Luis I. Gordillo. 23 septiembre 2024
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 4:09)
Se le suele atribuir a Jefferson el dilema según el cual «si tuviera que elegir entre un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Gobierno, no dudaría en preferir lo segundo», es decir periódicos sin Gobierno. Lo que uno de los presidentes más influyentes de la democracia americana quería decir es que entre la libertad de expresión que representan los periódicos y el control que representa el Estado sobre los medios de comunicación, prefiere sin duda la libertad.
Todo sistema democrático precisa de una prensa libre que realice su tarea con libertad de actuación y de criterio, sin sometimiento a ningún tipo de presión o coacción gubernamental ni de otro grupo.
Dejando al margen el asunto de los medios de comunicación de titularidad pública, el mantenimiento de una prensa libre suscita muchas cuestiones. ¿Cómo se garantiza la independencia de los medios? ¿Han de ser imparciales? ¿Qué diferencia hay entre opinión e información? ¿Cuáles son los límites de la información veraz? ¿Son más un negocio o un servicio público? ¿Cómo se financian? ¿Existen intereses económicos o políticos detrás de determinadas líneas editoriales?
El pasado martes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el denominado Plan de Acción por la Democracia.
Como suele suceder en con este tipo de anuncios, lo más interesante de este plan no es lo que dice, sino lo que anuncia que hará en el futuro, básicamente la Estrategia Nacional de lucha contra campañas de desinformación, que veremos en qué queda.
En realidad, este Plan, copia literalmente el título del mismo plan que ya aprobó la Comisión Europea en 2020 y que ha impulsado la aprobación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que ya está vigente y es plenamente vinculante para todos.
La aprobación de este Plan por parte del Gobierno español, cuatro años después del que aprobó la Comisión europea y cuando ya están en vigor casi todas las medidas que proponía el ejecutivo de Von der Leyen, solo puede explicarse en el contexto de la política nacional y de la cruzada personal del presidente contra lo que denomina los pseudomedios y la desinformación.
Es difícil armonizar todos los objetivos e intereses que rodean cualquier intento de regular la libertad de los medios de comunicación y la garantía de una información veraz, pero lo cierto es que en puridad ya contamos con mecanismos suficientes para luchar contra las noticias falsas, para ejercer el derecho de rectificación, para garantizar la protección de los periodistas frente a demandas o actuaciones que afecten a su independencia o para mantener el secreto profesional.
Pero es cierto que se pueden hacer dos cosas: mejorar la trasparencia y la rendición de cuentas. Mejorar la transparencia no implica asignar nuevas obligaciones a los medios, cuya dirección y titularidad es conocida ya gracias a la legislación mercantil, sino que quienes deben aumentar la transparencia son los gobiernos que han de hacer públicos los criterios que condicionan la asignación de dinero público a medios de comunicación por parte de las administraciones. Para mejorar la rendición de cuentas no hay que inventar nada, ya existe el poder judicial. El gobierno podría aumentar los medios personales y materiales a disposición de los jueces para acelerar los procesos y garantizar la tutela judicial efectiva de informantes e informados. Las dos cosas dependen del Gobierno que podría incluir estas medidas en los próximos presupuestos. Presupuestos cuya aprobación se ve cada vez más difícil.
Pero entre un Gobierno sin presupuestos o presupuestos sin gobierno, parece que en este caso el presidente ha optado por lo primero.