Luis I. Gordillo. 27 enero 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
Hay un viejo dicho parlamentario que dice que nadie debería saber cómo se hacen realmente las leyes y las salchichas, de lo contrario se perdería la confianza en las instituciones y el apetito.
¿En qué consisten los decretos-leyes en España?
Una de las disposiciones de la Constitución más empleada por este gobierno es, sin duda, el artículo 86, que regula el decreto-ley. Según la Carta Magna un decreto-ley es una norma que puede aprobar el gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad y que persigue, precisamente, resolver de manera expeditiva una cuestión que no puede esperar a que transcurra el debate parlamentario. El decreto-ley no puede regular determinadas cuestiones relativas a los derechos de los ciudadanos, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
El Decreto-ley entra en vigor desde el momento en que es publicado en el BOE y sus disposiciones producen efectos desde ese mismo instante, aunque, para que tenga carácter indefinido ha de ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. El Decreto-ley se convalida o se deroga en bloque, no cabe convalidar una parte y rechazar otra.
Resulta difícil explicar en las aulas de Derecho constitucional que el decreto-ley, destinado a cubrir una situación extraordinaria y urgente, es el instrumento adecuado para aprobar una norma de 140 páginas que mezcla medidas generales de tipo económico y tributario, cuestiones de financiación territorial, subvenciones al transporte o medidas en materia de seguridad social y empleo, incluyendo una subida de pensiones, medidas de apoyo directo a colectivos vulnerables o la devolución de un inmueble en París a un partido político.
¿Por qué ha recurrido el Gobierno al decreto-ley para aprobar estas cuestiones de una vez obviando una tramitación parlamentaria en la que se pudieran discutir con calma algunas medidas e incluso introducir enmiendas? Eso habría que preguntárselo al propio gobierno, pero la respuesta obvia es “porque no tiene presupuestos”. No se han aprobado los presupuestos para este año y el gobierno parece, además, que renuncia a presentar un proyecto. Al carecer de presupuestos, se ve obligado a presentar medidas de su programa político a través de normas con rango de ley y opta por aprobar decretos-leyes llamados “ómnibus”, “batiburrillo” o a los que también se les podría llamar “decretos-salchicha”, porque están hechos con muchos fragmentos de carne muy picada; tanto, que a veces es imposible saber qué nos estamos comiendo.
De esta manera, el gobierno mezcla medidas sociales como el aumento de las pensiones con otras que tienen que ver con concesiones a sus socios o la eliminación de otras medidas de contención del precio de la luz o de los alimentos. Igualmente, como el decreto-ley solo se puede aprobar o rechazar en bloque, el gobierno se apresurará a intentar ganar el “relato” diciendo que tal o cual partido es contrario a mejorar las pensiones o abaratar el bono de transporte por haber votado en contra de la convalidación. Mientras que los partidos que no apoyan al gobierno se quejarán de que el gobierno les quería colar medidas absolutamente inasumibles para ellos.
El abuso del decreto-ley está relacionado con una situación de debilidad parlamentaria por parte del Gobierno: sustrae a la opinión pública de un debate serio y sosegado sobre cuestiones de gran calado y termina convirtiendo las votaciones en concursos de popularidad y luchas por el relato.
En situaciones así, ¿merece la pena gobernar? O, mejor dicho, ¿se está realmente gobernando o solo se está resistiendo?
Quizá sea cierto que nadie debería saber cómo se hacen realmente las leyes y las salchichas porque, ahora que sabemos cómo se hacen los decretos-salchicha, lo cierto es que pierde uno el apetito.