Luis I. Gordillo. 23 junio 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
La contratación pública es, sin lugar a dudas, uno de los motores silenciosos de la economía española. Cada año, cerca del 20% del Producto Interior Bruto —alrededor de 200.000 millones de euros— se canaliza a través de contratos públicos de todo tipo: desde infraestructuras hasta servicios sociales, pasando por suministros, tecnología o mantenimiento urbano. Este volumen de negocio indica que la contratación pública no solo satisface necesidades básicas de la ciudadanía, sino que moviliza sectores enteros, dinamiza empleo y, bien gestionada, puede ser palanca de modernización y cohesión territorial.
Sin embargo, ese mismo peso económico convierte a la contratación pública en particularmente vulnerable al fraude y a la corrupción. Cada licitación es una oportunidad para que confluyan la buena gestión y la ética, pero también para que afloren prácticas fraudulentas, comisiones indebidas y acuerdos de pasillo que sangran las arcas públicas y minan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. España, a pesar de los avances normativos y de una creciente conciencia social, sigue arrastrando casos sonados que evidencian lo vulnerable que sigue siendo este pilar esencial de nuestra economía.
Cuando la corrupción salta a los titulares, la respuesta política suele ser siempre parecida: se habla de casos aislados y se invoca a los tribunales de cuentas. Se exige que auditen, que revisen expedientes, que destapen la madeja de facturas infladas o adjudicaciones a dedo. Se confía, casi con fe ciega, en su labor fiscalizadora para restaurar la fe pública. Y, en justicia, hay que reconocer su importancia: los tribunales de cuentas, tanto el nacional como los autonómicos, desempeñan un papel valioso en la verificación de la ejecución presupuestaria y en la rendición de cuentas ex post.
Pero conviene no engañarse: el fraude más dañino en la contratación pública se gesta mucho antes de que un tribunal de cuentas tenga capacidad de actuación. Todo fraude se fragua en los pliegos que se diseñan a medida, en los criterios de valoración ambiguos, en la manipulación de la libre competencia o, directamente, en la exclusión de competidores incómodos. Si la corrupción es una enfermedad, el tribunal de cuentas es un médico que certifica la defunción; pero no un médico que pueda corregir prácticas poco sanas ni tampoco un cirujano que pueda extirpar el tumor a tiempo.
Por eso, si de verdad queremos prevenir —y no solo lamentar— el fraude en la contratación pública, necesitamos instrumentos específicos: regulaciones claras y detalladas que sancionen con contundencia las irregularidades; una protección real y eficaz para los informantes (los llamados “whistleblowers”), esos empleados públicos o contratistas honestos que se juegan la carrera y la reputación cuando deciden denunciar; y, sobre todo, autoridades administrativas de control que ejerzan vigilancia desde el primer minuto: antes, durante y después del procedimiento de contratación.
España no parte de cero, pero queda mucho por hacer. Existen, dispersas por el territorio, algunas oficinas independientes de lucha contra el fraude, ninguna, por cierto en Euskadi. Las Oficinas Antifraude de Cataluña y Valencia son ejemplos de organismos creados para detectar y prevenir irregularidades con cierto éxito. A nivel nacional, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha emitido recomendaciones y ha promovido buenas prácticas, pero su impacto real es limitado por la falta de medios coercitivos y la escasa cultura de cumplimiento. En el ámbito europeo, la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) destapó el año pasado casos de fraude al presupuesto de la UE de más de 840 millones de euros.
La conclusión es clara: para blindar la contratación pública frente al fraude no basta con auditorías tardías ni con declaraciones grandilocuentes. Hace falta una legislación precisa, dotar de recursos y autonomía a los organismos de control, fomentar la cultura de la denuncia y, sobre todo, aplicar una sanción política y social implacable: ningún gestor o responsable público debe escapar de la reprobación —y, llegado el caso, de la inhabilitación— si incumple su deber de administrar los recursos de todos con pulcritud y transparencia.
Prevenir el fraude en la contratación pública es, en última instancia, un compromiso colectivo. Un pacto que empieza por creérnoslo, por asumir que la integridad es rentable en términos éticos y económicos. Pero, ¿estamos dispuestos a dejar votar a los corruptos o les seguiremos apoyando en las urnas mientras miramos para otro lado y pensamos que los otros son peores..? Y es que, en la lucha contra la corrupción todos tenemos nuestra parte de responsabilidad.