Luis I. Gordillo. 24 febrero 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
Últimamente, cada vez que se produce una cita electoral importante, y ayer tuvieron lugar unas decisivas elecciones en Alemania, algunos comentaristas intentan explicar por qué ha votado mal el pueblo: y suelen responsabilizar de ello a intoxicaciones informativas, manipulaciones y bulos difundidos por entidades y personajes con intereses ocultos. El debate es interesante y tiene muchas aristas. En todo caso, la realidad es que por las redes circulan noticias que no son ciertas y parece interesante plantearse cómo evitar que éstas se propaguen o, al menos, cómo identificarlas.
El problema no es sencillo. En primer lugar, habría que reflexionar sobre si las redes sociales son realmente un medio adecuado para informarse. También habría que tener en cuenta que en situaciones de creciente polarización los ciudadanos buscamos los noticias y comentarios que nos reafirman en nuestras propias convicciones y se tiende a rechazar o a sospechar de noticias y reflexiones que proceden de medios y comentaristas “no afines”.
Pero, en todo caso, ¿existe alguna manera de atajar el problema de la dispersión y viralización de las “fakes news” en las redes (aspecto éste que algunos señalan como el gran reto de las democracias modernas)?
Frente a este problema, se ha intentado instaurar mecanismos nuevos de control como verificadores o ‘fact-checkers’ que se convertirían así en los guardianes de la verdad. De esta manera, parece que unos medios (los verificadores) se transforman en la práctica en órganos de control de otros medios. Y existiría el riesgo de que estos verificadores también pudieran tener sus sesgos o intereses que los llevarían a censurar ciertas informaciones y avalar otras.
Los expertos nos ofrecen tres posibilidades para establecer mecanismos de verificación:
En primer lugar, los modelos de verificación que funcionarían a través de dictámenes de expertos que analizarán las cuestiones y establecerán una decisión fundada. El inconveniente que tienen estos sistemas es que exigen una gran dedicación por parte de auténticos especialistas y el alto coste de recursos limita su capacidad de reacción en un tiempo relativamente corto. Además, los organismos destinados a financiar esta actividad podrían, a su vez, tener ciertos intereses.
En segundo lugar, los llamados sistemas colaborativos se dedicarían a aprovecharse del conocimiento compartido de la multitud, permitiendo que se hagan anotaciones por particulares que otros votarían como “útiles” y las más votadas permitirían al usuario formarse una idea. Es el caso de Fiskkit o, últimamente, de la red X.
En tercer lugar, los llamados sistemas computacionales que pretenden establecer una escala o clasificación en función de las quejas que reciben ciertas noticias potencialmente falsas. El problema radica en identificar correctamente quejas o solicitudes de comprobación razonables y, especialmente, discriminar la veracidad de las quejas.
Ninguno de estos sistemas es perfecto y tienden a reproducir los sesgos que pueda existir en fuentes previas y, al final, los propios moderadores adquieren un papel especialmente relevante, como sucedía en Twitter antes del cambio de política operado por su nuevo propietario, Elon Musk.
No existe un modelo perfecto y la respuesta al problema no es sencilla. La viralización de ciertas noticias depende también de un aspecto sentimental, el rechazo o la alegría que ciertos contenidos nos producen y la impaciencia con la que deseamos “ganar” un supuesto debate virtual a otro usuario que piensa distinto.
Probablemente la solución a este problema pasaría por un cambio de actitud en nosotros mismos, deberíamos ser más críticos con la información que recibimos, ponernos en el lugar del que piensa distinto y ser más tolerantes con opiniones ajenas, sin abandonar nuestras propias convicciones. Apostar por una discusión basada en argumentos en lugar de un rifirrafe alimentado por nuestros sentimientos. Pero, ¿tenemos tiempo para eso? ¿nos apetece hacerlo? La historia ha demostrado que la defensa de la democracia no se puede subcontratar, depende en última instancia de nosotros mismos.