Luis I. Gordillo. 3 marzo 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
El anuncio de la ministra María Jesús Montero de la condonación de más de 83.000 millones de deuda que tienen las Comunidades de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra) ha generado un intenso debate en España. Hay quien interpreta la medida como un alivio financiero, pero lo cierto es que esta decisión conlleva una serie de riesgos significativos para las finanzas públicas y para la estabilidad económica del país. Entre los principales peligros destacan el llamado “riesgo moral”, la eliminación de la responsabilidad de los dirigentes autonómicos, la politización del asunto y la ausencia de una solución estructural al problema de la financiación autonómica.
El riesgo moral se refiere a la posibilidad de que los agentes económicos (en este caso, los gobiernos autonómicos) relajen su comportamiento al saber que no tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. Si el gobierno central perdona la deuda acumulada por las administraciones autonómicas, se envía un mensaje claro: no importa cuánto se gaste o cómo se gestionen los recursos, ya que siempre es posible que el Gobierno central asuma la deuda y ponga el contador a cero hasta la próxima vez. Este precedente es extremadamente peligroso, ya que desincentiva la disciplina fiscal, la gestión responsable de los recursos públicos y las reformas estructurales.
Otro aspecto preocupante de la condonación de la deuda es que exime de responsabilidad a los dirigentes autonómicos que, en muchos casos, han contribuido a la acumulación de deuda mediante una gestión poco rigurosa de los recursos públicos. La condonación no solo premia la mala gestión, sino que también socava la rendición de cuentas, un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. Por cierto, que durante el tiempo que la ahora ministra María Jesús Montero fue Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía (entre 2013 y 2018), esta comunidad aumentó su deuda con el Estado en 16.000 millones, que es prácticamente la quita que este plan prevé.
La condonación de la deuda autonómica no es solo una cuestión económica, sino también política. A nadie se le escapa que esta iniciativa es consecuencia de los acuerdos que mantiene el gobierno actual con sus socios separatistas catalanes y que la Ministra Montero anunció esta medida a los pocos días de proclamarse secretaria general del PSOE andaluz y candidata in pectore a la presidencia de la Junta de Andalucía. Además, esta situación ya está generando tensiones entre dirigentes autonómicos que han llevado a cabo una gestión fiscal más rigurosa y aquellos que han tirado de deuda para cubrir incluso el gasto corriente de sus administraciones. Esta situación podría exacerbar las divisiones territoriales y dificultar aún más la búsqueda de consensos en torno a la financiación autonómica. Además, la condonación de la deuda podría ser percibida como un trato preferencial hacia ciertas regiones, lo que alimentaría el descontento y la desconfianza hacia las instituciones.
Las agencias de calificación de deuda y la propia AIREF ya han advertido de que, aunque esta quita interna no tiene impacto en las ratios de deuda soberana, es decir, se sigue debiendo lo mismo de cara al interior y al exterior, lo cierto es que envía un mensaje muy negativo porque desincentiva la prudencia fiscal y puede provocar que los mercados internacionales presten más caro en lo sucesivo a las autonomías españolas y al propio Estado. La paradoja sería que las comunidades más disciplinadas fiscalmente y que se pueden financiar en los mercados privados se verían, de rebote, afectadas por esta medida, en tanto que podrían subir el coste al que se financian.
En lugar de optar por soluciones temporales, que tienden a enfrentar a los gobernantes autonómicos y a la propia opinión pública de estas regiones, y que parecen el producto de la necesidad de contentar a unos socios cuyas demandas parecen no tener fin, el gobierno bien haría en hacer una propuesta integral de reforma de la financiación autonómica que promueva la responsabilidad fiscal, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Y antes que eso quizá podría empezar por presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado… ¿o quizá los presupuestos dependan de esta condonación? En poco tiempo lo sabremos.