por una gran simplificación de las cuestiones, cayendo fácilmente en retóricas populistas o negacionistas.

Todas las sociedades admiten sin ninguna contestación real un cierto número de nuevos miembros, que se conviertan en nuevos ciudadanos de ese país, asumiendo su cultura, sus usos y sus costumbres. También toleran el establecimiento de pequeños grupos, que mantengan sus costumbres y usos propios, siempre y cuando no compitan con el grupo social autóctono, intervengan discretamente en la vida social y se mantengan al margen de los debates públicos buscando un reconocimiento específico. Los problemas surgen cuando, de una manera u otra, el grupo social dominante siente la competencia de los nuevos ciudadanos y teme que sus condiciones de vida puedan verse afectadas.

Además, existen problemas específicos que se dan particularmente en ciertos países que se han convertido en receptores netos de inmigrantes que buscan mejores condiciones de vida y que a menudo son engañados y utilizados por redes de tráfico de personas. Las personas que no alcanzan una rápida integración en sociedades ricas, donde la abundancia se percibe y se ve en la calle, son el objetivo ideal de otros grupos malintencionados o criminales que los pueden arrastrar directamente a dinámicas delincuenciales, alimentando así el discurso del inmigrante delincuente. En estos contextos, en los que las personas no han adquirido un alto nivel de integración social y económica, su punto de referencia sigue siendo su cultura natal a la que las segundas y terceras generaciones suelen idealizar, lo que puede provocar un choque cultural importante que, alimentado por la frustración personal, arrastre a ciertos grupos (sobre todo a los más jóvenes) a procesos de radicalización, como muestran todos los estudios serios sobre la materia.

¿Cómo proceder, entonces? La respuesta no es sencilla. Aquí, tan populista es una política de puertas abiertas sin control, como de puertas totalmente cerradas salvo excepción. Si un país no tiene capacidad de asimilar grandes flujos de inmigrantes y permitirles su adaptación e integración social y económica, mal haría en mantener una política de apertura total de fronteras. Primero porque crea así un efecto llamada alentado por las mafias que venden la tierra prometida a personas desesperadas. También porque hoy puede que no se ven los efectos, pero en unos años la sociedad sufrirá las consecuencias de no haber llevado a cabo una adecuada política de integración. Está también comprobado por los expertos, que los inmigrantes que llegan en familia tienen mayores incentivos para buscar una mayor y más rápida integración. Además, una política de beneficios sociales importante para personas inmigrantes que no esté vinculada a incentivos que favorezcan su integración laboral, que es la base de la integración social, está demostrado que fracasará en el medio y largo plazo.

¿Qué medidas en concreto se pueden adoptar ante este gran reto?

En primer lugar, es necesario establecer una solidaridad entre países miembros de la Unión Europea para acoger a personas que huyen de guerras, persecución o de la pobreza extrema. También sería bueno trasladar esta solidaridad al ámbito interno, es decir, en el caso de España hay regiones, como las Islas Canarias, que están totalmente desbordadas en la atención a inmigrantes, la mayoría de las veces indocumentados que llegan de manera ilegal a sus costas.

Es necesario invertir en integración. Pero no solamente en forma de prestaciones sociales más o menos indefinidas, sino a través de un a política de incentivos que favorezca lo antes posible su integración laboral, social y cultural.

Además, hay que invertir en los países de origen, para que tengan posibilidad de desarrollarse económicamente y, en su caso, como hace la UE, a vincular inversiones y ayudas al desarrollo a políticas democratizadoras y aperturistas en esos países. También hay que mantener un diálogo fluido con los Estados de origen de las comunidades más numerosas para analizar las causas de esta inmigración masiva y, en su caso, establecer cupos con otros países europeos o programas de inversiones específicos.

Finalmente, hay que promover un discurso basado en hechos, llamando a las cosas por su nombre, pero sin caer en discursos populistas de criminalización de la inmigración o de odio al diferente.

La gestión de los flujos migratorios es el gran reto del siglo XXI, ¿estamos preparados para ello? y, sobre todo, ¿están preparados los líderes a los que votamos para ello?

Luis I. Gordillo. 3 marzo 2025

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El anuncio de la ministra María Jesús Montero de la condonación de más de 83.000 millones de deuda que tienen las Comunidades de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra) ha generado un intenso debate en España. Hay quien interpreta la medida como un alivio financiero, pero lo cierto es que esta decisión conlleva una serie de riesgos significativos para las finanzas públicas y para la estabilidad económica del país. Entre los principales peligros destacan el llamado “riesgo moral”, la eliminación de la responsabilidad de los dirigentes autonómicos, la politización del asunto y la ausencia de una solución estructural al problema de la financiación autonómica. 

El riesgo moral se refiere a la posibilidad de que los agentes económicos (en este caso, los gobiernos autonómicos) relajen su comportamiento al saber que no tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. Si el gobierno central perdona la deuda acumulada por las administraciones autonómicas, se envía un mensaje claro: no importa cuánto se gaste o cómo se gestionen los recursos, ya que siempre es posible que el Gobierno central asuma la deuda y ponga el contador a cero hasta la próxima vez. Este precedente es extremadamente peligroso, ya que desincentiva la disciplina fiscal, la gestión responsable de los recursos públicos y las reformas estructurales.

Otro aspecto preocupante de la condonación de la deuda es que exime de responsabilidad a los dirigentes autonómicos que, en muchos casos, han contribuido a la acumulación de deuda mediante una gestión poco rigurosa de los recursos públicos. La condonación no solo premia la mala gestión, sino que también socava la rendición de cuentas, un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. Por cierto, que durante el tiempo que la ahora ministra María Jesús Montero fue Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía (entre 2013 y 2018), esta comunidad aumentó su deuda con el Estado en 16.000 millones, que es prácticamente la quita que este plan prevé. 

La condonación de la deuda autonómica no es solo una cuestión económica, sino también política. A nadie se le escapa que esta iniciativa es consecuencia de los acuerdos que mantiene el gobierno actual con sus socios separatistas catalanes y que la Ministra Montero anunció esta medida a los pocos días de proclamarse secretaria general del PSOE andaluz y candidata in pectore a la presidencia de la Junta de Andalucía. Además, esta situación ya está generando tensiones entre dirigentes autonómicos que han llevado a cabo una gestión fiscal más rigurosa y aquellos que han tirado de deuda para cubrir incluso el gasto corriente de sus administraciones. Esta situación podría exacerbar las divisiones territoriales y dificultar aún más la búsqueda de consensos en torno a la financiación autonómica. Además, la condonación de la deuda podría ser percibida como un trato preferencial hacia ciertas regiones, lo que alimentaría el descontento y la desconfianza hacia las instituciones.

Las agencias de calificación de deuda y la propia AIREF ya han advertido de que, aunque esta quita interna no tiene impacto en las ratios de deuda soberana, es decir, se sigue debiendo lo mismo de cara al interior y al exterior, lo cierto es que envía un mensaje muy negativo porque desincentiva la prudencia fiscal y puede provocar que los mercados internacionales presten más caro en lo sucesivo a las autonomías españolas y al propio Estado. La paradoja sería que las comunidades más disciplinadas fiscalmente y que se pueden financiar en los mercados privados se verían, de rebote, afectadas por esta medida, en tanto que podrían subir el coste al que se financian.

En lugar de optar por soluciones temporales, que tienden a enfrentar a los gobernantes autonómicos y a la propia opinión pública de estas regiones, y que parecen el producto de la necesidad de contentar a unos socios cuyas demandas parecen no tener fin, el gobierno bien haría en hacer una propuesta integral de reforma de la financiación autonómica que promueva la responsabilidad fiscal, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Y antes que eso quizá podría empezar por presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado… ¿o quizá los presupuestos dependan de esta condonación? En poco tiempo lo sabremos.

Luis I. Gordillo. 24 febrero 2025

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Últimamente, cada vez que se produce una cita electoral importante, y ayer tuvieron lugar unas decisivas elecciones en Alemania, algunos comentaristas intentan explicar por qué ha votado mal el pueblo: y suelen responsabilizar de ello a intoxicaciones informativas, manipulaciones y bulos difundidos por entidades y personajes con intereses ocultos. El debate es interesante y tiene muchas aristas. En todo caso, la realidad es que por las redes circulan noticias que no son ciertas y parece interesante plantearse cómo evitar que éstas se propaguen o, al menos, cómo identificarlas.

El problema no es sencillo. En primer lugar, habría que reflexionar sobre si las redes sociales son realmente un medio adecuado para informarse. También habría que tener en cuenta que en situaciones de creciente polarización los ciudadanos buscamos los noticias y comentarios que nos reafirman en nuestras propias convicciones y se tiende a rechazar o a sospechar de noticias y reflexiones que proceden de medios y comentaristas “no afines”.

Pero, en todo caso, ¿existe alguna manera de atajar el problema de la dispersión y viralización de las “fakes news” en las redes (aspecto éste que algunos señalan como el gran reto de las democracias modernas)?

Frente a este problema, se ha intentado instaurar mecanismos nuevos de control como verificadores o ‘fact-checkers’ que se convertirían así en los guardianes de la verdad. De esta manera, parece que unos medios (los verificadores) se transforman en la práctica en órganos de control de otros medios. Y existiría el riesgo de que estos verificadores también pudieran tener sus sesgos o intereses que los llevarían a censurar ciertas informaciones y avalar otras.

Los expertos nos ofrecen tres posibilidades para establecer mecanismos de verificación:

En primer lugar, los modelos de verificación que funcionarían a través de dictámenes de expertos que analizarán las cuestiones y establecerán una decisión fundada. El inconveniente que tienen estos sistemas es que exigen una gran dedicación por parte de auténticos especialistas y el alto coste de recursos limita su capacidad de reacción en un tiempo relativamente corto. Además, los organismos destinados a financiar esta actividad podrían, a su vez, tener ciertos intereses.

En segundo lugar, los llamados sistemas colaborativos se dedicarían a aprovecharse del conocimiento compartido de la multitud, permitiendo que se hagan anotaciones por particulares que otros votarían como “útiles” y las más votadas permitirían al usuario formarse una idea. Es el caso de Fiskkit o, últimamente, de la red X.

En tercer lugar, los llamados sistemas computacionales que pretenden establecer una escala o clasificación en función de las quejas que reciben ciertas noticias potencialmente falsas. El problema radica en identificar correctamente quejas o solicitudes de comprobación razonables y, especialmente, discriminar la veracidad de las quejas.

Ninguno de estos sistemas es perfecto y tienden a reproducir los sesgos que pueda existir en fuentes previas y, al final, los propios moderadores adquieren un papel especialmente relevante, como sucedía en Twitter antes del cambio de política operado por su nuevo propietario, Elon Musk.

No existe un modelo perfecto y la respuesta al problema no es sencilla. La viralización de ciertas noticias depende también de un aspecto sentimental, el rechazo o la alegría que ciertos contenidos nos producen y la impaciencia con la que deseamos “ganar” un supuesto debate virtual a otro usuario que piensa distinto.

Probablemente la solución a este problema pasaría por un cambio de actitud en nosotros mismos, deberíamos ser más críticos con la información que recibimos, ponernos en el lugar del que piensa distinto y ser más tolerantes con opiniones ajenas, sin abandonar nuestras propias convicciones. Apostar por una discusión basada en argumentos en lugar de un rifirrafe alimentado por nuestros sentimientos. Pero, ¿tenemos tiempo para eso? ¿nos apetece hacerlo? La historia ha demostrado que la defensa de la democracia no se puede subcontratar, depende en última instancia de nosotros mismos.

Luis I. Gordillo. 17 febrero 2025

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La intervención del Estado en la economía y en la actividad empresarial es siempre un tema recurrente donde toda opinión suele estar trufada de una determinada concepción de lo que debe ser la sociedad y de la propia ideología política.

Los gobiernos intervienen concediendo subvenciones, aumentando o disminuyendo los impuestos de las empresas, promoviendo contratos públicos, regulando un sector determinado e, incluso, entrando en el capital de las compañías. Todas estas cuestiones están previstas y reguladas por el Derecho nacional y, en nuestro caso, por el de la Unión Europea y el derivado de los convenios internacionales en los que participa España, como el de la OMC. Cualquier compra de acciones de una empresa por parte de un gobierno es siempre fiscalizada por las autoridades nacionales y europeas, especialmente si está destinada a tomar el control de su consejo de administración. El control de las principales empresas por parte de un gobierno es algo que suele justificarse en que se trata de empresas estratégicas o de un especial interés nacional, y que, de alguna manera, el hecho de que el gobierno controle una determinada empresa es bueno para la ciudadanía y para el consumidor final. Pero, ¿qué es estratégico y qué es interés nacional?

Miremos el último episodio de esta historia. En el reciente caso de la empresa ferroviaria Talgo hemos presenciado una sucesión de hechos y un desenlace más propio de una operación política que de una operación económica, con los gobiernos nacional y autonómico vasco implicados hasta tal punto que han sido ellos los que han promovido, facilitado e incluso financiado la operación.

España no es un país de grandes empresas y sus grandes empresarios suelen estar más bien en el exterior. Hay muchas razones que explican las dificultades de las empresas para crecer, desde la burocracia, hasta la gestión de los conflictos sociales pasando por la estructura impositiva que establece la autoridad fiscal. El caso es que en España no hay mucho más de 35 grandes empresas y, la gran mayoría de ellas, salvo honrosas excepciones que se encuentran más bien en el ámbito del textil, provienen de antiguos monopolios estatales o empresas que fundamentalmente contratan con las administraciones públicas y en mercados altamente regulados.

A los gobiernos españoles (incluyendo por supuesto los autonómicos) les gusta mantener un cierto control sobre los principales agentes económicos, que son también los principales empleadores, importantes contribuyentes y los que definen precios de bienes y servicios que afectan a la inflación. Las excusas que todo gobierno suele dar a la hora de entrar en el capital de una empresa suelen ser las mismas: queremos hacer un campeón nacional, hay que mantener el arraigo o es prioritario mantener aquí el centro de decisiones de tal o cual empresa. Son argumentos que recuerdan mucho un discurso meramente político y con altos tintes nacionalistas e identitarios: así los acaban presentando los responsables políticos a sus respectivas parroquias y sus argumentos suelen ser asumidos sin mucha más crítica por parte de la prensa económica local.

¿Qué implica el “arraigo”? Alguien puede pensar que el tener una sede social en un lugar determinado aumentará significativamente la recaudación fiscal. Esto hay que matizarlo mucho. Hay beneficios empresariales que sí, pero la tributación de las empresas se reparte en los lugares en los que realiza sus actividades económicas. Hay empresas que pueden mantener una sede social en un lugar determinado, cuando su personal, sus ventas y casi toda su actividad están repartidos por el mundo. Por cierto, en nuestro país pocos se plantean competir en impuestos más bajos para atraer a nuevas empresas. En todo caso, el efecto en la recaudación por este “arraigo” que muchas veces se limita a la sede social no es tan grande como a veces nos quieren presentar.

¿Qué implica “mantener el aquí centro de decisiones”? Esto es algo todavía más difícil de explicar desde un punto de vista empresarial. Hoy día la mayoría de las reuniones empresariales se realizan por videoconferencia, las medianas y grandes empresas están cada vez más internacionalizadas y su clientela repartida por más países. Los consejos de administración de las grandes compañías tienen tendencia a parecerse cada vez más a una conferencia internacional y sus intereses son transnacionales.

¿Qué son los “campeones nacionales”? La respuesta rápida es que se trata de los antiguos monopolios de energía y telefonía, principalmente. Operan amparados en unas regulaciones que suelen beneficiar a los operadores más grandes y que ya estaban en el mercado. Pero las empresas son globales, como lo es su clientela, su capital y sus trabajadores. Buscarán siempre las mejores oportunidades y si participan en alguna operación orquestada por un gobierno es porque esperan obtener alguna ventaja en el negocio sobre sus competidores, ya sea con subvenciones, contratación pública o en materia regulatoria. Y la mayoría de las veces, estas ventajas las acabamos pagando los de siempre.

Luis I. Gordillo. 10 febrero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

En el prólogo de su famoso libro Rebelión en la granja, el escritor británico George Orwell afirmó que «si la libertad significa algo será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír». 

En los últimos años, la llamada «cultura de la cancelación» ha ganado fuerza como un mecanismo de presión social que busca censurar, excluir o castigar en la esfera pública a quienes emiten opiniones consideradas ofensivas o políticamente incorrectas. Este fenómeno, aunque a menudo se presenta como una herramienta para promover la justicia social, ha despertado preocupación por su similitud con formas históricas de persecución ideológica, por su tendencia a establecer dobles raseros o porque no queda claro quién establece la diferencia entre lo ofensivo o la crítica amparada en la libertad de expresión.

La cultura de la cancelación se basa en la premisa de que ciertas opiniones o acciones son tan reprochables que quienes las expresan tienen que ser excluidos de la esfera pública y, en consecuencia, silenciados. Esto incluye desde figuras públicas hasta ciudadanos comunes, que son censurados por supuestos líderes representativos de la voluntad general del momento y que acaban siendo señalados y perseguidos en las redes sociales, los foros públicos y en su propio trabajo.

El fenómeno, sin embargo, no es nuevo. El poder dominante siempre ha tratado de silenciar al que disiente o al que se aparta de los valores y de la concepción de la sociedad de esa clase dominante. Hemos tenido guerras de religiones, guerras civiles y regímenes autoritarios en el que la clase dominante comienza censurando las opiniones ofensivas y acaba silenciando toda opinión incómoda, como tantas y tantas veces ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. En la actualidad hay mecanismos más o menos sutiles para silenciar al disidente, al incómodo o al maleducado: excluirlo de debates y tertulias, censurar el trabajo de una actriz por sus opiniones políticas, establecer un “cordón sanitario” a un partido político o exigir a una empresa que expulse a un trabajador porque sus opiniones radicales afectarían a la imagen pública de esa empresa.

No siempre es fácil diferenciar entre una opinión radical, un insulto y un llamado “discurso de odio” en el que, como dice el código penal, se fomente, promueva o incite públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o un grupo perteneciente a un sector tradicionalmente discriminado. Tampoco es fácil explicar por qué ciertos sectores no ven inconveniente en que periodistas y humoristas satiricen figuras sagradas de la religión católica pero sí censuran que se pueda representar una viñeta de la figura clave de la religión musulmana.

En todo caso, en una sociedad tan interconectada y con espacios públicos tan extendidos e intensos, la mejor forma de combatir al que está equivocado, al maleducado o al que insulta no parece ser la expulsión directa del espacio sin más explicaciones. Al contrario, este tipo de actuaciones hará que el cancelado despierte simpatías en otros sectores y la discusión ya no será sobre su opinión, sino sobre el hecho de si un grupo dominante o mayoritario puede expulsarlo sin más del debate. El supuesto agresor se convertiría en víctima, las posiciones se polarizarían más y todo el debate se centraría en una cuestión: “conmigo o contra mí”. 

Hay un principio que las sociedades democráticas no deben olvidar nunca: la libertad de expresión no existe para proteger solo las ideas populares o aceptadas, sino también aquellas que resultan incómodas, controvertidas o incluso erróneas. La cultura de la cancelación, a medio y largo plazo, hace que las opiniones impopulares o radicales ganen simpatía por el mero hecho de ser incómodas para el discurso oficial.

La clave no está “mutear” (como dirían los miembros de la generación Zeta), sino en responder siempre con argumentos. Si una idea es errónea, lo que corresponde es refutarla, no cancelarla. Si una expresión resulta insultante, hay que desmontarla para dejar constancia de que su única razón de ser consiste en expresar la agresividad de su autor. 

La libertad de expresión no existe solo para proteger discursos con los que estamos de acuerdo, sino especialmente aquellos que nos incomodan. Permitir que la cultura de la cancelación se imponga como norma es retroceder hacia un modelo de pensamiento único que recuerda peligrosamente a los totalitarismos que en el pasado intentaron sofocar la disidencia. Y, como dijo Noam Chomsky, «si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto».

Luis I. Gordillo. 3 febrero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

Decía Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de EEUU, que ninguna nación se ha arruinado jamás a causa del comercio. El actual presidente de EE UU, sin embargo, parece tener una opinión distinta y estos días ha anunciado el establecimiento de aranceles a productos provenientes de China, México y Canadá. No es la primera vez que Trump establece aranceles a China, ya lo hizo en su anterior presidencia dando lugar a la llamada “Guerra comercial” con el gigante asiático al que acusa de manera recurrente de prácticas desleales o directamente de robo de propiedad intelectual a empresas americanas. El caso de México y, sobre todo Canadá es más novedoso, y el inquilino de la Casa Blanca acusa a los gobiernos de estos dos países de no controlar los flujos migratorios ilegales hacia Estados Unidos o directamente de ser insolidarios, mientras mantiene un particular enfrentamiento político y mediático con los dirigentes de ambos países.

En este contexto, merece la pena analizar algunos conceptos y recordar la experiencia de la última guerra comercial EE UU – China, que comenzó de manera similar en 2018. Pero, ¿qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos que los gobiernos imponen sobre los bienes importados con el fin de encarecer su precio y, teóricamente, proteger la producción nacional. Es lo que los pequeños productores siempre piden a sus gobiernos cuando les cuesta competir con bienes importados. Aunque esta medida puede parecer beneficiosa en el corto plazo, en realidad genera una serie de efectos adversos que afectan tanto a la economía como a las relaciones internacionales.

Uno de los principales problemas de los aranceles es su impacto negativo en el desarrollo económico. Al elevar el coste de los productos importados, los consumidores deben pagar precios más altos por bienes que podrían adquirir más baratos en un auténtico mercado abierto. Además, los aranceles desincentivan la innovación y la eficiencia dentro de la industria nacional, ya que las empresas nacionales pueden volverse menos competitivas al estar protegidas artificialmente de la competencia exterior. Esto es algo que ha sucedido siempre en España. Según el Banco Mundial y otros centros de investigación económicos, el comercio global disminuyó en torno a un 9% en 2019 como resultado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que demuestra el impacto perjudicial de las barreras comerciales. Por otra parte, la última Guerra comercial entre estos dos gigantes tampoco supuso un aumento significativo de la producción ni de la compra de productos nacionales en sus respectivos países.

Además, desde una perspectiva diplomática, los aranceles suelen generar tensiones entre los Estados. Cuando un país impone aranceles, las naciones afectadas tienden a responder con medidas similares, lo que da lugar a represalias comerciales. Este tipo de disputas no solo afectan a las relaciones políticas, sino que también perjudican a los sectores empresariales de ambos países, reduciendo la inversión extranjera y la creación de empleo.

En lugar de recurrir a aranceles, los gobiernos pueden fomentar el consumo de productos nacionales mediante incentivos fiscales, subsidios a la innovación, programas de capacitación para aumentar la competitividad de las empresas locales y, últimamente, eliminando trámites burocráticos y administrativos que no aporten realmente nada en el proceso de desarrollo, producción y venta de productos, como defiende uno de los principales asesores del presidente estadounidense, Elon Musk.

La teoría económica, los datos y la experiencia reciente demuestran la ineficacia de los aranceles para fomentar la economía nacional y su efecto negativo en el desarrollo económico global y en las relaciones internacionales. Quizá convendría a todos recordar aquí lo que repetía el economista Von Mises: “el libre comercio es el requisito previo para cualquier acuerdo amistoso entre las naciones”. Esperemos que los gobiernos implicados encuentren un acuerdo amistoso porque en las guerras comerciales nadie tiene toda la razón y todos tienen un poquito de razón.