Luis I. Gordillo. 17 febrero 2025
Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí
La intervención del Estado en la economía y en la actividad empresarial es siempre un tema recurrente donde toda opinión suele estar trufada de una determinada concepción de lo que debe ser la sociedad y de la propia ideología política.
Los gobiernos intervienen concediendo subvenciones, aumentando o disminuyendo los impuestos de las empresas, promoviendo contratos públicos, regulando un sector determinado e, incluso, entrando en el capital de las compañías. Todas estas cuestiones están previstas y reguladas por el Derecho nacional y, en nuestro caso, por el de la Unión Europea y el derivado de los convenios internacionales en los que participa España, como el de la OMC. Cualquier compra de acciones de una empresa por parte de un gobierno es siempre fiscalizada por las autoridades nacionales y europeas, especialmente si está destinada a tomar el control de su consejo de administración. El control de las principales empresas por parte de un gobierno es algo que suele justificarse en que se trata de empresas estratégicas o de un especial interés nacional, y que, de alguna manera, el hecho de que el gobierno controle una determinada empresa es bueno para la ciudadanía y para el consumidor final. Pero, ¿qué es estratégico y qué es interés nacional?
Miremos el último episodio de esta historia. En el reciente caso de la empresa ferroviaria Talgo hemos presenciado una sucesión de hechos y un desenlace más propio de una operación política que de una operación económica, con los gobiernos nacional y autonómico vasco implicados hasta tal punto que han sido ellos los que han promovido, facilitado e incluso financiado la operación.
España no es un país de grandes empresas y sus grandes empresarios suelen estar más bien en el exterior. Hay muchas razones que explican las dificultades de las empresas para crecer, desde la burocracia, hasta la gestión de los conflictos sociales pasando por la estructura impositiva que establece la autoridad fiscal. El caso es que en España no hay mucho más de 35 grandes empresas y, la gran mayoría de ellas, salvo honrosas excepciones que se encuentran más bien en el ámbito del textil, provienen de antiguos monopolios estatales o empresas que fundamentalmente contratan con las administraciones públicas y en mercados altamente regulados.
A los gobiernos españoles (incluyendo por supuesto los autonómicos) les gusta mantener un cierto control sobre los principales agentes económicos, que son también los principales empleadores, importantes contribuyentes y los que definen precios de bienes y servicios que afectan a la inflación. Las excusas que todo gobierno suele dar a la hora de entrar en el capital de una empresa suelen ser las mismas: queremos hacer un campeón nacional, hay que mantener el arraigo o es prioritario mantener aquí el centro de decisiones de tal o cual empresa. Son argumentos que recuerdan mucho un discurso meramente político y con altos tintes nacionalistas e identitarios: así los acaban presentando los responsables políticos a sus respectivas parroquias y sus argumentos suelen ser asumidos sin mucha más crítica por parte de la prensa económica local.
¿Qué implica el “arraigo”? Alguien puede pensar que el tener una sede social en un lugar determinado aumentará significativamente la recaudación fiscal. Esto hay que matizarlo mucho. Hay beneficios empresariales que sí, pero la tributación de las empresas se reparte en los lugares en los que realiza sus actividades económicas. Hay empresas que pueden mantener una sede social en un lugar determinado, cuando su personal, sus ventas y casi toda su actividad están repartidos por el mundo. Por cierto, en nuestro país pocos se plantean competir en impuestos más bajos para atraer a nuevas empresas. En todo caso, el efecto en la recaudación por este “arraigo” que muchas veces se limita a la sede social no es tan grande como a veces nos quieren presentar.
¿Qué implica “mantener el aquí centro de decisiones”? Esto es algo todavía más difícil de explicar desde un punto de vista empresarial. Hoy día la mayoría de las reuniones empresariales se realizan por videoconferencia, las medianas y grandes empresas están cada vez más internacionalizadas y su clientela repartida por más países. Los consejos de administración de las grandes compañías tienen tendencia a parecerse cada vez más a una conferencia internacional y sus intereses son transnacionales.
¿Qué son los “campeones nacionales”? La respuesta rápida es que se trata de los antiguos monopolios de energía y telefonía, principalmente. Operan amparados en unas regulaciones que suelen beneficiar a los operadores más grandes y que ya estaban en el mercado. Pero las empresas son globales, como lo es su clientela, su capital y sus trabajadores. Buscarán siempre las mejores oportunidades y si participan en alguna operación orquestada por un gobierno es porque esperan obtener alguna ventaja en el negocio sobre sus competidores, ya sea con subvenciones, contratación pública o en materia regulatoria. Y la mayoría de las veces, estas ventajas las acabamos pagando los de siempre.