Luis I. Gordillo. 28 octubre 2024
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 8:51)
En un conocido pasaje del Quijote, el bienintencionado caballero le daba un importante consejo a Sancho, inminente gobernador de la ínsula Barataria:
«No hagas muchas pragmáticas [Sancho], y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen»
Efectivamente, al igual que apuntó Cervantes hace más 500 años, las principales instituciones internacionales que analizan la situación de nuestro país, concluyen que España tiene un problema de inflación normativa, es decir, existe un gran número de leyes que están vigentes, lo cual dificulta su conocimiento y su cumplimiento, poniendo en entredicho la seguridad jurídica, algo que es esencial para que un país funcione, atraiga inversiones y se produzca un crecimiento económico que genere bienestar para todos.
Hoy día, en España, existe tal cantidad de leyes que la ciudadanía, las empresas y las propias administraciones tienen cada vez más dificultades para conocer cuál es el Derecho vigente. Y esto se debe fundamentalmente a dos factores: la gran cantidad y la gran variedad de normas existentes.
En cuanto a lo primero, ¿cuántas normas cree Vd. que hay vigentes en España? Es difícil saberlo con exactitud, pero se calcula que en torno a 100.000. A lo mejor piensa Vd. que eso no es tanto, al fin y al cabo, somos un Estado descentralizado, con 17 parlamentos autonómicos, uno nacional, además hay que incluir muchas normas europeas… ¿Cuántas hay vigentes en Alemania? Pues 10.000. Alemania, que es un Estado federal, que tiene más parlamentos que España y las mismas obligaciones europeas, resulta que funciona con un 90% menos de leyes que España.
En segundo lugar, ¿qué tipo de leyes se aprueban? Lo cierto es que los parlamentos no sólo aprueban leyes que contengan derechos y obligaciones, es decir “Derecho” en sentido estricto, sino que últimamente las cámaras aprueban leyes que incluyen propuestas de futuro, indicaciones para los gobiernos, reconocimientos de ciertos colectivos, o meras recopilaciones de normas que ya existían y que figuran a su vez en otras leyes que también se mantienen.
Las leyes, además, suelen llevar detrás un reglamento que la desarrolla, aunque a veces no haga más que hacer un ejercicio de copia/pega, con lo que se aumenta el número de normas existentes. El Tribunal Constitucional llegó a anular una ley porque era tal el maremágnum de normas y leyes entrecruzadas, que ni él mismo la entendía.
Las autoridades europeas han destacado en muchas ocasiones que es importante también ser eficientes y los organismos internacionales que proponen medidas de modernización de los Estados y sus economías han afeado siempre el maremagnum normativo existente en España y la tendencia de sus autoridades a estar cambiándolas continuamente, dificulta que el ciudadano medio entienda qué leyes están vigentes, complica la actividad de las empresas, ahuyenta las inversiones y lastra el crecimiento.
Parece que existe una presión por aprobar leyes. Todo gobierno que comienza su andadura, aprueba algún tipo de plan o programa legislativo donde se compromete a aprobar un cierto número de leyes. Muchos medios de comunicación, igualmente, parece que miden el trabajo parlamentario en función del número de leyes que se aprueban, cuando a lo mejor lo necesario sería derogar muchas de ellas que solo suponen un aumento de burocracia y papeleo que no aporta ningún valor añadido, salvo inconvenientes adicionales a ciudadanos y empresarios.
¿Pero qué podemos hacer? Sobre todo, es necesario un cambio de actitud por parte de nuestros dirigentes y legisladores. Tenemos tendencia a creernos que la mera aprobación de una ley solucionará los problemas existentes, cuando la mayoría de las veces depende de nosotros mismos o de circunstancias ajenas al Derecho. Y es que, a veces, el mejor servicio que puede prestar un parlamento a la sociedad no es aprobar más leyes, sino derogar las que sean inservibles y simplificar así la vida de los ciudadanos, de las empresas y de las propias instituciones.