Luis I. Gordillo. 16 junio 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
El poder ejecutivo, columna vertebral de cualquier democracia parlamentaria, no se sostiene solo con votos ni con mayorías coyunturales. Para que un gobierno ejerza su autoridad con legitimidad plena necesita algo más que lograr in extremis que se aprueben sus propuestas en el parlamento: necesita inspirar confianza, tener eficacia probada, transparencia radical y una rendición de cuentas constante. Es en ese delicado equilibrio donde la confianza en la política y en las instituciones por parte de la ciudadanía echa sus raíces. Además, la aparición de posibles casos de traición a los principios que un gobierno decía defender o, directamente, de corrupción, puede acabar en segundos con la confianza que ha constado tanto ganarse.
Pero, ¿qué ocurre cuando un gobierno deja de ser fiel a sí mismo, se contradice sin rubor y no responde con contundencia a los casos de corrupción política e institucional que le puedan aparecer? Pues que acaba perdiendo su autoridad democrática. Para solucionar esta situación, el sistema parlamentario español ofrece tres salidas políticas al presidente del gobierno, todas ellas respetuosas con la idea de que la legitimidad emana, en última instancia, de la soberanía popular. Todas estas posibilidades dependen de su sola voluntad porque la cuarta opción, que sería la moción de censura, depende de la existencia de una mayoría absoluta alternativa que lo expulse del gobierno.
Volviendo a las tres alternativas que están en manos del presidente, la primera salida consiste en presentar su dimisión. Es el gesto más personal y simbólico: el jefe del Ejecutivo asume su responsabilidad política, admite su incapacidad para seguir liderando el proyecto y deja paso a otro liderazgo. En este caso, se activa el artículo 99 de la Constitución y se inicia un nuevo proceso de consultas e investidura, sin que medie una convocatoria electoral. Estos casos están pensados normalmente para situaciones en las que la mayoría de gobierno es estable y queda proyecto político por delante. El presidente asume la responsabilidad máxima y se sacrifica por un proyecto político en el que cree y que es más importante que el hecho de que uno u otro ocupe el sillón presidencial.
La segunda opción es la llamada cuestión de confianza. Esta posibilidad parece estar pensada para situaciones en las que hay que recomponer la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno. Ha sucedido algo que ha provocado que algún socio de referencia o fundamental retire o pueda retirar su confianza y el presidente toma la iniciativa de recomponer su mayoría parlamentaria para sacar adelante su proyecto político. La Constitución española establece que solo necesita la mayoría simple del Congreso. Si no la consigue, se vuelve a activar el artículo 99, lo que implica las consultas del Rey, propuesta de nuevo candidato y sesión de investidura.
La tercera opción es la convocatoria de elecciones anticipadas. En estos casos el presidente considera que su proyecto sigue siendo de interés para la ciudadanía y, aunque no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente, hay que preguntarle a la ciudanía si, a pesar de lo que haya podido suceder, el electorado considera que debe renovar su mandato o, al menos, obtener una mayoría relativa que le permita explorar un acuerdo parlamentario para lograrlo. Ésta es la opción más contundente, pero es también la que permite al gobierno evitar dar explicaciones políticas de lo que haya podido suceder. La exigencia de responsabilidad se perderá en los argumentarios electorales y en los ruidos propios de toda campaña electoral.
En fin, cada una de estas opciones responde a la misma lógica: cuando la confianza se quiebra, el poder debe revalidarse o retirarse. No existe alternativa digna.
Los gobiernos son temporales, son instrumentos, no pueden ser un fin en sí mismos. Un gobierno que olvida su naturaleza se convierte, tarde o temprano, en un problema para la sociedad que prometió servir. Como ya teorizó John Locke, los gobernantes no son otra cosa que depositarios temporales de la autoridad que el pueblo les confía para proteger derechos y garantizar el bien común. No están ahí para perpetuarse, para impedir a toda costa que otros lleguen, ni para anteponer su beneficio personal a la integridad de la institución.
Si un gobierno se aferra al poder cuando ya ha perdido la autoridad moral y parlamentaria para ejercerlo, la factura la acabará pagando la institución. Se erosiona la fe ciudadana en la democracia, se alimenta la frustración, se deslegitima la política como instrumento de transformación y se abre la puerta a soluciones mágicas: movimientos populistas, autoritarios o antidemocráticos que prometen limpiar con un solo golpe lo que otros ensuciaron poco a poco.
El poder exige responsabilidad, sentido de Estado y, sobre todo, conciencia de límite. Por eso, en ocasiones, el mejor servicio al país, consiste en dejar de resistir.