Luis I. Gordillo. 26 mayo 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
El debate público sobre la cuestión de la inmigración es, probablemente, uno de los más complejos que existen por diversas razones. Hay cuestiones que tienen que ver directa o indirectamente con este fenómeno, pero que no surgen realmente de movimientos poblacionales más o menos masivos. Hay también algunos elementos que tienen que ver con cuestiones identitarias, con la seguridad o simplemente con el miedo al cambio. Otros se relacionan con modelos bienintencionados de sociedad que nadie realmente apoyaría en un referéndum con un voto secreto, pero que forman parte de una especie de discurso de lo políticamente correcto que pocos se atreven a confrontar públicamente. Hoy, nos vamos a detener en el aspecto netamente práctico, y probablemente más egoísta, el que tiene que ver con la sustitución natural de la fuerza laboral.
España registra una de las tasas de natalidad más bajas del mundo: apenas 1,3 hijos por mujer, lejos del 2,1 necesario para asegurar el reemplazo generacional. En el País Vasco, esa cifra se hunde aún más: 1,24 hijos por mujer. Las consecuencias están a la vista. En la comunidad autónoma vasca, el alumnado ha caído un 30% en los últimos 25 años, provocando cierres de colegios, reordenaciones forzosas del mapa escolar y un horizonte inquietante de envejecimiento generalizado. Curiosamente, el año pasado la población se incrementó ligeramente en la mayoría de las provincias españolas gracias a la inmigración.
En todo caso, este declive afecta de forma directa al crecimiento económico, al mercado laboral y al propio sostenimiento del Estado del bienestar. La población activa mengua al tiempo que aumentan las necesidades asistenciales de una sociedad cada vez más envejecida. En España, según los últimos datos de la EPA y del SEPE, hay unos 150.000 puestos de trabajo que no se cubren, una cifra que se ha triplicado en la última década. No hablamos sólo de empleos agrícolas o de cuidados, sino de sectores clave como la administración pública, la ingeniería, la hostelería o los servicios científicos y técnicos.
Frente a esta realidad, la inmigración no es una amenaza, sino que puede ser una solución al problema siempre que se gestione con inteligencia y determinación. Alemania ofrece un ejemplo paradigmático: con su programa Blue Card, ha atraído desde 2012 a decenas de miles de profesionales cualificados de fuera de la UE, simplificando los procesos de residencia y homologación de títulos. Esta política no solo ha paliado la escasez de talento en ingeniería y sanidad, sino que ha contribuido a una mejor integración de los migrantes, que llegan con contratos, derechos y expectativas claras. En Francia, el programa Volontariat Territorial en Entreprise (VTE), ampliado en 2021 a jóvenes inmigrantes, fomenta su inserción laboral en zonas rurales con baja densidad demográfica, incentivando tanto su arraigo como el dinamismo local. Portugal, por su parte, ha promovido el acceso simplificado a la residencia para trabajadores del sector turístico y tecnológico, con resultados notables en Lisboa y Oporto. Los países del golfo también ofrecen condiciones muy competitivas al establecimiento de inmigrante cualificados.
España en general y Euskadi en particular no pueden permitirse quedarse al margen de esta tendencia. Más aún: tiene el potencial para liderarla si transforma su enfoque. El talento extranjero busca economías dinámicas, entornos seguros y procesos administrativos previsibles. Nada de eso está garantizado en nuestro país ni en nuestra Comunidad Autónoma, donde la burocracia ralentiza los permisos de residencia y trabajo, y las políticas de atracción de talento siguen siendo marginales.
Finalmente, la inmigración también se juega en el terreno simbólico. Algunos medios de comunicación, cargados de buenas intenciones en la mayoría de los casos, omiten la nacionalidad de quienes cometen delitos si proceden de países de alta emigración. Esta práctica, que pretendería evitar estigmatizaciones, termina siendo contraproducente: alienta la sospecha, alimenta teorías conspirativas y erosiona la confianza ciudadana. La verdad no radicaliza, lo que radicaliza es el silencio.
Es urgente una política de Estado en materia de inmigración. Esto implica tres dimensiones: el control de las fronteras, una integración realista y eficaz, y la puesta en valor del talento extranjero. Sin esta tríada, el discurso público seguirá siendo rehén de los extremos: los que niegan la inmigración como necesidad estructural y la culpabilizan del crimen o la falta de empleo para los nacionales y los que la idealizan como fenómeno puramente solidario y piden sin más una política de puertas abiertas sufragada por el contribuyente.
Gestionar la inmigración con cabeza y corazón es uno de los grandes desafíos de nuestra generación. No se trata sólo de números, sino de personas, y no se trata sólo de compasión, sino de visión política y económica. En definitiva, si no somos capaces enfrentarnos a nuestros problemas, acabaremos siendo gobernados por sus consecuencias.