Luis I. Gordillo. 10 febrero 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
En el prólogo de su famoso libro Rebelión en la granja, el escritor británico George Orwell afirmó que «si la libertad significa algo será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír».
En los últimos años, la llamada «cultura de la cancelación» ha ganado fuerza como un mecanismo de presión social que busca censurar, excluir o castigar en la esfera pública a quienes emiten opiniones consideradas ofensivas o políticamente incorrectas. Este fenómeno, aunque a menudo se presenta como una herramienta para promover la justicia social, ha despertado preocupación por su similitud con formas históricas de persecución ideológica, por su tendencia a establecer dobles raseros o porque no queda claro quién establece la diferencia entre lo ofensivo o la crítica amparada en la libertad de expresión.
La cultura de la cancelación se basa en la premisa de que ciertas opiniones o acciones son tan reprochables que quienes las expresan tienen que ser excluidos de la esfera pública y, en consecuencia, silenciados. Esto incluye desde figuras públicas hasta ciudadanos comunes, que son censurados por supuestos líderes representativos de la voluntad general del momento y que acaban siendo señalados y perseguidos en las redes sociales, los foros públicos y en su propio trabajo.
El fenómeno, sin embargo, no es nuevo. El poder dominante siempre ha tratado de silenciar al que disiente o al que se aparta de los valores y de la concepción de la sociedad de esa clase dominante. Hemos tenido guerras de religiones, guerras civiles y regímenes autoritarios en el que la clase dominante comienza censurando las opiniones ofensivas y acaba silenciando toda opinión incómoda, como tantas y tantas veces ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. En la actualidad hay mecanismos más o menos sutiles para silenciar al disidente, al incómodo o al maleducado: excluirlo de debates y tertulias, censurar el trabajo de una actriz por sus opiniones políticas, establecer un “cordón sanitario” a un partido político o exigir a una empresa que expulse a un trabajador porque sus opiniones radicales afectarían a la imagen pública de esa empresa.
No siempre es fácil diferenciar entre una opinión radical, un insulto y un llamado “discurso de odio” en el que, como dice el código penal, se fomente, promueva o incite públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o un grupo perteneciente a un sector tradicionalmente discriminado. Tampoco es fácil explicar por qué ciertos sectores no ven inconveniente en que periodistas y humoristas satiricen figuras sagradas de la religión católica pero sí censuran que se pueda representar una viñeta de la figura clave de la religión musulmana.
En todo caso, en una sociedad tan interconectada y con espacios públicos tan extendidos e intensos, la mejor forma de combatir al que está equivocado, al maleducado o al que insulta no parece ser la expulsión directa del espacio sin más explicaciones. Al contrario, este tipo de actuaciones hará que el cancelado despierte simpatías en otros sectores y la discusión ya no será sobre su opinión, sino sobre el hecho de si un grupo dominante o mayoritario puede expulsarlo sin más del debate. El supuesto agresor se convertiría en víctima, las posiciones se polarizarían más y todo el debate se centraría en una cuestión: “conmigo o contra mí”.
Hay un principio que las sociedades democráticas no deben olvidar nunca: la libertad de expresión no existe para proteger solo las ideas populares o aceptadas, sino también aquellas que resultan incómodas, controvertidas o incluso erróneas. La cultura de la cancelación, a medio y largo plazo, hace que las opiniones impopulares o radicales ganen simpatía por el mero hecho de ser incómodas para el discurso oficial.
La clave no está “mutear” (como dirían los miembros de la generación Zeta), sino en responder siempre con argumentos. Si una idea es errónea, lo que corresponde es refutarla, no cancelarla. Si una expresión resulta insultante, hay que desmontarla para dejar constancia de que su única razón de ser consiste en expresar la agresividad de su autor.
La libertad de expresión no existe solo para proteger discursos con los que estamos de acuerdo, sino especialmente aquellos que nos incomodan. Permitir que la cultura de la cancelación se imponga como norma es retroceder hacia un modelo de pensamiento único que recuerda peligrosamente a los totalitarismos que en el pasado intentaron sofocar la disidencia. Y, como dijo Noam Chomsky, «si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto».