Luis I. Gordillo. 24 marzo 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
El viernes pasado, coincidiendo con la entrada de la primavera, se dieron a conocer dos sentencias del Tribunal Supremo que anulan el traspaso al País Vasco de la competencia para homologar los títulos universitarios extranjeros, función con la que el Gobierno Vasco pretendía paliar, casi de un plumazo, el déficit de sanitarios de los que adolece la Comunidad Autónoma de Euskadi. Desde el mismo viernes, el gobierno autonómico y sus sectores afines vienen criticando lo que ellos denominan la “inaceptable intromisión” en el autogobierno o la osadía del Tribunal Supremo que “pretende socavar un acuerdo político bilateral”. También se manejan las quejas habituales de agresión a los derechos históricos o el supuesto activismo de unos jueces conservadores que irían contra la voluntad del pueblo expresada en las urnas, lo que es prácticamente lo mismo que defiende Trump pero cambiando “jueces demócratas” por “jueces conservadores”.
Vamos a repasar algunos de los componentes de este problema para comprobar que, a diferencia de lo que prediquen los “portavoces oficiales” y “oficiosos”, el problema es más profundo y más complejo de lo que parece.
En primer lugar, la falta de personal sanitario, particularmente de médicos especialistas en Euskadi se debe a una serie de circunstancias que se han ido agravando con el tiempo ante la pasividad, falta de oportunidad política o incompetencia de diferentes administraciones. Los médicos especialistas españoles finalizan con una excelente formación después de sus años de estudio universitario, los de residencia y los de especialización y, después de todo ese esfuerzo, difícilmente llegan a unos salarios que sean realmente competitivos, si los comparamos con sus homólogos de otros países de nuestro entorno. Esto es un problema de casi todas las autonomías españolas y hace que en España estemos formando médicos a través de un importante gasto público que luego acaban abandonando el país u optan por dedicarse íntegramente a la sanidad privada ante la falta de oportunidades atractivas en el sector público. Además, en algunas Comunidades, como la de Euskadi, para acceder a plazas permanentes en el sector público se exige acreditar un alto nivel de euskera, lo cual ya dificulta a los propios del lugar acceder a estas plazas y a los que vienen de otras Comunidades se les hace mucho más difícil, por no decir casi imposible. Si a esto añadimos el envejecimiento relativo de los sanitarios, que se están jubilando en bloque generacional y las dificultades técnicas, jurídicas y laborales que está demostrando tener el Gobierno Vasco para completar interminables OPEs para consolidar a los interinos, tenemos la tormenta perfecta. Se está intentando poner parches a toda prisa, como permitir contratar a ciudadanos extracomunitarios en el sector público (lo que se habilitó por primera vez en Euskadi a través de una ley) o reclamar la competencia en homologación de títulos universitarios habilitantes (como los sanitarios) para acelerar los procesos de contratación de interinos ante una hemorragia que no cesa.
Por otra parte, la ya bochornosa debilidad parlamentaria del actual gobierno central hace que sus socios políticos le planteen transferencias y peticiones que en otro contexto no habrían sido atendidas o que se habrían hecho por otros cauces, con otros tiempos y con otras garantías jurídicas. El caso típico sería el que nos ocupa, en el que se ha realizado mediante Decreto, es decir, a través de una norma reglamentaria, un traspaso competencial de una materia en la que, según la jurisprudencia actual del Tribunal Constitucional, el Estado central tendría la competencia exclusiva y excluyente. Si, aún así, se quiere forzar una transferencia, habría que canalizarlo a través de una ley específica, pero no mediante un reglamento que viene a reinterpretar la competencia estatutaria en Educación y cuya viabilidad jurídica era desde el principio más que cuestionable. Hasta aquí todo podría encajar en la típica disputa sobre autogobierno, competencias de uno y de otro, identidad nacional y demás. Sin embargo, el asunto es más sutil. ¿Quiénes han recurrido el Decreto de transferencia ante el Tribunal Supremo? Pues han sido los Colegios Profesionales, es decir, corporaciones de las que sería obligatorio formar parte, una vez que esté homologada la titulación, para ejercer la profesión. Los Colegios Profesionales, como cualquier otro gremio, tienen sus propios intereses y son muy celosos de cualquier alteración de estos procedimientos que puedan afectar al control y supervisión que ejercen sobre la profesión regulada en todas sus fases. Se trata, por tanto, de una cuestión corporativa, más que de una cuestión meramente partidista y de la que los que se han quedado “atónitos” (los socios del gobierno vasco) parece que quieren pasar de puntillas. Estos mismos socios son los que presumen de tener siempre buenas relaciones con estos sectores profesionales y los que muchas veces justifican medidas legislativas contrarias, por ejemplo, a la libre competencia diciendo que provienen de un acuerdo con el sector. Pues bien, ahora tienen una oportunidad de pedirles explicaciones al sector y de que los ciudadanos conozcamos qué es lo que se está realmente discutiendo entre bambalinas. De todas formas, conociendo al gobierno central y sus dinámicas actuales, es muy posible que en el próximo Decreto-ley, junto a aumentos de impuestos, concesión de subvenciones o devoluciones de palacios encontremos una disposición que vuelva a trasladar esta competencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco, todo ello sin verdadero debate público de por qué estamos en esta situación en materia sanitaria y sin que nadie asuma su responsabilidad.