Luis I. Gordillo. 5 mayo 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
El ya histórico apagón de la semana pasada dejó sin luz a millones de hogares y abrió, de golpe, un necesario debate sobre la fragilidad de nuestro sistema eléctrico. En plena transición energética, y con una red cada vez más descentralizada y compleja, la cuestión de fondo no es solo por qué ocurrió, sino si nuestro sistema está realmente preparado para responder con eficacia a desequilibrios bruscos. Y si no lo está, quién debe asumir la responsabilidad.
El sistema eléctrico español se basa en un principio técnico exigente: la generación debe igualar en todo momento a la demanda. No hay grandes almacenes de electricidad; cada vatio producido debe consumirse de inmediato. Esto se logra mediante un mix energético diverso, donde las renovables —especialmente la solar y la eólica— tienen un papel creciente. En 2024, más del 56 % de la electricidad generada en España fue renovable.
Cuando hay un desajuste —por ejemplo, un súbito aumento de producción solar o una pérdida importante de viento— el sistema debe reaccionar en segundos para compensar el desequilibrio y, además, manteniendo lo que se llama la inercia del sistema eléctrico. Es decir, no solo se trata de que circule energía por las redes de distribución, sino que nuestro tendido necesita que lo haga con una determinada tensión, por así decirlo. Esta inercia o tensión es la que aportan también fuentes estables y controlables, sobre todo la energía nuclear, las centrales de ciclo combinado (gas natural) o la hidroeléctrica. Son las llamadas tecnologías de respaldo, capaces de aumentar o reducir su producción con cierta rapidez, si están preparadas para ello. Pero estas fuentes no pueden funcionar adecuadamente si no están bien integradas en la planificación energética, particularmente si sucede como pasó en el momento del apagón, en el que la mitad de la potencia nuclear española estaba parada sobre todo como consecuencia de la gran carga impositiva que sufren las nucleares y que ha aumentado un 71% desde 2019. Las de gas o ciclo combinado también se han visto afectadas porque la prioridad que se da a la solar y a la eólica en el despacho de energía, hace que las de gas operen con menos frecuencia, aumentando sus costes y cuestionando su viabilidad económica.
Y ahí es donde aparecen los límites del modelo actual. España ha apostado fuerte por las renovables, pero castiga mucho a la nuclear, dificulta el funcionamiento de las de ciclo combinado y no ha desarrollado en paralelo una infraestructura de respaldo y almacenamiento suficiente. En 2021 se anunció que se alcanzaría una capacidad de almacenamiento de 8,3 GW, pero hoy apenas se dispone de 3,5 GW efectivos, casi todos hidroeléctricos y construidos hace décadas. Países como Alemania, en cambio, han superado los 17 GWh en baterías, diversificando sus herramientas de flexibilidad. Esta carencia limita nuestra capacidad de respuesta cuando el sistema se ve forzado. Además, sin incentivos claros ni marco normativo estable, resulta difícil que se desarrollen nuevos proyectos de respaldo, como almacenamiento térmico o hidrógeno.
Conviene recordar también que el sector eléctrico español está fuertemente regulado. La CNMC supervisa los precios, los peajes y las condiciones del mercado. Pero el Estado no es un mero árbitro externo, sino que el Gobierno a través de la SEPI, posee un 20 % del capital de Redeia, lo que le permite controlar sus decisiones en tanto que, salvo un par de participaciones significativas de un fondo americano y de Amancio Ortega, que no llegan al 10% entre ambas, hay un capital flotante superior al 70 %, lo que refuerza aún más el peso relativo del Estado en las decisiones clave. En este contexto, el Gobierno no puede eludir su responsabilidad cuando se producen fallos estructurales en el sistema. No se trata de intervenir más el mercado, sino de asumir que el diseño del sistema eléctrico no es neutral ni espontáneo: responde a decisiones técnicas, jurídicas y estratégicas.
El apagón no fue una mera anécdota. Ha dejado al descubierto que no basta con sumar potencia renovable al sistema, sino que hace falta ordenar, planificar y coordinar esa integración con criterios técnicos y realistas. La transición energética no puede basarse solo en entusiasmo político o compromiso climático: necesita respaldo firme, almacenamiento suficiente, estabilidad normativa y reglas claras para todos los actores.
No es un problema sencillo de resolver, pero desde luego no se soluciona apuntando a culpables antes de conocer exactamente qué ha sucedido o eludiendo la responsabilidad política a toda costa. Ahora vendrán las demandas de las empresas afectadas, luego las quejas al regulador por parte de las eléctricas que apenas tienen margen de maniobra y, en medio, probablemente alguna comisión de investigación que el gobierno pretenderá eludir. El apagón ha sido un serio aviso, pero ¿se darán por aludidos nuestros responsables?