Luis I. Gordillo. 19 mayo 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La frase, popularizada por el tío Ben en las historias de Spiderman, cobra una nueva relevancia cuando se aplica a quienes tienen en sus manos el control del discurso público: los gobiernos, las plataformas digitales y, no lo olvidemos, nosotros mismos. En un contexto marcado por tensiones ideológicas, polarización creciente y una cultura de la cancelación que opera tanto desde la izquierda como desde la derecha, la libertad de expresión vuelve a estar en entredicho. Esta vez, paradójicamente, por quienes dicen protegerla.
El prestigioso semanario The Economist ha puesto el dedo en la llaga en un editorial del 15 de mayo de 2025. En él, denuncia cómo los gobiernos del viejo continente, en su afán por controlar los llamados “discursos extremistas” u “ofensivos”, están socavando los fundamentos del pluralismo democrático. La deriva restrictiva no es uniforme, pero sí alarmante. Pocos analistas se sorprenden de la situación en Hungría, donde el control sobre la prensa ha sido denunciado desde distintos sectores. Pero las prácticas restrictivas se han extendido en otros países que consideramos pocos sospechosos de tener déficits democráticos y así nos lo recuerda esta publicación de referencia. Alemania, por ejemplo, mantiene una ley que prohíbe insultar a los políticos. Un exvicecanciller ha utilizado esta norma para presentar cientos de denuncias contra ciudadanos que lo llamaron, entre otras cosas, “idiota”. En Francia, el Estado ha multado con 100.000 euros a un canal conservador por emitir una opinión provida según la cual el aborto es la principal causa de muerte en el mundo. En el Reino Unido, la situación roza el absurdo. La policía detiene a unas 30 personas al día por publicaciones en redes sociales consideradas “groseramente ofensivas”. Entre los casos documentados, uno de los más ilustrativos es el de un matrimonio que criticó a la escuela de su hija y terminó siendo interrogado. Otro ciudadano fue arrestado por quejarse de la inmigración en Facebook. Como acaba señalando The Economist, en el caso británico estas prácticas no derivan de una decisión política centralizada, sino de una policía que ha descubierto que hacer de moderador de opiniones ciudadanas revisando publicaciones on-line es mucho más fácil que perseguir delitos reales.
El pretexto para controlar la libertad de expresión suele ser la lucha contra el “discurso de odio”. Pero este concepto, difuso y poco concreto donde los haya, termina sirviendo como coartada para criminalizar cualquier expresión que hiera sensibilidades o desafíe consensos ideológicos. Europa se está convirtiendo en un lugar en el que cada vez hay más temas tabú y menos espacio para la disidencia argumentada. Paradójicamente, este tipo de censura institucional alimenta justo aquello que pretende combatir: la radicalización de los discursos populistas y la popularidad de opciones políticas extremas. Si expresar una opinión disonante conlleva el riesgo de ser multado, interrogado o incluso detenido, se refuerza la sensación de que las élites no toleran el pensamiento independiente y la percepción de que la gente no puede realmente decir lo que quiera acaba por extenderse como una mancha de aceite.
En este contexto, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla. Plataformas como X (antes Twitter) han abandonado el modelo clásico de moderación centralizada para implantar sistemas donde los propios usuarios controlan, denuncian o amplifican los contenidos. Facebook, por su parte, ha ido desmontando poco a poco su red de moderadores profesionales, que también había sido muy criticado, dejando a los algoritmos –y a las reacciones colectivas– el papel de jurados populares. El resultado es parecido al que había con la moderación centralizada: arbitrariedades, aumento de la polarización y lo que es peor, el fin de la confrontación dialéctica usando razones, datos y argumentos. El problema se agrava cuando se imponen leyes de “seguridad en línea” que obligan a las plataformas a retirar cualquier contenido que pueda ser ilegal… o simplemente polémico. Ante la amenaza de sanciones, muchas optan por eliminar publicaciones cuestionables, aunque legítimas, lo que genera aún más frustración entre los usuarios y refuerza las narrativas conspirativas sobre unas élites que quieren imponer una ley mordaza.
La libertad de expresión no es absoluta, pero debe ser amplia. Debemos poder criticar al poder, expresar ideas incómodas y debatir en igualdad de condiciones. Eso no significa tolerar amenazas, acoso o incitación a la violencia. Pero sí implica aceptar que vivir en democracia es exponerse al desacuerdo y a veces incluso a reacciones que pueden resultarnos ofensivas. La alternativa es un ecosistema represivo donde las opiniones se uniformizan, el debate se empobrece y la ciudadanía se radicaliza en silencio. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en este caso, mantener un espacio público abierto al disidente es responsabilidad de todos: ciudadanos, medios, plataformas privadas y gobiernos. Es nuestra responsabilidad animar al disidente a argumentar y tomarnos el tiempo de refutar. La democracia no se defiende sola pero sí puede morir de soledad.