PASOS PERDIDOS

Luis I. Gordillo. 20 enero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

A las 11:47 hora local de Washington, 17:47 hora peninsular española, del día de hoy, 20 de enero de 2025, Donald J. Trump tomará posesión como el presidente número 47 de EE UU. Ya lo hizo otro 20 de enero, el de 2017, como el presidente número 45 convirtiéndose, junto con Grover Cleveland, en los dos únicos mandatarios que han ejercido dos presidencias no consecutivas.

Tras realizar el juramento delante del presidente del Tribunal Supremo, el nuevo presidente dirigirá un mensaje a la nación que será, en realidad, un mensaje dirigido al mundo. Habrá que estar muy pendientes de este mensaje para entender las claves de su nueva presidencia.

La mayoría de los comentarios que venimos escuchando sobre los retos de la nueva presidencia de Trump hablan de los conflictos comerciales con Europa y China, de las tensiones internas entre los miembros más liberales y más proteccionistas de su futuro gabinete, de la política migratoria restrictiva que se avecina o de un estilo más agresivo en las relaciones internacionales.

Otros comentarios, más centrados en la figura del inminente presidente, recuerdan sus problemas con la justicia, sus relaciones amorosas y personales, su condescendencia con los asaltantes del Capitolio, su hiperactividad en redes sociales o su gusto por la política espectáculo.

Los hay también quienes apuntan a probables conflictos de interés propios, de su familia y entorno o de su amigo e influencer personal, Elon Musk, quien llegó a costear de su propio bolsillo un millonario fondo para hacer campaña a su favor.

Pero de momento, entre los comentaristas habituales, pocos son los que han entendido el mensaje de la victoria de Trump.

El éxito de Trump se explica tanto por sus aciertos como por los errores de sus contrincantes políticos. Centrándonos en los primeros, se puede destacar su estilo directo, polémico y polarizador: simplifica para el votante medio problemas con raíces y causas muy complejas y compite con los medios tradicionales y periodistas habituales por el establecimiento del relato de los acontecimientos y de la verdad periodística. Cuando le han acusado de ser un creador y propagador de ‘fake news’, él mismo ha devuelto la acusación a sus detractores en idénticos términos, rompiendo una regla no escrita de la política según la cual nunca se ataca a la prensa y convirtiendo la discusión sobre qué es cierto o no en un concurso de popularidad.

Pero la victoria de Trump representa otras muchas cosas. Por un lado, para muchos se ha convertido en un símbolo de lucha contra las llamadas políticas ‘woke’ cuyos detractores acusan a la élite social de propagar y defender a través de periodistas, comentaristas, actores o personajes públicos afines. Además, Trump representa la reivindicación de lo tradicional y de la identidad de la América profunda, frente a la superioridad moral de la que acusan sus partidarios a las élites de las dos costas estadounidenses. Igualmente, su estilo extremadamente directo, su aversión a evitar cualquier cuestión polémica y su audacia a la hora de tomar decisiones, lo dotan de una gran popularidad entre quienes anhelan un mayor ejercicio de autoridad desde la Casa Blanca.

Por último, Trump ha sabido conectar con las preocupaciones presentes e inmediatas de la sociedad, prometiendo lo que cada cierto tiempo se olvida que es fundamental en todo Estado: garantizar la seguridad, interior y exterior. Y promete hacerlo reduciendo la ingente cantidad de dinero que EE UU gasta en proteger Europa y ha dado a entender que su país renuncia a ser el gendarme mundial y que cada cual ha de responsabilizarse de su propia seguridad.

No es ningún secreto que, salvo excepciones, a pocos líderes europeos les gustaba Trump. La prensa del viejo continente ha sido particularmente crítica con él y los votantes europeos seguramente no le habrían aupado a la Casa Blanca. Pero es que Trump no se presentaba a las elecciones ni en Madrid, ni en París, ni en Bruselas. Comienza la presidencia de Trump, esperemos que nuestros líderes hayan entendido el mensaje.

Luis I. Gordillo. 13 enero 2025

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

La vieja teoría del Estado establece que la finalidad de un gobierno consiste en garantizar el orden, la estabilidad y el bienestar de la sociedad. Todo gobierno debe ser capaz de articular las necesidades colectivas, garantizar la justicia y promover el progreso económico y social. Los gobernantes, en teoría, buscan gobernar porque quieren llevar a la práctica un proyecto de sociedad mejor que previamente han sometido al veredicto de las urnas.

En las modernas sociedades europeas, sin embargo, gobernar se ha convertido más bien en un proceso de gestión del gasto público. Es decir, gobernar es gastar. Y para poder gastar hace falta tener unos presupuestos. Los presupuestos son una previsión de los ingresos que una administración espera tener y la relación de gastos que pretende efectuar con arreglo a esa disponibilidad. Pero ¿qué sucede si un gobierno es incapaz de sacar adelante unos presupuestos? Esta pregunta merece dos tipos de respuesta, una jurídica y otra más bien político-institucional.

Desde un punto de vista jurídico, el artículo 134.4 de la Constitución establece que, si no se aprueban nuevos presupuestos antes del inicio del ejercicio económico, se entenderán prorrogados los del año anterior. Esto implica que el Estado sigue funcionando con los mismos recursos previstos en un contexto económico que puede haber cambiado drásticamente. Además, durante una prórroga, se limitan las posibilidades de acometer nuevas inversiones, ejecutar reformas estructurales o adaptar el gasto público a las necesidades del momento. Finalmente, las prórrogas generan incertidumbre para los actores económicos, es decir, empresas y ciudadanos dependen de las decisiones presupuestarias para planificar su actividad: desde contratos públicos hasta el impacto de nuevas medidas fiscales. Esta incertidumbre puede retrasar inversiones, ralentizar el crecimiento económico y, en última instancia, aumentar la desconfianza en las instituciones.

Por otra parte, desde un punto de vista político-institucional, la incapacidad de un gobierno para lograr el consenso necesario que permita la aprobación de unos presupuestos generales refleja una evidente falta de fortaleza política. Este hecho no solo pone en evidencia la fragilidad de sus alianzas parlamentarias, sino también la dificultad de ejecutar una hoja de ruta clara en políticas económicas y sociales. Un gobierno que no consigue aprobar sus presupuestos transmite una imagen de debilidad, inestabilidad y desorientación, cuestionando su capacidad de negociación tanto a nivel nacional como internacional.

En situaciones de alta fragmentación política no es extraño que en los sistemas parlamentarios se produzcan situaciones de prórroga de presupuestos para evitar que la administración colapse y que se pare el país. Pero la prórroga no deja de ser un remedio temporal y técnico para ganar algo de tiempo y que los agentes políticos, es decir, el gobierno, reaccione políticamente y adopte decisiones: recomponer una mayoría parlamentaria con partidos de la oposición o dimitir y convocar elecciones son las dos vías ordinarias para remediar esta situación de impasse. Lo que está sucediendo en Alemania, Austria o Canadá debería servir de ejemplo en España.

En España, sin embargo, la prórroga para 2025 de los presupuestos diseñados para 2023 ha sido asumida casi con total naturalidad por parte de la ciudadanía y de los actores políticos. En un contexto en el que se han relajado las normas fiscales europeas y los criterios de endeudamiento, existe una gran cantidad de fondos europeos pendientes de ejecución y la oposición no parece capaz de formar una mayoría alternativa de gobierno, la prórroga de presupuestos no parece estar entre las principales preocupaciones ni del gobierno ni de la ciudadanía.

Sin embargo, la ausencia de presupuestos hace que el gobierno tenga correr con una mano atada a la espalda, reduce su capacidad de actuación y le impide emprender las reformas necesarias para lograr una economía más dinámica y competitiva, que es absolutamente fundamental para garantizar la continuidad de nuestro Estado social. Y si un gobierno es incapaz de aprobar unos presupuestos y emprender una agenda de reformas, debe dejar paso a otro que sea capaz de hacerlo porque gobernar no es resistir, gobernar es, sobre todo, actuar.

Luis I. Gordillo. 30 diciembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

En un popular artículo titulado “La sociedad del sándwich mixto: por qué los mediocres dominan el mundo”, el agudo periodista Rodrigo Terrasa entrevistaba al filósofo canadiense Alain Deneault, autor del ‘best seller’ Mediocracia: cuando los mediocres toman el poder. En esta pieza, se habla de la metáfora del “sándwich mixto”, una comida sencilla, rápida, que no despierta recelos en casi nadie, pero en absoluto extraordinaria. Viene bien para salir del paso, llenar el estómago y dedicarte a otra cosa. El sándwich mixto representaría a la persona mediocre, aquella que acaba ocupando mayoritariamente los puestos de mando en las sociedades actuales. Este tipo de personas son las que, a medio y largo plazo, llevan a las instituciones, partidos y a las agrupaciones humanas al estancamiento, a la pérdida paulatina de influencia y a una lenta pero continua decadencia que las arrastraría hasta la irrelevancia… hasta que se produjera su desaparición o hasta que un verdadero líder volviera a tomar las riendas.

En contraposición al “sándwich mixto” tenemos el caviar. Un plato delicado, escaso, casi exótico y que representa el más valioso y caro de los alimentos de lujo. Tiene sus detractores, no todos lo elegirían para su mesa y siempre se le puede criticar algo, pero es comúnmente aceptado como algo extraordinario. En este juego de metáforas, el “sándwich mixto” representaría al falso líder, al mediocre y el caviar al verdadero líder.

En sus último libro titulado Liderazgo, Henry Kissinger realizaba un interesante análisis del concepto y elementos del liderazgo. El punto de partida consistía en que toda sociedad se encuentra siempre moviéndose entre su pasado y una visión de lo que ha de ser su futuro. La manera de realizar este tránsito es a través de un verdadero liderazgo que sea capaz de «ayudar a las personas a ir desde donde están a donde nunca han estado» y, a veces, a donde piensan que no pueden llegar. Los verdaderos líderes son aquellas personas que el destino coloca en esta intersección temporal y, la mayoría de las veces, sin quererlo ni desearlo, asumen la responsabilidad de contribuir a realizar este camino visualizando un futuro mejor, persuadiendo al prójimo de la necesidad de esforzarse y realizar sacrificios para lograr este fin y alcanzando poco a poco pequeños objetivos que despierten la confianza en su proyecto antes de llegar a la gran meta final.

Hoy en día, podemos distinguir tres componentes fundamentales en todo modelo de liderazgo: el que convence, el que seduce y el que compra la voluntad de las personas a través de regalos o prebendas. Mientras que el verdadero liderazgo combina la capacidad de convencer y seducir, el falso liderazgo, el líder mediocre, se limita a seducir superficialmente y a comprar apoyo, para permanecer en el poder, evitar afrontar las decisiones difíciles y seguir disfrutando de una posición más o menos cómoda.

Para liderar de manera efectiva a las sociedades y a las instituciones, es esencial combinar tres elementos fundamentales:

1. Convicción y capacidad de convencer: Los líderes verdaderos tienen la capacidad de argumentar y persuadir con ideas que resisten el escrutinio crítico. No imponen; inspiran con razones y hechos.
2. Seducción que inspire un proyecto común: La seducción, cuando se utiliza correctamente, genera entusiasmo y motiva a las personas a unirse en la construcción de un futuro compartido. Es una herramienta poderosa, pero debe complementarse con un propósito genuino.
3. Rechazo a perpetuarse en el poder: Los líderes verdaderos no buscan perpetuarse, sino empoderar a otros y garantizar que el proyecto común sea sostenible incluso en su ausencia. Actúan con generosidad, paciencia y sacrificio.

Las personas que reúnen esas cualidades se salen de los moldes habituales. Las estructuras clásicas de poder tienden a silenciarlos, despreciarlos o antagonizarlos. Habitualmente, se les reconoce en privado su valor y su capacidad, pero se les aparta de la mesa diciendo que no es su lugar, que no van a gustar a la sociedad o que incluso son demasiado delicados para esta ocasión. Pero ahí es donde los ciudadanos debemos identificar a los verdaderos líderes, aquellos que son capaces de convencer, de seducir y de demostrar a los comensales de que en esta ocasión es mejor arriesgarse a probar al caviar que volver a cenar un sándwich mixto.

Luis I. Gordillo. 16 diciembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

¿Son las ‘fake news’ un problema para la democracia?

Decía Jonathan Swift, el autor de los Viajes de Gulliver, que «la mentira tiene alas y vuela; la verdad sigue cojeando tras ella».

En la era digital, las llamadas fake news o noticias falsas han encontrado un terreno fértil para multiplicarse a una velocidad sin precedentes. Las plataformas sociales y los medios digitales han permitido que cualquier usuario pueda convertirse en creador y distribuidor de contenido. Sin embargo, este acceso democratizado a la información también ha dado lugar a la proliferación de noticias falsas, un fenómeno que, según muchos, puede socavar los cimientos de las sociedades democráticas.

Una de las principales razones de este auge es la rapidez con la que se consume y comparte la información en la actualidad. Las redes sociales priorizan la inmediatez y las interacciones por encima de la veracidad, lo que favorece la viralización de contenidos emocionales, impactantes o polémicos, independientemente de su autenticidad. Además, las fake news suelen apelar a sesgos cognitivos, como el de la confirmación de lo que ya pensamos o sospechamos, lo que lleva a las personas a creer y compartir información que refuerza sus puntos de vista previos.

Otra razón es la dificultad de distinguir fuentes confiables en un océano de información. La desconfianza hacia los medios tradicionales y las instituciones ha abierto la puerta a fuentes alternativas, muchas veces sin credibilidad, que amplifican informaciones erróneas o deliberadamente manipuladas. A esto se suma la monetización de los clics, donde la creación de contenidos sensacionalistas, aunque falsos, puede ser económicamente rentable para quienes los producen.

En este contexto, una noticia no tiene que ser cierta, simplemente parecerlo para el grupo al que va dirigida. Las fake news pretenden aumentar la polarización, mantener la tensión y lograr así adhesiones más emocionales que racionales a determinadas causas y proyectos políticos. El sistema actual de libertades existentes en las democracias occidentales permite, por ejemplo, que potencias extranjeras puedan intentar influir en sus procesos electorales a través de ejércitos de activistas cibernéticos y de granjas de ‘bots’.

Frente a este problema, se ha intentado instaurar mecanismos nuevos de control como verificadores o fact-checkers que se convertirían así en guardianes de la verdad. De esta manera, parece que unos medios (los verificadores) se convierten en la práctica en órganos de control de otros medios. La Unión Europea y los Estados del viejo continente están reaccionando como era de esperar, proponiendo nuevas normas y regulaciones cuya efectividad real está aún por ver.

En realidad, las fake news no son una causa sino una consecuencia de la evolución que están sufriendo las democracias actuales y los foros públicos. Están desapareciendo los intermediarios informativos y aún estamos asumiendo la generalización de tecnologías disruptivas derivadas del uso generalizado de internet, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial.

En medio de la inseguridad que producen las nuevas tecnologías, las propuestas populistas ganan terreno fácilmente, aumenta la polarización política y se produce una intensa batalla por el relato. Los partidos y las instituciones tienen que adaptarse incentivando la responsabilidad ciudadana y haciendo desaparecer el mito de que el Estado va a solucionarles todos sus problemas. 

En última instancia, somos los ciudadanos quienes tenemos la responsabilidad de comportarnos con espíritu crítico. Contrastar informaciones antes de compartirlas, acudir a fuentes confiables o educar a las nuevas generaciones en las nuevas realidades mediáticas, son acciones que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de implementar. 

La lucha contra las fake news no es únicamente un problema de plataformas tecnológicas o gobiernos, sino que es una cuestión de responsabilidad compartida. 

La verdad, como advertía Jonathan Swift, puede ser más lenta que la mentira, pero con ciudadanos críticos y educados, puede recuperar su lugar en el centro del discurso público y contribuirá a proteger a la democracia contra manipulaciones interesadas.

Las fakes news no deben ser el problema de la democracia, sino que la democracia debe ser el problema de las fake news.

Luis I. Gordillo. 9 diciembre 2024

Opinión. Ondacero Bilbao. Audio disponible aquí

¿Puede Notre Dame salvar la presidencia de Macron?

El polémico historiador francés Ernest Renan decía que “Los símbolos son el alma de las naciones; en ellos se condensa la memoria de los pueblos y la esencia de sus aspiraciones”. Quizá la máxima expresión de esta afirmación la podamos encontrar en la reapertura oficial de la Catedral de Notre Dame de Paris, un evento que ha reunido a lo más granado de la política y la sociedad mundial y donde lo importante no es tanto quién ha asistido sino quién no lo ha hecho. 

Notre Dame, más allá de un templo grandioso, constituye un símbolo de la historia política, cultural y espiritual de Europa. A lo largo de sus más de ocho siglos de existencia, esta icónica catedral ha sido testigo y protagonista de algunos de los momentos más significativos de la civilización occidental.

Desde su construcción en el siglo XII, simbolizó el poder y la influencia de la Iglesia católica en la Edad Media, así como la centralidad de París en el contexto europeo. Bajo el reinado de Felipe II, llamado “el Augusto”, la catedral comenzó a erigirse como un testimonio de la fe cristiana y de la ambición política de los Capetos, quienes buscaban consolidar el reino de Francia como el eje de la cristiandad. Con su inauguración, Notre Dame no solo reafirmó la importancia de París como centro religioso, sino también como un espacio para la legitimación del poder real.

Durante los siglos siguientes, la catedral fue escenario de eventos cruciales para Francia y Europa. En 1314, Jacques de Molay, el último Gran Maestre de los Caballeros Templarios, fue ejecutado en la île de la Cité, a las afueras de las obras de Notre Dame, marcando el fin de una de las órdenes más poderosas de la cristiandad medieval. Este episodio no solo simbolizó la lucha por el control entre la monarquía y la Iglesia, sino también la transición hacia una nueva configuración del poder en Europa.

En 1431, Enrique VI de Inglaterra fue coronado rey de Francia en su interior, en medio de la Guerra de los Cien Años, un conflicto que definiría el rumbo de ambas naciones. Siglos después, en 1804, Napoleón Bonaparte escogió Notre Dame para su autocoronación como emperador, un acto cargado de simbolismo que reafirmaba su rechazo al control papal y su voluntad de restaurar el esplendor imperial de Francia.

La catedral también fue testigo de episodios de profunda crisis y renovación. Durante la Revolución Francesa, Notre Dame fue despojada de su carácter sagrado y transformada en un Templo para el “culto a la Razón”, reflejando los cambios radicales en la relación entre el Estado y la Iglesia. Este evento avanzó la separación formal entre la Iglesia y el Estado en Francia, institucionalizada en 1905, que hoy convierte a Notre Dame en una propiedad estatal abierta al culto católico. 

Más allá de Francia, Notre Dame ha sido un espejo de la historia europea. Durante la Segunda Guerra Mundial, la catedral se mantuvo en pie como un testigo silencioso de la ocupación nazi y de la posterior liberación de París en 1944. En sus escalinatas, el general Charles de Gaulle encabezó un “Te Deum”, el himno cristiano de acción de gracias, que celebraba la victoria aliada, marcando un momento de reconciliación nacional y esperanza en un futuro de paz para Europa.

El incendio de abril de 2019, que devastó parte de la estructura, conmocionó al mundo y puso de relieve la importancia de los símbolos en la construcción de una identidad colectiva. Para los franceses, la destrucción parcial de Notre Dame representó mucho más que una pérdida material; fue un golpe a su historia compartida, una herida en el corazón de su cultura. La reacción internacional de solidaridad, así como los esfuerzos por reconstruirla, subrayan la relevancia de este monumento como patrimonio de la humanidad.

Por todo ello, el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo primer ministro acaba de ser censurado por una Asamblea Nacional tremendamente fragmentada, ha encontrado en la reapertura de Notre Dame una oportunidad única para relanzar su proyecto político, haciéndolo el proyecto común y compartido de un pueblo francés hastiado con su clase política. Con la restauración de la catedral, Macron quiere destacar la capacidad de Francia para superar la adversidad y reafirmar su lugar como referente cultural y político en Europa.

“Un símbolo no es simplemente un recuerdo del pasado; es también una guía para el futuro”, decía Paul Ricoeur. Notre Dame de Paris encarna esta idea, recordándonos cómo los símbolos pueden unir a las comunidades políticas en momentos de crisis y apelar al sentimiento de unidad bajo una historia común. Al igual que una catedral necesita de bases sólidas para sostenerse, las sociedades requieren de símbolos que inspiren adhesión y fortalezcan los valores comunes que las mantienen unidas. Los franceses parece que tienen claro cuál es su símbolo… Pero, en nuestro caso, ¿cuál es la ‘Notre Dame’ española?

Luis I. Gordillo. 2 diciembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

«Una judicatura independiente es la salvaguarda última de las libertades civiles», afirmó Alexander Hamilton en El Federalista Nº 78, subrayando la importancia de un poder judicial capaz de actuar sin presiones externas. Sin embargo, para que el poder judicial cumpla su rol como garante del Estado de Derecho, no basta con la independencia; es necesario que el sistema judicial también sea imparcial y que aspire a la neutralidad. Estas tres características —independencia, imparcialidad y neutralidad— son pilares fundamentales que, de manera conjunta, determinan la calidad de la justicia en una democracia.

Pero, ¿qué son cada una de ellas?

La independencia se refiere a la autonomía del poder judicial frente a influencias externas, como presiones políticas, económicas o sociales. Un sistema judicial independiente asegura que los jueces puedan tomar decisiones basadas únicamente en el marco legal, sin responder a intereses particulares o directrices externas. Por su parte, la imparcialidad se vincula con la capacidad de los jueces para resolver los casos de manera justa, sin favoritismos ni prejuicios hacia las partes involucradas. A diferencia de la independencia, que es una condición estructural, la imparcialidad tiene un componente subjetivo y práctico: implica que los jueces se adhieran estrictamente a los hechos y a la ley, sin dejarse influir por sesgos personales o externos. Finalmente, la neutralidad se orienta hacia la aspiración de que el sistema judicial no privilegie ideologías, creencias o perspectivas políticas. Aunque los jueces, como seres humanos, no pueden ser absolutamente neutrales, un diseño institucional adecuado puede limitar la influencia de sesgos ideológicos y garantizar que las decisiones judiciales sean percibidas como legítimas por la sociedad.

El desafío central radica en garantizar que estos principios se materialicen tanto a nivel individual como en el diseño del sistema judicial en su conjunto, a través de mecanismos de selección, rendición de cuentas y autonomía financiera y administrativa.

La experiencia internacional ofrece ejemplos valiosos sobre cómo estructurar un poder judicial que combine independencia, imparcialidad y neutralidad.

Así, en Alemania, el Tribunal Constitucional Federal se caracteriza por un equilibrio estructural: sus jueces son seleccionados por el Parlamento mediante mayorías cualificadas, lo que evita el control absoluto por parte de un único partido político. Este modelo combina la independencia frente al poder ejecutivo con una diversidad ideológica que refuerza la neutralidad.

En Canadá ha implementado comités de asesoramiento judicial que incluyen representantes de la sociedad civil. Este enfoque no solo garantiza la independencia, sino que refuerza la imparcialidad al priorizar la evaluación de méritos objetivos en los procesos de selección.

Por su parte, en el Reino Unido, la independencia del poder judicial se refuerza mediante la separación entre el poder político y el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, que recae en una comisión independiente. Aunque los jueces no son completamente neutrales en sus interpretaciones, el sistema limita la percepción de influencias partidistas.

Frente a estos modelos, existen otros casos de sistemas judiciales que ilustran los riesgos de no salvaguardar estos principios. Así, en Hungría, el gobierno ha centralizado el control sobre los nombramientos judiciales, poniendo en entredicho tanto la independencia como la neutralidad del sistema judicial. Esto ha generado una percepción generalizada de parcialidad en favor del partido en el poder. En Polonia, la reforma del Consejo Nacional de la Judicatura ha otorgado al ejecutivo una influencia desproporcionada en el nombramiento de jueces, lo que ha erosionado su imparcialidad y ha comprometido su capacidad de actuar como contrapeso efectivo al poder político.

En síntesis, para que un sistema judicial cumpla con los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad, es esencial implementar las siguientes medidas:

En primer lugar, tiene que establecer procesos de selección transparentes y participativos, que evalúen no solo la competencia técnica, sino también la integridad ética y el compromiso con el servicio público de los jueces.

En segundo término, hay que dotarlo de autonomía financiera y administrativa para garantizar que el poder judicial no dependa del ejecutivo para su funcionamiento.

Además en tercer lugar, hay que disponer de un sistema de rendición de cuentas efectivo que permita revisar las decisiones judiciales sin menoscabar la independencia del juez, fomentando al mismo tiempo la confianza pública.

Por último, el sistema tiene que disponer de mecanismos que permitan el control de los sesgos que siempre pueden existir, ya sea mediante la formación continua como a través de la inclusión de la pluralidad de sesgos que existe en la propia sociedad. 

La independencia, la imparcialidad y la neutralidad no son conceptos intercambiables, pero son interdependientes en un sistema judicial sólido. La independencia garantiza que los jueces actúen sin coacciones externas; la imparcialidad asegura que sus decisiones se basen exclusivamente en los hechos y el derecho, y la neutralidad refuerza la percepción de justicia al limitar la influencia de ideologías y prejuicios.

Tal como afirmó Alexander Hamilton, una judicatura independiente es el último muro de defensa de la libertad. Complementar esta independencia con imparcialidad y neutralidad no solo fortalece ese muro, sino que lo convierte en un garante efectivo de la justicia en una democracia moderna. Preservarlo es nuestra responsabilidad colectiva.

Luis I. Gordillo. 25 noviembre 2024

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«El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente «, esta frase acuñada por el historiador Lord Acton en el siglo XIX, sintetiza un principio que los líderes democráticos no deben ignorar: el mandato debe ser temporal y limitado para evitar que los sistemas democráticos sucumban a las ambiciones personales. La esencia de este principio consiste en la capacidad de un líder para dejar el poder a tiempo, una decisión que marca la diferencia entre un legado honorable o una herencia de crisis.

Cuando un líder se aferra al poder, las instituciones comienzan a tensionarse. Los mecanismos de control se diluyen y la separación de poderes se resiente, mientras que las leyes se acaban convirtiendo en instrumentos para perpetuar el mandato, transformando el Estado en una herramienta personalista. Esta concentración de poder afecta directamente a la independencia judicial, debilita los órganos legislativos y mina la confianza pública en las instituciones. 

El impacto de la resistencia a dejar el poder a tiempo también se extiende al partido gobernante. La negativa del líder a facilitar la transición provoca divisiones internas que debilitan a la organización política, comprometiendo su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias.

La negativa a dejar el poder también polariza profundamente a la sociedad. Los líderes suelen dividir a la población entre seguidores incondicionales y opositores considerados enemigos. Esta polarización no solo dificulta el diálogo político, sino que afecta directamente a la convivencia ciudadana. Las tensiones se traducen en violencia verbal, señalamientos y campañas desinformativas. 

Uno de los mayores perjuicios que genera este comportamiento es el impacto sobre la libertad de prensa. En aquellos sistemas en los que los líderes se aferran al poder, los medios críticos son censurados, o pierden subvenciones públicas, y sus periodistas son señalados y acusados de ser fabricantes de bulos. Esto empobrece el debate público y limita el acceso de la población a información plural. 

Por el contrario, los líderes que saben retirarse a tiempo logran preservar la cohesión social y consolidar un legado positivo. 

En última instancia, la decisión de abandonar el poder en el momento adecuado refleja no solo la integridad personal del líder, sino su compromiso con la democracia y la estabilidad de su país. 

Un líder democrático debe entender que su mandato es un servicio temporal, no una propiedad. Saber retirarse en el momento oportuno, anteponiendo los intereses del país a los personales, no solo refuerza las instituciones democráticas, sino que garantiza un legado positivo. En última instancia, la historia valora a los líderes que, al dejar el poder, fortalecieron la democracia y abrieron paso a una sociedad más justa y equitativa.

El poder no debe durar más de lo necesario, porque el mejor momento para dejarlo es antes de que empiece a corromper a quienes lo ejercen. ¿Y cómo saber cuándo llega este momento? Cuando en la cabeza del líder, los aplausos de los partidarios suenen más fuerte que las críticas de los detractores.

Luis I. Gordillo. 18 noviembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí (minuto 6:41)

¿Hay falta de taxis en las tres capitales vascas? Existe alguna manera de aumentar la oferta en el servicio? Depende de a quien le preguntemos, claro.

En Bilbao, hay 774 licencias activas; en San Sebastián, 308; y en Vitoria, 194. Sin embargo, el sistema actual dificulta la transferencia de licencias, con precios que oscilan entre 70.000 y 220.000 euros, lo que ha llevado a que muchos taxistas mayores retrasen su jubilación por no encontrar compradores. Además, los usuarios padecen y perciben claramente un gran déficit de oferta en el servicio, especialmente por las noches y  en momentos de alta actividad como eventos o temporadas turísticas .

El mercado de las licencias VTC (vehículos de transporte con conductor) se encuentra aún más restringido en Euskadi. Aunque se liberalizó brevemente en 2009 bajo la Ley Ómnibus, el gremio del taxi consiguió que desde 2015 se volviera a implementar un límite de una licencia VTC por cada 30 taxis, dificultando significativamente la expansión de este tipo de servicios. Esta restricción ha sido censurada por el Tribunal de Justicia de la UE el año pasado y hace un par de meses por el propio Tribunal Constitucional, pero las administraciones no parecen estar por la labor de establecer una regulación de los vehículos con conductor que sea acorde con la libre competencia.

Según las últimas informaciones, solo hay 174 licencias VTC operativas en el País Vasco, con más de 100 solicitudes pendientes. Esta rigidez ha impedido la entrada de plataformas como Uber y Cabify, privando a los usuarios de alternativas que podrían ofrecer precios más competitivos y servicios más flexibles .

La liberalización de las licencias VTC podría beneficiar a los consumidores al introducir más competencia en el mercado, incentivando la mejora del servicio y ajustando los precios a las necesidades reales del usuario. En otras Comunidades donde estos servicios están disponibles, se ha observado una mayor satisfacción del cliente gracias a la posibilidad de elegir entre diferentes opciones de transporte. Sin embargo, la eficaz resistencia del gremio del taxi unida a la negativa de las administraciones a intervenir en un sector del que no parece sacarse un gran rédito político perpetúa una situación de desequilibrio en el mercado del transporte de viajeros que resulta especialmente grave en el caso del País Vasco. 

En síntesis,, el actual sistema de licencias de taxi y la limitación de las licencias VTC en el País Vasco son un reflejo de un modelo regulatorio desfasado que beneficia a pocos y limita el acceso de los usuarios a un transporte asequible y eficiente. La liberalización de las licencias VTC y una reforma estructural en el sector del taxi podrían abrir el mercado, aumentar la competitividad y mejorar significativamente la calidad del servicio,

Pero, ¿están nuestros gobiernos dispuestos a asumir un cierto desgaste político temporal para lograr un gran beneficio social?.

Luis I. Gordillo. 11 noviembre 2024

Opinión. Onda Cero Euskadi. Audio disponible aquí

¿Cuál es el mejor perfil para un alto cargo? Dicho en otros términos, qué características tiene que tener idealmente una persona que se vaya a dedicar a la gestión pública, desde ser miembro de un gobierno, responsables institucionales y directivos del sector público.

Tradicionalmente, cuando un gobierno tenía que hacer un nombramiento de un alto cargo, era habitual que se destacara su amplia experiencia en el sector o en la actividad que ahora pasaba a desempeñar en el ámbito público. Últimamente, en numerosas ocasiones, parece que con cada nombramiento de un alto cargo se quiere mandar un mensaje a la sociedad (la primera mujer que es ministra de defensa, el primer miembro de tal minoría que llega al máximo órgano judicial …). Además, siempre hay una razón más o menos confesable por quien hace el nombramiento, que es la lealtad política o personal al partido o al gobierno que lo designa.

Estas razones tienen variantes, y habitualmente la sociedad puede tener la sensación de que cierto nombramiento obedece a la “devolución de un favor politico”, a la necesidad de recolocar a alguien de confianza hasta que se libre otro puesto más adecuado o a utilizar el puesto al que se va de trampolín para preparar el salto a otro posterior. 

En otros países, y especialmente en los de tradición protestante, los miembros de los gobiernos y los altos cargos se someten habitualmente a duras comparecencias en las que los parlamentarios le hacen preguntas concretas sobre su experiencia en el sector, le recuerdan posibles fracasos o errores anteriores y les ponen delante del espejo de su trayectoria profesional.

Tenemos la sensación, y los partidos políticos nos han ayudado a llegar a esta conclusión, de que muchas veces los altos puestos del gobierno y la administración son un coto reservado a los altos dirigentes de los partidos y su personal de confianza y que para ocupar cierto puesto en un organismo o empresa pública hay que tener el carnet del partido correspondiente.

Le voy a apuntar las características que, en mi opinión, deberían tener las personas que vayan a ser nombradas nombradas en gobiernos y altos puestos públicos:

– Tienen que ser personas de reconocido prestigio, ya sea por su trayectoria personal o profesional, que realmente tengan una experiencia en el ámbito para el vayan a ser designadas. Es decir, nombrar a un filósofo responsable de la empresa pública de uranio o a un asesor de confianza responsable de correos, no sería la mejor forma de cumplir con esta indicación.

– Tienen que ser personas que gocen de la máxima independencia. ¿Cómo se mide la independencia? Que provengan de puestos o profesiones a las que hayan llegado sin que nadie las haya colocado allí y que tengan a donde volver cuando expire su mandato. Si tienen carnet del partido que les nombra, este hecho debe ser conocido y desde luego tienen que demostrar una experiencia profesional al margen de su partido.

– Y, sobre todo, hay que nombrar a alguien al que haya que convencer. Alguien que esté cómodo en su puesto profesional actual, que no necesite personal ni económicamente el cargo para el que vaya a ser nombrado. Esta es la mejor garantía de actuará con independencia y de que, cuando llegue el momento, o en caso de desacuerdo con quien le ha nombrado, es libre de abandonar ese alto cargo. 

Es decir, el mejor alto cargo es el que no quiere serlo.